Nombramiento de Ministros de la SCJN
SESION ORDINARIA DE LA H. CAMARA DE SENADORES CELEBRADA EL MARTES 1º DE DICIEMBRE DE 2009.- EL C. PRESIDENTE: Primera lectura. Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda, con punto de acuerdo relativo a los requisitos de legibilidad de los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR FRANCISCO AGUSTIN ARROYO VIEYRA.Informo a la Asamblea, que en caso de ser aprobado este dictamen, los candidatos de la primera terna realizarán una exposición en tribuna por un tiempo máximo de quince minutos.
Posteriormente, se realizará la votación por cédula para la elección correspondiente.
El dictamen sobre la cobertura de los requisitos de los candidatos se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, por lo que solicito a la Secretaría, sólo dar lectura a la parte resolutiva.
- EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Doy lectura a la parte resolutiva del dictamen. (...)
Propuesta de moción suspensiva del Senador RICARDO MONREAL AVILA: C
Ciudadano Presidente; ciudadanos legisladores:
Este día es un día importante para el país, por eso he solicitado el uso de la tribuna para referirme a este dictamen que establece la idoneidad y la elegibilidad de dos ternas enviadas por el Ejecutivo Federal a la consideración de la Asamblea del Senado, al Senado para proceder a la designación de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como todos ustedes saben, en 1996, hubo una reforma, en materia del Poder Judicial de trascendencia.
Hace 15 años la Constitución se reformó para dar paso a esta nueva composición de la Corte, para elegir cada 15 años a los ministros de la Corte, y para erigirlo en un tribunal de auténtico control constitucional.
Han pasado 15 años desde entonces. En aquel momento también era senador de la República, hubo un sobrado optimismo sobre el futuro del Poder Judicial Federal. Hoy a 15 años podríamos decir, sin lugar a dudas que no se cumplieron del todo las expectativas generadas en aquel momento.
Hoy en una sesión rápida, en unos días, en una audiencia de 15 minutos y en una comparecencia posterior de 15 minutos se pretende que cada uno de los senadores ilustre su conocimiento para emitir su voto razonado en torno a uno de los integrantes de la terna.
Percibo que es un procedimiento demasiado atropellado. Vean ustedes a la asamblea, ni siquiera les interesa saber de lo que estamos hablando, murmullos, acuerdos de pasillo, nadie atiene al orador, bueno, hay un sector importante que sí atiende siempre, y a ellos les expreso mis respetos porque siempre están atentos aun cuando la mayoría se encuentra ocupada en otras actividades y en otros trámites.
Este Senado de la República se ha negado sistemáticamente convertirse en una auténtico órgano de decisiones; se ha negado a erigirse y a ejercer las facultades que la Constitución le otorga en materia de ratificación de altos servidores públicos, en materia de análisis de la política exterior mexicana, en materia de ratificación, y casi todo aparece y surge de manera rápida y apresurada.
Por esa razón y por otras, porque nos falta tiempo para revisar los antecedentes académicos jurisdiccionales de ejercicio libre de los candidatos, al más alto puesto del Poder Judicial de la Nación, me permito solicitar una moción suspensiva para que podamos todavía otra semana más revisar los antecedentes, los expedientes, la experiencia y la idoneidad de cada uno de los propuestos.
Siempre he criticado y seguiré haciéndolo que las decisiones del Senado las toman un grupo selecto de tres o cuatro personas. Les aseguro que el 90 por ciento de los senadores no sabe de los antecedentes de los propuestos, simplemente se orienta su voto en razón de lo que el coordinador y el grupo aprueba, no debería ser así, porque la aspiración del pueblo de México sigue siendo todavía la misma, una honrada impartición de justicia, ministros independientes, imparciales del poder, no defensores de la oligarquía económica y política de este país.
Por eso, ciudadanos senadores y senadoras, llamo la atención. Debemos escuchar a colegios de abogados, de juristas, escuelas e institutos de Ciencias Jurídicas y del Derecho, no hagamos que crezca el abismo entre la sociedad y esta elite en la que se ha convertido el Poder Judicial y la clase política mexicana.
Tenemos que permear más la opinión de la sociedad, tenemos que hacer caso de lo que está pasando allá afuera, y no seguir en la burbuja de los privilegios y de la indiferencia total de lo que pase.
Le solicito, ciudadano presidente, se inscriba íntegro mi moción suspensiva y le de el trámite correspondiente. Por su atención de los que la ponen, muchas gracias, y de los que no, también muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: En virtud de la propuesta que ha hecho el senador Ricardo Monreal, consulto si hay algún orador inscrito para impugnar la propuesta de moción suspensiva presentada. En tal sentido, dado que no hay oradores que impugnen, pasaremos a la votación. Solicito a la secretaría consulte a la asamblea, en votación económica si se toma en consideración la moción suspensiva presentada.
