Todos los recursos contra la Constitución de la Ciudad de México quedaron en manos del ministro Javier Laynez Potisek, quien notificó como responsables para responder al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, por ser quien publicó la Constitución.
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Revista Proceso # 2108, 26 de marzo de 2017..
Peña Nieto y las fuerzas conservadoras, contrala Constitución capitalina/
SARA PANTOJA
Ante la andanada de controversias constitucionales presentadas por varias instituciones y partidos políticos contra la Constitución Política de la Ciudad de México, los constituyentes Alejandro Encinas y Porfirio Muñoz Ledo señalan que al menos las de la Presidencia, la PGR y el Poder Judicial capitalino contienen “absurdos” y obedecen a motivos ideológicos y políticos, más que jurídicos.
La tarde del 28 de febrero, el presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos a los 21 representantes del PRI que participaron en la confección y aprobación de la primera Constitución Política de la Ciudad de México.
“El presidente nos felicitó porque habíamos logrado lo esencial: cuidar que la redacción de la Constitución de la Ciudad de México se ajustara al contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, se jactó un par de días después el decano de los diputados, Augusto Gómez Villanueva.
Sólo 10 días después, la Presidencia de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional por la supuesta violación de las competencias del Congreso de la Unión y de la propia Corte en al menos 13 preceptos de la máxima ley capitalina.
El Ejecutivo exigió declarar la invalidez del texto publicado el pasado 5 de febrero en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y el Diario Oficial de la Federación. Su argumento principal es que estos preceptos violan la esfera de competencia del Congreso de la Unión y de la SCJN en los artículos 1, 3, 4, 18, 21, 27, 73 fracciones X, XVI, XXI inciso c, XXV, XXX, XXIX-Z, 103, 105, 107, 122, 123, 133 constitucionales; y que la Asamblea Constituyente se extralimitó en sus facultades.
Por ejemplo, el artículo 9, inciso F, de la carta magna capitalina habla del derecho humano al agua, al que define como “irrenunciable” y cuya gestión “debe ser pública y sin fines de lucro”. La Presidencia alega que esos conceptos violan el artículo 27 constitucional y modifican “la posibilidad de que particulares o sociedades participen en su explotación, uso y aprovechamiento a través de concesiones”.
En el mismo artículo, inciso D, relativo al derecho a la salud, la Constitución capitalina dice que a toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la mariguana y sus derivados, “de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos y de acuerdo a las leyes generables aplicables”. Mientras que en el quinto transitorio precisa que entrará en vigor “cuando la ley general en la materia lo disponga”.
No obstante, Presidencia aduce que invade la esfera de atribuciones del Congreso en materia de salubridad general (artículos constitucionales 4 y 73), además de que la medida se encuentra prohibida por la Ley General de Salud.
Otro: el artículo 8 capitalino asegura que el gobierno y las demarcaciones territoriales velarán por que materiales y métodos educativos, organización escolar e infraestructura sean adaptables a las condiciones de los alumnos para asegurar su desarrollo. No obstante, también señala que se “impartirá educación en todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia”.
Aún con esa aclaración, el Ejecutivo federal asegura que tal artículo invade la esfera del Congreso en cuanto al tercero constitucional, que le da a éste la atribución de distribuir la función social educativa entre la federación, entidades y municipios, además de que existe la Ley General de Educación.
La controversia presidencial no menciona que en los principios de la Constitución capitalina se advierte que “las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las previstas en esta Constitución”.
El “cártel de Xicoténcatl”
En nombre de la PGR, su titular Raúl Cervantes Andrade presentó el martes 8 de marzo una acción de inconstitucionalidad en la que impugna 39 artículos, como la revocación de mandato y los requisitos para declarar la nulidad de una elección.
Según la dependencia, también se atenta contra las facultades del Congreso de la Unión en procuración de justicia, justicia para adolescentes y ejecución de sanciones. La controversia también cuestiona la legalidad de lo aprobado sobre aguas nacionales, educación, salubridad, política exterior y laboral, así como las garantías de asociación, identidad, no discriminación e igualdad, libertad religiosa y secreto profesional para los periodistas.
