Guanajuato, en el “top ten” delictivo

Revista Proceso # 2075, 7 de agosto de 2016.

Guanajuato, en el “top ten” delictivo/

VERÓNICA ESPINOSA

Guanajuato ha recibido millonarias inversiones en los últimos años. Desarrolló un corredor industrial gigantesco, atrajo a grandes armadoras, fomentó la creación de empleo e incluso adquirió un sistema de seguridad de 2 mil 700 millones de pesos. Pero la delincuencia se ha desatado, tanto la relacionada con el crimen organizado como la del fuero común.

GUANAJUATO, Gto.- Un corredor industrial pujante, la instalación de empresas gigantescas, la creación de empleos y el crecimiento económico no salvaron a Guanajuato de entrar al top ten nacional delictivo. Los homicidios dolosos y el robo de hidrocarburos se multiplicaron, junto con la percepción de inseguridad.

 Inversiones extranjeras –particularmente en el sector automotriz, con Mazda y Honda– y los puestos de trabajo que conllevan han sido las banderas propagandísticas del actual gobierno, encabezado por Miguel Márquez Márquez (PAN), aun cuando estos logros hayan emanado de controversiales procesos de adquisición y contratación.

 Como sea, en los últimos meses esta imagen se ha visto severamente dañada frente a los informes que fuentes como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) han divulgado sobre la galopante incidencia criminal.

 Un ejemplo: el análisis preliminar de homicidios en el país durante 2015, presentado el 25 de julio pasado por el Inegi, exhibió el drama: mientras que en 2008 se reportaron 295 homicidios en Guanajuato, el año pasado se cometieron 962. En ocho años casi se triplicaron.

 En tanto, el Semáforo Delictivo México, en su interpretación de las cifras del SESNSP, reportó “en rojo” la tasa de homicidios, robo de automóviles, robo a negocios, secuestros y lesiones. Colocó a la entidad en el sitio 12 de la escala nacional en homicidios.

 De hecho, en los primeros seis meses de 2016, 441 personas fueron asesinadas. Los municipios de Pénjamo, Salvatierra, Acámbaro y Apaseo el Grande tienen las tasas más altas.

 En el mismo lapso, 2 mil 781 vehículos fueron hurtados; la incidencia es mayor en Salamanca, Celaya e Irapuato.

 En cuanto a robos a casas, de enero a junio fueron denunciados 2 mil 281, sobre todo en Guanajuato capital, Irapuato y León.

 Y en lo que a homicidios se refiere, 2015 ha sido, de estos últimos ocho años, el más violento. No hubo tanta sangre ni en los años del calderonismo y su guerra contra el narco.

 “Hemos tenido incrementos en homicidios dolosos, pero también, de manera exponencial, en robo de hidrocarburos, y un fuerte reclamo en robos en carreteras de jurisdicción federal”, reconoce en entrevista el procurador estatal, Carlos Zamarripa Aguirre.

 La procuraduría guanajuatense registra la recuperación de más de 2 millones de litros de combustibles robados a Pemex en la entidad.

 Un estudio de corporaciones de seguridad federales revela que, en cuanto al tráfico de drogas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación se ha fortalecido en León, la urbe más boyante del estado.

 Esto se ha reflejado en una serie de tiroteos entre pistoleros de este grupo y de La Corona (exintegrantes del círculo de Nacho Coronel), antes aliados.

 En la entrevista, Zamarripa apunta que el único delito del fuero común que ha aumentado es el homicidio doloso. “En secuestros somos uno de los cinco últimos lugares a nivel nacional”, arguye.

 Trenes y combustibles

 El fortalecimiento de grupos delictivos locales desató el robo de hidrocarburos y los homicidios, igual que la venta de narcóticos.

 “Como todos saben tenemos una refinería, muchos cientos de kilómetros de ductos. En Salamanca es donde se ha concentrado el mayor número de tomas clandestinas”, afirma el procurador guanajuatense.

 Así, este negocio ilícito crece y supera en ganancias a otros vinculados con las mafias. “A principios de este año tuvimos un fuerte operativo con la detención de decenas de pipas en Salamanca, de una empresa ligada a la extracción de hidrocarburos, y la Federación tuvo una intervención deteniendo a algunos empleados de Pemex”, aunque no hay datos de que alguno haya sido enjuiciado por este caso.

 En cuanto a los robos a los trenes de Ferromex y Kansas City Southern, la cuantía también ha subido: se pasó del hurto de granos o abarrotes a las unidades o autopartes de las empresas ubicadas en el corredor industrial.

 “Las empresas se han visto muy afectadas y por eso estamos coadyuvando en el tema, que es federal”. Por eso se instaló una mesa de trabajo con las empresas automotrices y representantes de las ferroviarias, que también han tenido que asumir compromisos para no parar los trenes por el fin de turno de los maquinistas.

 “Hay empresas que hasta que desembarcan se dan cuenta de lo robado y denuncian sin saber dónde ocurrió exactamente el robo, y hay estados que no reciben las denuncias si no se comprueba que allí se perpetraron”, explica el procurador, quien asegura que casi 60% de los detenidos en los operativos contra estos delitos han sido remitidos a la PGR porque también están implicados en portación de armas, drogas o transporte de hidrocarburos.

 El gobernador, Miguel Márquez, ha sido evasivo al aludir al problema: se trata de “una mala racha”, insiste.

 Como sea, el gobierno estatal debió realizar, a partir de junio, operativos especiales en Celaya y León –las puntas del corredor industrial– con cientos de policías de la procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública, para atajar este crimen. Además, Márquez hizo requerimientos directos al secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, que derivaron en el envío de 300 elementos de la Gendarmería.

 De todos modos, las críticas de la oposición persistieron. El 27 de julio, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, la exalcaldesa de León, la priista Bárbara Botello, actual diputada federal, y su compañero de bancada José Carlos Ramírez Marín aseveraron que la inseguridad y opacidad son los flancos más débiles del gobierno estatal.

 Ambos se refirieron al programa Escudo, el sistema de protección de 2 mil 700 millones de pesos que adquirió el gobierno de Márquez y que ha sido polémico desde que se dio a conocer, tanto por la elección de la empresa, como por la asignación y firma del contrato.

 La legisladora no mencionó que en su trienio la situación fue muy similar en lo que atañe a homicidios y robos, al grado de que por su gabinete desfilaron cuatro titulares de Seguridad Pública.