Combate al crimen: las alternativas

Combate al crimen: las alternativas

Una revisión no partidizada de los hechos tendría que conducir a preguntarle a Fox por qué no negoció él mismo con los cárteles o si lo intentó, como lo propone hoy, así como reflexionar sobre si una tregua o una amnistía son siquiera posibles.

Columna La bitácora del Director/Pascal Beltrán del Río

La escasa memoria, la simplificación, el sensacionalismo y la extrema politización que caracterizan a una parte importante del comentario y el análisis sobre la situación de inseguridad en el país han generado la creencia de que la violencia criminal que vemos en nuestras calles tuvo su origen únicamente en la decisión del presidente Felipe Calderón de desplegar a las Fuerzas Armadas contra la delincuencia.

Se puede discutir, y concluir casi sin problema, que las estrategias del gobierno federal han resultado ineficaces en el propósito de devolver la paz a los mexicanos e instaurar el respeto a la ley.

Cuando vemos cifras como las que presentó hace unos días la organización México Evalúa y nos damos cuenta de que la violencia no sólo no ha dado un respiro sino se ha extendido a entidades, como Aguascalientes, donde hasta hace poco era prácticamente desconocida, tenemos derecho a dudar del rumbo.

Lo que no se puede hacer, si se tiene mínimo de honestidad, es atribuir el origen de la violencia a este gobierno, y, peor aún, señalarlo como el principal responsable de masacres de civiles como las de Villas de Salvárcar (Ciudad Juárez), el ejido Plan de San Luis (Torreón), el rancho El Huizachal (San Fernando, Tamaulipas) y el Casino Royale (Monterrey). Hacer eso es politiquería y nada más.

Las declaraciones recientes del ex presidente Vicente Fox han contribuido a fortalecer la noción de que todo lo que estamos viendo tiene que ver exclusivamente con la llamada “guerra de Calderón”. Desde hace unos meses, Fox sostiene que el combate frontal a los cárteles no está dando resultados y que debemos pasar a una negociación con los criminales a fin de pacificarlos.

Lo único que se puede compartir con el ex mandatario es que dicha estrategia parece no funcionar. Es cierto que cuando se descabeza un cártel, le sale una cabeza nueva, o varias, con una lógica mucho más violenta.

Fox no puede alegar que la estrategia se inventó en este sexenio. Olvida que la espiral de violencia en la que estamos se incubó en los principios de su sexenio, con la escapatoria de Joaquín El Chapo Guzmán, y que cobró velocidad con el combate que libró su gobierno al Cártel de Tijuana —en 2002 mató a Ramón Arellano y capturó a su hermano Benjamín— y con la aprehensión de Osiel Cárdenas, el líder del Cártel del Golfo, en marzo de 2003.

Esos hechos condujeron, por ejemplo, a una mortífera disputa por la plaza de Nuevo Laredo, el principal punto de salida de mercancías mexicanas, legales e ilegales. El viejo entendimiento de las mafias locales fue trastocado por la llegada de Los Zetas, que fueron después enfrentados por Los Negros, del Cártel de Sinaloa, situación que el gobierno de Fox decidió combatir con el envío de centenares de elementos federales, en el marco de lo que se denominó Operativo México Seguro.

Por supuesto que las cifras de muertos en aquellos años no se acercaban a las que vemos hoy. Sin embargo, sí representaban una explosión frente a las de unos años antes. Recuerdo que en la revista que trabajaba yo entonces, la portada del 8 de noviembre de 2004 fue dedicada a “los mil ejecutados del narco”. Por primera vez en la historia reciente del país, habíamos rebasado esa espantosa mojonera en un solo año.

Tan sólo en Nuevo Laredo, la cifra de muertos en el primer semestre de 2006 casi se triplicó respecto de la del mismo período del año anterior, cuando fue asesinado el empresario Alejandro Domínguez Coello, el mismo día que se había hecho cargo de la policía municipal.

Pretender, entonces, que el sexenio pasado no se vivía una situación similar a la de hoy —a escala, por supuesto— es una insensatez. Una revisión no partidizada de los hechos tendría que conducir a preguntarle a Fox por qué no negoció él mismo con los cárteles o si lo intentó, como lo propone hoy, así como reflexionar sobre si una tregua o una amnistía son siquiera posibles o si, de serlo, arrojarían los resultados que todos esperamos.

