Turismo depredador

Turismo depredador

Alejandro Gutiérrez

Revista Proceso # 1817, 28 de agosto de 2011;

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) tiene documentados 16 casos de millonarios proyectos de desarrollo turístico avalados por las autoridades ambientales mexicanas a empresas españolas de dudosa reputación, cuando no en franca bancarrota, como es el caso de Hansa-Urbana. Mediante una serie de documentos el abogado Agustín Bravo exhibe la red de complicidades que en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón tramó un despojo de playas contra habitantes de Baja California Sur, además de ser la causante de irreparables daños al entorno ecológico.

MADRID.- El abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) Agustín Bravo asegura que los gobiernos de Felipe Calderón y su antecesor Vicente Fox autorizaron la construcción de por lo menos 16 lujosos complejos turísticos-inmobiliarios en las costas de Baja California Sur.

Entrevistado a su paso por esta ciudad, Bravo asegura que ello significó la venta de una superficie superior a las 15 mil hectáreas en primera línea de mar de esa entidad: “Los proyectos son modelos depredadores, pues implicaron un enorme despojo (territorial) para los nativos, quienes literalmente perdieron sus playas”.

Además, advierte el litigante, quien vino al país precisamente a denunciar uno de esos proyectos, el de Cabo Cortés, que impulsa la constructora española Hansa-Urbana (Proceso 1764), es posible que los futuros comparadores sean defraudados porque, insiste, el esquema con el que operan los desarrolladores turísticos “es exclusivamente especulativo”.

Los gobiernos de Calderón y de Fox, dice el experto en temas ambientales, abrieron las puertas a ese tipo de inversión extranjera, aun cuando está ampliamente documentada “la falta de respeto (de las empresas de desarrollo turístico) a la biodiversidad en otras partes del mundo”.

Y aun cuando algunas están en bancarrota, como las españolas Martín-Fadesa o Hansa Urbana-CAM, el gabinete de Calderón sigue apoyándolas, sostiene el entrevistado, incluso exhibe al corresponsal una copia de la relación de los 16 proyectos elaborado por el Cemda.

El documento sólo menciona los que superan las 100 hectáreas, indica Bravo, y calcula que en total sumarían una inversión de 19 mil 334 millones de dólares. Además, menciona que hay cuatro proyectos más que no se incluyen en la lista porque Cemda aún no reúne la información suficiente.

En las copias proporcionadas a Proceso por el abogado destaca el proyecto Hacienda, ubicado en el municipio de Cabo, que fue autorizado al Fideicomiso Turístico S/K Cabo San Lucas Holding (F/014), que abarca sólo 10 hectáreas. Bravo afirma que es importante por el volumen de inversión, que supera los 330 millones de dólares.

En su documental de Carmina Valiente Baja All Exclusive. La otra cara de los desarrollos turísticos en Sudcalifornia, que se estrenó el pasado 20 de julio en la ciudad de la Paz, muestra el despojo del que han sido objeto los habitantes de la zona.

La dimensión del crecimiento planeado para los próximos 15 años no tiene precedente. En 2009, según el documental, había “45 proyectos” en esa entidad, la mitad de ellos contaba con permisos gubernamentales para iniciar obras. Todos tenían una extensión que oscilaba entre las 200 y las 4 mil hectáreas.

Bravo explica que, una vez que compran los predios ejidales, por lo general a precios de ganga, los desarrolladores gestionan el cambio de uso del suelo, privatizan las playas, diseñan maquetas para exhibir los futuros desarrollos y comienzan a venderlos a precios exorbitantes.

El problema es que nunca los construyen; y cuando llegan a hacerlo, los propietarios descubren las irregularidades pero ya no pueden hacer nada pues los desarrolladores ya migraron, dice Bravo.

El documental advierte que aun cuando Baja California Sur es una entidad con pocas fuentes de agua para consumo humano, muchas de éstas están siendo sobreexplotadas. En la actualidad hay 13 campos de golf en su territorio, que requieren de grandes cantidades de líquido para su manutención.

