RAFAEL CRODA
Revista Proceso # 2202, 13 de enero de 2019
Internacionalistas latinoamericanos consideran que el regreso de la Doctrina Estrada como eje rector de la política exterior mexicana ya pesa en la agenda hemisférica y definirá la relación de México con la región durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Para algunos especialistas, la política de no intervención está “desfasada con el siglo XXI” y los convenios internacionales obligan al país a defender el orden democrático y los derechos humanos; pero otros señalan que, al no condenar al régimen de Nicolás Maduro, México se ubica en una postura intermedia que lo habilita como intermediario o interlocutor para negociar una posible salida política al conflicto venezolano. BOGOTÁ.- Expertos en relaciones internacionales consultados por Proceso discrepan sobre la vigencia de la doctrina que elaboró en 1930 el secretario de Relaciones Exteriores Genaro Estrada, la cual establece que México se abstiene de reconocer o juzgar a otros gobiernos, lo que apuntala los principios constitucionales de no intervención en los asuntos internos de otros países y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Esos son los principios que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador expuso ante el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos (OEA) al abstenerse de firmar sendas resoluciones que desconocen el segundo mandato que inició el presidente venezolano Nicolás Maduro el jueves 10 y hacen un llamado a organizar nuevos comicios.
El especialista venezolano en política internacional Víctor Manuel Mijares considera que la Doctrina Estrada es un instrumento diplomático “desfasado” con el siglo XXI, cuando el respeto a los derechos humanos y el orden democrático son valores universalmente aceptados:
“América Latina tiene una larga y lamentable tradición de autoritarismo y, por eso, la promoción de la democracia más allá de las fronteras nacionales es hoy un principio fundamental en la región”, dice el profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, en Colombia.
Para el politólogo chileno Guillermo Holzmann la postura de “observador” que decidió adoptar México frente a la crisis venezolana “no es coherente con la lógica de luchar conjuntamente, mediante la cooperación internacional, contra la desigualdad, la corrupción y las violaciones al orden democrático y a los derechos humanos”.
En cambio, la internacionalista colombiana Sandra Borda considera que la decisión mexicana de no respaldar las declaraciones de la OEA y el Grupo de Lima que desconocen a Maduro revela “mucho más” que el interés de retomar la Doctrina Estrada:
“Lo más interesante de lo que plantea México –dice la doctora en ciencia política de la Universidad de Minnesota– es si la decisión del Grupo de Lima y la OEA de desconocer al gobierno de Maduro y de otorgarle legitimidad solamente a la Asamblea Nacional (en manos de la oposición) va a contribuir a la búsqueda de una salida negociada a la crisis venezolana”.
Y esa, señala, es una pregunta “válida”, porque aislar al gobierno de Maduro más de lo que ya está puede dejar “sin mecanismos de maniobra a la comunidad internacional a la hora de buscar que el régimen se mueva en una dirección que lleve a Venezuela a un retorno a la democracia”.
A su vez, el analista político y economista venezolano Luis Vicente León deplora que México haya asumido una postura acrítica frente a las violaciones de los derechos humanos y la “ruptura del orden democrático” en Venezuela, pero celebra que López Obrador quiera contribuir a la búsqueda de una salida negociada a la crisis en ese país.
“Hoy es cuando México debe estar más presente y activo en Venezuela para buscar, con su mejor diplomacia, un diálogo entre el gobierno y la oposición. Esta es una postura correcta”, dice el presidente de la consultora Datanálisis y profesor de análisis de entorno político del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).
La postura del gobierno de López Obrador frente a la crisis venezolana, contrasta con la de su antecesor, Enrique Peña Nieto, quien apostó por el aislamiento y la condena al régimen de Maduro.
Los internacionalistas consultados señalan que las convenciones firmadas por México lo comprometen a velar por el respeto a los derechos humanos y al orden democrático, sobre todo porque grupos políticos y sociales mexicanos cercanos al actual gobierno han acudido a instancias internacionales para denunciar fraudes electorales y delitos de lesa humanidad cometidos desde el Estado.
También señalan que grandes hitos de la política exterior mexicana –como el Grupo Contadora y el apoyo a la república española– están ligados a una toma de posición muy firme frente a conflictos en otros países.
Contra el aislamiento
Sandra Borda, autora del libro La internacionalización de los conflictos domésticos, considera que el Grupo de Lima, integrado por 14 naciones latinoamericanas y caribeñas, además de Canadá, comete un error al “aislar y arrinconar más al régimen venezolano”.
Maduro, señala la maestra en relaciones internacionales de la Universidad de Chicago, es un gobernante “autoritario, antidemocrático y comprometido en serias violaciones a los derechos humanos”, pero México “plantea con razón que el régimen de sanciones que promueve el Grupo de Lima va a arrinconar más al gobierno o a la población venezolana”.
Indica que la mayoría de los estudios sobre los efectos de las sanciones internacionales han concluido que esas medidas “terminan afectando a la población civil, que no tiene la culpa de la naturaleza del régimen político que la gobierna” ni de las violaciones a los derechos humanos que éste comete. “Están castigando a los que no son”, indica la profesora de relaciones internacionales de la Universidad de los Andes.
