Las columnas políticas, domingo 13 de enero de 2019...

Desmiente el presidente López Obrador publicación de The Wall Street Journal (WSJ)
En su breve respuesta, tras encabezar la ceremonia para declarar el 2019 como el año del Caudillo del Sur a Emiliano Zapata; aseguró que “no es cierto” y que en la publicación estadounidense “no son serios” al difundir esa información.
Se le cuestionó -¿es cierto que México redujo las importaciones de gasolina de EU?
“No es cierto”, respondió.
Y de inmediato, AMLO preguntó: ¿quién dice eso?, y la prensa respondió: The Wall Street Jounal.

“!Ah! Es que no son serios”, respondió.
México habría importado 45% menos gasolina en los primeros 10 días de 2019, según el WSJ.
En los primeros diez días de enero, el gobierno de México importó 33% menos de gasolina respecto a diciembre de 2018 y 45% menos respecto al promedio diario de enero de 2018.
ClipperData informó que México importó en los primeros 10 días de enero 254 mil barriles diarios desde la costa estadunidense en el Golfo de México.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, en la primera semana de diciembre de 2018 se importaron 806 mil barriles de gasolina diarios; en la segunda fueron 547 mil y en la tercera 534 mil. Para la última semana del año fueron 731 mil barriles diarios.
El Wall Street afirmó que una portavoz de Pemex, cuyo nombre no cita, le dijo que la desaceleración de las importaciones se debe a factores estacionales, pues diciembre es típicamente el mes de mayor demanda .
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Saqueadores de Acambay.
A través de redes sociales, el robo de combustible fue exhibido, pues se muestra a los pobladores acumulando el combustible en garrafas, bidones, cubetas y todo tipo de contenedores.
En los videos que fueron difundidos en Facebook, se aprecia como un helicóptero presuntamente de la Armada de México sobrevolaba por la zona cuando los pobladores realizaban el saqueo del combustible.

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El Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, anunció su separación del Consejo de Administración de la revista Proceso fundada por su padre.
En una carta publicada en el semanario  número 2202 que se distribuye a partir de esta semana, Scherer anunció su decisión y la integración de su hermana y periodista, María, a dicho Consejo.
Como es de conocimiento público, desde el primero de diciembre de 2018 formo parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por este motivo, en congruencia con los valores irrevocables del periodismo independiente y la absoluta libertad que definen a Proceso, he decidido separarme del Consejo de Administración”, explicó el Consejero Jurídico y uno de los funcionaríos más cercanos actualmente al presidente.
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Hoy fue detenido - y liberado una hora después- Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela...
"Si querían enviar un mensaje para que nos escondiéramos, aquí está la respuesta del pueblo: ¡Estamos en la calle! ¡No tenemos miedo!”., dijo uan Guaidó..
Los funcionarios interceptaron en plena autopista el vehículo del diputado, que dispone de inmunidad parlamentaria, y ante la oposición del detenido le introdujeron a la fuerza en un coche "Trataron de ponerme esposas, no lo permití, porque soy el presidente de la AN. Dijeron poco, que era una orden. No sabían qué estaban haciendo. Fue poco, estuve secuestrado unos minutos en un carro", detalló el diputado nada más acabar el Cabildo Abierto en la costa de Vargas, a una hora de Caracas..
Evidentemente la responsabilidad es de Maduro...Cuidado!
Las columnas políticas, domingo 13  de enero de 2019...
Templo Mayor/Reforma...
LA INFLUYENTE publicación estadounidense The New Republic, de corte liberal, le dedicó un largo artículo a Andrés Manuel López Obrador... pero para decirles a sus lectores que mejor ni se ilusionen.
SEGÚN la revista, pese a que en círculos de izquierda de EU se dice que AMLO podría ser el "Bernie Sanders mexicano", lo más probable es que su gobierno termine en medio del desencanto.
ESTO, dado su bajo compromiso con la ley y los contrapesos, su negativa a impulsar una Fiscalía independiente, sus descalificaciones a la prensa y su amago de desmantelar instituciones autónomas.
ADVIERTEN que López Obrador está más cerca de repetir viejos vicios de izquierdistas latinoamericanos al querer tomar "atajos" al desarrollo que llevan a sus países al fracaso, en lugar de enfocarse en la lenta, pero duradera, construcción de instituciones eficientes. No vaya a ser que salga más caro el ganso que las albóndigas, perdón, ¡el caldo!
SI YA hay reportes sobre lo mal que les fue a los funcionarios de Pemex que hicieron un roadshow por Nueva York, peores podrían llegar si se aprueba una iniciativa de los diputados de Morena.
LOS COORDINADOS por Mario Delgado tienen listas modificaciones legales para darle al director de esa empresa quesque productiva del Estado amplias atribuciones y un control total de su operación.
LA IDEA es darle al agrónomo Octavio Romero tooodo el poder para que se haga la absoluta voluntad del Presidente sin que nimiedades como las opiniones de los miembros independientes del Consejo de Administración puedan cambiar lo que se decida en Palacio Nacional. Así nomás.
SI TERMINAN por imponer moda las reuniones matutinas de seguridad en Palacio Nacional, varios gobernadores comenzarán a lucir profundas ojeras en el rostro, por las desmañanadas.
EN AL MENOS 16 estados se instalaron ya las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, cuyo objetivo es darles cauce a las acciones contra la delincuencia.
EN ELLAS participan -o eso se supone- el jefe del Ejecutivo estatal, el titular de la Fiscalía, el jefe de la Policía, el superdelegado federal y los representantes del Ejército, la Marina y la Policía Federal.
CADA MAÑANA, rayando las 6:00 horas, Andrés Manuel López Obrador encabeza la mesa correspondiente al lado de Alfonso Durazo y los titulares de la Sedena y la Semar. Sería bueno saber si todos los gobernadores están siguiendo el ejemplo pero, sobre todo, si tanta faramalla ha dado algún resultado.
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 Frentes Políticos/Excelsior
I. Paciencia. Roma no se construyó en un día, cuenta el refrán. Así que acabar con los vicios que han asolado a este país, nadie ha dicho que sea una tarea sencilla. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se atrevió. El temporal desabasto de combustible ha provocado escenarios nunca antes vistos, pero obedece a la mejor causa. Esta vez, acabar con los excesos de funcionarios y delincuentes en cuanto al huachicoleo requiere de la participación de todos los mexicanos. Como nunca antes. La crisis pasará. El gobierno federal dio a conocer que continúan los trabajos y las acciones para normalizar la distribución de combustibles en favor de la población. Y ya se sumó la iniciativa privada. Paciencia.
II. Congruencia. Julio Scherer Ibarra lleva en la sangre los principios más puros del periodismo y su compromiso social y la decisión de separarse del Consejo de Administración de la revista Proceso, lo confirma. El consejero jurídico del gobierno de López Obrador desde el 1 de diciembre pasado, tomó una determinación atinada, pues la revista ha sido implacable en sus investigaciones en torno al poder. La independencia de la publicación ya estaba garantizada, pero tomar distancia, una decisión de altura, lo confirma y preserva los valores heredados. Scherer Ibarra señaló que su hermana María será quien tome su cargo en la revista. Muy bien por él, más por México.
III. Finura política. Morena en el Senado cedió ante la oposición, ya que accedió a modificar el proceso para designar al primer fiscal general de la República, por lo que llamará a entrevista a cada uno de los 27 candidatos al cargo y escuchará las opiniones de la sociedad civil. El acuerdo alcanzado por los coordinadores de las bancadas, en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con miras a que el pleno del Senado apruebe en periodo extraordinario, el próximo 16 de enero, contempla una lista de 27 aspirantes para ser enviada al Poder Ejecutivo. Originalmente, el Senado únicamente entrevistaría a los tres candidatos. El fino tejido político tiene paternidad: Ricardo Monreal, titular de la Jucopo. 