El senador Alejandro Encinas, quien presidió la Mesa Directiva de la Constituyente, considera que dicha controversia “dice barbaridades, como que el matrimonio igualitario va a fomentar la poligamia. Es absurdo. Es tal el nivel de errores que comete la procuraduría que estoy convencido de que hicieron el recurso en función del proyecto presentado por el jefe de Gobierno. Fue un acto premeditado”.
Destaca el señalamiento de que no se consultó debidamente a los pueblos originarios y las comunidades indígenas, ya que uno de los “sellos distintivos” de esta Constituyente –puntualiza Encinas– fueron las cerca de mil asambleas que se realizaron por primera vez a nivel internacional. Todo el capítulo fue aprobado por unanimidad en el pleno y ese tema fue reconocido por la ONU.
LA PGR también objeta que en la Conferencia de Armonización de la Constituyente hubo “votaciones divididas”, cuando en ésta nunca se votó porque no era un ente de dictamen: su función era revisar que no hubiera contradicciones entre los temas que se discutían en las comisiones.
Encinas resume: “La acción de la PGR tiene unos errores garrafales de falta de conocimiento que denotan mala fe, que ni han leído la Constitución ni hicieron el seguimiento de los debates, a pesar de que el procurador (Cervantes) fue, en un primer momento, parte de la Constituyente. Lo cual me sorprende; francamente creo que es una gran irresponsabilidad en la que ha incurrido”.
Para Porfirio Muñoz Ledo este recurso “es un papasal lleno de falsedades e inexactitudes”. Incluso, cita al abogado y exconstituyente Javier Quijano, quien considera que la PGR carece de facultades: “La PGR no está facultada para interponer este tipo de revisiones más que las de la materia de su competencia, que son las de carácter penal. No tiene legitimación activa ni pasiva. Y aun así, nos trata como si fuéramos el ‘cártel de Xicoténcatl’”.
En nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), su presidente, Luis Raúl González Pérez, interpuso otra acción de inconstitucionalidad por los artículos 33, 36 y 48 y el octavo transitorio. Según Encinas, el ómbudsman “debió haber consultado con mayor tiento pues su debate muestra falta de conocimiento de lo planteado en la Constituyente”.
Asunto político, no constitucional
Porfirio Muñoz Ledo, quien ha acompañado todo el proceso de elaboración de la primera Constitución de la Ciudad de México desde la Reforma Política, aún recuerda un día de noviembre de 2015, cuando conversó con el presidente Peña Nieto en un acto público en Yucatán:
“Hablamos sobre el proyecto de Constitución. Siempre se mostró interesado, denotó imparcialidad. Aseguró que enviaría a la Constituyente representantes de calidad, que no fueran de consigna. Varias veces que lo vi, todas públicas, le noté una actitud reiteradamente positiva hacia el proceso constituyente que culminó con la famosa reunión en Los Pinos.”
Al preguntarle qué motivó al presidente a cambiar su discurso, Muñoz Ledo ofrece cuatro hipótesis.
La primera: que “empezaron a surgir actores oficiosos del PRI y voceros identificables que dijeron que se trataba de una Constitución que hacía posible una nueva Constitución general para el país. Eso es, en realidad, lo que probamos, que se puede llegar a un acuerdo nacional”.
La segunda: “Es un cambio de rumbo político por razones electorales, por compromisos y presiones de actores económicos internos y externos de derecha y extrema derecha. Tiene que ver con la sucesión presidencial. Creyeron que (la Constitución) iba a ser la plataforma política de las izquierdas, pero eso es un error. Pudieron haberla convertido en plataforma política de todos los partidos que la votaron, pero eso llevaría a otro nivel democrático electoral”.
En la primera carta magna capitalina se pone “un nuevo piso para el debate político del país, pero eso ellos (en la Presidencia) no lo quieren porque tienen preparadas leyes federales que van a favorecer a ciertos intereses y sienten que eso se va a echar a perder si la Corte nos da la razón. Por eso luchan con todas las armas que tienen”.
La tercera: que a la Presidencia “le molestó que se haya alcanzado un consenso nacional sobre un proyecto que no es del Ejecutivo y en tiempos en que el gobierno federal está en su más baja popularidad y carece de consenso sobre cualquier asunto del país”.
Y la cuarta: “Por los compromisos en los que está cayendo la Presidencia para el futuro, en la negociación con el gobierno estadunidense, les pareció después o se los hicieron saber fuentes de inteligencia, que iban a dar una señal equivocada de abrir el paso a una sociedad más democrática, independiente y con mayores derechos. Esto es una marcha ideológica atrás de proporciones inmensas”.
