- Otras versiones especulan sobre la posibilidad de que la joven haya consumido un estupefaciente sintético,..
Revista Proceso
# 2075, 7 de agosto de 2016.
Una muerte que confunde/SARA
PANTOJA
El caso de la modelo
colombiana Stephanie Magón Ramírez enfrenta a la procuraduría capitalina y al
Tribunal Superior de Justicia, y de paso exhibe la descomposición de la colonia
Nápoles. Mientras la primera dependencia habla de un homicidio accidental
–versión que avala el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera–,
el presidente del tribunal, Édgar Elías Azar, dijo que “intencionalmente la
mataron a golpes”, pero horas después fue desmentido por su propia institución.
Conocida hasta hace unos
años por su tranquilidad, la colonia Nápoles se transformó paulatinamente en un
foco rojo. El viejo remanso alberga hoy bares, restaurantes y antros donde se
organizan fiestas clandestinas y, presuntamente, hay trata de personas. Es en
ese perímetro de la delegación Benito Juárez donde la semana antepasada murió
la modelo colombiana Stephanie Magón Ramírez, de 23 años.
Originaria de Cali,
había llegado hacía pocas semanas a esa colonia, donde residen otras
extranjeras, sobre todo sudamericanas y caribeñas. Algunas viven solas o
comparten departamentos y por lo general trabajan en establecimientos
comerciales cercanos, refieren los integrantes del Comité Vecinal.
El 18 de abril pasado,
policías capitalinos realizaron un operativo en tres departamentos de la calle
Indiana número 6, esquina con Texas, donde viven 15 extranjeras. Según las
afectadas, de nacionalidades argentina, colombiana, paraguaya y venezolana, dos
presuntos agentes de la Policía Federal Ministerial y dos civiles las
“rescataron”.
A cambio, les pidieron 1
millón de pesos para no entregarlas al Instituto Nacional de Migración (INM).
Cuando se descubrió la extorsión, fueron destituidos César Barrientos Deras,
identificado como Jefe Goliat, director de la Región Sur de la Secretaría de
Seguridad Pública capitalina (SSP), y otros dos mandos menores. El expediente
se encuentra en investigación en el área de Asuntos Internos de la dependencia.
En esa colonia reside
Miguel Ángel Mancera, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Habita en uno
de los departamentos del exclusivo Residencial WTC, ubicado en avenida Del
Parque y Chicago, que siempre está resguardado por policías y cámaras del
sistema de videovigilancia C-4.
A principios de siglo,
en la colonia Nápoles había casonas estilo colonial californiano con amplios
jardines, comentan a Proceso los antiguos vecinos. Pero el Plan Delegacional de
Desarrollo Urbano (PDDU) abrió sus puertas al boom inmobiliario y comenzaron a
construirse edificios de departamentos, así como hoteles, restaurantes, bares,
oficinas gubernamentales, empresas, centros de espectáculos y comercios.
Ese cambio atrajo a
actrices y artistas mexicanos, quienes compraron viviendas en la zona. También
llegaron mujeres de varios países latinoamericanos y europeos y se organizaron
para rentar departamentos por los que pagaban rentas de entre 15 mil y 20 mil
pesos o cuartos de azotea.
De acuerdo con los
integrantes del Comité Vecinal, por las tardes y las noches esas mujeres
trabajaban en los restaurantes y bares del corredor comercial, que los vecinos
consideran como zona roja. Algunas, dicen, laboran como hostess o como scorts,
acompañantes de los clientes que llegan en automóviles de lujo, con choferes y
escoltas armados.
Uno de ellos, dicen,
“llega en un Corvette amarillo con placa metálica del Senado y suele
estacionarse afuera del restaurante que está en Dakota y Pennsylvania”.
Sostienen que la
actividad en estos lugares genera ruido y choques verbales con los vecinos,
particularmente porque los guardaespaldas bloquean los espacios de
estacionamientos o las entradas a las casas y los empleados de los negocios
suelen ser prepotentes.
Se quejan también de la
proliferación de casas de citas y domicilios donde se organizan fiestas
clandestinas que empiezan el jueves y terminan el martes. Y como en los límites
de la colonia hay vialidades importantes –Viaducto, Insurgentes, Periférico y
el Eje 5 Sur–, en ese espacio ha habido balaceras o “corretizas entre autos”.
Los operativos
La delegación Benito
Juárez está enterada de eso, e incluso gestionó una reunión con los
representantes de un establecimiento para pedirles que “eduquen a su personal y
respeten a los vecinos. El lugar estuvo sancionado dos o tres meses, pero ya
opera de nuevo”, dicen los entrevistados.
