La Tarahumara, campo de batalla

Revista Proceso # 2108, 26 de marzo de 2017..

La Tarahumara, campo de batalla/

LA REDACCIÓN

Algunos de los municipios chihuahuenses localizados en la Sierra Tarahumara se convirtieron de pronto en un campo de batalla, donde dos facciones del mismo grupo, La Línea –sicarios del Cártel de Juárez– se disputan a tiros el territorio, pese al operativo desplegado por el gobierno estatal al menos en seis de esos conflictivos ayuntamientos. No es poco lo que pelean los criminales: se trata del corredor del narcotráfico que lleva a Ciudad Juárez. Y en esa guerra, el pasado domingo 19 el cabecilla de uno de esos grupos, El Cabo, fue asesinado por los matones que obedecen a su rival, El 80, quien ahora parece tener el control de esa parte de Chihuahua.

SIERRA TARAHUMARA, Chih.- Los habitantes de los municipios chihuahuenses de las estribaciones de la Sierra Tarahumara viven en medio de la zozobra y el sobresalto ante los continuos tiroteos entre bandas del crimen organizado.

En esa zona del centro-oeste chihuahuense, el domingo 19 se enfrentaron dos facciones antagónicas de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez; esos grupos pelean el control del corredor carretero del tráfico de drogas hacia el norte: uno, liderado por César Raúl Gamboa Sosa, El Cabo (quien presuntamente controlaba la región de Cuauhtémoc); el otro, por Carlos Arturo Quintana, El 80.

El saldo de ese enfrentamiento fue de ocho sicarios muertos, entre ellos El Cabo, y cuatro policías municipales heridos.

Una versión extraoficial, recabada entre pobladores de la zona, habla de decenas de muertos, cuyos cuerpos fueron recogidos por sus mismos compañeros y, en algunos casos, arrojados a una laguna cercana al rancho El Venado, en el municipio de Cuauhtémoc.

Cerca de la laguna, el grupo del Cabo había organizado una fiesta ese domingo. Su rival, El 80, lo emboscó. El enfrentamiento tuvo su nivel más alto en el rancho La Quemada, donde quedaron tendidos tres cuerpos. Esa noche localizaron otros cuatro cadáveres en el municipio de Cusihuiriachi, siempre según versiones ­extraoficiales.

Los sicarios emboscados robaron ­vehículos para huir o para llevarse a sus compañeros heridos. Se dispersaron por varias comunidades, donde obligaron a los médicos locales a atender a los lesionados.

Los policías municipales habían ido al lugar, pues una llamada anónima les advirtió de una reunión de hombres armados. Cuando llegaron, fueron recibidos a tiros. Los cuatro municipales heridos fueron trasladados a un hospital privado de ciudad Cuauhtémoc.

La noche de ese domingo 19, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua decomisó las 17 camionetas abandonadas en la carretera, dentro de las cuales había armamento de alto poder y uniformes de la Policía Municipal de Cuauhtémoc. El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, anunció que se investiga a la corporación para tomar el control de la seguridad del ayuntamiento, como lo han hecho con otros seis, donde está a cargo la Policía Estatal Única (PEU).

Los agentes municipales fueron enviados a la Escuela Estatal de Policía, en la ciudad de Chihuahua, para someterlos a exámenes de control de confianza y a una capacitación de tres semanas. Entre el lunes 20 y el martes 21, siete de esos policías renunciaron en protesta por la medida.

“Aquí somos muy valientes, tenemos a Dios. Estamos rezando y pidiendo que esta situación vaya mejorando, que vayan decidiendo lo que tienen que decidir; pero sí hay unas señoras que tienen miedo”, expresa una mujer de Bachíniva, municipio colindante con Cuauhtémoc, donde se suspendieron las clases desde el lunes 20, luego del asesinato del Cabo.

“En la cabecera hay un kínder, una primaria y una secundaria, y en la colonia Primero de Mayo, que está aquí junto, hay kínder, primaria y está la preparatoria. No hubo clases; las calles están solas”, dice otro habitante del municipio.