IV. Con el pie derecho. Con todos los honores recibieron en la Casa Blanca a Martha Bárcena, la embajadora de México ante Estados Unidos. Acudió acompañada por el exdiplomático Agustín Gutiérrez Canet, de inmediato tuvieron química con el presidente Donald Trump. Bárcena llega con la experiencia de haber sido embajadora en Dinamarca y Turquía. Todo irá tan bien como la frase que sobre el nuevo Presidente de México expresó Trump, quien le confirmó a Bárcena la simpatía que tiene sobre Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo es “estupendo” terrific guy. Gran inicio. La relación bilateral va al alza y al parecer continuará así durante la presente administración.
V. In memoriam. Se firmó en Ciudad Ayala, Morelos, el decreto que conmemora 2019 como el Año Oficial de Emiliano Zapata, Caudillo del Sur. “Libertad, Justicia y Ley”, “Mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”, “La tierra es para quien la trabaja”, “Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”, “El que quiera ser águila que vuele; el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen”, “Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres”, “Perdono al que roba y al que mata, pero al que traiciona, nunca”. A cien años de su muerte, la Cuarta Transformación revive los ideales del Caudillo del Sur. Tan necesarios… 
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 Posponen atención a otros problemas…
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior...
Posponen atención a otros problemas…
Funcionarios del gobierno federal han presentado demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones
Al margen el altísimo costo que para la economía y la estabilidad social, así como para la imagen del país a nivel internacional y la del propio Andrés Manuel López Obrador tiene ya la “torpe” manera en que, a decir de propios y extraños, la nueva administración decidió enfrentar el gravísimo problema que representa el llamado huachicoleo, lo cierto es que el mismo ha permitido también, de manera temporal, al menos, distraer y/o posponer la debida atención de asuntos que si bien no entrañan la gravedad de aquel, sí exigen de una atención y solución inmediatas.
Nos referimos, en concreto, a la multiplicación de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales promovidas por órganos autónomos, y al cúmulo de demandas de amparo que a título personal y/o grupal han presentado no menos de 25,000 funcionarios de alto y medio nivel del propio gobierno federal, en contra de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, mayoritariamente votada por legisladores de Morena y sus aliados.
Así por ejemplo, y luego de que algo más de medio centenar de senadores de Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano y el de la Revolución Democrática (PRD) presentara, a principios de diciembre, una primera acción de inconstitucionalidad contra el referido ordenamiento, consiguiendo un primer dictamen de la Corte ordenando al Legislativo su no aplicación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que lidera Luis Raúl González Pérez, hizo lo propio, por lo que el pleno del máximo tribunal judicial agregó ésta a la primera y responsabilizó de su dictamen al ministro Alberto Pérez Dayán.
En tanto, y luego de conocer la situación en que se aprobó su respectivo presupuesto de egresos para el año que comienza, y en abierto reto a la disposición presidencial de reducir (por abajo del suyo) el sueldo de sus servidores, tanto el Banco de México (Banxico), de Alejandro Díaz de León, como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), de Alejandra Palacios Prieto, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), de Gabriel Contreras Saldívar, órganos autónomos por mandato constitucional todos ellos, promovieron sendas controversias constitucionales a las que, igualmente, la Corte dio entrada prácticamente de inmediato.
Si a ello agregamos el que poco más de 25,000 servidores públicos de medio y alto nivel, de manera personal o grupal, han presentado algo más de 3,500 demandas de amparo contra la misma Ley, podemos entender que éste es un problema que finalmente acabará “reventando” y generando, casi casi que sin importar el sentido del dictamen sobre el mismo, un nuevo problema al gobierno en ciernes que, tarde o temprano, verá caer –“como de hecho ocurre ya”– la aplastante mayoría, la popularidad y los altísimos niveles de credibilidad con que su titular y afines llegaron al poder.
Al tiempo…
ASTERISCOS
* Importante, sin duda, la formal irrupción en la vida interna del Revolucionario Institucional (PRI) del “Movimiento Líder” que, con Héctor Yunes y José E. Alfaro a la cabeza, exigió a la dirigencia que preside Claudia Ruiz Massieu una “mayor y más contundente presencia en la defensa de los intereses de la sociedad”, y llamar a consulta a la militancia para actualizar la Declaración de Principios, Estatutos y Programa de Acción partidistas… 
* Vaya singular y cínica manera de resolver un problema, la del impresentable diputado Cipriano Charrez Pedraza, de Morena, quien luego de  ser “pillado” huyendo, presuntamente ebrio, tras embestir a un taxi con su camioneta y matar a su joven conductor, logró, vía el acoso y la entrega de 180 mil pesos y un auto, el perdón del padre de la víctima que presume ahora, le librará de toda sanción. El Comité de Ética de San Lázaro tiene la palabra…  
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.
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 Impunidad y huachicol/Juan E. Pardinas

Reforma, 13 Ene. 2019
Que nadie se lo diga al presidente de la República: en 2017, la CFE perdió 25 mil millones de pesos por conexiones clandestinas de electricidad. Si AMLO aplica su estrategia antihuachicol contra los diablitos, nos vamos a quedar sin luz. Matar al paciente no es el tratamiento más convencional para frenar la propagación de un tumor. No era necesario cerrar los ductos que mueven la economía nacional para combatir el robo de combustible. El problema del huachicol no son las tuberías sino la impunidad. La solución no es obstruir la distribución de combustible sino romper los vínculos entre la delincuencia organizada y distintas ramas del Estado mexicano.
El 25 de enero de 2018 fue asesinado Tadeo Alfonzo Rojas, jefe de Seguridad Física de la refinería de Salamanca, mientras llevaba a sus hijos a la escuela. En septiembre pasado Eduardo Gámez, ingeniero que trabajaba en la misma planta de Pemex, también murió asesinado. No hay noticias de que se haya encontrado a los autores materiales e intelectuales de estos homicidios. Como las cárceles que son autogobernadas por los propios presidiarios, sucesivos gobiernos cedieron la soberanía sobre tramos importantes del sistema de distribución de gasolinas.
Si no se combate la impunidad, cuando se vuelvan a abrir los ductos, volverá el huachicol. Cerrar las tuberías para combatir el crimen es como cancelar el aeropuerto para frenar la corrupción. Cerrar las válvulas será sólo una disrupción temporal del negocio ilegal. Para justificar su propuesta de amnistía generalizada, AMLO afirmó que si persiguiera los delitos de corrupción podría empantanar a México. Sin embargo, la disrupción de los canales de distribución de gasolina parece ser un pantano de menor calado, que se resuelve fácil con la infinita paciencia de los ciudadanos.
Las soluciones de fondo y largo plazo para el robo de combustibles no son del apetito programático del nuevo gobierno: Estado de derecho y mercados competidos. Sólo una Fiscalía independiente puede investigar la asociación entre empresas, políticos y delincuentes que revenden la gasolina robada. Un mercado diverso con distintas empresas que produzcan gasolina, e inviertan recursos
en infraestructura de distribución, sería menos vulnerable al acoso del crimen organizado, pero es una salida ajena a las recetas ideológicas de la Cuarta Transformación.
En medio de la crisis de desabasto, cuando la República demanda un experto en logística, AMLO se refrenda como un genio de la comunicación. Para combatir la corrupción y la impunidad, de nada sirve levantarse temprano, dar una conferencia de prensa y tomarse selfies en la sala de espera del aeropuerto. No tengo ninguna nostalgia por la ineptitud corruptora que marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero en unas semanas, Andrés Manuel López Obrador corroboró la hipótesis pesimista de que las cosas siempre se pueden poner peor.