“Cada uno de esos campos tiene un consumo diario de agua equivalente al de 9 mil habitantes”. Y si se construyen todos los campos autorizados hasta 2020, esos campos de golf crecerán a 64 y su consumo de agua será equivalente al de 580 mil habitantes. La población actual de Baja California Sur es de 550 mil habitantes”, denuncia el documental de Carmina Valiente.

Cabo Cortés: foco rojo

En la lista del Cemda, el caso más notable es el de Cabo Cortés. El 6 de julio último, en México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revalidó la construcción del desarrollo inmobiliario-turístico sin considerar las advertencias de las organizaciones civiles por los daños irreversibles al litoral sudcaliforniano y al Parque Nacional Marino Cabo Pulmo que conlleva ese proyecto.

Al resolver el recurso de revisión 190/2011 que interpuso el Cemda contra la autorización otorgada por la Semarnat a la empresa Hansa Urbana, la dependencia se negó a recular, aun cuando el titular de la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari, también se lo había demandado (Proceso 1801).

La Semarnat otorgó la autorización a pesar de que en España era un escándalo la intervención del Banco de España a la Caja del Ahorro del Mediterráneo (CAM) el pasado 22 de junio por su “peor nivel de solvencia”.

Con esa medida, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tomó el mando de la administración de la caja, acordó inyectar 2 mil 800 millones de euros mediante la suscripción de acciones y otorgó una línea de crédito por otros 3 mil millones de euros de disponibilidad inmediata para asegurar su liquidez.

En su edición de 5 de mayo último, Proceso adelantó que la CAM estaba a un paso de la bancarrota y adelantó la posibilidad de que fuera intervenida por el Banco de España. Desde entonces estaba en entredicho el futuro del proyecto turístico de Cabo Cortés, no sólo porque la caja poseía 24.9% de la constructora Hansa Urbana, sino porque había otorgado diversas líneas de crédito.

El Banco de España reemplazó a todos los directivos de la CAM, incluida su directora, María Dolores Amorós, según publicó el periódico El País en su edición del miércoles 10 de agosto.

Ese mismo día, los responsables de Greenpeace en México y en España, así como las españolas Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) y Ecologistas en Acción, y el Cemda enviaron una carta al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la cual le instan a realizar una investigación a fondo de todas las inversiones y proyectos urbanísticos y turísticos tanto en Baja California Sur, en México, como en España, en este caso en Murcia y Valencia, principalmente.

La razón, advierten, se debe a que “la CAM ha sido desde hace años uno de los principales valedores de Hansa Urbana”. Según las organizaciones, luego de poseer 60% de la desarrolladora alicantina hasta diciembre de 2003, la CAM se desprendió de sus acciones para quedarse sólo con 24.9%.

Sin embargo, en mayo de 2011 un crédito fallido que la empresa no podía devolver y que fue a cambio capitalizado significó que la CAM aumentara su participación en Hansa a 30%.

En otra parte del documento obtenido por Proceso, los firmantes instan a investigar este hecho, porque “algunos medios de comunicación han señalado que los terrenos de Baja California Sur donde pretende construirse Cabo Cortés (3 mil 850 hectáreas) habrían pasado a ser propiedad de la CAM mediante la permuta de capital que, como hemos mencionado, se produjo en mayo pasado”.

Además, las organizaciones piden “incorporar al patrimonio de los estados y regiones afectadas las áreas costeras situadas en el entorno de espacios protegidos que se encuentran en trámite para su urbanización, y en las que Hansa Urbana promueve proyectos respaldados por la CAM”.

Y aun cuando aclaran que no pretenden juzgar la entrada de fondos públicos en una entidad privada debido a la mala gestión de ésta, insisten en que “la entrada de recursos públicos debe estar supeditada a que se pongan fin a estos excesos inmobiliarios y turísticos, destructivos en términos sociales y medio ambientales”.

