Descendientes de Lucio Cabañas, entre los 43 desaparecidos

Revista Proceso No. 1981, 18 de octubre de 2014.

Descendientes de Lucio Cabañas, entre los 43 desaparecidos/GLORIA LETICIA DÍAZ

A Guillermina Cabañas Alvarado, prima hermana del fundador del Partido de los Pobres (PDLP), Lucio Cabañas Barrientos, la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa le rea­vivó el dolor que carga desde hace más de cuatro décadas.

 No sólo es el recuerdo de la represión que sufrió ella misma, que la obligó a huir de la Sierra de Atoyac en 1974, ni la persecución feroz que sufrió toda la familia Cabañas ni el saldo de 150 víctimas de desaparición forzada durante la llamada “guerra sucia” en Guerrero.

 La herida volvió a abrirse porque en la lista de los 43 desaparecidos en Iguala hay dos descendientes de la familia del maestro rural que se alzó en armas. “Uno es Cutberto Ortiz Ramos, nieto de uno de mis parientes desaparecidos que se llama Felipe Ramos Cabañas, y otro es Bernardo Flores Alcaraz, con quien tengo parentesco por parte de mi madre, ambos son de San Juan de las Flores, Atoyac de Álvarez, mi pueblo”, dice Cabañas Alvarado.

 Reside en la Ciudad de México desde hace al menos 30 años, pero antes vivió a salto de mata para evitar las represalias por ser pariente de Cabañas Barrientos. Cuando su familia se enteró de que dos jóvenes de los suyos están desaparecidos, dice, “nos revivió el dolor y la impotencia. Todavía no sanamos la otra herida ni nos han hecho justicia, que es lo que hemos pedido, y ahora nos hacen esto”.

Cutberto Ortiz Ramos es bisnieto de Inés Cabañas Solís, prima hermana de doña Guillermina y Lucio Cabañas. El 9 de febrero de 1975, miembros del 27 Batallón de Infantería detuvieron a su esposo, Eduviges Ramos Cruz, y a los hijos de ambos, Marcos, Felipe, Raymundo y Heriberto, en Espinalillo, municipio de Coyuca de Benítez.

En su recomendación 26/2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cita un extracto del informe de la ahora extinta Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales en el que se asienta que esos cuatro detenidos fueron “privados de la libertad” por militares que los condujeron al Cuartel de Atoyac de Álvarez y posteriormente “los remitieron al Campo Militar Número 1”. Desde entonces no se supo nada de ellos.

La señora Guillermina Cabañas relata que su prima Inés “se hizo muy fuerte, a pesar de vivir en la pobreza y de haber sufrido muchas enfermedades”.

Recuerda con tristeza: “Inés murió hace dos años, a los 80, y siempre que me veía en Atoyac me preguntaba por sus hijos y su esposo. Yo la abrazaba y lloraba con ella. ¿Qué le podía decir? Y ella me decía que no se quería morir hasta no saber qué pasó con ellos; si ahora viviera mi prima estaría sufriendo al saber que su bisnieto y otro muchacho de la familia están desaparecidos”.

Para ella, el hecho de que sus parientes sean estudiantes de Ayotzinapa sólo prueba que su familia sigue en la pobreza: “Como ocurrió con Lucio, estos muchachos, como hijos de campesinos humildes, no tienen otra oportunidad para continuar estudiando más que el internado; muchos de mis parientes han estudiado en Ayotzinapa, han obtenido plazas de maestros y así han salido adelante”.

Durante la “guerra sucia”, la policía y el Ejército detuvieron a 150 miembros de su familia que comparten los apellidos Cabañas, Barrientos, Gervasio y Morales, “la mayoría hombres de entre 15 y 30 años”. Entre ellos estaba su hermano Humberto Cabañas Alvarado.

Pero también se llevaron a su hermana María Virginia, que murió “a consecuencia de las torturas” después de haber estado un mes detenida-desaparecida “en el Campo Militar Número Uno”, según supieron por las señas que les dio después.

En contacto permanente con los consanguíneos en Atoyac, Cabañas Alvarado acompañó a los que vinieron desde Guerrero a participar en la marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México el pasado miércoles 8:

“Vi a mucha gente en la marcha. Lloramos juntos porque ver todo esto me conmueve y me revive toda la represión que nosotros tuvimos en Guerrero, y que dejó muchos jóvenes desaparecidos, igual que ahora.”

Con voz entrecortada, señala: “Estamos viviendo la misma represión que hace 40 años, mientras vemos cómo el PRD, que se dice de izquierda, y en específico el grupo de Los Chuchos, está mezclado en toda esa porquería”.

Doña Guillermina dice que ha recibido amenazas de muerte del delegado de Coyoacán y miembro de la corriente perredista Nueva Izquierda, Mauricio Toledo. Sobre los asesinatos y desapariciones forzadas en Iguala, denuncia que “son crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado”.

