2019/12/10
Ciudad de México a 10 de diciembre de 2019
Prot. 147/19
Comprometidos con la protección de la infancia y la adolescencia, en nuestras Iglesias en México, queremos manifestar como Consejo Nacional para la Protección de Menores (CNPM) de la Conferencia del Episcopado Mexicano algunos aspectos acerca del informe de la Congregación de los Legionarios de Cristo del 22 de noviembre de 2019, con relación a los casos de violencia sexual cometidos por el R.P. Fernando Martínez, L.C. y la rueda de prensa llevada a cabo por algunas víctimas el 26 de noviembre de 2019:
1. Ante todo, reconocemos la valentía y búsqueda de justicia por parte de las víctimas del R.P. Fernando Martínez y la labor de las asociaciones que las acompañan en esta búsqueda; le pedimos a Dios que los ilumine y nos reiteramos a su servicio.
2. En el citado informe no hemos encontrado un acto concreto de justicia y reparación para las víctimas, ni quién actualmente, por parte de la Congregación, asuma la responsabilidad de transparentar a los responsables del encubrimiento.
3. En el ámbito canónico, se ha realizado la investigación previa que antecede a un proceso penal canónico, estando a la espera de las determinaciones que tomará la Congregación para la Doctrina de la Fe.
4. En el ámbito jurídico civil, habida cuenta que la Congregación religiosa informó que ya fue presentada la denuncia de hechos ante la autoridad competente, hemos ofrecido a las víctimas el apoyo y la orientación para que procedan de la manera más apropiada y pedimos a las autoridades de procuración e impartición de justicia que investiguen y deslinden las responsabilidades correspondientes por acción y omisión.
5. En este sentido, se ha instado a las víctimas, no solo a presentar denuncias penales, sino también exigir la reparación del daño por las acciones u omisiones por parte de los directivos de la Congregación de los Legionarios de Cristo.
6. Exhortamos al Director General a que solicite al Santo Padre, pro bono Ecclesiae, la dimisión del estado clerical del P. Fernando Martínez, manteniéndolo sujeto a la obediencia religiosa en una residencia en México, a fin de estar a disposición de las autoridades competentes.
Finalmente, expresamos nuestro firme compromiso de que en éste -y en todos los casos de abuso sexual de menores en el seno de la Iglesia- se dé atención prioritaria a las víctimas, se denuncie penalmente a los agresores, se repare el daño causado, los responsables enfrenten los procesos legales ante las autoridades civiles y canónicas y éstas actúen de modo expedito y responsable. Sólo así se logrará lo que clama el Salmo 84: “La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron”.
+Alfonso G. Miranda Guardiola
Obispo Auxiliar de Monterrey,
Secretario General de la CEM
Coordinador General del Consejo Nacional
de Protección de Menores de la CEM
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