La tarde del domingo, refieren pobladores del municipio, las calles quedaron vacías cuando a lo lejos se escuchó el tiroteo: “Hubo un retén en el expendio, en la gasolinera vieja, y no nos dejaban pasar para ir a la colonia Primero de Mayo. Nadie salió. Pasaban las camionetas nomás muy rápido. Ahora las calles están muy solas. Ya en la tardecita no sale nadie”.

Luego de los hechos del domingo 19, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que uno de los objetivos prioritarios de su administración es la captura del 80.

“Limpieza” en seis municipios

Un operativo estatal que busca “limpiar” las policías de seis municipios del oeste y noroeste de Chihuahua sólo llevó incertidumbre a la población: se le teme a las posibles reacciones del crimen organizado o de algunos de los agentes municipales retirados temporalmente de sus puestos y que se niegan a someterse a exámenes de control de confianza.

Esos seis municipios forman parte de un corredor de drogas que culmina en Ciudad Juárez –Temósachi, Madera, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes, los cuatro primeros, en la Sierra Tarahumara– y se hallan en aparente calma, pero la estrategia gubernamental provocó un “efecto cucaracha” hacia los ayuntamientos aledaños, todos controlados por La Línea.

El operativo estatal arrancó en medio de un importante incremento de homicidios dolosos en la entidad: 889 desde octubre, cuando Corral asumió la gubernatura, hasta el martes 21, la mayoría en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua.

Y mientras el miedo atrinchera a gente de municipios como Bachíniva, Namiquipa, Buenaventura y otros aledaños, en los seis donde la PEU está a cargo la gente vive en una tranquilidad aparente; pero la psicosis –generada en gran parte por las redes sociales y los medios– paraliza a los pobladores de algunas comunidades de esos municipios, quienes temen viajar a las cabeceras por temor a quedar atrapados en medio de los enfrentamientos.

La desconfianza hacia los policías de todos los niveles no se agota, aunque la PEU, en el primer mes del operativo, se ha limitado al trabajo de prevención y ha actuado con respeto a la ciudadanía.

En los ayuntamientos donde actúa la PEU se recogieron las opiniones de algunos habitantes, quienes pidieron el anonimato: “Aquí los municipales se paseaban junto con ellos (los delincuentes), eran lo mismo”, “los estatales han sido respetuosos, la gente hasta descansó porque los municipales ya nos tenían hartos, porque acosaban todo el día, esperaban a la gente afuera de los bares, por todo pedían dinero”, “hay unos municipales buenos, pero la mayoría ha estado ligado con los malosos”, “aquí los malos andan como si nada, no se han visto últimamente, pero sabemos que ahí siguen”.

Cuestiona un funcionario: “¿No se pondrá a pensar el gobernador que puede provocar una guerrilla entre municipios y delincuencia organizada? Ellos se lavan las manos, tienen 10 guaruras, pero la gente acá no, ¿y si la delincuencia organizada declara la guerra? La autoridad municipal queda en medio. Si yo fuera presidente municipal y me viera amenazado por los otros, renuncio”.

La rebelión de los alcaldes

El 18 de febrero, Corral Jurado publicó el decreto 80/17 –en el Periódico Oficial del Estado– por el cual obliga a seis de los 67 ayuntamientos chihuahuenses a enviar a sus policías a someterse a exámenes de confianza en la Comisión Nacional de Seguridad y a capacitarse durante tres meses en la Escuela Estatal de Policía; mientras tanto, la PEU asume el control de la seguridad de esos municipios.

La determinación del gobierno estatal provocó la rebelión de los alcaldes y los secretarios locales de seguridad, quienes se resistían a viajar a la ciudad de Chihuahua. Las autoridades estatales ampliaron el plazo para iniciar la capacitación. La segunda semana de marzo comenzaron a llegar los primeros agentes.