· GRACIAS Y MAÑANA
En el futbol, los directores técnicos no se meten a la cancha a tirar los penales. De igual forma, el trabajo del director general editorial de un periódico se debe reflejar en el cuerpo completo de la edición y no en un espacio firmado en la sección de Opinión. Con el liderazgo de Alejandro Junco Elizondo mañana empiezo mi nueva responsabilidad en el periódico Reforma. Por ese motivo, estos renglones cierran mi ciclo como articulista en estas páginas. Hace 17 años, Luis Rubio, mi vecino de plana, me impulsó para escribir aquí. René Delgado me abrió la puerta y un espacio. La generosidad de Lázaro Ríos y Alejandro Junco de la Vega siempre me hizo sentirme en casa. A todos ellos se les agradece, su presencia en el camino enriqueció profundamente el trayecto de mi vida profesional. Gracias sobre todo a las personas que les regalaron a mis palabras el tiempo de sus ojos. A l@s lector@s debemos nuestro trabajo y para ell@s pondré mis mejores empeños.
@jepardinas
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20 años después/Enrique Krauze
Reforma, 13 Ene. 2019
Letras Libres ha cumplido dos décadas. Pido la indulgencia del lector para hacer un pequeño balance a partir de la misión que expresé en la "Presentación" de la revista, en enero de 1999.
"Entre las revistas que Octavio Paz fundó, animó y dirigió -escribí entonces-, hay dos que destacan por su temple moral, su coherencia intelectual, su calidad literaria y su duración: Plural y Vuelta. Aunque publicaremos a los destacados autores que concurrieron en sus páginas, en Letras Libres -nombre acuñado por el propio Paz- no nos sentimos herederos automáticos de su legado: haremos lo posible por conquistarlo".
Doscientos cuarenta números después puedo afirmar, con certeza, que la conquista de ese legado será siempre inalcanzable. Pero hemos hecho un esfuerzo por honrarlo.
El número que circula en estos días reúne a autores de varias generaciones. Entre todos quiero resaltar a Gabriel Zaid. Como un regalo en el umbral de su cumpleaños 85, en plena creatividad, Zaid nos ha dado para publicarlos buena parte de los poemas que ha traducido de diversas lenguas a lo largo de su vida. "Sus versiones -me escribe Fernando García Ramírez- son realmente admirables. Todas las conocía, pero la lectura en conjunto es impresionante. Más que revelar a quince poetas, nos revela a uno, al poeta Zaid". ¡Qué privilegio es tenerlo en nuestras páginas cada número, como ha estado desde el inicio, sin faltar nunca!
Titulé mi presentación del número actual "Dos brindis: uno por la literatura, otro por la libertad". El primero, quiero creer, está justificado: "hemos publicado a centenares de autores de nuestra lengua y de diversas lenguas. En la redacción de Letras Libres han trabajado varios escritores y editores que dejaron una contribución valiosa y emprendieron su propio vuelo, llegando en muchos casos a alturas tan sorprendentes como merecidas. Nuestro consejo editorial es un elenco plural. La diversidad de géneros literarios que hemos acogido en nuestras páginas -ensayo literario y político, biográfico e histórico, cuento, entrevista, reportaje y en especial el lugar que le brindamos a la poesía- nos llena de orgullo".
También el brindis por la libertad, pienso, está justificado. Algo hemos contribuido a su defensa frente a los fanatismos religiosos, racistas, nacionalistas, ideológicos, que parecían vencidos cuando nació nuestra revista y que en este siglo han aflorado con increíble poderío, como presagios de una vasta oscuridad histórica que, según algunos agoreros, nos espera.
En septiembre de 2001, cuando dimos a la imprenta el primer número de nuestra edición española (que salió aquel octubre, y sigue viva y vigente), lo titulamos "Fanatismos de la identidad". En esos días ocurrió el ataque a las Torres Gemelas: la regresión de la historia, la irrupción de sus sangrientos ríos subterráneos. A partir de entonces el mundo cambió, y nosotros reafirmamos nuestra vocación crítica. Criticamos el fundamentalismo de las tres religiones monoteístas. Criticamos desde el primer día el racismo nativista y antimexicano de Donald Trump llamándolo por su nombre: "Fascista americano" (y retratándolo con un bigotillo hitleriano). Criticamos el delirio ideológico de Hugo Chávez y dimos cuenta de la sistemática destrucción de su país: su economía, su tejido social, su libertad, su vida misma. Criticamos el fracaso de la Revolución cubana. Criticamos los desvaríos, los errores, las irresponsabilidades y la corrupción de los gobiernos mexicanos de este siglo, que no supieron cuidar la democracia. Criticamos la aparición del mesianismo político. Criticamos al populismo. Y finalmente, criticamos al crítico, nos criticamos a nosotros mismos, en números dedicados a poner en tela de juicio al propio liberalismo, cosa que, por definición, ninguno de los otros "ismos" -supuestos dueños de la verdad absoluta- se atreve a hacer.
Un historiador tiene la inclinación natural a mirar hacia atrás, pero no me corresponde contemplar con nostalgia o autocomplacencia esas 240 portadas. Me duele, eso sí, pensar en tantos autores fallecidos, tantos amigos. Pero hasta aquí la indulgencia del lector y la mía propia. Se vive para adelante, decía Ortega y Gasset, y nada más cierto en la vida de una revista: tantos autores jóvenes, tantos nuevos amigos.
Por eso en Letras Libres brindamos por la libertad y la literatura y -la del estribo- brindamos también por el futuro. El número siguiente nos reclama. Reclama al "nosotros" de autores y lectores reunido alrededor de nuestras páginas y nuestro sitio de internet. Hay que recomenzar. Nos vemos para celebrar una vez más en diez años, acaso en veinte.
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La trama de poder del general caído en la guerra del huachicol/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso # 2202, 13 de enero de 2019
Para apuntalar lo que parece una guerra sin cuartel contra el huachicoleo, el presidente López Obrador echó mano ya del conjunto de las Fuerzas Armadas. Al Ejército y la Marina, que ya participaban, el viernes 11 se sumó la Fuerza Aérea. Pero en medio de esa campaña militar, el titular del Ejecutivo abrió un flanco inesperado: anunció que el general Eduardo León Trauwitz, responsable de combatir el robo de combustible durante el sexenio pasado, está siendo investigado precisamente por robo del mismo producto. El militar, muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, gozó de enorme poder y relaciones. 

Ante la crisis del robo de combustibles en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió valerse de las Fuerzas Armadas en pleno. A diferencia de sus antecesores, que recurrieron principalmente al Ejército, el Ejecutivo pidió ya la intervención adicional de la Fuerza Aérea y la Marina. 
Con la incorporación de la vigilancia aérea de los ductos, los militares del aire participan desde el viernes 11 en las operaciones desplegadas la semana pasada, cuando el Ejército y la Marina tomaron instalaciones estratégicas de abasto y distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) en todo el país.
Aunque los militares están en el centro de esa estrategia, que en su primera semana se tradujo en desabasto de gasolina en varios estados y la Ciudad de México, López Obrador abrió un frente dentro del Ejército al anunciar que está bajo investigación uno de sus mandos: el general brigadier Eduardo León Trauwitz, nada menos que el responsable de combatir el robo de combustibles a Pemex en el gobierno pasado y hombre cercano al expresidente Enrique Peña Nieto Proceso 2115).