Cuentan también que en
2015 detectaron una casa de swingers (intercambio de parejas) en Augusto Rodin
y Kansas. La delegación intervino y esa actividad desapareció.
Sobre el operativo del
18 de abril último en el edificio de Indiana 6, esquina con Texas, los reportes
periodísticos destacan que cuando los policías del sector llegaron al lugar
encontraron a un agente de la Procuraduría General de la República (PGR), quien
les dijo que se trataba de una investigación sobre trata de personas.
Sin embargo, algunas
mujeres de nacionalidad argentina salieron del lugar y denunciaron que estaban
secuestradas por agentes federales. Dos civiles y los agentes federales Misael
Rojas Vargas y Antonio Javier Rivera Narváez fueron detenidos. Días después
fueron dados de baja, acusados de secuestro exprés, extorsión y abuso de
autoridad, según informó la procuraduría.
Las 15 inquilinas fueron
liberadas y presentaron su declaración ante el Ministerio Público. Dijeron que
tenían visa de turista y que sus captores les quitaron sus celulares, las
encerraron y las amenazaron con ponerlas a disposición de las autoridades
migratorias si no les entregaban 1 millón de pesos.
La movilización policiaca
atrajo a los agentes Guillermo Ruiz León, que se identificaba con el indicativo
Nápoles Omega; al director del mismo sector Miguel Aris Zetina, y al director
general de la Zona Sur, César Barrientos Derás, Jefe Goliat, coordinador de la
seguridad en la colonia.
Los agentes conversaron
con el mando de la Policía Auxiliar, “sin conocer la totalidad de los hechos y
se retiraron” sin apoyar a las plagiadas, publicó el diario Reforma en su
edición del 10 de mayo. Los tres comandantes fueron suspendidos y se abrió el
expediente número DGAI /II/1385/2016-04 en el área de Asuntos Internos de la
SSP por “omisión de funciones”.
Las investigaciones
indican que uno de los dos civiles detenidos, Víctor Manuel Carmona Caselín,
fue integrante de la desaparecida Agencia Federal de Investigación de la PGR,
hoy Policía Federal Ministerial (PFM), y estuvo preso por extorsión en 2007.
El otro acusado, Víctor
Alberto Díaz Flores, quien dijo llamarse Manuel Villa Fuerte Mejía, era
integrante de la PFM y fue cómplice de Carmona Caselín por el mismo delito.
Ambos, junto con un tercer ayudante, estuvieron presos en un penal del Estado
de México en 2009.
Los integrantes del
Comité de Vigilancia Vecinal de la Nápoles se quejan de que esas actividades
–la trata de personas y la proliferación de comercios– convirtieron a la
colonia en una zona roja y las autoridades delegacionales no les ponen freno.
La “caída”
La descripción de los
vecinos sobre la presencia de extranjeras en la colonia Nápoles es similar a la
que tiene la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ), a cargo de
Rodolfo Ríos Garza, pero las dudas persisten en torno a la extraña muerte de la
colombiana Stephanie Magón Ramírez.
El pasado 30 de julio,
alrededor de las 6:10 horas fue localizado el cadáver de la joven modelo en
medio de la calle Miami, frente al número 20, donde vivía. Estaba desnuda y el
cuerpo tenía múltiples golpes. Al día siguiente, la PGJ informó que Magón
Ramírez “era edecán y rentaba un cuarto” en el domicilio mencionado; también
destacó que el cuerpo tenía “diversos golpes (traumatismo craneoencefálico y
fractura de mandíbula)”.
El jueves 4, el
subprocurador de Averiguaciones Previas de la dependencia, Edmundo Garrido,
declaró a un noticiario radiofónico que alrededor de la 1:30 de mañana del 30
de julio la mujer llegó a un bar del centro de la Ciudad de México con varios
amigos. La prensa lo identificó como el Foro Normandie.
Según el funcionario, la
PGJ tiene videos y fotografías del interior del lugar cuando ella estaba ahí
(expediente CI-FBJ/BJ-2/UI-3/3484/07-2016). De acuerdo con los datos
proporcionados a la prensa, Magón Ramírez fue vista en el baño del lugar
desnuda y “desorientada”, presuntamente a causa de alguna droga. Personal de
seguridad pidió al grupo que se retirara.
Garrido agregó que un
hombre y una mujer (presuntamente una uruguaya) salieron con Stephanie y
tomaron un taxi a las 5:50 horas. Nueve minutos después llegaron a la casa de
la colombiana y entraron, pero ella cerró la reja del edificio y subió sola a
su departamento. A las 6:02 horas, sus dos acompañantes abordaron otro taxi y
se alejaron del lugar. Ocho minutos después, según los reportes oficiales, la
joven cayó del edificio.
