La violencia crece y el
gobierno se pasma/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Las últimas semanas han
sido incendiarias en el país por el repunte de la violencia en varias regiones
del territorio nacional, ante la cual el gobierno de Enrique Peña Nieto se
encuentra rebasado, pasmado a tal punto que todas sus estrategias de seguridad
están inconclusas o, de plano, fracasaron. Un estudio del Índice Global de Paz
correspondiente a 2016 indica que México se halla muy cerca de entrar al grupo
de naciones con “índices de paz muy bajos”, como Siria, Afganistán, Irak,
Paquistán, Libia, Ucrania y Somalia, entre otros.
A pesar de los compromisos
de Peña Nieto al inicio de su administración de que se enfocaría en reducir la
violencia del narcotráfico, combatir la corrupción y rediseñar las políticas
contra el tráfico de drogas, muy poco es lo que se ha alcanzado, asegura la
investigadora Vanda Felbab-Brow, del Centro para la Seguridad e Inteligencia
del Siglo 21, perteneciente al Programa de Política Exterior del centro de
pensamiento Brookings Institution, de Washington.
Experta en el estudio de
conflictos internos e internacionales y en el de amenazas no tradicionales a la
seguridad, como la delincuencia organizada, las economías ilegales, la
violencia urbana o la insurgencia, Felbab-Brown no duda en recurrir a las
experiencias de Colombia y Afganistán para referirse al conflicto interno que padece
México.
No es la única
comparación internacional respecto a la situación violenta del país. El Índice
Global de Paz (IGP) 2016 ubica al país en el lugar 140 de una lista de 163
países analizados por el Instituto para la Economía y la Paz, lo que, al estar
en los últimos sitios, significa que se halla en un “bajo estado de paz” debido
al número de personas muertas cada año. Esa institución tiene en México una de
sus cuatro oficinas en el mundo. Las otras están en Sídney, Nueva York y
Bruselas.
De acuerdo con esa lista
de mayor a menor índice de paz, México, con más de 17 mil decesos violentos
anuales en promedio en lo que va de la gestión de Peña Nieto, está a sólo ocho
lugares de quedar dentro del grupo de naciones con índices de “paz muy bajos”,
como Siria, Afganistán, Irak, Paquistán, Libia, Ucrania y Somalia, entre otros.
Es el más violento de
América Central y el Caribe, por encima de Guatemala, El Salvador, Honduras y
otros países que han registrado una gran violencia a causa de la inseguridad. Explica
que México se encuentra en el fondo como resultado de un ligero deterioro
ocasionado por una creciente presencia armada y policial y el incremento en el
número de desplazados por la actual guerra contra las drogas.
Incluso las cifras más
conservadoras, las del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), demuestran
con claridad el nivel de violencia alcanzado en México desde hace una década,
cuando a principios de 2007 el entonces presidente Felipe Calderón le declaró
la guerra al narcotráfico. Según los números oficiales, de entonces a la fecha
se han registrado en el país 165 mil homicidios dolosos.
De esa cantidad, 104 mil
844 corresponden al sexenio anterior y 50 mil 156 al actual, hasta junio
pasado. En los dos primeros años del gobierno de Peña Nieto, ese registro tuvo
una tendencia a la baja, pero a partir del año pasado repuntó y en lo que va
del actual las estimaciones son todavía a la alza, en circunstancias cercanas a
los peores años de Calderón.
En los datos oficiales,
el promedio hasta ahora con Peña Nieto ha sido de 17 mil 187 muertos al año;
con Calderón fue de 17 mil 474. Con esas cifras, a excepción de Siria, México
es el país del mundo con el mayor incremento en el número de muertos por conflictos
internos.
De acuerdo con el IGP
2016, una decena de países se encuentran en esa condición. Después de México
están Irak, Nigeria, Afganistán, Nigeria, Yemen, Sudán del Sur, Ucrania,
República Centroafricana y Paquistán, mientras que otros como Colombia, Chad,
Etiopía y Sri Lanka han visto reducciones significativas en el número de
muertos por conflictos internos.
El estudio del Instituto
para la Economía y la Paz revela un panorama devastador: “México tuvo una
explosión de la violencia después de que el gobierno inició el combate a la
actividad de los cárteles de la droga en 2007, y aunque el país ha comenzado a
ser más pacífico en los años recientes, el conflicto aún costó más de 30 mil
vidas entre 2013 y 2014” (33 mil 985, según el SNSP).