León Trauwitz es hasta ahora el primer exfuncionario de alto nivel sujeto a investigación por robo de combustible. 
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) lo tienen bajo investigación, como se ha expuesto en las reuniones de seguridad que a diario encabeza López Obrador. Por lo pronto sus cuentas bancarias ya fueron congeladas.
En las carpetas de investigación de la PGR, derivadas de las acciones en Pemex, se consignan testimonios de funcionarios de la paraestatal que, en calidad de testigos, le atribuyen al general responsabilidad en el robo de combustible. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP investiga a 30 distribuidoras de gasolina presuntamente implicadas en la venta de combustible obtenido ilegalmente.
Al cobijo de Peña Nieto
León Trauwitz fue un hombre poderoso protegido por Peña Nieto, a quien había servido como escolta desde el Estado de México. Éste no le dio la jefatura del Estado Mayor Presidencial (EMP), pero a cambio, además de un ascenso a destiempo, lo colocó en una posición de seguridad nacional en la que llegó a manejar 5 mil millones de pesos y 2 mil 500 efectivos del Ejército, además de cientos de agentes civiles. Pese a esos cuantiosos recursos, el robo de combustibles se incrementó el sexenio pasado.
Peor aún, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex, que estuvo al mando de León Trauwitz, al final de la administración pasada presentó a la empresa petrolera como víctima de la expansión de la delincuencia organizada. Además, en el libro blanco sobre la “estrategia de salvaguardia” de Pemex 2012-2018, la oficina que estuvo a cargo del general también aseguró que el incremento registrado entre los años 2016 y 2017 “estaba proyectado” para, a partir de entonces, empezar a decrecer.
En diciembre, desde que anunció el inicio del combate al robo de combustibles –y pese a su insistencia en que el delito se comete con la participación de personal de la propia empresa–, y hasta principios de la semana pasada, López Obrador sólo había afirmado que se investigaba a tres funcionarios de la paraestatal. 
Pero el martes 8, en su conferencia matutina y a pregunta expresa, mencionó a León Trauwitz: “Está en una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya nada definitivo”. Sin abundar, el presidente también dijo: “Sí existe el general, pero no se sabía nada. Ahora se sabe porque se le menciona en asuntos que tienen que ver con la seguridad de Pemex. Él estaba a cargo de la seguridad de Pemex”.
El pasado julio, apenas López Obrador ganó la Presidencia, León Trauwitz dejó la SSE y se refugió unos meses en el Ejército para acabar el sexenio de su protector, Peña Nieto.
Ese mismo mes, el brigadier se incorporó a la Inspección y Contraloría General de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para realizar “funciones de auditoría y supervisión de recursos humanos y financieros” del Ejército.
Pero dejó el cargo en uno de sus allegados, con quien tenía relación desde que ambos formaron parte del EMP, el general Wenceslao Cárdenas Acuña. 
En el EMP, León Trauwitz también coincidió con el entonces coronel Marco Antonio de León Adams, jefe de seguridad personal del entonces presidente Vicente Fox. 
El jueves 3, en el juicio que se sigue en Nueva York contra Joaquín El Chapo Guzmán, el ahora general en retiro De León Adams fue acusado por Vicente Zambada, El Vicentillo, como uno de los protectores del Cártel de Sinaloa desde el EMP (Proceso 2201). 
Con el aval presidencial, León Trauwitz se rodeó de militares de alto rango para reestructurar el área de seguridad de las instalaciones estratégicas de Pemex. Al inicio del gobierno de Peña Nieto, en 2013, asumió como gerente de Seguridad Física de Pemex, pero al siguiente año no sólo logró el cambio de nombre sino un mayor nivel de su oficina, que pasó a ser la SSE de la petrolera.
A la SSE se le autorizaron tres gerencias: la de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo, la de Seguridad Física y la de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica. Todas quedaron bajo el mando de militares de alto rango, varios de ellos con señalamientos de manejos irregulares o ilegales.
La mayoría de los cargos siguientes también fueron para militares. Casi todos, efectivos del arma de Infantería a la que pertenece Trauwitz, quien declara poseer un doctorado, tres maestrías, tres diplomados y dos licenciaturas.
En la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad designó al mayor Carlos Javier Álvarez Cárdenas, quien también salió de la empresa en julio del año pasado. En el gobierno de Felipe Calderón fue representante de la Sedena en el Gabinete de Seguridad Nacional. Al inicio de ese sexenio fue secretario particular del general Fermín Rivas en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, donde fue acusado de “malos manejos” de una partida de alimentación. Tuvo control de esa gerencia de Pemex prácticamente durante todo el sexenio.
La Gerencia de Seguridad Física estuvo en manos del general de brigada Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, un veterano egresado de la carrera de administración militar de la Escuela Superior de Guerra. En los noventa, en el sexenio de Ernesto Zedillo, el entonces teniente coronel formaba parte de la Policía Judicial Militar. 
Junto con otros efectivos del Ejército se sumó a un grupo especial que fue incorporado a la PGR. Ahí, esos militares integraron el Grupo Chihuahua, cuyo objetivo era la captura del jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo. Herrera Pegueros y los demás fueron reincorporados al Ejército ante el fracaso en la captura de ese narcotraficante quien, finalmente y según la versión oficial, murió en 1997 durante una cirugía plástica.
En la Gerencia de Seguridad Física también estuvo el general Cárdenas Acuña, quien reemplazó a León Trauwitz en la SSE. 
Por la Gerencia de Gestión Técnica pasaron el coronel Roberto Aguilar Rubí, quien llegó desde el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y el también coronel de Infantería Emilio Cosgaya Rodríguez, quien entre 2008 y 2011, en el gobierno de Calderón, había sido subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional en la sección de Operaciones contra el Narcotráfico. 
Debajo de las gerencias se crearon las superintendencias. Una de ellas fue la de Control Operativo, que quedó en manos de Osiel Aldana Portugal, un exagente de la desaparecida Policía Judicial Federal y exintegrante de las Fuerzas Federales de la Policía Federal, quien al inicio de su carrera fue instructor en el Colegio Militar. 
En septiembre de 2010 se convirtió en agente de seguridad de Pemex Exploración y Producción, en Veracruz, y luego se incorporó al círculo de León Trauwitz. Como efectivo de la Policía Federal, en 2009, fue acusado, junto con otros elementos que participaban en el Operativo Chihuahua, de intentar revender un decomiso de mariguana.
“El flagelo que nos acecha” 
En su libro blanco Diseño y aplicación de la estrategia de salvaguardia para Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias. Periodo 2012-2018, Pemex asegura que es víctima de lo que describe como “Mercado Ilegal de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos”, puesto que no sólo padece el robo de gasolina sino también de gas y derivados petroquímicos.
“Es un tema que se ha convertido en un problema de seguridad nacional, en donde Pemex tiene calidad de víctima”, dice el documento elaborado a fines del gobierno pasado y que está firmado por el entonces director de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, antes superior inmediato de León Trauwitz, como director corporativo de Administración y Servicios de Pemex.
El documento también está firmado, al final, por el sucesor de León Trauwitz, Cárdenas Acuña, pues fue elaborado por la SSE.
El texto da a conocer que en el sexenio pasado la SSE manejó un presupuesto de 5 mil millones de pesos, sin considerar sueldos, para el combate al robo de combustibles. La mitad de ese dinero, 2 mil 521 millones, fueron para el programa Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de Pemex, usado en su mayor parte para comprar equipo terrestre, pero sobre todo aéreo, y que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación fue usufructuado por el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya.