-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: Consulto a la asamblea, en votación económica, si se toma en consideración la moción suspensiva.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La asamblea asiente).
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La asamblea no asiente).
No se toma en consideración, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: Se da por desechada la moción suspensiva presentada. Pregunto a la asamblea, a los señores integrantes de esta asamblea, si algún otro senador o senadora desea hacer uso de la palabra. En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal sobre el acuerdo presentado.
(Se recoge la votación)
-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: Señor presidente, conforme al registro electrónico, de votación, le informo que se emitieron 82 votos en pro, cero en contra, dos abstenciones; 83 con Castro Trenti, 84 coillermo Tamborrel.
-EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: Aprobado el dictamen que establece que los ciudadanos propuestos para el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplen con los requisitos de legibilidad.
Para dar cumplimiento al acuerdo aprobado el pasado 26 de noviembre nuestro siguiente asunto a desahogar será la exposición de los ciudadanos Luis María Aguilar Morales, María Luisa Martínez Delgadillo y Jorge Mario Pardo Rebolledo, propuestos por el Titular del Poder Ejecutivo Federal para el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución del Ciudadano Mariano Azuela Güitrón.
Conforme al acuerdo aprobado cada uno de los candidatos tendrá un tiempo máximo de quince minutos para su exposición y no habrá lugar a preguntas o interpelaciones por parte de los senadores.
En consecuencia, solicito a los ciudadanos senadores: Jesús Garibay García y Luis Maldonado Venegas, introduzcan a este salón al Licenciado Luis María Aguilar, y hago un respetuoso llamado a los señores senadores y senadoras para que ocupen sus lugares y estemos atentos a la exposición; y a nuestro equipo auxiliar y asesores les solicito suspendan llamadas telefónicas dentro del recinto y suspendan conversaciones bilaterales para tener las condiciones propicias para escuchar las exposiciones. (La Comisión cumple)
Ciudadano Luis María Aguilar Morales, a nombre del Senado de la República doy a usted la bienvenida a esta Sesión. Conforme al acuerdo aprobado hará usted uso de la tribuna para su exposición, hasta por quince minutos. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra. Adelante.
-EL C. LUIS MARIA AGUILAR MORALES: Con su venia, señor presidente.
Distinguidas señoras senadoras de la República; respetables señores senadores de la República:
Estar aquí por haber sido distinguido para integrar una de las ternas para elegir a quienes habrán de ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación me llena de orgullo profesional y me compromete a presentarme ante ustedes con absoluta lealtad institucional y transparencia.
La gran importancia que tiene la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como su legitimación constitucional y democrática se explica por la participación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la determinación de quiénes deban ser los miembros que conformen el Tribunal Constitucional Mexicano.
La función jurisdiccional federal ha sido siempre parte de mi vida. Nací oyendo del juicio de amparo, crecí comentándolo en casa, lo estudié por el amor que a él me inculcaron y me he especializado en la defensa jurisdiccional de la Constitución y los derechos que para todos consagra por absoluta convicción de hacer bien a México.
Todo porque mi padre fue como jurista un pertinaz enamorado del Poder Judicial de la Federación donde trabajó cuarenta años y me hacía ver el orgullo de pertenecer a esta institución, lo que ahora me hace sentir un gran compromiso con la función protectora del Tribunal Constitucional.
Cuando debí elegir la profesión a seguir puedo decirles que no tuve duda alguna en abocarme al estudio de la ciencia del derecho, y, sin más, absolutamente convencido, presenté examen de admisión en la Universidad Nacional Autónoma de México habiendo ingresado en febrero de 1969 a la Facultad de Derecho.
He tenido el privilegio de vivir día a día desde hace más de 35 años la impartición de la Justicia Federal, la que se hace realidad en cada caso concreto sometido a la potestad de los tribunales, esa que debe ser la justicia real y alcanzable, la que surge de la recta interpretación y aplicación de la norma jurídica suprema, la que sirve en la vida cotidiana y permite la convivencia social, la que hace prevalecer los derechos de los seres humanos frente a la autoridad y procura de la sociedad un ente organizado.
Experiencia que he obtenido desde los puestos más elementales en el Poder Judicial de la Federación como mecanógrafo, siendo estudiante, y posteriormente como Secretario, ya como abogado. Y si ello fue enriquecedor también lo han sido los más de 29 años en la alta responsabilidad de ser juzgador federal, primero como juez de Distrito, y los últimos 24 años como Magistrado de Circuito.