Continúa: “Esa cifra
está justo debajo del número total de personas asesinadas por actos terroristas
en todo el mundo. La formación del llamado Estado Islámico de Irak y el Levante
(ISIL, por sus siglas en inglés) llevó al resurgimiento de las muertes en Irak,
a más de 32 mil, y hubo también un re-escalamiento del ambiente conflictivo en
Afganistán, que pasó de cuatro mil 210 en 2008 a 22 mil 170, una cifra similar
al número de muertos que hubo en México en el último año de Calderón: 21 mil
786.
La misma política de
Calderón
Poco se modificó con la
llegada de Peña Nieto para detener la violencia en México. Vanda Felbab-Brown
señala que el actual gobierno ha mantenido la estrategia y cometido los mismos
errores de Calderón: Se enfocó principalmente en dar seguridad inmediata en
áreas donde la pelea entre los grupos del narcotráfico ha surgido de nuevo,
como en Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México.
Además, a menudo ha
provocado sin advertirlo estos brotes de violencia. A pesar de la retórica de
sus ambiciones iniciales, la administración de Peña Nieto volvió a confiar en
la combinación de las Fuerzas Armadas con la Policía Federal para enfrentar a
la violencia delictiva, escribió la experta en un texto titulado “Cuidado: La
inescapable necesidad de un mejor cumplimiento de la ley en México”.
El análisis de
Felbab-Brown forma parte del reporte Después de las guerras de las drogas,
publicado en febrero de este año y elaborado por un grupo de expertos en la
economía de la política pública contra las drogas de la Escuela de Economía y
Ciencia Política de Londres, conocida como LSE por las siglas en inglés del
London School of Economics, una de las universidades más reconocidas en el
mundo en el área de ciencias sociales.
La experta no pudo ser
más clara: Peña Nieto ha seguido con “una, en esencia, análoga falta de
planeación y propuesta y esencialmente el mismo diseño operativo que la previa
administración de Felipe Calderón”.
En particular, abunda,
el actual gobierno adoptó el mismo “objetivo no estratégico” de detener a
cabezas del narcotráfico, definido por su antecesor. La única excepción la
encuentra en el caso de Los Zetas y Los Caballeros Templarios.
Sostiene que la postura
de intervención del gobierno mexicano continúa siendo tomada principalmente
sobre bases no estratégicas en espera de tener una inteligencia oportuna. Pero
actúa, dice, sin la reflexión, la planeación y las propuestas que se requieren
para evitar nuevos ciclos de violencia peligrosos y una respuesta renovada de
los grupos del narcotráfico.
“El recrudecimiento de
seguir objetivos de alto valor (jefes de grupos narcotraficantes) es
parcialmente el resultado de la inercia institucional por la ausencia de una
estrategia alternativa, y de la relativa simplicidad operativa de ese modelo,
comparado con una política de mediano nivel, que es más efectiva pero también
más demandante”, añade.
Felbab-Brown considera
que la oportunidad de Peña Nieto para lograr una reforma en seguridad durante
su sexenio “ha desaparecido prematuramente”. Es más, dice, los pilares claves
de su política en la materia se le están cayendo fácilmente, incluida la
Gendarmería, su supercentro de inteligencia y el mando único policial.
El proyecto inicial de
Peña Nieto era hacer de la Gendarmería un cuerpo de 40 a 60 mil hombres para
reemplazar a la Policía Federal (PF), pero los desacuerdos entre el Ejército y
la Marina con la Secretaría de Gobernación y la propia inoperancia de la
Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de la que depende la PF, cuando estaba al
mando de Manuel Mondragón y Kalb, acabaron con el ambicioso proyecto y la
Gendarmería se redujo a una simple división más de la Policía Federal que
inició con sólo cinco mil efectivos (Proceso 1970).
Peña Nieto también
anunció la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia, para integrar todos
los trabajos en la materia del gobierno federal, tanto civil como militar.
Además de la información del Ejército y la Marina, en el nuevo sistema estarían
los trabajos de la propia PF, la Procuraduría General de la República y el
Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El sistema tampoco ha funcionado
y ni siquiera el Ejecutivo federal ha enviado al Legislativo las iniciativas
para reformar las respectivas leyes.
La propuesta del Mando
Único Policial, proveniente del gobierno anterior, tampoco se ha materializado
en los casi cuatro años del gobierno de Peña. Es más, es poco probable que eso
ocurra porque en el Congreso hay distintas iniciativas de ley para que el mando
policial no sea único, concentrado en los gobiernos de los estados, sino mixto;
es decir, que exista mando único en unos estados y que otros mantengan sus
policías municipales.