El resto se usó en su mayormente para el “fortalecimiento de las capacidades operativas de Pemex”; 175 millones para el búnker de la SSE en la exrefinería de Azcapotzalco. El menor rubro, de 17.8 millones de pesos, fue para la compra de armas, a pesar de que la propia SSE asegura que la delincuencia organizada es superior en armamento.
En el rubro de mejoramiento de las capacidades operativas asegura que se obtuvo “acceso a equipos y tecnologías de vanguardia”, lo que permitió el patrullaje e inspección de la infraestructura e instalaciones estratégicas de Pemex a través de equipo terrestre y aéreo, la “intercepción e interrupción rápida y efectiva” de las acciones de la delincuencia organizada a través de la movilización y el desplazamiento rápido del personal por vía aérea y terrestre, y el “conocimiento integral” por parte de Pemex y la Sedena sobre la inspección de ductos con mayor ocurrencia de tomas clandestinas, mediante un centro de mando y control.
Con todo y estos recursos, la SSE estableció convenios con la Sedena y la Secretaría de Marina para colaborar en la vigilancia de las instalaciones de Pemex. 
En su justificación del incremento del robo de combustibles, el reporte dice que como empresa productiva del Estado está “expuesta a la comisión de actos criminales derivados del crecimiento de la delincuencia, por lo que es víctima de los delitos” del Mercado Ilegal de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, “sufriendo incluso la pérdida de la vida de compañeros en cumplimiento de su deber”.
Añade: “El flagelo que nos acecha, al margen de que se agravia a Pemex, en realidad es una afrenta al Estado Mexicano, convirtiéndose en un problema de seguridad nacional”. 
Pero anota que, si bien se ha incrementado el número de tomas clandestinas, se ha reducido el volumen sustraído ilegalmente. Es más, sostiene que el crecimiento de éstas entre 2016 y 2017 estaba en sus proyecciones hacia 2018.
“No obstante que la cantidad de tomas clandestinas ha tenido un incremento en comparación al año anterior, ello no se ha reflejado en mayor número de volumen sustraído ilegalmente”, asegura.
En lo que considera como el funcionamiento de esa “estrategia integral”, enumera el despido de más de 40 trabajadores por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, la presentación de 9 mil 394 denuncias sobre robo de combustible sólo en 2018, y la detención de mil 600 personas, de las que se han judicializado mil 24; 189 están en prisión preventiva.
Aun cuando insiste en que “contuvo” el delito –porque a pesar del aumento de las tomas clandestinas, el volumen del robo es menor–, López Obrador hizo del combate al robo de los combustibles una de las prioridades al inicio de su gobierno. Ordenó el ingreso del Ejército a las instalaciones de la refinería de Salamanca y a las de Pemex en Mazatlán.
También ordenó el ingreso de la Marina a las refinerías de Salina Cruz, Oaxaca, y de Tampico, Tamaulipas, así como a las terminales de abastecimiento y distribución de Tuxpan, Veracruz; Lerma, Campeche; Rosarito, Baja California; Guaymas, Sonora; Topolobampo y Mazatlán, Sinaloa; Manzanillo, Colima; Acapulco, Guerrero, y Lázaro Cárdenas, Michoacán.
El viernes 11 fue el turno de la Fuerza Aérea Mexicana. AMLO informó que helicópteros de la misma vigilarán instalaciones de Pemex, con lo cual las Fuerzas Armadas están de lleno en la estrategia del presidente.
López Obrador colocó además a otro militar al frente de la Subdirección de Seguridad Estratégica, el general Arturo Velázqueze Bravo, quien fue comandante de la XVI Zona Militar en Sarabia –cerca de la refinería de Salamanca–, Guanajuato, uno de los centros más importantes de extracción de combustible y que fue tomado la semana pasada por el Ejército. (Con información de Álvaro Delgado)
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Mano negra de León Trauwitz en legislaturas anteriores/
JENARO VILLAMIL
Revista Proceso # 2202, 13 de enero de 2019
Entre septiembre de 2014 y enero de 2016 se registró en las bancadas del PRI en la Cámara de Diputados y el Senado un intenso juego de presiones e intereses. El propósito era crear una ley a modo para el combate al robo de combustibles que no incluyera la extinción de dominio ni el aseguramiento de las gasolineras que vendieran combustible robado, y menos la conformación de una fiscalía especializada en la materia dentro de la Procuraduría General de la República (PGR).
Estas fueron las diferencias fundamentales entre la iniciativa presentada por el diputado federal priista Marco Antonio Bernal –aprobada el 9 de septiembre de 2014 por 366 votos a favor y 17 en contra– y la ley que rehizo y confeccionó en el Senado su correligionario Omar Fayad, aprobada el 12 de marzo de 2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2016.
En ambas leyes estuvo la mano –y la presión– del general brigadier del Estado Mayor Eduardo León Trauwitz, entonces subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador en el Estado de México y mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los presuntos responsables del incremento exponencial del robo de combustibles en el sexenio pasado.
La iniciativa impulsada por Bernal fue elaborada en la oficina del Departamento Jurídico de Pemex, a cargo de Marco Antonio de la Peña. 
Entre abril y septiembre de 2014, en medio de la discusión y aprobación del paquete de reforma energética, el diputado federal priista trabajó una nueva ley que afectaría no sólo los intereses de quienes encabezaban el robo ilícito desde el interior de Pemex, sino también a los “establecimientos mercantiles o empresas que se encuentran vinculados con el robo de combustibles, en donde el producto adquirido ilícitamente y, supuestamente, bajo el amparo contractual, es enajenado al público consumidor”.
Bernal propuso que, ante la inexistencia de un tipo penal específico que sancionara a las gasolineras que expendieran el combustible robado, se reformaran y derogaran diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Extinción de Dominio y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que se incorporara a las gasolineras.
En particular, propuso reformar el último párrafo del artículo 368 del Código Penal Federal para que, además de las sanciones contempladas, como penas de prisión y sanciones económicas, se impusiera “la suspensión de actividades y la disolución de la sociedad” de las gasolineras.
Iniciativas a modo
El dictamen aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados ordenó que el Ministerio Público “asegurara el establecimiento mercantil o empresa prestadora de servicio, notificando de manera inmediata al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con la finalidad de que dicho establecimiento o empresa pase a su administración y se continúe prestando el servicio que resulte estratégico para el país y evitar con ello el desabasto y con ello la afectación de consumidores”.
En su edición del 21 de junio de 2017, Proceso publicó un reportaje según el cual cuando llegó al Senado la reforma fue “congelada” por presiones de León Trauwitz, “que se valió de Rosario Brindis, encargada de enlace legislativo, y de Omar Fayad, senador priista, para frenarla”.
El 11 de noviembre de 2014, Fayad presentó otra iniciativa, con el aval del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, quien acudió al Senado a defenderla, y del propio León Trauwitz, de acuerdo con el testimonio de varios legisladores que estuvieron presentes en aquella ocasión.
Consultado por Proceso, Marco Antonio Bernal recordó que tuvo discusiones con Omar Fayad por las diferencias entre una y otra ley, y confirmó que, en efecto, el general León Trauwitz estuvo pendiente de la iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado. No estuvo de acuerdo con la reforma votada en San Lázaro y presionó para que se elaborara otra.
La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en contra del Patrimonio Nacional en Materia de Hidrocarburos se presentó en el Senado con modificaciones sustanciales a lo que se había ya aprobado en San Lázaro.
De entrada, el robo de combustibles se denomina “extracción ilícita de hidrocarburos” y se enmarca como un “inconveniente” para la reforma energética emprendida en el gobierno de Enrique Peña Nieto “que cambió la naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos”, que pasó a ser “una empresa productiva del Estado”.
