Debe investigarse a obstructores de la indagatoria: exmiembros del GIEI/
ALEJANDRO GUTIÉRREZ Y RAFAEL CRODA
Dos exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que tomaron parte en las indagatorias para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa coinciden: es fundamental investigar a los funcionarios que obstaculizaron y manipularon las pesquisas. Ambos expertos, quienes junto a sus demás compañeros del GIEI tienen amplias posibilidades de participar en los trabajos que emprenda la Comisión de la Verdad para el caso, consideran que la creación de esta instancia es un paso “muy importante” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que va “en la dirección correcta”.MADRID/BOGOTÁ.- Ángela María Buitrago y Carlos Beristain, exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso Ayotzinapa, coinciden en que, con la creación de una Comisión de la Verdad, el presidente Andrés Manuel López Obrador muestra una gran voluntad política para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas.
En entrevistas por separado, la abogada colombiana y el médico español consideran que el decreto firmado por López Obrador el lunes 3 para la creación de la Comisión de la Verdad es un paso “muy importante” y va “en la dirección correcta” para saber qué pasó realmente con los estudiantes la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Beristain dice que para garantizar un funcionamiento adecuado de la comisión es indispensable “desbloquear los obstáculos” a los que se enfrentaron los integrantes del GIEI durante su labor en México, entre ellos las resistencias de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ejército a colaborar en las líneas de investigación que los expertos plantearon.
Al gobierno mexicano le interesa que los cinco miembros del GIEI participen en la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, que deberá quedar conformada en enero, y ellos están dispuestos a hacerlo, pero falta concretar aspectos logísticos y procedimentales.
“Es una decisión que le toca a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue la convocante del GIEI), al gobierno y a los familiares, aunque nosotros a todas las partes les hemos señalado nuestra disposición a colaborar”, puntualiza Beristain.
Las cinco personas pertenecientes al GIEI –Buitrago, Beristain y los abogados Claudia Paz (de Guatemala), Francisco Cox (de Chile) y Alejandro Valencia (de Colombia)– se reunieron en septiembre último en México con Alejandro Encinas, ahora subsecretario de Derechos Humanos, quien presidirá la comisión, y ambas partes expresaron su disposición para trabajar juntas en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
A juicio de Buitrago, la prioridad debe ser retomar todas las líneas de investigación que están perfiladas en los expedientes, pero en las cuales no se avanzó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto porque, sostiene, muchas autoridades no quisieron hacerlo.
“Hay que investigar a esos funcionarios y ver por qué obstaculizaron y manipularon la investigación. Esto es fundamental para llegar a la verdad”, dice la exintegrante del GIEI.
Para la doctora en derecho, no se trata de iniciar una persecución contra las instituciones involucradas directa o indirectamente en la noche de Iguala y en la cuestionada investigación de los hechos, “pero sí hay que establecer responsabilidades para romper la cadena de complicidades que nos ha impedido, hasta ahora, saber lo que realmente pasó”.
Buen marco general
Carlos Beristain, quien es médico, doctor en psicología y experto en derechos humanos, cree que el decreto de López Obrador para crear la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa es un buen “marco general” para intentar responder todas las interrogantes que envuelven la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.
Al ser cuestionado sobre sus expectativas de que la comisión atienda los señalamientos del GIEI sobre el papel de miembros del 27 batallón de infantería del Ejército, con base en Iguala, la noche de la desaparición de los normalistas, Beristain refiere que, precisamente, esas y otras puertas que se cerraron son las que se tienen que “desbloquear”.
De lo contrario, explica, “no tendría ningún sentido seguir con las mismas limitaciones que el GIEI tuvo que enfrentar entonces (entre marzo de 2015 y abril de 2016, lapso que duró el mandato del grupo); creo que lo importante es que esas limitaciones se superen, porque eso podrá generar un dinamismo positivo para (resolver) otros posibles casos”.
El experto español destaca que el decreto de López Obrador tiene muchos considerandos que “ponen énfasis en cosas que son relevantes”, como la participación de las víctimas y sus representantes en la comisión, y la orden a todas las instituciones federales para que colaboren en la investigación y aporten elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.
“Me parece bien, es un documento que muestra la voluntad presidencial”, dice sobre el decreto, el cual prevé que expertos internacionales puedan formar parte de la comisión.
Beristain comenta que en la investigación del caso efectuada durante los últimos años fue muy importante la colaboración internacional, tanto del GIEI como del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Y en esta nueva etapa, precisa, debe haber “una intervención de un mecanismo independiente de expertos que siga avanzando en la investigación, lo que ésta dure, y que el decreto mantenga esa línea es bastante importante”.
El factor militar
Lo que más le llamó la atención a la exintegrante del GIEI Ángela María Buitrago de la ceremonia en la que López Obrador expidió el decreto para crear una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa fue la presencia en ese acto de los dos máximos jefes de las Fuerzas Armadas.
Allí, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, estaban el lunes 3 los secretarios de Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, almirante José Rafael Ojeda, quienes compartían el pódium con otros secretarios de Estado y con dos de los padres de los 43 desaparecidos en Iguala: Emiliano Navarrete y María Martínez Zeferino.
El resto de los padres de los normalistas estaban sentados entre los invitados a la ceremonia. Ocupaban las sillas de las primeras filas y tenían frente a sí, a un par de metros, a los dos principales jerarcas militares en el nuevo gobierno.