Más aún, dice
Felbab-Brown, la administración de Peña Nieto ha destacado por su poca
coordinación entre las agencias de seguridad nacional y las unidades de los
gobiernos locales, lo que ha sido determinante en el aumento de la violencia
delictiva en México.
El gobierno ha dicho que
la coordinación es un aspecto clave de su enfoque contra la delincuencia, como
esta semana lo reiteró el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong. Pero ese discurso, dice la especialista, tampoco se enfoca en la
sustancia de las políticas públicas de seguridad.
Doble actitud ante las
autodefensas
Observa también que con
Peña Nieto han surgido los grupos armados civiles o autodefensas. México
experimenta una nueva forma de violencia, sobre todo en Guerrero y Michoacán,
ante la que ha tenido un doble comportamiento. Ante algunos de esos grupos ha
mostrado su voluntad de confrontarlos y hasta de procesarlos, como en el caso
de José Manuel Mireles en Michoacán, quien acaba de cumplir dos años preso
acusado de portación de armas.
Por el contrario, dice,
después de una actitud negligente y de un ir y venir entre la línea dura y la
aceptación de las milicias, el último plan fue plegarlas en Cuerpos de Defensa
Rural, como la menos peor de las opciones. “Sin embargo, el gobierno ha fallado
en hacer cumplir sus planes” respecto a estos grupos armados, pues en ambos
estados se han convertido en importantes fuentes de conflicto y abuso, actuando
como si fueran fuerzas estabilizadas.
Advierte que la opción
de las milicias puede ser seductora a corto plazo en un momento de crisis, pero
a largo plazo “trae problemas para la seguridad, el respeto a la ley y la
legitimidad del Estado, como ocurre en gran medida en México y como ha pasado
en Colombia y Afganistán”.
Otra política fallida de
Peña Nieto que anota es el establecimiento de polígonos para la prevención de
la delincuencia, a cargo también de la Secretaría de Gobernación a través de la
subsecretaría de Seguridad Pública.
El programa de polígonos
no se ha operado bien y no está integrado a los esfuerzos de la actuación
policial. Discretos, los esfuerzos están dispersos: la teoría, la puesta en
marcha y los parámetros de monitoreo de la estrategia nacional para la
prevención de delito no están trabajando de forma adecuada, afirma.
Ante las fallas
evidentes, hay quienes incluso buscan la restitución de la Secretaría de
Seguridad Pública federal que funcionó durante los gobiernos del PAN de Vicente
Fox y Felipe Calderón.
“El primer error en la
política de seguridad del gobierno de Peña Nieto fue desaparecer la SSP federal
y que la Secretaría de Gobernación reabsorbiera sus funciones”, dice el
diputado del PRD por el distrito electoral 18 de la Ciudad de México, en
Iztapalapa, Arturo Santana Alfaro.
En febrero pasado este
legislador presentó ante el pleno de la Cámara una propuesta para restituir a
la SSP federal, a pesar de los malos recuerdos que hay en el país de su último
titular, Genaro García Luna, durante el gobierno de Calderón. Hay adhesiones del PAN y de otros partidos de
izquierda, como Movimiento Ciudadano, para quitarle de nueva cuenta a la
Secretaría de Gobernación las funciones policiales y de seguridad, comenta en
entrevista.
“A pesar de que en el
PRD estuvimos en muchas cosas en desacuerdo con García Luna, sabíamos que era
necesaria la consolidación de una secretaría de Estado encargada exclusivamente
de la seguridad en el país, incluidos los sistemas penitenciario y de
inteligencia. La SSP federal estaba en un proceso de transición y evolución y
Peña Nieto vino a truncarla creando una supersecretaría de Gobernación que no
ha podido con esa tarea”, asegura el legislador.
Secretario de la
Comisión de Justicia, Santana Alfaro señala que como consecuencia quedaron de
lado proyectos importantes como la Plataforma México, el sistema de
interconexión que en teoría integraba todas las bases de datos para el combate
a la delincuencia de todas las instituciones de seguridad y procuración de
justicia en el país.
Se dejaron de pedir
recursos para esta plataforma y todo se integró al Cisen, también dependiente
del secretario de Gobernación, además de que tampoco se avanzó en el servicio
civil de carrea policial, se creó una versión “tropicalizada” de las gendarmerías
europeas y sudamericanas y ni siquiera se ha concretado la propuesta del mando
único policial propuesto por Peña.
Aunque el diputado
perredista aclara que en este último caso se trata de un tema complicado por
las diferentes visiones que hay en el Congreso, asegura que el gobierno de Peña
Nieto está ya desde ahora reprobado en las tareas de seguridad.
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