La iniciativa que presentó Fayad mencionó que alrededor de los 68 mil kilómetros de ductos que tiene Pemex las “tomas clandestinas” han aumentado “considerablemente entre 2010 y 2014” y que 95% de quienes realizan estos robos no son detenidos ni existen aseguramientos. 
Como ese delito no es considerado grave, las inculpados salen con facilidad. En 2013 hubo 937 detenciones; al año siguiente fueron 711. El daño ocasionado por el “mercado ilícito de combustible” (Fayad no lo llama crimen organizado) ascendió a 32 mil 200 millones de pesos.
Las omisiones
En su iniciativa, Bernal expuso ante la Cámara de Diputados esa misma cifra y datos similares, pero destacó el incremento exponencial de las “tomas clandestinas” en los ductos de Pemex, justo en el periodo del general León Trauwitz. En 2010 fueron detectadas y clausuradas 710 tomas clandestinas. En 2013 eran 3 mil 46; es decir, se cuadruplicaron.
La exposición de motivos de la iniciativa de Fayad mencionó que “se tienen detectados a miembros de la delincuencia organizada, especializados en la sustracción de hidrocarburos y realizan dichas actividades, coaccionando al personal de Petróleos Mexicanos y miembros de seguridad pública federal, estatal y municipal que participan en la realización de dichas actividades o bien para que proporcionen la información necesaria”.
Sin embargo, acotó el documento, “el fenómeno relacionado con el robo de hidrocarburos no sólo se da por la delincuencia organizada. Existen zonas geográficas en donde la mayoría de los robos, a través de las tomas clandestinas a ductos, son cometidos por personas que no pertenecen al crimen organizado, pues en varias ocasiones los mismos concesionarios ordenan a sus empleados sustraer hidrocarburos”.
Ninguna de las dos iniciativas mencionó que 80% del robo de combustibles proviene de la propia estructura de Pemex y un 20% lo realizan personas ajenas a la empresa pública. Tampoco destacaron que la propia administración de Pemex notificaba este robo y lo contabilizaba como “mermas” y no como sustracción ilegal de combustible.
El Senado actual, a iniciativa de Martí Batres y Antares Vázquez Alatorre, aprobó el 6 de diciembre pasado una reforma al artículo 19 constitucional que tipifica como “delito grave” y autoriza la “prisión preventiva” a ilícitos como la delincuencia organizada, el feminicidio o el secuestro, pero también “delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”, lo que obligará a rehacer o diseñar una nueva ley secundaria contra el robo de combustibles.
Desde Hidalgo, el actual gobernador Omar Fayad afirmó el 7 de diciembre que apoya esta modificación constitucional y recordó que cuatro años antes le costó “mucho trabajo” por “tantos intereses que hay ahí metidos” sacar adelante la ley contra el huachicoleo.
Hidalgo está catalogada como la segunda entidad con mayor número de “tomas clandestinas” detectadas en ductos de Pemex, con un total de mil 491 de enero a septiembre de 2018.
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Los narcos robaban gas a Pemex hasta para exportar/
EMILIO GODOY
Revista Proceso # 2202, 13 de enero de 2019
Al menos entre 2006 y 2011 el Cártel del Golfo y Los Zetas hallaron una actividad que les proporcionaba casi tantas ganancias como el tráfico de drogas: robar gas de la Cuenca de Burgos, cruzarlo por la frontera y vendérselo a empresas legales texanas. Esa vertiente delincuencial fue descubierta (y posiblemente anulada) por la estadunidense Operación Reckoning, la que –en opinión de especialistas–, además de combatir el narcotráfico, puso al descubierto la colusión de directivos y trabajadores de Pemex con la mafia tamaulipeca. La paraestatal demandó entonces a 24 de esas compañías, con magros resultados.

El robo de combustible adquirió una dimensión internacional entre 2006 y 2011, cuando el Cártel del Golfo y Los Zetas robaron condensado de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en contubernio con empleados de la petrolera, sus contratistas y empleados aduanales, para exportarlo a Texas.
Ante ello, Pemex Exploración y Producción (PEP), filial de la ahora empresa productiva del Estado, entabló tres demandas ante la Corte del Distrito Sur de Texas contra 24 empresas y seis individuos acusados de apropiación indebida proveniente del uso de propiedad robada, enriquecimiento ilegal, recepción de dinero ilícito, conspiración civil para cometer un delito y violaciones de las leyes de Responsabilidad por Robo –de Texas– y la de Organizaciones Corruptas e Influidas por la Mafia.
Pero ese intento por recuperar más de 300 millones de dólares de grandes conglomerados –como BASF Corporation, Shell, Marathon Petroleum y ConocoPhillips– falló, pues Pemex apenas recobró unos ocho millones.
El 10 de junio de 2010 PEP interpuso la querella 4:2010cv01997, el 29 de mayo de 2011 el legajo 4:2011cv02019 y el 10 de abril de 2012 el expediente 4:2012cv01081.
En esos documentos –consultados por Proceso– la empresa relató las operaciones efectuadas por los acusados, la mecánica de la rapacería y los daños económicos padecidos.
En el periodo aludido, PEP operaba unos 2 mil 800 pozos de gas en el Activo Integral Burgos –que se extiende por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas–, cuyos hidrocarburos fluyen a unas 150 estaciones de recolección y de las cuales los ductos parten hacia tanques en uno de los 52 sistemas de distribución de la filial de Pemex.
De ese ramal, la subsidiaria traslada el material, vía tendidos o carrotanques, a una terminal de almacenamiento en Reynosa, Tamaulipas.
El expediente 4:2012cv01081 describe que los miembros de los cárteles hurtaban el condensado de los sistemas de distribución, secuestraban los transportes de PEP e incluso construyeron túneles y sus propios ductos para sustraer el hidrocarburo.
Los importadores estadunidenses adquirían el condensado y enviaban a México camiones cargados con agua pero rotulados como si fuera gasolina. Al trasponer la frontera los vaciaban y los rellenaban con el hidrocarburo robado.
Los exportadores falsificaban documentos de Pemex y hacían pasar la carga como si fuera de solventes, combustible o cualquier otro hidrocarburo y que terminaba en las localidades texanas de Rio Grande, George West, Ingleside, San Antonio, Houston y Port Arthur.
En los expedientes, PEP argumentó que la mayoría de los acusados estaba consciente de que vendía un producto saqueado.
El condensado es un subproducto de la extracción de gas natural, fácil de refinar y consumido como materia prima para derivados de petróleo y, por lo tanto, muy demandado.
Retraso negligente
Pese a que PEP sabía que su material estaba siendo robado aproximadamente desde 2006, el 7 de junio de 2010 presentó la primera demanda civil 4:10-cv-1997 contra 13 empresas e individuos. 
El 29 de mayo de 2011 PEP entabló la segunda querella civil 4:2011cv2019 contra 13 compañías y personas. El 4 de octubre de 2011 la Corte consolidó ambos casos.
El 10 de abril de 2012 la paraestatal intentó agregar a otras seis empresas al proceso con la demanda civil 4:2012cv01081. Pero el juez Simeon Lake emitió el 11 de febrero de 2013 una opinión jurada y una orden de descargo en oposición a esa ampliación y a favor de siete empresas acusadas.
El 17 de septiembre de 2008, el entonces fiscal general de Estados Unidos, Michael Mukasey, anunció la detención de 175 personas en esa nación, Italia y México, dentro de la llamada Operación Reckoning, enderezada contra el Cártel del Golfo y la ‘Ndrangheta, mafia que era su socia en la distribución de drogas en Italia.
