México ante la crisis en Venezuela/ / Luis Alfonso de Alba Góngora, Embajador de México ante la OEA.
Reforma, 26 de marzo de 2017.
Hace unos días, ante la agravación de la situación en Venezuela y el incumplimiento de los acuerdos del proceso de diálogo que se desarrolló en ese país durante casi un año, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, presentó un nuevo informe en el que concluye que "los continuos esfuerzos de diálogo han fracasado", por lo que propone un conjunto de medidas que, al amparo de la Carta Democrática Interamericana, pudieran llegar hasta la suspensión de la participación de Venezuela en los trabajos de la OEA en un plazo muy breve.
Ante ello, un grupo de países miembros de la OEA que además de México incluye a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, decidió asumir un papel más activo en la búsqueda de soluciones y suscribió la Declaración difundida el pasado día 23 de marzo, en la que señala la necesidad de agotar los esfuerzos diplomáticos antes de adoptar decisiones drásticas y por ello subraya la importancia del diálogo y la negociación como la vía idónea para llegar a soluciones duraderas, al tiempo que ofrece su colaboración para encontrar esas soluciones. También considera urgente que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, que se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional y que se establezca un calendario electoral que incluya las elecciones pospuestas a fin de restablecer la confianza entre las partes.
A esta iniciativa le seguirá la celebración de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización el próximo martes, convocada por los catorce países y a la que se han sumado Bahamas, Barbados, Jamaica y Santa Lucía, en la que se analizará la situación de Venezuela con la participación de todos los Estados miembros a fin de identificar un curso de acción que coadyuve en la búsqueda de soluciones que, en última instancia, sólo corresponden a los venezolanos.
Se abre así una oportunidad para que los Estados miembros de la OEA asuman en mayor grado las tareas de facilitación o mediación que permitan el pronto restablecimiento del orden democrático en ese país, mismo que requiere del debido respeto a la separación de poderes y al marco constitucional venezolano. Asimismo, los Estados de la región deberán comprometerse a cooperar solidariamente a fin de atender las necesidades más urgentes de la población, entre las que destacan el acceso a alimentos y medicinas y el apoyo para la recuperación de una economía en serias dificultades.
Este curso de acción está enmarcado en los principios y valores del sistema interamericano acordados expresamente en la Carta de la Organización, así como en la Carta Democrática Interamericana y por ello no puede calificarse de intervencionista o indebido. Todo lo contrario, refleja un sentido de responsabilidad de parte de los Estados, ya que son ellos mismos, incluyendo a Venezuela, quienes se han comprometido individual y colectivamente a promover y defender la democracia y los derechos humanos en el hemisferio.
Resulta por ello difícil de entender el rechazo de algunos a un diálogo constructivo y respetuoso cuyo único objetivo es la identificación de acciones y mecanismos que permitan encauzar un nuevo proceso de negociación entre venezolanos, más aún cuando está amparado en el marco institucional acordado entre todos los Estados de la región y reconoce plenamente el derecho soberano de cada país a decidir su destino.
El gobierno de México ha mantenido el diálogo a todos los niveles con Venezuela siempre con respeto a su soberanía y fiel a su política exterior y a los principios constitucionales que la rigen. México se asume y consolida como un actor con mayor responsabilidad global.
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