La readaptación y reinserción social fracasaron como consecuencia de la sobrepoblación en los penales y la ausencia de políticas en materia educativa, trabajo, deporte y salud para los internos, aseveró el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Humberto Benítez Treviño.
Refirió que la media nacional de sobrepoblación de los centros de reclusión es de 66 % y que en el Estado de México este índice alcanza 155 por ciento. Este tema, dijo, es uno de los aspectos que analizará la Comisión de Justicia para llegar a la reforma constitucional en materia penal.
En la reunión de la Comisión también se revisaron los lineamientos generales del Plan de Trabajo de este órgano legislativo que contempla, entre otros puntos, el seguimiento a la implementación del Sistema de Justicia Penal, el marco legal en materia de prevención del delito y la reinserción social.
Benitez dijo que con la reforma constitucional se cambio el concepto de readaptación social por reinserción social, "pero como no hemos modificado la realidad, las políticas en este sentido son un fracaso”, señaló.
Manifestó el legislador que para aterrizar las modificaciones en materia de justicia penal también es necesario establecer medidas alternas a la prisión preventiva, a fin de hacer realidad la presunción de inocencia. “La prisión preventiva está en crisis; por un lado con la reforma constitucional decimos que hay presunción de inocencia y por otro lado seguimos deteniendo para investigar; esto es una enorme contradicción”, subrayó.
“Si realmente vamos a presumir la inocencia tenemos que crear medidas alternativas y que la prisión preventiva sea la excepción y que la libertad la regla general”, concretó.
El diputado Camilo Ramírez Puente (PAN) propuso la visita a centros de reclusión de alta seguridad cada seis meses para verificar las condiciones en que operan, así como revisar los programas de readaptación social. También propuso que se apoye en materia económica y tecnológica a los municipios que muestran acciones firmes y contundentes en contra de la delincuencia en sus distintos órdenes.
Por su parte, el diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) dijo que hay coincidencias sobre la necesidad de trabajar en las reformas procesales y penales que se requieren y destacó que se tiene una oportunidad histórica para adecuar todas las leyes secundarias al respecto.
Al margen:
Humberto Benítez propuso hoy modificar y reglamentar la figura de testigos protegidos; "porque los testigos protegidos son delincuentes, llámesele como se le llame, son delincuentes" .
El diputado daseveró que urge revisar la temporalidad de las versiones de los testigos protegidos, adminicular los testimonios de éstos con otras pruebas que sean contundentes y eficaces.
Agregó que "hoy en día se detiene a una persona con los dichos, testimonios y versiones de un testigo protegido de hace diez años, ya que con tal de tener prebendas son capaces de acusar hasta el Papa de un delito grave" .
Editorial EL UNIVERSAL
Los riesgosos testigos protegidos
12 de diciembre de 2009
Hace poco más de un mes, este diario reportó las condiciones en las que vivía Édgar Enrique Bayardo del Villar, ex alto mando de la Policía Federal que confesó haber trabajado durante 20 años para organizaciones de narcotraficantes. Convertido en testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PRG), Bayardo del Villar —de nombre clave Tigre— consiguió que se detuvieran las acusaciones en su contra, la devolución de sus bienes y, además, una compensación de 50 mil pesos mensuales. En resumen, una cuestionable recompensa por haber abandonado el lado de los criminales para pasar a cooperar con la autoridad en una estrategia anticorrupción puesta en marcha el año pasado, la llamada “Operación Limpieza”.
A esos elementos que revestían de polémica al programa de testigos protegidos se suma ahora otro más: la seguridad de quienes se han incorporado en él.
Ayer, Bayardo del Villar fue asesinado en una cafetería del Distrito Federal. Dos sicarios vestidos de traje que entraron al local abrieron fuego en su contra y con ello también hirieron a su escolta y a una clienta. Su muerte, sin embargo, no ha sido la única. El sábado 21 de noviembre la PGR informó que Jesús Zambada Reyes, hijo del presunto narcotraficante Reyes Reinaldo Zambada García, El Rey, se suicidó ahorcándose en una casa que perteneciera al capo Amado Carrillo Fuentes, igualmente, en la capital del país.
Con dos testigos protegidos fallecidos en menos de dos semanas, cabe preguntarse cuáles son las garantías de seguridad con las que cuentan las personas que deciden unirse a este programa. La interrogante cobra mayor sentido si se voltea a ver los abundantes testimonios que consignan que en nuestros sistemas de detención y arraigo no predominan la ley y el orden, sino la corrupción. Si en ellos puede adquirirse todo tipo de privilegios —bebidas alcohólicas, cigarrillos, celulares o servicios de prostitución—, ¿por qué los grupos delictivos no podrían comprar la vida de alguien que considerarían un traidor o un soplón?
Aunque el uso de testigos protegidos sea legal en México como en otras 120 naciones, depender de ellos en el combate al crimen organizado encarna serios riesgos. Así lo evidencian las muertes de Bayardo del Villar y Zambada, ambos relacionados con investigaciones en torno del cártel de Sinaloa.
Dada la opacidad que impera en la procuración de justicia, la infiltración del hampa en las instituciones del Estado y el contexto de “guerra contra el narco” que vive el país, depositar tanta confianza en delincuentes arrepentidos resulta demasiado peligroso pues puede dar pie a seguir pistas falsas, inculpar inocentes o prestarse a venganzas entre grupos criminales. El asesinato de este martes es una señal más para que el gobierno federal revise la utilización de este recurso.
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