Agustín Bravo sostiene que este caso, el más controversial, se debe a que, pese a las dificultades financieras de CAM y Hansa Urbana, la Semarnat revalidó la autorización, a sabiendas de que el proyecto afectará el Parque Nacional Marino de Cabo Pulmo, reconocido por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad desde 2005; tres años después incluso incluido en la lista del Convenio Ramsar para la conservación de humedales de importancia internacional.

“El mandato legal obliga a la Semarnat a proteger la biodiversidad y el área natural protegida del único ejemplo de restauración ecológico-marino en el país, pero aún así autorizan este proyecto fuera de escala, lo que representa un fraude a la ley y un vicio del acto administrativo. Son casos de esquizofrenia clínica, igual por la enorme presión de la Secretaría de Economía y de Proméxico para que se le allanen las cosas a esa empresa española”, comenta Bravo.

Y agrega: “Estos funcionarios se han convertido abiertamente en gestores de la empresa”.

Por lo que respecta a Hansa Urbana, en México, la empresa recurrió a personajes relacionados con el medio ambiental, como John McCarthy, quien fue titular de Fonatur en el gobierno de Vicente Fox (Proceso 1764); Raúl Arriaga, exsubsecretario para la Gestión de la Protección Ambiental, y Sergio Tavanski, quien trabajó también en Fonatur . Todos ellos “han enfrentado dificultades administrativas”.

Eso demuestra que la empresa tiene un sello de casa, como en España, al recurrir a la misma gestión soterrada de sus permisos con poca rendición de cuentas, que son modelos anclados en las década de los setenta, dice el abogado Bravo.

Los otros proyectos

En el listado de los polémicos proyectos destaca también el de Loreto Paraíso, de la inmobiliaria Fadesamex, S.A. de C.V. (filial mexicana del grupo español Martín-Fadesa), al que el gobierno mexicano autorizó la construcción de su mayor complejo turístico en medio de playas y acantilados en el municipio de Loreto, 350 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz, capital de Baja California Sur.

El proyecto autorizado para desarrollarse en 2 mil 900 hectáreas, con una inversión de 5 mil millones de dólares, incluía la construcción de 6 mil 500 viviendas de lujo, entre apartamentos y villas adosadas, además de 7 mil habitaciones distribuidas en hoteles de cinco estrellas, condo-hoteles y tiendas, así como tres campos de golf y una marina.

La constructora Martinsa, propiedad de Fernando Martín, expresidente del club de futbol Real Madrid, adquirió en marzo de 2007 el Grupo Fadesa, por un monto de 4 mil 50 millones de euros, que tenía presencia en Portugal, Marruecos, Francia, Rumania, Hungría y Polonia. El Grupo Fadesa ya contaba en México con un desarrollo turístico en Nayarit (Paraíso Litibú), y otros en San Miguel de Allende y en Guadalajara.

Pero con la enorme carga de esa deuda y el empeoramiento del escenario del sector inmobiliario en España, el 14 de julio de 2008 el grupo constructor se declaró en suspensión de pagos y solicitó a las autoridades acogerse a concurso mercantil para enfrentar una deuda que alcanzaba entonces los 8 mil millones de dólares.

Y con ello quedó en el limbo el proyecto Desarrollo Turístico Integral Loreto Paraíso, “grave situación en la que no repararon las autoridades mexicanas,” dice Bravo.

Iván Vela, representante de Fadesamex explicó que por los problemas financieros de la sede española, el proyecto de Loreto posiblemente vaya un poco más lento, según una nota del portal electrónico CNN-Expansión publicada un día después del anuncio de la bancarrota hecho en España.

Luego de la declaratoria de suspensión de pagos, Martín-Fadesa se enfrascó con el empresario Manuel Jove (antiguo dueño de Fadesa) en un cruce de litigios en tribunales españoles por la propiedad de los terrenos del proyecto en Baja California Sur.

En la lista está Fonatur, con los desarrollos Riviera Loreto y Puerto Escondido, que ocupan una extensión de mil 807 hectáreas con una inversión de mil 628 millones de dólares. Aunque las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) fueron rechazadas en un primer momento ante las autoridades ambientales mexicanas, “al parecer fueron con posterioridad autorizados o se pretende lo sean”, señala el documento proporcionado pro Bravo.