Por eso considera “injusto” que la posición de México frente a la crisis venezolana “esté tan solitaria en este momento en América Latina”, pues se requiere “un esfuerzo multilateral destinado a facilitar la transición y no a castigar con mano dura al régimen venezolano, sin que eso haya producido su ablandamiento”.
Lo que sí extraña Borda en la postura mexicana es “un mensaje más fuerte de condena a las violaciones a los derechos humanos que están teniendo lugar en Venezuela”, donde hay decenas de dirigentes opositores presos, en el exilio o inhabilitados para actuar en política por organismos que controla Maduro.
“Las izquierdas en América Latina deben tener mucha claridad en que tienen que buscar un equilibrio entre mantener una fuerte posición diplomática que permita la negociación en Venezuela, sin necesidad de mandar mensajes blandos frente a las violaciones a los derechos humanos que ocurren ahí”, afirma.
De acuerdo con la investigadora, de López Obrador “uno esperaría que sea fuerte en reconocer que lo que está pasando en Venezuela es un cierre del sistema democrático, que la oposición está siendo objeto de violaciones a sus derechos políticos y que la población tiene vulnerados sus derechos económicos y sociales”.
SI lo hiciera, explica, “puede ir con todo a buscar una salida diplomática a la crisis venezolana y convertirse en facilitador. Lo que no debe permitir es que se entienda que México le está dando un espaldarazo político a Maduro, porque hoy la defensa de los derechos humanos es más importante que la no intervención. En estos momentos, proteger la autodeterminación del pueblo venezolano, cuando sus derechos están siendo objeto de semejante violación, es un poco vacuo”.
Jugada estratégica
Para el doctor en filosofía política de la Universidad de Hamburgo, Víctor Manuel Mijares, una de las hipótesis que ha surgido en círculos académicos sobre la postura mexicana de no condenar al régimen de Venezuela es que la apuesta de López Obrador es que esto le sirva para la formulación de una política hacia Latinoamérica.
México, dice, optó por mantener una posición “equidistante” entre el Grupo de Lima y el gobierno de Venezuela “a fin de ser el actor clave en un proceso de negociación” entre Maduro y la oposición. De esta manera, asegura Mijares, el gobierno de López Obrador “podrá tener una gravitación sobre los procesos políticos en América Latina”.
Sobre el regreso de México a la Doctrina Estrada, el especialista venezolano señala que el principio de no intervención siempre tuvo una aplicación flexible por los gobiernos priistas que lo aplicaron.
México fue sede del gobierno de la república española en el exilio; en 1979 rompió relaciones diplomáticas con el dictador nicaragüense Anastasio Somoza por el “horrendo genocidio” que cometía contra su propio pueblo; y lo mismo hizo con el dictador chileno Augusto Pinochet en 1973, luego de que éste derrocara al presidente Salvador Allende mediante un golpe de Estado.
“En la práctica, México siempre ha tenido algo que decir de los asuntos internos de otros Estados cuando el gobierno en turno siente que esos asuntos tienen algo que ver con sus intereses o con su orientación ideológica”, asegura.
Además, lo que está ocurriendo en Venezuela ya no sólo tiene que ver con ese Estado. De los entre 3 y 5 millones de venezolanos que han salido por la crisis humanitaria, aproximadamente un millón 100 mil están en Colombia y el resto se distribuye en Perú, Ecuador, Chile y Brasil, lo que presiona a los sectores laboral, de salud y educación de esos países. “No podemos decir que es un asunto interno de Venezuela. Es un asunto hemisférico que está afectando la política de otros países”, asegura Mijares.
Para México, dice, la postura acrítica que ha asumido frente a Maduro “puede convertirse en un juego muy peligroso, porque en ese intento de tratar de ganar el estatus de mediador natural podría ganar el estatus de aliado ideológico de Venezuela”.
Al respecto, el politólogo Holzmann considera que la decisión de México de no desconocer junto con la OEA y el Grupo de Lima al régimen de Maduro marca “un punto de inflexión” en la política exterior de ese país e indicaría un nuevo énfasis en las relaciones con China, Rusia y la Unión Europea:
“Cuando López Obrador dice que no intervendrá en asuntos internos de otros países, lo que pide es que tampoco se metan en los asuntos internos de México. Así toma distancia de la OEA y le da prioridad a su proceso interno de la cuarta transformación”.
Por su parte, el analista venezolano Luis Vicente León deplora la estrategia de aislamiento del régimen de Maduro que desarrollan 13 países del Grupo de Lima, porque esas medidas no han funcionado con Cuba, Corea del Norte, Siria e Irán, donde las sanciones económicas han afianzado a los gobiernos.
“Es completamente contradictorio decir que quieres apoyar una salida política en Venezuela y, por otro, decir que vas a ayudar a eso bloqueando al país y aplicando sanciones que van a terminar afectando al pueblo”, sostiene.
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