En el Mensaje del Presidente Felipe Calderón también se dirigió al Poder Judicial, dijo:
"Al Poder Judicial, tanto en el ámbito Federal como en el estatal, le pido, también, respetuosamente un esfuerzo por revisar sus propias estructuras y sus integrantes.
No me cabe duda de la honestidad de la mayoría de los jueces y magistrados. Pero también es cierto que la impunidad rampante que se vive en el país obedece, también, a que por una u otra razón, los criminales no obtienen el castigo que merecen a la hora de ser juzgados. Se dice que es por la impericia de los Ministerios Públicos. Es algo que debemos revisar y, desde luego, corregir.
Pero también es posible que el poder corruptor de la criminalidad haya penetrado las estructuras judiciales que no están exentas de ese riesgo y es obligado revisar esa posibilidad. Al mismo tiempo, le pido que revise sus propios criterios, a fin de encontrar la manera de cerrar la brecha, una brecha que se abre cada día más, entre la existencia de un hecho criminal y los criterios jurídicos que hacen posible su castigo.
La distancia entre la verdad real y lo que se conoce como la verdad legal. A final de cuentas, la verdad real, la que preocupa al pueblo, es que esos criminales están en las calles sin castigo y todos estamos obligados a revertir esa impunidad.
Finalmente, le pido específicamente que revise las resoluciones judiciales que se hayan emitido o que permiten la operación de muchos establecimientos de esta naturaleza o de giros negros donde opera la delincuencia en diversas partes del país.
Hay otro tema que no puedo dejar de señalar.
Dentro de los muchos factores asociados a estos hechos criminales están las exorbitantes rentas económicas que sus actividades ilícitas generan. Eso los lleva a tener una capacidad de fuego y destrucción que no sólo desafía a la autoridad, sino que aterra y somete a la población.
La ambición por ese mercado tan rentable lleva a los criminales a una lucha asesina y bestial entre bandas del crimen, con actos tan brutales e inhumanos, como puede ser el caso, probablemente, del día de ayer....
La respuesta del Poder Judicial ese mismo día, a 26 de Agosto de 2011
Comunicado No. 40
El Poder Judicial de la Federación se une al luto nacional por los lamentables hechos ocurridos ayer en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y expresa su solidaridad con las familias afectadas.
Los impartidores de justicia están conscientes de que, en los momentos por los que atraviesa el país, la sociedad busca y debe encontrar mejoras en la impartición de justicia, y para ello refrendan su compromiso de seguir colaborando, en el ámbito de su competencia, con los Poderes Legislativo y Ejecutivo para dar respuesta a este legítimo reclamo.
En particular, en el nuevo escenario que se vive en nuestro país, generado por las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, de amparo y penal, que abren una nueva época en el sistema jurídico mexicano, en beneficio de la sociedad.
El Consejo de la Judicatura Federal reitera que como parte de sus acciones, en todo momento, revisa el actuar de los juzgados y tribunales federales, y atiende todas las quejas, debidamente sustentadas, que se presenten en contra de sus integrantes. (hasta ahí el comunicado).
***
Jueces transas.
Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político en Excélsior, 28 de agosto, escribe:
¿Por qué operaba de manera ilegal el Casino Royale?
"Hoy se sabe que un juez corrupto, también pariente de los dueños, permitía que funcionara el casino. ¿Y quien es ese juez? Se llama José Alfonso Solís, Magistrado del Tribunal de lo Contencioso, quien sirve de tapadera para otros siete, de 14 casinos irregulares en Monterrey. Los otros cuatro casinos “cachirul”, los protege Rogelio Cepeda Treviño, Juez Segundo de Distrito, con sede en Saltillo. Esos jueces corruptos son tan culpables como los criminales que lanzaron gasolina al casino."
También el Municipio de Monterrey acusa públicamente a los magistrados del Tribunal del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de ser corresponsables de la tragedia; concretamente a: Juana María Treviño, presidenta, y a Alfonso Solís Navarro (el mismo que habla el columnista de Excélsior y también cuestionado hace meses) y Aurora Gámez.
Sin embargo, el municipio debe presentar pruebas “debidamente sustentadas”, como dicen el comunicado de los Consejeros de la Judicatura Federal.
Un reportaje de la revista Proceso Firmado por Luciano Campo Garza, hoy 28 de agosto de 2011, señala que "el problema alcanzó niveles de tragedia con el crimen cometido por un comando el jueves 25 a las 3:48 de la tarde en ese centro de apuestas que funcionaba por “la complicidad de autoridades encabezadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo” (TCA) del estado, afirmó Fernando Larrazábal Bretón, alcalde de Monterrey (panista)...
"En el transcurso de la tarde, Larrazábal convocó a una conferencia de prensa para comenzar el reparto de culpas. Ahí se enlazó con las televisoras locales para presentar documentos con los que demostraba que el 4 de mayo había ordenado clausurar el Casino Royale por unos trabajos de ampliación que no tenían permiso municipal.
“En una exhibición de autoridades contrapunteándose públicamente, en medio del dolor generado por el ataque de la delincuencia organizada, el alcalde fue refutado al aire en una televisora local por la presidenta del TCA, Juana María Treviño Torres, quien responsabilizó al ayuntamiento al señalar que la tragedia fue provocada por Protección Civil municipal, cuyo personal debió revisar que hubiera puertas de emergencia (no las había).