En 2007, el desarrollador Gram Armee del Cabo S. de R.L. de C.V. (Pueblo Bonito) recibió en 2007 autorización para el proyecto Cabo Pacífica en 750 hectáreas en la zona de Cabo, con una inversión proyectada en mil 422 millones de dólares. Algunos componentes del proyecto fueron autorizados con antelación.

El mismo año, la desarrolladora La Ribera S. de R.L .de C.V., recibió aprobación para el complejo turístico La Ribera, que incluye un desarrollo náutico y marina. El proyecto se prevé desarrollar en 360 hectáreas con una inversión de mil 236 millones de dólares.

En 2008, la Semarnat autorizó a la empresa Promociones Turísticas A.V., S.A. de C.V., la construcción del proyecto Costa Baja (Plan Maestro Costa Baja) en la zona de La Paz. La extensión es de 219 hectáreas con una inversión programada de mil 105 millones de dólares. El documento del Cemda señala que “etapas diversas del proyecto, básicamente lo relativo a su marina, área hotelera y comercial fueron autorizadas antes.

En el gobierno de Vicente Fox, en el año 2000, la dependencia autorizó a Marina La Playita para realizar su proyecto Puerto Los Cabos, en el municipio de Los Cabos, en 400 hectáreas con una inversión cercana a los 930 millones de dólares.

En 2006, el desarrollador Vista Serena (con un proyecto del mismo nombre) recibió autorización de la Semarnat, para construir su desarrollo turístico-inmobiliario en 605 hectáreas, con un monto de inversión proyectado en 923 millones de dólares.

El fideicomiso F/934 Deutche Bank México está al frente del proyecto inmobiliario Entre Mares, en 390 hectáreas en la zona de La Paz, Baja California Sur, con una inversión estimada en 903 millones de dólares. De este proyecto, el documento no precisa la fecha.

La Semarnat autorizó, el 12 de julio de 2006, el proyecto Chileno Bay, de la desarrolladora Chileno Bay Club, para construir en 512 hectáreas en la zona de Los Cabos, con una inversión que rondaba los 800 millones de dólares.

El proyecto de la empresa Las Colinas Polo & Golf Resort S. de R.L. de C.V. denominado Residencial Las Colinas del Puerto, en Los Cabos, fue rechazado en una fecha no especificada; aunque en 2009 fue aprobado. Este desarrollo de lujo se construye en 736 hectáreas con un monto de inversión de 750 millones de dólares.

Durante su gestión, Vicente Fox autorizó el proyecto Paraíso del Mar, propiedad de la empresa Desarrollos Punta La Paz, S. de R.L. de C.V., en una extensión de 504 hectáreas y con un monto de inversión estimada en 733 millones de dólares.

En 2007 se autorizó a Juandro Consultores, S. de R.L. de C.V., el proyecto Azul de Cortés en una extensión de 752 hectáreas en la zona de La Paz, con un monto de inversión de 500 millones de dólares.

Posteriormente, el proyecto fue comprado por la constructora de centrales fotovoltaicas Isolux-Corsán, propiedad del empresario español Luis Delso.

En 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón, la Semarnat autorizó a la División Fiduciaria de Banamex el desarrollo Seramai, que se pretende construir en 537 hectáreas del municipio de Mulegé, con una inversión de 426 millones de dólares.

Por último, el desarrollador turístico Legato Investments Saltito 1, S. de R.L. de C.V., recibió autorización para el proyecto del Desarrollo Turístico Residencial El Saltito, en el municipio de La Paz, en 709 hectáreas, con una inversión de 150 millones de dólares.

“Casi todos estos proyectos están parados o trabajando a su mínima capacidad, como Paraíso Loreto, Cabo Cortés, Vista Serena, Entre Mares, Chileno Bay o Semarai”, asegura a Proceso el abogado ambientalista.