El funcionario informó
que los peritajes en criminalística y medicina concluyeron que la modelo se
arrojó del cuarto piso del edificio. Debido al impulso, su cuerpo se golpeó con
los árboles que están sobre la banqueta –de ahí sus heridas–, por lo que cayó
“a la mitad de la cinta asfáltica en posición decúbito dorsal de lado derecho”.
El martes 2, el
presidente del Tribunal Superior de Justicia, Édgar Elías Azar, afirmó que, con
base en la necropsia practicada al cadáver de la modelo colombiana, se concluyó
que “intencionalmente la mataron a golpes”. La declaración puso en entredicho la
versión de la PGJ sobre el presunto accidente.
Horas más tarde, el
tribunal emitió una tarjeta informativa para corregir a su propio titular, al
asegurar que el cadáver presentó “múltiples traumatismos de tipo equimótico y
esciriativo en diferentes partes del cuerpo, herida por contusión y fractura de
la mandíbula, lo que indica que muy probablemente son producto de una
precipitación”.
El miércoles 3, la PGJ
emitió otra tarjeta en la que afirmó que las heridas encontradas en el cadáver
de la joven fueron “consecuencia de una precipitación” y que “no hay evidencia
de huellas de lucha, defensa, forcejeo y/o sometimiento”.
El viernes 5, el jefe de
gobierno, Miguel Ángel Mancera, comentó que en las declaraciones “se cruzaron
ahí un poco los cables”. Y aun cuando no mencionó al magistrado presidente
Elías Azar, sí dejó entredicho su autoridad, mientras que dio el espaldarazo a
la investigación de la PGJ, cuestionada por otros casos polémicos, como el
multihomicidio de la colonia Narvarte ocurrido hace un año.
“Ahí está la
procuraduría ya con la información completa de lo que aportó el tribunal
–dijo–. Hasta ahora, de lo que yo estoy informado es que se trata de una
precipitación, de una caída.”
La versión de Marín
Las declaraciones de
Anthony Marín, identificado como esposo de Stephanie, al diario El Tiempo de
Bogotá aumentan la confusión. Sostuvo que su cónyuge debía 8 millones de pesos
colombianos, equivalentes a 48 mil pesos mexicanos, a la agencia mexicana New
Icon Model Management por concepto de los gastos de su traslado de Cali a la
Ciudad de México para trabajar con esa firma.
Una publirrelacionista
que contrata modelos y edecanes extranjeras para eventos sociales,
particularmente colombianas, quien pidió no ser citada por temor a represalias,
asegura a Proceso que “es poco común que las agencias les paguen los boletos de
avión a las modelos. En general las chicas se vienen a probar suerte por sus
propios medios”.
La entrevistada dice que
hay dos formas de trabajar con ellas: por contrato directo o mediante una
agencia, como supuestamente fue el caso de Stephanie. En la primera, la
negociación es de “tú a tú”, ya sea porque el contratista la conoce o porque
las modelos difunden su Book o portafolio de fotografías que ellas mismas
elaboran.
En ese caso, “van a
donde sea” y sin que medie contrato alguno. El pago se hace en efectivo al
terminar el evento y no se expide ningún recibo fiscal.
Con respecto a las que
trabajan por agencia, la contratación es por medio de un contrato con un agente
que busca los perfiles al gusto del contratante, quien por lo general pone
restricciones según el lugar o el tipo de evento. Con respecto al pago, el
cliente da un anticipo y liquida el resto al finalizar el evento. La agencia,
por su parte, se queda con su comisión.
La entrevistada comenta
que “hay muchas cosas raras” en la muerte de Stephanie. “No creo que la agencia
le haya pagado los boletos (de avión) ni que la chava le deba tanto dinero a la
agencia. Jamás he sabido de agencias que hagan eso. Creo que el trasfondo es
otro”.
Hasta el cierre de
edición, la PGJ no había confirmado si la modelo consumió alguna droga que la
hiciera perder el control y se lanzara desde el cuarto piso de su departamento.
Sin embargo, descartó el consumo de alcohol, mariguana y cocaína.
Otras versiones
especulan sobre la posibilidad de que la joven haya consumido un estupefaciente
sintético, que por lo general altera la circulación de la sangre y eleva la
temperatura corporal, provoca ansiedad y episodios de paranoia.
Tampoco se sabe cómo
llegó la modelo colombiana a México ni su estatus migratorio. Además, está
pendiente la entrega del cuerpo a sus familiares, quienes residen en Cali,
Colombia. Las autoridades aseguran que lo harán una vez determinadas las causas
de la muerte.
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