Simultáneamente, una serie de rumores circularon en Cuauhtémoc y otros municipios de esa región: se hablaba de un toque de queda por los enfrentamientos y por la presencia de grandes grupos de hombres armados. La información fue desmentida por el fiscal general.

Los policías de Nuevo Casas Grandes hicieron una huelga de hambre un par de días y en la capital estatal aparecieron tres mantas exigiéndole a Corral que acabe con los jefes delictivos de Casas Grandes, Guachochi y todo el noroeste; si no, advertían, tomarían la justicia por su mano. Peniche atribuyó esos mensajes a los grupos delictivos que se busca eliminar.

Los cabildos de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes acordaron pedirle a Corral el retiro de la PEU y anunciaron que promoverían una controversia constitucional contra esa medida. No lo han hecho.

El secretario del ayuntamiento de Temósachi, Luis Alfonso Favela, asegura en entrevista que los policías de ese municipio no aceptaron la capacitación, tal vez por miedo: “Al principio comentaron que era muy duro, que fue de repente (…) llegó el rumor de que podían ser detenidos y llevados a la Ciudad de México. Ya se aclaró que no (…) algunos agentes no aceptan ir a capacitarse por temor a la delincuencia organizada, porque lo pueden tomar como provocación, aunque la única solución es que se capaciten”.

El funcionario municipal dice que la gente no está conforme con los estatales, aunque éstos no se han portado mal: “Acá la gente está impuesta a vivir así; de 100 autos, 10 no traen placas legales, unos traen permiso y nunca pasa nada. Ellos (la PEU) traen el criterio de checar todo. Checan licencias y aquí manejan muchos menores de edad, es muy común. Hay comentarios que desde que están los estatales han bajado las ventas hasta en abarrotes. La gente de Cocomorachi (comunidad de Temósachi) y la sierra vienen en carros sin placas y (ahora) mejor no vienen”.

El alcalde de Madera, Jaime Torres Amaya, dice que hasta ahora sí hay cambios favorables en la percepción de la ciudadanía respecto a los policías estatales; los municipales siguen percibiendo su salario, hasta saber si se consideran aptos o no para el servicio.

En este ayuntamiento desaparecieron seis policías municipales en noviembre pasado y hasta ahora sólo se han recuperado los cadáveres de dos de ellos. Torres Amaya asegura que la búsqueda continúa.

A su vez, el alcalde de Gómez Farías, José Noé Mendoza, reclama que la FGE se ha cerrado a la negociación: “Ya convencí a los policías para que se vayan a capacitar, sólo le pido a la fiscalía que deje a unos siete, los más grandes, que ya no tienen condición física, para que se coordinen con los estatales que no conocen la zona y tardan mucho en dar respuesta a los llamados; que usen a los agentes municipales como guías, porque todos los días hay molestias (…) El narco donde quiera está, en todo el país, eso lo sabemos, pero aquí no hay delitos de alto impacto”, dice a Proceso.

Uno de los alcaldes más renuentes al operativo era el de Nuevo Casas Grandes, David Mendoza Garrido. En entrevista comenta que, como en todas las corporaciones, hay elementos buenos y malos, y asegura que no está en contra de la profesionalización, pero, dice, la FGE no cuidó las formas ni respetó a las autoridades municipales:

“Todos pedimos que se fueran a capacitar en grupos, pero no cedieron (…) ya hicieron examen 86 y reprobaron 23 (…) los que no pasaron el examen y los que no quieran capacitarse, también los vamos a despedir. No puedo hacer nada. Si empiezan a demandar, a ver qué hacemos, con qué les pagamos, porque, como en todos los municipios, éste lo recibimos en quiebra”.

Mendoza Garrido señala que se revisan los casos de los agentes más grandes para ayudarlos a tramitar la pensión, y asegura que su municipio está muy tranquilo y no requiere el operativo. Los estatales, sostiene, sólo llegaron a alterar la paz. Añade que la violencia se hizo presente entre 2007 y 2010. Al preguntársele sobre la serie de decapitados en la cabecera municipal en años recientes, refiere que eso ocurrió hace más de un año.

