Legisladores, y expertos coincidieron en la necesidad de reconocer a las víctimas de desaparición forzada y evitar que se repitan casos como el de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Hace unos días se presentó en San Lázaro el libro “Del asalto al cuartel Madera a la reparación del daño a víctimas de la violencia del pasado. Una experiencia compartida en Chihuahua y Guerrero”.
Las coautoras de la obra, Claudia Rangel Lozano y Evangelina Sánchez Serrano, reconocieron que detrás de los normalistas de Guerrero existe “un número impresionante” de desapariciones en todo el país, por lo que es indispensable que el Poder Legislativo analice normas que impidan se repitan estos delitos.
Los ilícitos contemplan detenciones sin orden de aprehensión, llevar a víctimas a cárceles clandestinas, usurpar su seguridad o mantenerlos ocultos.
La obra, publicada en coordinación con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y la editorial Juan Pablos, narra el episodio histórico de la llamada “Guerra Sucia” de los años 60 y 70 en México. También son autores Rafael Aréstegui Ruiz, Judith Solis Tellez y Gil Arturo Ferrer Vicario.
El coordinador del PRD, diputado Francisco Martínez Neri, indicó que el libro refleja nuestra historia con elementos teóricos, a fin de fortalecer nuestras convicciones. “Debemos reconocer a quienes entregaron su vida por una patria distinta, ellos deben ser referentes de lucha y esto es lo que en gran parte engloba esta producción literaria”, comentó.
La diputada por Guerrero, Lluvia Flores Sonduk (PRD), dijo que a la fecha no hay un censo oficial de víctimas desaparecidas, contraviniendo las recomendaciones de organismos internacionales, por lo que “necesitamos iniciativas referentes a la desaparición forzada”.
Anunció que próximamente presentará una reforma al Pleno del Congreso para prevenir este mal y luchar contra la impunidad.
A la fecha, continuó, no hay una reconciliación, concordia y reencuentro que se visibilicen en una ley o en una comisión que pueda acceder a todos los archivos sobre las víctimas de la llamada Guerra Sucia y las consecuencias que ésta generó.
“Es imprescindible reconocer y establecer medidas a favor de quienes padecieron persecución y violencia durante esta etapa, incluyendo el deber del Estado de poner en práctica políticas públicas que garanticen a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño”, afirmó.
Mencionó que “las heridas siguen abiertas y el dolor aún no se supera. “Es ineludible reconstruir la memoria histórica; sin embargo, sabemos las dificultades que esto representa, de ahí la importancia del trabajo de académicos y expertos quienes realizan una remembranza de los sobrevivientes”.
Del CESOP, Óscar Meléndez comentó que la publicación registra y narra los hechos de actores locales y regionales en las luchas por la tierra, el insumo, la maquinaria y el equipo, así como el acceso a los mercados para la venta de sus productos.
Estas luchas, destacó, son las mismas que 80 años después sostienen movimientos campesinos locales, regionales y nacionales por programas sociales y productivos por participación y reorientación del presupuesto para el campo, cuyos recursos continúan siendo destinados, en su mayoría, a los grandes productores y escasamente, entre 10 o 15 por ciento, a pequeños ejidos.
Respecto a los líderes agrarios, expresó que muchos fueron maestros egresados de las escuelas normales rurales y fueron considerados uno de los gremios más importantes de esos movimientos. Lo anterior “explica la situación de abandono que tienen buena parte de estos institutos, algunos de los cuales desaparecieron”.
El libro, agregó, señala que gracias a la lucha de movimientos como los ocurridos en ese periodo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce el delito de desaparición forzada, específicamente en el caso de Rosendo Radilla, detenido en un retén militar, el 25 de agosto de 1974, en Atoyac de Álvarez, Guerrero.
Esta sentencia puso en evidencia los grandes niveles de impunidad que arrastra el país al respecto, así como los grandes pendientes en el esclarecimiento de diversos delitos cometidos en el pasado y en el presente.
La académica e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y una de las autoras del libro, Evangelina Sánchez Serrano, dijo que al Poder Legislativo le corresponde analizar las normas, a fin de evitar que no se repita el delito de desaparición forzada, que implica muchos niveles de responsabilidad federal, estatal y local, como se vio en el caso de Ayotzinapa.
“Queremos visibilizar los múltiples casos de desaparición forzada que se han llevado a cabo en Guerrero, donde tenemos un total de 650 y en Atoyac, en particular, alrededor de 450. “El número sigue aumentando, a pesar de que no hay claridad”, acotó.
Subrayó que se quieren “invisibilizar” los datos, como parte de una política de Estado, para no reconocer el delito de desaparición forzada, desde que la CIDH registró el ilícito.
En su intervención, la académica e investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero y también autora del libro, Claudia Rangel Lozano, enfatizó que la desaparición forzada es una estrategia sistemática focalizada, primero, en algunos lugares del país, y a partir del 2000 se ha generalizado.
Destacó que el libro detalla casos de violaciones sexuales ejercidas por efectivos del Ejército mexicano en la década de los años 70 contra niñas (incluso menores de un año), mujeres y hombres. “Son muestra de la invisibilidad que se quiere hacer sobre ellos”.
También se documenta el tema de las cárceles clandestinas donde se ejerció tortura y violencia sexual, los casos del Campo Militar número Uno, ubicado en la Ciudad de México, y la Base Aérea Militar de Acapulco, así como el cuartel de Atoyac, Guerrero, donde las personas eran sometidas, a fin de obtener información.
“Son temas duros, pero aun es una realidad cotidiana en el país, por lo que no podemos dejar de denunciarlos”, afirmó.
El presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Adrián Ramírez López, precisó que la obra muestra denuncias, coraje, pasiones y reflexiones indispensables para retomar la memoria histórica y comprender lo que estamos viviendo en nuestros días.
Fuente: nota de La Cámara de Diputados/RED/LSN
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