¿Quiere decir eso que no existe otro camino que el propone el actual gobierno federal? No lo creo. La UNAM ha puesto su alternativa sobre la mesa y merece ser discutida, como sucederá esta semana. Asimismo, es evidente que no se ha enfrentado con el rigor suficiente las fuentes de financiamiento de los grupos criminales.

Lo ha dicho Edgardo Buscaglia, especialista en seguridad y crimen organizado: combatir a las mafias sin tocar sus fuentes de financiamiento equivale a querer cerrar un banco mediante la aprehensión de sus cajeros.

“Hay que neutralizar las bases económicas de estos grupos criminales. Eso quiere decir congelar sus activos, quitarles las flotillas de transporte, medios de corrupción política, centros de juegos de azar, compañías de construcción, empresas agropecuarias y galpones de almacenamiento”, recomienda Buscaglia.

Recientemente supe del caso de una plaza comercial en el municipio de Zapopan, Jalisco, cerca del Periférico de Guadalajara, donde los locatarios fueron visitados por supuestos miembros del Cártel de Sinaloa para informarles, que partir de la siguiente semana, todos los negocios del lugar tendrían que participar en el lavado de ganancias ilegales.

“Nosotros no somos como Los Zetas”, dijeron en tono condescendiente al gerente de una estética. “Aquí ustedes pueden decir que no y no pasa nada, sólo que tendrán que irse”, le advirtieron.

Me dicen que algunos locatarios aceptaron las condiciones —que implicaban ceder toda su contabilidad a los delincuentes— y otros optaron por cerrar. Al dueño de una tienda de ropa, que se plegó a las exigencias, le informaron que ya no podría surtirse con el mismo proveedor y que tendría que vender una marca que ellos controlan.

¿Cuánto sabe el gobierno sobre el blanqueo de las ganancias del crimen organizado? ¿Cuántos éxitos ha tenido en ese terreno? ¿Cuál es el papel de los casinos, como el Royale, en el lavado de dinero? ¿Sabrán las autoridades que el control de la venta de dólares estadunidenses ha sido burlado mediante operaciones en dólares canadienses?

Hace varios años que el gobierno presenta a criminales aprehendidos y cargamentos de droga confiscados como muestras de su éxito en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, la medida para millones de mexicanos es otra: la violencia que ven en sus calles, y que avanza, en alcance y saña, como lo ejemplifica el acto terrorista en Monterrey; las extorsiones de las que son víctimas incluso los negocios más modestos, y el miedo que cancela los rituales de los que está hecha la vida.

Hay una parte de este fenómeno que se combate con procuración de justicia, fomento de la cultura de la legalidad y el civismo, abatimiento del rezago educativo y generación de expectativas de futuro.

Pero la violencia que vemos tiene un sustento económico —que no escapa a quien haya hecho un repaso elemental del materialismo histórico—, y se ve casi imposible detener la lucha de los cárteles, entre ellos mismos y contra el Estado, sin afectar esa estructura.

El crimen organizado pelea por ganancias, busca rentabilidad. Mientras esas ganancias estén a la mano, podemos decir casi con certeza que la violencia no disminuirá, sino al contrario.

Sobre todo porque los criminales han rebasado los límites y ahora no tienen reparo en echar mano de tácticas terroristas. Un informe reciente de la consultoría Stratfor, elaborado antes del crimen atroz de Monterrey, indicaba que el Cártel de Juárez tenía la capacidad de fabricar un explosivo mucho más potente que el coche bomba detonado el año pasado en esa ciudad fronteriza y que sólo no lo habían usado por miedo a involucrar a Estados Unidos en el conflicto.

Como en todo, hay buenas noticias: la poca polémica con que pasó por el Senado y está a punto de aprobarse en la Cámara de Diputados la llamada ley contra el lavado de dinero.

Surgido entre una clase política plagada por el disenso y la polarización, esto da esperanza de que pronto se podría comenzar a afectar a los criminales en lo más importante: sus bolsillos.