Esa intervención trilateral aportó evidencias a Pemex para actuar legalmente. Entre los detenidos estaba Luis Ariel Rivera Rodríguez, Whiskey 2, quien se convertiría en testigo protegido. El caso 4:08-cr-00620, abierto el 10 de septiembre de 2008 ante la Corte del Distrito Sur de Texas, indica que los cárteles exportaban desde 2006 condensado robado en México.
El 26 de mayo de 2009, Tim Johnson, fiscal interino de Texas, solicitó el retiro de la acusación de lavado de dinero –presumiblemente por la colaboración de Rivera en la investigación–, que concedió la juez Melinda Harmon.
El 23 de febrero de 2007 Rivera se había declarado culpable de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, según el legajo 8:06-CR-195-T-24TGW, consultado por este reportero.
El 17 de noviembre de 2016, el portal Animal Político publicó que en junio de 2007 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó al gobierno mexicano acerca del tráfico de hidrocarburos robados a PEP hacia Estados Unidos.
El expediente 4:2012cv01081 indica que el ICE y el Departamento de Seguridad Interior habían estado investigando el transporte y venta de ese condensado en territorio estadunidense.
El 23 de mayo de 2007 la juez Susan C. Bucklew, de la Corte del Distrito Medio de Florida, condenó a Rivera a 11 años de prisión y otros cinco en libertad condicional, y el 16 de enero de 2013 desestimó su apelación por haber transcurrido más de un año desde que su sentencia quedó firme y por lo cual venció el plazo para presentarla, según el expediente 13-10553.
El retraso en la presentación de las demandas, que suman más de 700 archivos, provocó que fuese imposible la persecución legal de varios de los implicados.
Para Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de la Escuela Schar de Política y Gobierno, de la Universidad George Mason, fue el asalto de Los Zetas el que cambió la faz del huachicoleo, con la exportación ilícita a EU dentro de una estrategia de diversificación de actividades criminales.
“En 2007 extraditan a Osiel Cárdenas (capo del Cártel del Golfo) y pierde el control. Los Zetas se independizan y ahí se agudiza el robo de combustible en Burgos. Empiezan con condensado de gas que termina en Texas. Usaban esquemas de corrupción bien ajustados”, explica a Proceso la autora del libro Los Zetas Inc. (2017).
En su libro, Correa-Cabrera indica que “La Compañía”, como también se le conoce, ha estado infiltrando a Pemex para diversificar sus fuentes de ingreso. Incluso el tráfico de grandes cantidades de hidrocarburos ha surgido como una de las principales, más que el secuestro de migrantes y casi tanto como el narcotráfico.
Relata también que en 2010 bandas criminales tomaron el control del pozo Gigante-1, que produce gas natural y se localiza en Nueva Ciudad Guerrero, cerca de Nuevo Laredo. Esos grupos empezaron a robar hidrocarburos en la zona y los vendieron a empresas e individuos en ambos lados de la frontera.
La obra, que diagrama la operación y estructura de Los Zetas como empresa criminal globalizada, señala que la cercanía de la frontera ha permitido a esos grupos utilizar las redes de narcotráfico para exportar combustible robado de Pemex de forma muy sofisticada, lo cual demuestra claramente la ausencia de adecuados mecanismos de vigilancia y el posible involucramiento de funcionarios públicos.
Para Correa-Cabrera, la Operación Reckoning muestra la colusión entre Pemex y Los Zetas, con conocimiento de los directivos de la paraestatal.
Reveses legales
El 2 de junio de 2014 el juez Lake condenó a Continental Fuels; a su presidente, Timothy L. Brink; a su filial US Petroleum Depot; y a Jonathan Dappen, director de M&B Trading, a pagarle a PEP 27 millones 410 mil dólares, más intereses antes y después del juicio por 8 millones 857 mil dólares. Pero la acusadora no cobró ese monto por la bancarrota de los condenados. Fue una victoria moral, no económica.
Dappen negoció al menos 17 operaciones con las importadoras, mientras que M&B Trading abastecía de condensado a Continental Fuels.
Por otro lado, Lake propinó un revés a la acusadora al desestimar los cargos contra otro grupo de empresas. En otra resolución, emitida el 30 de mayo de ese año, el juez favoreció a otras siete firmas acusadas por haber expirado el plazo de dos años para presentar las demandas y porque PEP no pudo presentar evidencia sólida para sustentar su caso.
PEP apeló, pero los magistrados Jerry Edwin Smith, Edward Prado y Priscilla Owen, de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, rechazaron ese recurso el 5 de marzo de 2015, plasmado en el archivo 14-20417.
Por pagos, restituciones y desembolsos por cobro de seguros en relación con el condensado robado, PEP recibió entre agosto de 2009 y octubre de 2010 de Trammo Petroleum 3 millones 415 mil dólares; Continental Fuels le reembolsó 40 mil 130 dólares; Sun Petrocco, LLC, le entregó 118 mil 109 dólares, y Valero Energy le transfirió 3 millones 750 mil dólares. Las compañías efectuaron esos pagos para evitar una eventual condena.
Donald Schroeder, presidente de Trammo, se declaró culpable, al confirmar que Continental Fuels vendía el precursor robado. Los expedientes indican que esa compañía adquiría y distribuía el condensado a las otras tres corporaciones mencionadas.
Correa-Cabrera expone que es una actividad muy organizada y especializada. “Tenemos al sindicato, a los trabajadores que ya saben cómo obtener dinero en Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, en contubernio con quienes tienen el know-how, inclusive con quienes resguardan instalaciones. Así va creciendo la actividad, es una empresa a varios niveles”, detalla.
El entramado legal tuvo una coda el 12 de agosto de 2016, cuando Lake negó –por considerarla improcedente– la petición de un grupo de acusados para que PEP les pagara 837 mil 854 dólares en gastos judiciales.#
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Una crisis vaticana en cuatro actos
El Papa encara su séptimo año en el momento más delicado del Pontificado, con las grandes reformas embarrancadas y una caída de popularidad inédita de su figura..
DANIEL VERDÚ
El País, Roma 13 ENE 2019 
Francisco iniciará en marzo el séptimo año de su pontificado. Imposible saber lo largo que será ni si, como sugirió a su llegada, el Papa seguirá el camino de su predecesor renunciando al cargo antes que el propio cargo renuncie a él. Pero la madurez de su mandato, con 82 años y seis en la silla de Pedro, parece alcanzada con creces. Acosado por los escándalos de abusos, una reforma que no termina de despegar y las encarnizadas luchas internas, 2019 será un año difícil que determinará su herencia.
La situación en el Vaticano es delicada, señala la mayoría de fuentes consultadas. “Hay muchos frentes abiertos”, matiza un miembro de la curia que ha despachado con el Papa en los últimos meses. Nadie recuerda una oposición tan fuerte a un Pontífice desde el sector conservador. En algunos ambientes de la curia, a menudo distante con este Papa, piensan ya más allá y juegan a las quinielas.
El gran reformador, como lo definió su biógrafo, Austen Ivereigh, sigue sin sacar adelante cuatro de las grandes transformaciones que anunció a su llegada: las finanzas, la reforma de la curia, la comunicación y la lucha contra la pederastia. Ha habido un sinfín de cambios en los dicasterios, pero tras seis años, es difícil encontrar un relato unitario más allá del valioso acercamiento a los pobres y a los migrantes, que le ha convertido en un importante actor político frente a las embestidas del populismo de Donald Trump o Matteo Salvini.
La rigidez de las estructuras no va con el Papa, hombre espontáneo, y el equipo cambia. Francisco ha asistido a importantes dimisiones (sus dos portavoces se fueron hace 15 días) y elecciones equivocadas (el ministro de Finanzas, George Pell, condenado por abusos).