La alcaldesa de Casas Grandes, Yesenia Reyes Rentería, informa que su municipio es uno de los 11 pueblos mágicos de la entidad y el 22 de febrero, por la percepción de inseguridad que se ha generado, tuvieron que cancelar un congreso turístico al que asistirían 400 personas.

Según datos de la FGE, de los 111 policías municipales de Madera que presentaron el examen, 15 reprobaron y sólo algunos acudieron a capacitarse; de 20 de Gómez Farías, reprobaron tres y los demás no se han presentado a la Escuela Estatal de Policía; de 24 que hicieron el examen de Temósachi, seis aprobaron; de 11 de Ignacio Zaragoza, ninguno reprobó; de Casas Grandes presentaron examen 32 y reprobaron cinco, mientras que de 87 de Nuevo Casas Grandes reprobaron 15.

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Policías con historial de infiltración/

LA REDACCIÓN

CHIHUAHUA, Chih.- Las policías de los municipios chihuahuenses serranos y del noroeste fueron infiltradas por el narcotráfico, paulatinamente y con la complicidad de las anteriores autoridades, cuando se negó el problema que lacera a la Sierra Tarahumara y el noroeste.

moreEn varios ayuntamientos el crimen organizado logró cooptar, además de los jefes policiacos, a directores de obras públicas y hasta alcaldes, confirma el secretario general de Gobierno de Chihuahua, César Jáuregui Robles.

Ante delitos de lesa humanidad en la Tarahumara, como matanzas, desapariciones masivas, desplazamientos forzados principalmente de comunidades indígenas, el gobierno anterior, el de César Duarte Jáquez, se mostró sordo, ciego, mudo y hábil para ocultar los números de la tragedia, dice.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de inteligencia militar, por lo menos siete directores de policías municipales son miembros de grupos delictivos.

También hay 19 directores de Seguridad Pública Municipal que no han sido evaluados y siete más que reprobaron: los de Ascensión, Batopilas, Chínipas, Coronado, Guazapares, Guerrero y Santa Bárbara, quienes en cualquier momento podrían recibir el aviso de baja de la corporación.

En otros seis, según datos hemerográficos y testimonios de víctimas que han denunciado ante las autoridades o ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), también han actuado en complicidad con el crimen organizado.

En mayo de 2013 la administración anterior decretó que 65 ayuntamientos (excepto Juárez y Chihuahua) permitieran que la Policía Estatal Única se hiciera cargo de la seguridad.

En el decreto, firmado por el exgobernador Duarte, así como por el entonces titular de la FGE, por los alcaldes y directores de Seguridad Pública Municipal, se dan facultades a la PEU para hacerse cargo de la seguridad de sus respectivos municipios, así como de la capacitación y evaluación de sus efectivos.

Cualquier modificación del decreto (por tiempo indefinido) deberá hacerse de común acuerdo por las partes; en caso de que un ayuntamiento deseé derogarlo, tiene que hacerlo con 30 días naturales de anticipación.

Cuestionados, investigados

Los actuales jefes policiacos señalados por los informes de inteligencia son: Sergio Horacio Payán Meza, de Ascensión, quien fue agente de investigación de la FGE; Javier Ramón García Aldama, de Batopilas, expolicía municipal; Martín Ramírez Medina, de Chínipas; Édgar Eliud Hernández Tovar, de Coronado, expolicía municipal; Saúl Rochín Ayón, de Guazapares; Marcos Antonio González Hernández, de Guerrero, y Abel Lorenzo Villalobos Espinoza, de Santa Bárbara, jefe de seguridad por segunda vez.

Según las mismas fuentes, la Policía Municipal de Guadalupe y Calvo protege al grupo delictivo que opera de la cabecera hacia el ayuntamiento de Balleza.