Buitrago, exfiscal colombiana que durante un año investigó el caso Ayotzinapa como integrante del GIEI, y quien seguía la ceremonia por internet, se percató de que por primera vez ambos secretarios estaban en un acto con los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Salvador Cienfuegos, quien el 1 de diciembre fue relevado como secretario de Defensa por Sandoval, jamás se reunió con los familiares de los estudiantes.
“Nunca los recibió y nunca acudió a un acto donde estuvieran ellos. Tampoco nos quiso recibir a los miembros de GIEI, a pesar de que reiteradamente le pedimos una cita. Es la primera vez que veo que un secretario de Defensa se sienta con los padres de los muchachos”, dice Buitrago, para quien esto es “una muy buena señal”, “un primer paso en la dirección correcta”, y una muestra de la disposición de las Fuerzas Armadas para colaborar en la investigación.
El decreto para crear la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa fue firmado también por el general Sandoval y el almirante Ojeda, lo que ocurrió sólo cinco días después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) divulgara un informe en el que detalla un cúmulo de irregularidades en la investigación y señala presuntos delitos de funcionarios y personal del Ejército, la Marina, la PGR, la Policía Federal, la Fiscalía de Guerrero y el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), entre muchos otros organismos.
Buitrago considera que un buen punto de partida de la comisión sería indagar a esos funcionarios que señala la CNDH en su informe, el cual recoge varios de los hallazgos que hizo el GIEI durante el año de labores que cumplió en México por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CNDH responsabiliza al exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, de faltar “al derecho a la verdad” y de “confundir a la opinión pública” por haber manifestado que la noche del 26 de septiembre de 2014 el Ejército desconocía lo que ocurría en Iguala.
Cienfuegos hizo esta afirmación aun cuando hay evidencia de que desde las 21:48 horas de ese día el 27 batallón de infantería con base en Iguala tenía amplia información de la agresión armada de los policías municipales contra los normalistas.
También está documentado que el Ejército sabía de los nexos de las autoridades y cuerpos locales de seguridad con el crimen organizado.
La operatividad
Beristain y Buitrago son enfáticos en que la Comisión de la Verdad debe tomar en cuenta lo que no funcionó desde la experiencia del GIEI, al que la PGR le negó el acceso a partes sustanciales del expediente del caso Ayotzinapa y a la posibilidad de participar en los interrogatorios a los militares que presenciaron el ataque a los estudiantes en Iguala.
“En esta nueva etapa hay que evitar que esas situaciones se repitan. También hay que cuidar los celos institucionales”, dice Buitrago.
Por eso, agrega, hay que poner pautas claras de actuación a cada uno de los integrantes de la comisión y hay que conformar un equipo muy articulado.
Buitrago opina que una gran ventaja es que la vocería y conducción de la comisión la llevará el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, un funcionario “con una larga trayectoria de defensa a los derechos humanos”.
La abogada señala que la labor de la Comisión de la Verdad será compleja porque la desaparición de los normalistas ocurrió hace más de cuatro años y durante ese tiempo se cometieron muchas “irregularidades” por el empeño de la PGR en defender la llamada “verdad histórica” (la supuesta quema de 43 cadáveres en el basurero de Cocula) para poner punto final al caso.
“Personas que ocupaban cargos en la PGR y otras instituciones terminaron desviando, ocultando e inclusive perdiendo información valiosísima”, asegura.
Tanto el GIEI como la CNDH han constatado que, además de manipular las indagaciones, funcionarios de la PGR incurrieron en torturas, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos a presuntos delincuentes, prácticas que son delitos graves.
La comisión deberá “buscar la verdad verdadera, y esto parece un pleonasmo, pero en este caso es una manera de subrayar que, después de tantos obstáculos a la investigación, es necesario saber lo que realmente pasó con los muchachos”, puntualiza.
Añade que ya hay una serie de hipótesis que están planteadas científica, teórica y criminalísticamente por el GIEI, la CNDH y la ONU, pero hay que profundizar en ellas para ver si se sostienen, si deben descartarse o si arrojan nuevos elementos de investigación.
Algunas de esas hipótesis, dice, están bajo reserva, en espera de que se verifiquen, y otras ya indican una ruta clara de acción a la Comisión de la Verdad.
“Y sigue siendo clave, también, el tema de narcotráfico, porque permea y transversaliza todo. ¿Quiénes eran los jefes, sus cómplices, cómo operaba y cómo era posible que funcionaran estas organizaciones (Guerreros Unidos y Los Rojos) al amparo de varias autoridades y con conocimiento del Ejército?”, plantea Buitrago.
–¿Y usted cree que la voluntad política de López Obrador permitirá la cooperación del Ejército en esta nueva investigación? –se le pregunta a la exintegrante del GIEI.
–El hecho de que el secretario de Defensa haya estado en la firma del decreto de la Comisión de la Verdad indica muchas cosas. El Ejército, como institución, protege los derechos humanos.
–¿Estamos muy lejos de la verdad en el caso Ayotzinapa?
–Yo creo que podemos estar muy lejos por dos razones: porque se hizo todo para ocultar parte de la verdad; entonces ya la deformación de la deformación de la deformación ocupa un campo muy importante. Cuando tú haces eso ya no sabes qué es verdad ni qué es mentira, y cuando empiezas a ver que todo fue construido, dirigido, sembrado, pues todo se complica más.
–¿El tiempo que ha pasado es otro factor que juega en contra?
–Sí, pero lo que más juega en contra es lo que deliberadamente dejaron de hacer algunas autoridades o lo que hicieron para enmarañar la investigación. Ahora hay que mirar quiénes son los que han hecho eso y por qué, con qué objetivo y para proteger a quién.
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