Terrorismo… pero más impunidad/Ricardo Alemán.
Publicado en Excélsior, 28 de agosto de 2011:
- Además de los matarifes, la culpa es de empresas, jueces, gobiernos…
- Van por los sicarios, pero nadie se atreve a mencionar a jefes mafiosos.
Está claro que muchos comparten la emotiva definición que utilizó Felipe Calderón, para calificar a los autores del atroz crimen de Monterrey. Dijo que eran “terroristas”.
Durante años, se ha insistido que, a pesar de que la definición clásica de “terrorismo” pudiera no cazar, de manera puntual, con la fuerza y terror mostradas por las bandas criminales, lo cierto es que sus efectos cumplen su objetivo esencial; amedrentar hasta niveles de terror a la sociedad, en general, y exhibir las debilidades del Estado.
En efecto, hoy el jefe del Gobierno y el Estado mexicanos —y buena parte de las instituciones del propio Estado—, reconocen enfrentar fuerzas terroristas que, sin duda, deben ser combatidas con todo el peso del Estado.
Pero acaso lo más importante —y por ello digno de destacar—, es que el ataque al casino en Monterrey empieza a cambiar la percepción, generalizada, de que era incorrecta la embestida policiaca y militar lanzada contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Es decir, que una vez que la sociedad ha pulsado en carne propia la barbarie y el terror de que son capaces los criminales, no pocos de los que dudaban del uso de la fuerza pública, hoy estarían convencidos de que esos bárbaros y terroristas, no pueden ser combatidos con llamados a la reflexión, a la rendición, al mea culpa.
Queda claro que, frente a esa brutalidad y ante el elevado costo de vidas inocentes, no hay más remedio que el uso de toda la fuerza del Estado. ¿Quién, en su sano juicio, podría decir que no?
Todos coludos o todos rabones.
Sin embargo, existen evidencias que permite concluir que en la lucha contra el crimen y el narco, no es terrorismo, barbarie y brutalidad, todo lo que parece.
¿De qué hablamos?. De un asunto elemental, poco conocido, pero que explica extremos de terror como los que vimos en el Casino Royale. Vamos por partes.
¿Cuántos casos tiene registrada la autoridad federal, o las autoridades estatales y municipales, de negocios, fábricas, tiendas, antros, salones de baile, discotecas, concesionarias automotrices, bares y cantinas —y muchos otros establecimientos de distintos giros—, que han sido quemados como represalia por no pagar la cuota de piso, o por albergar o contratar a distribuidores de droga de bandas antagónicas. La lista es larga.
¿Por qué razón, entonces, en todos esos casos no se han producido tragedias como la del casino en Monterrey?
La respuesta es elemental. Primero, porque en muchos casos, los locales son incendiados en horas de la noche, cuando no hay empleados y menos usuarios.
Y, segundo, porque en otros establecimientos quemados por las bandas criminales, las personas pudieron escapar por las salidas de emergencia.
¿Qué hubiera pasado, si el Casino Royale, hubiese contado con los permisos de Protección Civil, si las puertas de emergencia hubieran estado en el lugar correcto y en condiciones óptimas de funcionamiento?
Es seguro que la quema del casino hubiese quedado como nota informativa menor, sin la pérdida de vidas que arrojó, a pesar de que los criminales habrían sido los mismos. Nadie hubiese dicho que se trataba de terroristas, y el miedo no habría llegado a los niveles que llegó.
Esa hipótesis nos lleva a la conclusión de que los empresarios dueños del casino, son tan culpables y terroristas, como los criminales que lanzaron gasolina y prendieron fuego. ¿Y quienes son los empresarios?
El socio mayoritario se llama Raúl Rocha Cantú, y sus socios Rodrigo, José Francisco y Ramón Madero, son nada menos que primos del jefe nacional del PAN, Gustavo Madero.
Y si se quiere ir más atrás, vale recordar que Santiago Creel autorizó el funcionamiento de casinos en 2005, y que no pocos militantes y gobernantes del PAN que, al final, resultan socios de las 26 empresas que poseen los 386 casinos que operan en México. Esos empresarios son tan culpables como los sicarios que lanzaron gasolina al casino.
Jueces transas.
Pero hay más. ¿Por qué operaba de manera ilegal el Casino Royale?
Hoy se sabe que un juez corrupto, también pariente de los dueños, permitía que funcionara el casino. ¿Y quien es ese juez? Se llama José Alfonso Solís, Magistrado del Tribunal de lo Contencioso, quien sirve de tapadera para otros siete, de 14 casinos irregulares en Monterrey. Los otros cuatro casinos “cachirul”, los protege Rogelio Cepeda Treviño, Juez Segundo de Distrito, con sede en Saltillo. Esos jueces corruptos son tan culpables como los criminales que lanzaron gasolina al casino.
Tampoco ahí acaba el asunto. ¿Por qué los sicarios llegaron tan campantes, a plena luz del día, a una concurrida avenida de Monterrey, en cuatro o cinco vehículos, sin que nadie dijera nada; sin que un solo policía, municipal, estatal o siquiera del casino, les marcara el alto?
También aquí todos conocen la respuesta. La policía municipal de Monterrey y la estatal de Nuevo León, están al servicio de los criminales. Por eso, no es descabellado señalar que los jefes policiacos, los policías, y otras autoridades municipales y estatales tienen una responsabilidad igual a la de los matarifes que lanzaron gasolina y prendieron fuego.
Hay más. ¿Por qué el ataque al Casino Royale, y no otra casa de apuestas, de las diez que operan de manera ilegal?
Dos respuestas parecen claras. Uno, porque el Casino Royale se negó o se habría negado a pagar la cuota de piso.
Y dos, porque el Casino Royale se habría convirtido en centro de distribución de drogas de otro grupo criminal, ajeno al grupo hegemónico.
Aquí la pregunta también es obligada. ¿Cuantos empresarios, del ramo que se quiera, pagan la cuota de piso a los criminales?
Cada uno de ellos que pague esa cuota, es corresponsable de que el crimen haya llegado a los niveles que llegó en Nuevo León y en Monterrey. Y es que pagar esa cuota, al final de cuentas es legitimar, por la vía de los hechos, no sólo el poder del crimen, no sólo el mando y el gobierno en manos de los criminales, sino actos terroristas como los que llevaron a cabo el pasado jueves en el Casino Royale.
Un “churro”, una bala.
La cadena de complicidad puede continuar en todas las direcciones, hasta llegar a cada una de las familias en donde alguno de sus miembros consume drogas o adquiere piratería. Cada “churro” de mota, “raya” de coca, producto pirata, es una bala, un rifle, el empleo de un sicario o matarife, como los del casino de Monterrey. Por eso la hipótesis de que todos, en mayor o menor medida, tenemos responsabilidad en el flagelo del crimen y el narcotráfico.
¡Que bueno que van contra los sicarios del casino! ¿Y los jefes de esos matarifes?
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