En la zona de Guadalupe y Calvo y Balleza opera como presunto líder criminal Mario Eleno Félix Corral, El Cepillo, uno de los 10 objetivos de la PGR en Chihuahua.

Es conocida la presencia de ese sujeto en la región, donde ha apoyado a pobladores de los dos municipios. En la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo y en El Vergel, ayuntamiento de Balleza, instaló redes gratuitas de wifi llamadas “Apoyo para el pueblo” y “Del Cepillo para el pueblo”.

Martín Ramírez Medina, director de Seguridad Pública de Chínipas e identificado por las autoridades como cercano al grupo delictivo de Los Salazar, sostiene al subdirector, que presuntamente es parte de esa mafia, de acuerdo con el informe de las autoridades.

Los mismos habitantes desplazados de ese municipio han denunciado que Ramírez, quien fue director de la corporación desde el trienio pasado, es sobrino de Cristina Ramírez, esposa de Adán Salazar Zamorano, detenido en febrero de 2015 y recluido en un penal federal por delitos contra la salud.

En Moris relacionan al director de Seguridad Pública, Pablo Ramón Pinto Beutelspacher, con el grupo de Los Salazar. Él fue propuesto en una terna para elegir jefe policiaco de Chínipas en 2013, pero el Congreso estatal no lo eligió.

El director de Seguridad de Nuevo Casas Grandes, Julio César Ramírez Valdez, fue detenido en noviembre de 2010 por la PGR junto con otros agentes y el exministerial Jorge Gutiérrez Corral, El Chule, por su presunta participación en el asesinato de Mario González, hermano de la exprocuradora Patricia González Rodríguez. Ramírez Valdez quedó libre meses después.

El alcalde David Martínez informó entonces que su jefe policiaco había sido liberado y había aprobado el examen de confianza, por lo cual fue aprobado en el cargo por el cabildo.

En el caso de Payán, de Ascensión, quien reprobó el examen de confianza, también es señalado como parte de grupos delictivos y fue agente de investigación de la FGE. Fue objeto de una recomendación –la 26/2014– dirigida al exfiscal Jorge Enrique González Nicolás. En 2012 la CEDH pidió que se le investigara, cuando era Ministerio Público, por la presunta comisión de delitos de extorsión y usurpación de funciones. No se conocieron los resultados.

En el municipio de Madera hay dos demandas presentadas desde 2013 ante la Fiscalía Zona Occidente y desde julio de 2014 ante la PGR por la desaparición del ganadero Abel Corral Salcido, en las que señalan la presunta participación del exalcalde Pablo Granados.

El municipio de Urique es uno de los que más indígenas desplazados registra, junto con Uruachi y Guadalupe y Calvo. Para sembrar drogas, los narcotraficantes les han arrebatado la tierra a los rarámuri desde hace más de dos años.

En mayo pasado habitantes de El Churo denunciaron ante la Fiscalía Zona Occidente el hostigamiento y extorsión de parte de policías municipales que los detienen con cualquier pretexto y les cobran miles de pesos para dejarlos libres o simplemente para no golpearlos.

Los pobladores de El Churo decidieron denunciar, con el apoyo de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos; pero los delincuentes que cobran en la nómina de Seguridad Pública arremetieron contra varios indígenas para que les dijeran quién los delató. Hasta ahora no hay sanciones para los agentes.

Bachíniva es otro municipio donde es evidente el control del grupo delictivo La Línea. En esa región del noroeste opera Carlos Arturo Quintana, El 80, y en ­Cuauhtémoc operaba César Gamboa Sosa, El Cabo, asesinado el domingo 19.

En el pasado proceso electoral el PRI postuló como candidata a la alcaldía de Bachíniva a Silvia Mariscal Estrada, suegra del 80. Su candidatura no prosperó.

En Guazapares fue reelegido Saúl Rochín Ayón como jefe de Seguridad Pública; es otro de los señalados por las autoridades por su cercanía con el grupo delictivo que opera en la región, del Cártel de Sinaloa. Él reprobó el examen de confianza.