Ella sabe lo que están pasando las víctimas y su gente: “Como familia que ha sufrido tanta persecución y acoso durante años, no podemos comprender por qué tanto coraje contra inocentes y gente humilde. Lo que pasó el 26 y el 27 de septiembre en Iguala no lo vamos a perdonar nunca, se tiene que luchar para que se esclarezcan estos crímenes, que se haga justicia, y lo más importante, para que los presenten vivos”.

Cruenta verdad

Las desapariciones forzadas que padeció la familia de Lucio Cabañas están documentadas en el Informe final de actividades de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad), presentado el miércoles 15 en Chilpancingo por los comisionados Hilda Navarrete, Pilar Noriega, Enrique González Ruiz, Nicomedes Fuentes García y Arquímedes Morales Carranza.

“Sin duda la familia Cabañas fue la más violentada en ese periodo; los integrantes de las diferentes ramificaciones familiares fueron víctimas de una política de exterminio y se vieron obligados al desplazamiento forzoso”, señala González Ruiz, exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y presidente de la Comverdad.

Aunque dada esa persecución “son muy reservados”, González Ruiz dice que durante la investigación “muchos familiares de Lucio nos dieron su testimonio. A toda la familia Cabañas la dispersaron, la marcaron para toda su vida. Hay personas de esa familia que tienen secuelas muy actuantes en su psique, de modo que la reparación del daño tiene que ser más integral”.

Cita el caso de Pablo Cabañas, hermano de Lucio y también egresado de Ayotzi­napa, quien fue detenido por la Brigada Blanca en Sonora, donde era profesor:

“Pablo estuvo retenido varios meses en un hotel de la Ciudad de México, donde tuvieron a la familia Cabañas sin permitirle la salida. Cuando Pablo fue liberado, había perdido su trabajo, su vida fue trastocada y nunca pudo recuperar su plaza”.

Para González Ruiz, “debe considerarse un plan específico de reparación del daño causado a la familia Cabañas y su descendencia, que ha sufrido una persecución brutal sólo por tener un vínculo sanguíneo con Lucio, por menor que sea”.

Sobre la violencia contra los estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos, el comisionado presidente advierte que “no es casual” que haya sido Guerrero el escenario de los ataques armados: “Es producto de una política de Estado y es producto de la impunidad: como no se castigan los crímenes, permanecen impunes y los perpetradores permanecen en el poder”.

El también investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM advierte que la del 26 de septiembre fue “una ofensiva en contra de intereses populares, y la escuela de Ayotzinapa está envuelta en un simbolismo porque ahí estudió Lucio, es un referente muy fuerte. La forma en que se expresó el expresidente municipal de Iguala, el señor (José Luis) Abarca, de que ‘a esos ayotzinapos alguien los contrató para hacer desmadre’, revela mala fe y predisposición contra los estudiantes”.

El informe presentado por la Comverdad en la sede del Tribunal Superior de Justicia del estado es producto de dos años y medio de trabajo. Contiene 409 testimonios de sobrevivientes de la “guerra sucia” y de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, quienes sustentan 512 casos que los comisionados califican como delitos de lesa humanidad.

Al complementar los testimonios con investigación documental en el Archivo General de la Nación, los integrantes del organismo autónomo creado por el Congreso guerrerense identificaron a 20 víctimas de ejecuciones sumarias, entre ellas una mujer; 238 casos de desaparición forzada, entre éstos16 de mujeres, una niña y otros 10 menores y 209 víctimas de desaparición transitoria.

La comisión también obtuvo información sobre 86 casos de desapariciones en los cuales los familiares presentaron denuncias, pero no obtuvo sus testimonios.

En el informe se asienta que entre las víctimas de desaparición forzada había cuatro profesores y 20 estudiantes universitarios. También se dice que se rescataron los restos de dos presuntos guerrilleros en fosas clandestinas.

González Ruiz considera que el documento que elaboraron los comisionados puede ser un instrumento para llevar el asunto de la guerra sucia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues acredita la guerra sucia de 1969 a 1979 y la responsabilidad de las autoridades:

“Hubo una represión sistemática y generalizada, dirigida por el Ejército mexicano, pero en la que participaron todos los niveles de gobierno, tanto municipales como estatales, y era una acción de Estado porque intervenían todos los podres de todos los niveles. Fue una acción en contra de un grupo de población que llegó a constituir genocidio y crímenes de lesa humanidad, que no han prescrito según la jurisprudencia internacional.”

Lo ocurrido en Iguala, insiste, “es un caso dramático que nos muestra que no se ha acabado la ‘guerra sucia’, que ahí está, y ahora con rasgos de más brutalidad. Al menos ahora la vemos en vivo y en directo”.

El viernes 17, la Comverdad entregó los expedientes elaborados a autoridades federales y de Guerrero, así como una lista de presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese periodo, a fin de que sean investigados.