Por ello, Muñoz Ledo hace un llamado “muy imperioso: no pueden convertir a la SCJN en el supremo poder conservador, como en el siglo XX”.
En su edición del 5 de febrero, Proceso (edición 2101) alertó sobre la posibilidad de que el Poder Judicial local atacara la carta magna de los capitalinos. El pasado viernes 10, el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Edgar Elías Azar, impugnó los preceptos 35 y 37.
Ambos artículos ordenan que el presidente del Tribunal ya no lo sea también del Consejo de la Judicatura local, así como la creación de una Sala del Tribunal de Justicia y el Consejo Judicial Ciudadano que participará en la elección de jueces, magistrados y el fiscal general. De acuerdo con el TSJ, esos ordenamientos violan su capacidad de autodeterminación al permitir la intervención de particulares y personas ajenas.
A decir de Encinas, esas modificaciones “rompen con las correas de control que permiten actos de impunidad y de corrupción del Poder Judicial. Ese fue uno de los intereses más afectados y por eso fue una reacción tan virulenta”.
Sólo 11 días después de que Elías Azar impugnó, y a casi la mitad de su tercer periodo de cuatro años al frente del TSJ, renunció al cargo. Peña Nieto lo propuso como embajador en los Países Bajos, desde donde buscará un asiento en cualquiera de las dos cortes con sede en La Haya: la Internacional de Justicia o la Penal Internacional.
Las primeras dos acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN estuvieron a cargo de Morena, relativas a que el texto constitucional no fue sometido a referéndum y a la designación de los integrantes del Congreso local, que en el texto quedó con 50% de mayoría relativa y 50% por la vía plurinominal, cuando la Constitución federal ordena que sean 60% y 40%.
También presentaron acciones de esta naturaleza Nueva Alianza y la Cámara de Senadores, por conducto de su representante legal Pablo Escudero.
Preparan la defensa
Todos los recursos contra la Constitución de la Ciudad de México quedaron en manos del ministro Javier Laynez Potisek, quien notificó como responsables para responder al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, por ser quien publicó la Constitución. El presidente Peña Nieto también lo hizo, pero él no fue señalado como involucrado.
También fue notificada la Asamblea Legislativa capitalina, que no intervino en la elaboración del texto y fue nombrada “por analogía”, ya que la Constituyente fue disuelta el 30 de enero.
Para Encinas, deben responder los constituyentes. “Lo que terminó fue nuestra función de elaborar la Constitución, pero no se disuelven las responsabilidades que tenemos. A nosotros nos corresponde la defensa legal”, dice. Para aclararlo, adelanta que presentará ante la SCJN un incidente de nulidad de notificaciones y un recurso de reclamación en la acción inconstitucional.
Encinas coincide con Muñoz Ledo en que no se trata de “un problema de carácter legal, sino de una controversia ideológica. Lo que están cuestionando son las ideas… una nueva concepción de cómo deben ser los pactos constitutivos: que deben regir no solamente los actos de autoridad, sino fundamentalmente el ejercicio de los derechos ciudadanos”.
Señala a la jerarquía católica, al sector inmobiliario y al Poder Judicial, que cabildearon durante las discusiones: “Quien impugna es el sector más conservador de la derecha que está en el gobierno y grupos de interés que se ven afectados.
“Es un puntapié a la ciudad, no al gobierno de Mancera. No quieren que los capitalinos gocen de libertades y derechos plenos. Es la vieja concepción del federalismo centralista y esa es la mejor expresión del carácter autoritario del actual gobierno. Quieren que todo se delimite a las decisiones del Ejecutivo: entidades subordinadas, ciudadanos sin derechos.”
El plazo para argumentar la defensa en la SCJN vence el próximo 4 de abril. Y mientras los constituyentes, legisladores e instancias del gobierno capitalino elaboran su estrategia, organizaciones sociales, académicos, universidades y juristas se preparan para defender la carta magna local.
“Entramos en un periodo de incertidumbre. Depende de la seriedad y la responsabilidad con que actúe la Corte, pero están obligados a respetar el mandato de la Constitución federal para que la asamblea legisle en el tiempo que se le indicó”, advierte Muñoz Ledo, quien no descarta la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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