El área económica lleva descabezada dos años y su jefe ha sido condenado
Un Papa no necesita mirar sondeos. Pero la caída de popularidad en el último año en Italia, pese a seguir siendo alta, ha sido una novedad. Del gran 88% de 2013 al 71% en 2018, según la empresa Demos. Un desmoronamiento especialmente grave entre los jóvenes y todavía más acentuado en Estados Unidos, donde los casos de pederastia han tenido gran impacto en la opinión pública y solo el 51% lo valora favorablemente (un 19% menos que en enero de 2017), según el Pew Research Center. La sensación es que Francisco, un hombre que nunca perteneció al aparato, sigue siendo más popular entre los no católicos.
El Papa quiso ampliar el espectro de la Iglesia. Y en algunos aspectos, como la histórica apertura a China de 2018 —que deberá consolidar ahora— o la internacionalización del colegio cardenalicio (ha nombrado a 60 purpurados de los 124 que elegirían hoy al nuevo Papa), ha expandido el radio de acción. En otros, como la inmigración (ahora siempre añade que solo pueden llegar aquellos a los que se pueda acoger) o la homosexualidad, a la que ha puesto coto en los seminarios, ha matizado a la baja su discurso rupturista. “El problema no es el sector conservador al que enervó. Cunde cierta desilusión”, señala un alto cargo vaticano favorable al Papa. Vienen curvas, terminó la euforia.
1. Los pecados económicos. El blanqueo de capitales y las estafas fueron habituales durante años en algunos organismos de la Santa Sede. El Papa se propuso reformar las finanzas de Dios atacando directamente los problemas históricos del Banco Vaticano (IOR) —este año ha habido la primera condena vaticana— y los principales órganos de gestión de patrimonio como el APSA. Para ello creó un superministerio de finanzas dirigido por el controvertido cardenal George Pell y contrató a un experto auditor (Libero Milone) que debía poner orden en los distintos departamentos. Hoy no permanece ninguno: el primero vive en Australia y ha sido condenado por abusos y el segundo fue despedido bajo acusaciones de espionaje. Sus departamentos siguen descabezados.
La gran reunión de presidentes de conferencias episcopales para tratar los abusos en Roma será crucial en 2019
El caso de Pell salpica en varias direcciones. El cardenal, con un largo historial de acusaciones de víctimas de abusos en Australia, acaba de ser condenado en su país y se encuentra a la espera de un segundo proceso por el mismo problema. El Papa decidió ponerle al frente del departamento económico y elevarlo al número tres de la Santa Sede pese a las sombras que pesaban sobre él (Benedicto XVI no le quiso al frente de la Congregación para los Obispos años antes). También le dejó como consejero en el grupo de cardenales que le asesoran para la reforma de la curia (C9) hasta el día antes de que trascendiese su condena en diciembre. En 2019 podría llegar un remplazo que devuelva un mando visible a un área capital.
2. Los abusos sexuales. El caso Pell, el primer miembro de la cúpula vaticana condenado por abusos, cuestionó la política de tolerancia cero del Papa (sigue sin ser cesado como prefecto). Pero luego vinieron los casos de Chile, Alemania, EE UU y Francia, donde el cardenal Phillipe Barbarin está siendo procesado en un juicio al que el Vaticano, pese a sus peticiones de colaboración con la justicia a las diócesis, ha negado la presencia del prefecto para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria (fue solicitada por el tribunal).
La peor sacudida llegó con la acusación de un arzobispo y exnuncio en Washington (Carlo Maria Viganò) al Papa —un hecho insólito— de haber encubierto los abusos del cardenal estadounidense Theodore McCarrick (cerca hoy de ser reducido al estado laical). El terremoto puso al descubierto la guerra de poder en el Vaticano, pero también una manera laxa de tratar los abusos que se remonta a Juan Pablo II.
El último escándalo afecta de nuevo directamente a Francisco. El obispo argentino Gustavo Óscar Zanchetta, nombrado en 2013 por el Papa, fue trasladado a un puesto en Roma como asesor de la poderosa APSA en 2017. Supuestamente, se debió a problemas personales, sin embargo en Argentina se ha publicado ahora que había varias denuncias de abusos sexuales y de autoritarismo. La Santa Sede niega que lo conociese y que ese fuera el motivo por el cual el Papa lo trajo. Pero lo está investigando.
El gran hito de 2019 será el encuentro en febrero (del 21 al 24) de todos los presidentes de conferencias episcopales del mundo para buscar soluciones globales al problema. Pero las enormes expectativas generadas obligan a tomar medidas concretas para que no parezca un mero lavado de imagen, como apuntan a este periódico figuras curiales vinculadas a esta lucha.
La irlandesa Marie Collins, víctima de abusos y ex miembro de la Comisión Pontificia que creó el Papa a su llegada (se fue acusando a la curia de obstaculizar las reformas) es escéptica. “Habrá mucha palabra, discusión y declaraciones de intenciones. Me gustaría que hubiera un compromiso para una política de vigilancia universal, la misma protección para todos los países, porque hay algunos donde no se ve como un problema. También una declaración clara sobre la rendición de cuentas, sobre quién hace las investigaciones y castiga. Si los obispos no siguen los procedimientos, quiero saber qué pasará con ellos”.
3. Crisis en la comunicación. La reforma de la Comunicación, una de las grandes apuestas de Francisco, ha sido caótica y accidentada. Si ya es difícil gestionar la relación con los medios de un Papa hipercomunicador, la creación de un gran ministerio que englobaba a los medios vaticanos y la sala de prensa generó un conflicto insalvable: los encargados de responder a los medios no tenían acceso directo a las fuentes de información. El 31 de diciembre, tras poco más de dos años en el cargo (el paso más breve que se recuerda), los dos portavoces del Papa, Greg Burke y Paloma García Ovejero, dimitieron de su cargo abriendo un nuevo capítulo de esta crisis. Hoy, un puesto tan relevante está cubierto de forma interina.
Pero la reforma afecta a más áreas. Pocos días antes de esta crisis, llegó también el abrupto cese de Giovanni Maria Vian, director de L’Osservatore Romano, periódico de la Santa Sede, que dirigió con rigor y modernizó durante 11 años abriéndolo a las mujeres. Otro movimiento enmarcado en un proceso de cambio que, entre otras cosas, ha reitalianizado un área clave para la Santa Sede y ha puesto al frente de todo el aparato al periodista laico Paolo Ruffini, a quien el Papa ha dado todo el poder (su predecesor tuvo que dimitir acusado de fabricar noticias falsas) en detrimento de la Secretaría de Estado, tradicionalmente vinculada a la oficina de prensa por ser el departamento con mayor información de la Santa Sede.
4. La reforma de la curia. Este año debería conocerse la nueva Constitución Apostólica. Es decir, el mapa de la supuesta transformación administrativa de la curia cuyo diseño se encargó al famoso C9, el consejo de cardenales de todo el mundo que ha pasado a ser C6, porque dos de sus miembros están gravemente salpicados por casos de abusos (un tercero se ha jubilado sin haber sido remplazado tampoco). Hasta ahora, los cambios no han aportado grandes transformaciones y toda la Santa Sede está a la espera del documento final que aclare las cosas.

El profesor de la Universidad Gregoriana Don Roberto Regoli, experto en esta materia, apunta una teoría. “Seguramente hemos visto estos cinco años muchas pruebas. Antes de dar el modelo de referencia se han hecho pruebas sectoriales. Se han creado dicasterios y algunos se han suprimido otros. Los nuevos se han redimensionado en el tiempo y otros se han confirmado”. El tiempo para las pruebas, sin embargo, será cada vez más limitado.