Treviño Torres interrumpió la transmisión para aclarar que los propietarios del casino promovieron un juicio de nulidad para impedir que el lugar fuera cerrado y se les concedió la suspensión el 31 de mayo, pues nada les impedía remodelar el lugar.
"En medio del drama, Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador (PRI...) habló en televisión para decir que no era momento de buscar responsables..
Larrazábal señaló que los magistrados fueron engañados pues los empresarios querían agregarle 568 metros cuadrados de construcción al lugar que ocupa un área de 17 mil 423 metros, haciéndoles creer que estaban remozando. Señaló el alcalde que el 8 de junio solicitó al magistrado José Alfonso Solís Navarro que acudiera a hacer una inspección física, pero éste se negó.
La magistrada le contestó que la actuación de su colega fue dentro de la ley: “El Tribunal no abre casinos. Sólo califica, en este caso, lo que la autoridad estatal o municipal presente como actos o resoluciones apegadas a derecho; en este caso el municipio, en apariencia, actuaba de manera ilegal porque, al menos cuando se presenta la demanda, tenemos la versión de quien presenta el juicio en el sentido de que se trataba de remodelación”.
La funcionaria recordó que el Casino Royale operaba con autorización del municipio y de la Secretaría de Gobernación.
Al final del debate Larrazábal acusó directamente de la tragedia a los magistrados del TCA y a la Secretaría de Gobernación por entregar de manera desordenada permisos para la apertura de casinos. “A la Secretaría de Gobernación le hemos enviado dos exhortos por petición del cabildo y no han venido a Nuevo León a revisar los casinos...”
"Algunos de los establecimientos conocidos como giros negros operan en esta ciudad amparados por el TCA, integrado por tres magistrados que se han ocupado de permitir que 36 de estos negocios trabajen sin restricciones pese a la disposición municipal de clausurarlos.
José Adrián González Navarro, director jurídico del municipio, señala directamente a Juana María Treviño, presidenta, y a los dos magistrados de las salas ordinarias, Alfonso Solís Navarro y Aurora Gámez.
Monterrey enfrenta el mismo problema de San Pedro, donde el alcalde Mauricio Fernández ha acusado directamente a los mismos jueces de corruptos. En esta ciudad hay 12 casinos que operan contra la disposición municipal y gracias a los magistrados del TCA, dependiente del gobierno estatal.
Pero ahora el ayuntamiento debe enfrentar litigios fuera del estado, pues por lo menos un juez federal de Saltillo ya entregó amparos a casinos que el municipio ve como ilegales, una acción que el alcalde Larrazábal tacha por lo menos de sospechosa....
Agrega el reportaje que Mauricio Fernández promovió ante el Consejo de la Judicatura Federal que fuera suspendido Ricardo Hiram Barbosa Alanís, juez tercero de Distrito en Materia Administrativa en el estado, por haber entregado, indebidamente según el edil, un amparo a la empresa Entretenimiento de México y Producciones Móviles (Proceso 1810).
El juez fue suspendido a partir del 1 de junio y está sujeto a una auditoría. A partir de la sanción, los otros dos jueces en la entidad se inhibieron de entregar amparos para expedientes polémicos, como los de los casinos. Por eso, el particular que quería el amparo en Nuevo León tuvo que obtenerlo en Coahuila.
El 14 de julio, Monterrey clausuró tres casinos: Winland, Crowne y Miravalle. Al día siguiente bajó las cortinas de Foliati y California Palace. El 18 de julio San Pedro cerró el Alegre, que había cambiado su nombre a Golden Island. El ayuntamiento argumentó violaciones a la Ley de Hacienda de los Municipios.
Sin embargo, el juez segundo de Distrito con sede en Saltillo, Juan Miguel García Malo, otorgó una suspensión a los casinos Crowne, Jubileé y Viva México! en Monterrey. En San Pedro también le dio protección al Golden Island que, sin embargo, sigue clausurado por un recurso de revisión que interpuso el municipio.
El 22 de julio Larrazábal denunció que el juez saltillense pudo actuar en contubernio con los empresarios de las apuestas. Consideró que será complicado para el municipio litigar con jueces de otras entidades federativas.
Se quejó de la actuación de la Secretaría de Gobernación: “Es una burla para la autoridad del municipio. Para poder abrir un casino, uno de los requisitos es la anuencia de la ciudad donde se va a instalar. Pero es increíble que Gobernación les permita que operen de manera ilegal, violando las disposiciones locales. Cómo es posible que operen 12 casinos con el amparo de jueces o de Gobernación”.
Este mes el ayuntamiento regiomontano emprendió una limpia de antros en el centro de la ciudad. El lunes 1, inspectores municipales clausuraron el Bar Sabino Gordo, donde el 8 de julio fueron asesinadas 20 personas, entre clientes y empleados, por un problema relacionado con el narcomenudeo.
El ayuntamiento se basó en la investigación emprendida por la procuraduría estatal, en la que se comprobó que en ese lugar vendían drogas, motivo suficiente para el cierre definitivo.
El sábado 13, con el apoyo de más de mil policías municipales, estatales, federales y soldados, fueron clausurados 21 antros por diversas faltas administrativas. Cuatro de estos lugares fueron cerrados de manera definitiva.
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