Como Juez de Distrito, en 1980, y más tarde como Magistrado, en 1985, y en muchos sitios del territorio nacional he conocido los más variados problemas sociales en casos penales, civiles, laborales, así como en la riquísima y amplia materia administrativa en la que destaca, sin duda alguna, la interesante y a veces compleja materia fiscal por su afinada técnica jurídica y por el frecuente planteamiento sobre constitucionalidad de leyes.
Tuve la oportunidad de participar muy de cerca en la implementación de la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación con motivo de las reformas de 1994, pues desde el encargo de Secretario General de la Presidencia y Oficial Mayor en la Suprema Corte pude incidir directamente en la conformación administrativa y presupuestal de lo que ahora es el Consejo de la Judicatura Federal.
Convencido de que las oportunidades son siempre aprovechables para bien, como funcionario de la administración de la Corte impulsé su modernización administrativa y tecnológica, pero especialmente pude conocer muy de cerca de su gente, desde el más sencillo trabajador, hasta cada uno de los ministros.
Ayer, 30 de noviembre, dio fin a mi responsabilidad como Consejero de la Judicatura Federal para el que me honró eligiéndome el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2004. Desde esa responsabilidad pude impulsar el mejoramiento de la carrera judicial, los concursos para la selección de jueces y magistrados, y las normas disciplinarias y de vigilancia, así como la transparencia del quehacer institucional.
Nunca antes las decisiones de los jueces han sido tan importantes, nunca antes la vida social y democrática ha encauzado tanto sus conflictos en decisiones a través de los procedimientos imparciales, autónomos e independientes que por antonomasia deben garantizar los juzgadores.
Así, los ministros de la Suprema Corte tienen la facultad constitucional como preservadores e intérpretes máximo de ella, de examinar los actos de autoridad para verificar su conformidad con los principios constitucionales y para lograr el debido equilibrio entre las funciones y responsabilidades que le han sido reservadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de forma que las decisiones de la Corte se alcen como una guía respetuosa de la gran responsabilidad social que a cada uno de esos otros poderes de la Unión corresponde.
Estoy convencido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo órgano jurisdiccional del país se encuentra obligada ahora, más que nunca, a mostrarse a la sociedad, a transparentar sus ideas, a demostrar públicamente las razones y motivos que la llevan a tomar una decisión.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta muchos retos derivado de los problemas que conoce como órgano jurisdiccional y de su compromiso por cumplir ante el pueblo de México con una justicia constitucional idónea, aquella que ofrezca soluciones a los conflictos sociales y que permita mantener, con base en el respeto, la colaboración entre los poderes, la excelencia en la prestación del servicio de impartición de justicia no es un mero ideal del discurso, sino que exige constituirse en la meta concreta y real que se debe perseguir continuamente.
Para ello es necesario cuidar la calidad de las resoluciones y favorecer la prontitud en su dictado, pero sobre todo, es necesario tener en la mente como juzgador, la convicción de que se sirve a México y que las decisiones, si bien resuelven las controversias, también propician el orden y la paz social.
Para mí, la Constitución es la norma condicionante que requiere ser entendida e interpretada de manera amplia, tanto por el Legislador como por el Tribunal Constitucional, es la norma que da sustrato de validez a la organización, a las facultades y a los ordenamientos que de ella derivan, con el claro objetivo de logra la satisfacción de las necesidades sociales, pero especialmente para en una conceptualización abierta, lograr su efectiva protección.
Son los derechos humanos, las garantías constitucionales la meta de mi ejercicio como juzgador, lo he hecho durante 30 años, como juez de distrito y como Magistrado de Circuito, y como Ministro de la Suprema Corte, podré ampliar mis posibilidades, si ustedes, señoras senadoras y señores senadores, así lo determinan.
Por ello, desde esta tribuna y de frente al Senado de mi paí, me comprometo a trabajar para garantizar la Supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para lograr la mayor amplitud en el significado y alcance de los derechos humanos y su más completa protección jurisdiccional. Estaré atento a los derechos humanos que están consagrados en los tratados internacionales que este Senado ha decidido y en el futuro decida ratificar.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, será un punto de inspiración y de reflexión permanente en mi quehacer jurisdiccional.
Es mi convicción que los derechos humanos deben ser protegidos invariablemente y sin condicionamiento alguno, mi compromiso es aportar y contribuir, mediante el ejercicio de una función jurisdiccional independiente, al orden de la República, a la paz social, a la protección íntegra y cabal de los derechos humanos, sociales, ecológicos e individuales, y lo asumo para hacer de ello mi meta permanente, mi compromiso es fortalecer la función jurisdiccional del alto Tribunal, especialmente en su tarea de control constitucional de las leyes.
