La República frente al terrorismo/

La República frente al terrorismo/Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional (UPF)

El Periódico, 7 de agosto de 2016..

En memoria de José Ramón Recalde

A raíz del sádico asesinato del capellán de la iglesia de Saint Etienne du Rouvray en Normandía, Jacques Hamel, a manos de terroristas del ISIS y la todavía muy reciente masacre cometida con un camión desbocado por la Promenade des Anglais en Niza, por un individuo de la misma tendencia, la vida política francesa se ha visto lógicamente alterada. Pero el impacto sobre el estado de ánimo de la sociedad gala ha dado lugar a reacciones especialmente preocupantes para la salud democrática de la República.

El siempre visceral y excesivo expresidente Nicolas Sarkozy, acaba de afirmar que ante los ataques terroristas es preciso «adaptar» el Estado de derecho a las nuevas circunstancias. En un tono más primario, Hervé Morin, presidente del Consejo Regional de Normandía, ha sostenido que para afrontar a esta situación sería necesario «isrealizar nuestra seguridad». ¡Nada más y nada menos!

Ante la manifiesta debilidad política del presidente François Hollande y del gobierno presidido por Manuel Valls, resulta evidente que la derecha y la extrema derecha francesa han encontrado en el terrorismo del ISIS una ocasión más para desgastar a sus oponentes, con la vista puesta en las presidenciales del año próximo. Hay que dar por descontado ese coyuntural objetivo político, a pesar de la obscenidad política que manifiesta.

Pero la cuestión de fondo es otra y concierne a la misma integridad del sistema democrático en Francia. Así, cuando Sarkozy, en un esfuerzo para mostrarse sibilino, considera que hay que adaptar el Estado de derecho a las nuevas circunstancias, no hace otra cosa que apelar a un régimen de excepcionalidad permanente, en el que prime el control preventivo por los poderes públicos del ejercicio de las libertades públicas y el reforzamiento de los poderes del Ejecutivo. Y váyase a saber hasta dónde. Sin embargo, ello es antagónico con la propia esencia del Estado de derecho, que solo admite este tipo de control de forma selectiva y temporal. Ese es el sentido del llamado ‘derecho de excepción’ previsto por las constituciones para la preservación del sistema democrático ante los ataques que pueda sufrir.

Para afrontar la situación el Gobierno francés ha prolongado la duración el estado de emergencia, que ya estaba vigente desde los atentados en la discoteca Bataclan de París del año pasado. Por otra parte, no hay que olvidar que una parte de la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno impidió aprobar la reforma constitucional propuesta por Hollande que reforzaba los poderes de la policía, los servicios secretos y la judicatura. La razón era que esta revisión suponía una desnaturalización de las libertades reconocidas por la República.

Más pedestre y, sin duda, expresivo ha sido el planteamiento del citado presidente del consejo regional de imitar el modelo israelí de seguridad. Porque, viendo cómo actúa el gobierno de extrema derecha de Netanyahu, eso significa lisa y llanamente que Francia debería comportarse como una potencia colonial: proteger a una parte de sus nacionales y reprimir sin contemplaciones a los que eventualmente se consideren enemigos. Es decir, reconsiderar el alcance del Estado de derecho y sus límites, que podría seguir vigente para los primeros mientras que quedaría hibernado para el resto, que habrían de ser tratados ya como súbditos. Y eso, no se olvide, en una sociedad como la francesa en la que precisamente fruto de la tradición colonial de la que es depositaria, conviven en su territorio ciudadanos de culturas y tradiciones muy diversas.

Es evidente que la tolerancia del Estado democrático nunca puede ser ilimitada. Más concretamente, con las versiones del Islam que propugna el ISIS y sus adláteres, el Estado nunca puede negociar. La garantía de la libertad religiosa y la diversidad cultural limita con el principio de libertad y el respeto al resto de los derechos humanos. Fuera de ello, el sistema democrático debe ser siempre intolerante pero sin perder su identidad. En los casos recientes de terrorismo islámico reivindicados por el ISIS en Francia o Alemania, la tentación de dejarla de lado en pro de una autoritaria apelación a la seguridad está presente.

Y, sin embargo, son patentes las deficiencias en los sistemas de información policial y de control judicial sobre los autores materiales de los atentados. Y más patente todavía es la reacción de dar soluciones que son solo propias de la lógica estatal a un problema político global, poniendo de relieve una vez más la inanidad de la Unión Europea para asumir con eficacia los compromisos reconocidos en el Tratado de Lisboa sobre la regulación del espacio de libertad, justicia y seguridad.