También me comprometo, señoras y señores senadores, a resolver las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que se presenten con el fin de lograr el equilibrio que fortalezca la República mediante el respeto a la autonomía de las entidades federativas, de los ayuntamientos y del Distrito Federal, sin mengua de las necesarias competencias de la federación.
Ofrezco mi compromiso decidido con las mujeres, y en mi desempeño como juzgador, actuaré para lograr los objetivos de no discriminación, igualdad de oportunidades y de trata entre los géneros, del ejercicio de todos sus derechos y de una participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, sancionando con rigor la violencia de la que puedan ser víctimas.
Me comprometo a impulsar la reforma penal de junio del 2008, en la medida y en el ámbito de competencia de la Suprema Corte, pues considero que la aprobación de la reforma fue, sin duda un acierto de nuestro poder reformador de la Constitución y que merece todo mi respaldo, mis compromisos se darán, desde luego, dentro del marco de la transparencia, la rendición de cuentas y la comunicación entre el alto tribunal y la sociedad, reconociéndolos como factores que fortalecen la confianza de los mexicanos en la institución y con ello la legitimidad de sus decisiones.
Por ello, refrendo mi compromiso personal con la justicia en una defensa incansable por la protección de los derechos humanos, y ofrezco mi compromiso institucional para que el tribunal constitucional de México se mantenga a la vanguardia en esta defensa dentro del marco que la norma fundamental le asigna como órgano jurisdiccional.
Mi compromiso, en fin, es actuar con valentía y fortaleza contra la corrupción, cualquiera que sea su cara y asegurar el cumplimiento de la garantía sustancial, patrimonio de todos, contenida en el artículo 17 que manda una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.
Señoras senadoras, señores senadores, el Estado Mexicano evoluciona constantemente hacia la democracia y el estado de derecho, la Suprema Corte, como parte del Estado, debe evolucionar y prepararse para enfrentar las misiones que se agregan a la vida institucional de México, debe prever los retos que se avizoran en el horizonte nacional; el Tribunal Constitucional no puede ignorar los reclamos de justicia del pueblo de México, ningún juez puede serlo si no presta oídos atentos a los reclamos de la sociedad, los toma en consideración, los pondera frente a la norma suprema y toma la decisión que su conciencia le dicte como la mejor.
Estoy profundamente convencido del alto tribunal está obligado a tener una visión de estado, basada en la norma fundamental, para tomar la mejor decisión sobre la protección de los derechos humanos.
Mi vida profesional en el Poder Judicial de la Federación, ha sido una ruta de construcción de experiencias y conocimientos, alcanzar el alto sitial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si este Honorable Senado de la República, así lo considera, representa para un juzgador de carrera como yo, la realización y culminación de toda una vida consagrada a la impartición de la justicia constitucional, es lo que mejor sé hacer, es en donde más puedo ser útil a los demás, a mi comunidad, a mi país, a nuestro México.
Tengo la certeza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es cada día más elemento fundamental en la vida político constitucional de nuestro país, pivote en el equilibrio de los poderes de la Unión, máximo vigilante de los derechos humanos y con ello garante de la supremacía constitucional en tanto sustrato esencial del estado de derecho.
Estoy consciente de la gran responsabilidad que pretendo asumir, no me es extraña, soy juzgador federal de carrera, con absoluta transparencia ofrezco mi experiencia y el haber servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de la justicia como exige el artículo 94 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos.
Que mi experiencia y profundo conocimiento, no sólo del Poder Judicial de la Federación, sino también, y especialmente de las necesidades de los justiciables, que durante largos años he percibido como juzgador federal, puedan significarse como garantía de mis compromisos personales e institucionales, los problemas a los que enfrentamos son enormes y complejos, pero como lo ha señalado acertadamente el jurista italiano Luigi Ferrajoli, con independencia de nuestro optimismo o nuestro pesimismo, no existe otra respuesta a la crisis del derecho que el derecho mismo y no hay alternativas posibles a la razón jurídica. Este es el único camino para responder a la complejidad social y para salvar, con el futuro del derecho, también el futuro de la democracia.
Esa sería mi tarea en la Corte, proteger los derechos de todos, fortalecer la democracia y el equilibrio ante poderes y con ello trabajar para un México mejor.
Muchas gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: Muchas gracias por su intervención, ciudadano Luis María Aguilar Morales.
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