Un
proyecto en ciernes: legalizar el cultivo de la amapola/José Gil Olmos
Revista Proceso # 2056, a 26 de marzo de 2016..
Mientras
en el estado de Guerrero ya fue presentada en la Legislatura local una
iniciativa de ley al respecto, en dependencias del gobierno federal circula un
meticuloso estudio cuyo título determina su trascendencia: Propuesta para la
legalización del cultivo de la amapola. Fines científicos y médicos, cuya copia
obtuvo Proceso. Basado en estadísticas duras y en análisis de organismos
nacionales e internacionales, el documento establece objetivos muy concretos:
abatir las ganancias de los grupos criminales, ayudar a los campesinos pobres
de las zonas de cultivo y, finalmente, proporcionarle alivio a los enfermos que
necesitan medicamentos derivados del opio, de palpable escasez y carestía en
México. La propuesta es provocadora y seguramente desatará debate interno y rechazo de algunos países extranjeros, pero
el plan ya está gestándose…
La
idea es legalizar su cultivo y aprovechar los plantíos ya existentes,
concentrados en al menos cinco entidades –Durango, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua
y sobre todo Guerrero— de las 13 donde la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) ha erradicado en los últimos dos años 15 mil 633 hectáreas de esa
planta.
Dice
el documento: un miligramo “de una tableta de sulfato de morfina debería costar
menos de un centavo de dólar, y el suministro para un mes se encuentra entre
1.80 y 5.40 dólares. Sin embargo, el costo de esta cantidad en algunos países
en vías de desarrollo oscila entre los 60 y 180 dólares. Incluso en países con
ingresos promedio de América Latina, el costo de un suministro mensual de
morfina puede alcanzar hasta el 200% del salario promedio de una persona”.
En
este sentido, señala que mientras en Estados Unidos el promedio de dosis
diarias de morfina es de 10 mil por cada millón de habitantes, en México es de
uno a cien por igual número de habitantes. Destaca que 90% de la población
mexicana con cáncer no tuvo acceso a medicamentos derivados del opio, por lo
que sufrió dolores severos.
De
acuerdo con información de la JIFE, el consumo per cápita de medicamentos
derivados del opio en México tiene una tendencia creciente desde 2000, cuando
el consumo era de 2.44 miligramos; para 2013 se estimó en 3.92 miligramos, lo
cual representa un aumento de 61%.
Pese
a esta necesidad creciente entre los pacientes con dolores moderados y severos,
la oferta del medicamento opiáceo en México es limitada, como ocurre con otros
países en vías de desarrollo.
Información
del Senado refiere que cerca de 28 millones de mexicanos experimentan dolor en
algún grado por distintos padecimientos; 30% de ellos sufren dolores graves y
60% no tiene acceso al tratamiento para aliviarlos.
La
demanda de medicamentos derivados del opio en México es de 19 mil 764
kilogramos, pero sólo estuvieron disponibles 482 en el mercado. Es decir, hay
una sobredemanda de 19 mil 282 kilogramos de medicamentos opiáceos, señala la
JIFE.
Precisa
el diagnóstico de los asesores del gobierno que para 2013 la cantidad
disponible de alcaloides del opio y sus derivados, así como de los medicamentos
derivados del opio sintético en el mercado mexicano, fue de 250 kilogramos, de
los cuales 35% es importado.
En
México –continúa– la disponibilidad a los medicamentos opiáceos es baja por
varias razones, entre ellas la complejidad de procedimientos legales y
administrativos para su obtención; la insuficiente información de los
profesionales de la salud que limita la prescripción y distribución; y la
resistencia de los médicos al uso del medicamento derivado del opio como opción
de tratamiento.
La
propuesta de legalización de cultivo de amapola prevé reformas a la Ley General
de Salud, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales
y la Ley General de Derechos, que en su conjunto van encaminadas a resolver
precisamente al primer punto: eliminar la maraña burocrática para acceder a los
medicamentos que calmen el dolor de los pacientes, pero esperando tener al
mismo tiempo un impacto en el manejo del opio y la heroína por parte del crimen
organizado.
Impacto
al crimen
En
2010, señala el documento, “las organizaciones criminales en México recibieron
aproximadamente 1.1 mil millones de dólares anuales por la producción y
trasiego de heroína hacia EUA (…) Dicho estimado se calculó con base en
encuestas de adicciones en EUA e información de precios en la frontera, así
como supuestos de la cantidad de amapola que se produce en México y la que se
emplea para trasiego (principalmente proveniente de Colombia)”.
#
Y
en Guerrero se adelantan/EZEQUIEL
FLORES CONTRERAS
Guerrero
es una de las entidades más violentas de México y es por culpa de una flor: la
amapola. Ésta se cultiva en gran parte del estado y de ella se extraen drogas
como la heroína, las cuales generan ganancias millonarias en el mercado
ilícito. Eso se disputan los cárteles en el territorio guerrerense y de ahí la
violencia exacerbada. No en balde ahora se empiezan a oír voces en la entidad,
incluido el propio gobierno del estado y la de quienes ya presentaron una
iniciativa de ley a nivel local, que demandan la legalización de esa planta
como una medida para abatir los índices de violencia y sacarle provecho
económico legal.
Chilpancingo.-
Luego de que su administración calificó la estrategia federal contra la
delincuencia como “desorganizada y poco eficiente” por no haber tocado los
millonarios ingresos y el lavado de dinero del narcotráfico, el gobernador
priista de Guerrero, Héctor Astudillo, planteó la necesidad de legalizar el
cultivo de la amapola con fines medicinales y científicos.
Astudillo
pretende así reducir la inseguridad y extrema violencia que se viven en la
entidad, fenómenos generados por la disputa que mantienen grupos
delincuenciales por el control de las zonas de producción y trasiego de droga.
Desde
el año pasado, reportes oficiales indican que el gobierno federal sabe que en
la Sierra de Guerrero ya no sólo se produce goma de opio, sino que los grupos
criminales se enfocan en la elaboración de la heroína blanca o China white, la
cual se exporta a Estados Unidos, donde es uno de los narcóticos de mayor demanda.
Un
kilogramo de China white tiene un precio en el mercado de 23 mil dólares; la
zona de la Sierra de Guerrero se ha convertido en el principal productor de
esta droga, procesada en laboratorios clandestinos en esta franja de la entidad
considerada la principal productora de amapola del país, indica un reporte
oficial de la Policía Federal difundido en febrero de 2015.
En
concordancia con la postura de Astudillo, Ricardo Mejía Berdeja, diputado local
por Movimiento Ciudadano (MC), presentó ante el pleno del Congreso de Guerrero
una iniciativa que prevé solicitar al Congreso de la Unión la modificación de
tres instrumentos normativos para legalizar el cultivo de amapola en la
entidad: la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de
Procedimientos Penales.
La
propuesta del coordinador de MC en la LXI legislatura local plantea una ruta
alterna con un enfoque sanitario del opio y sus derivados, para emplearlos como
analgésicos siguiendo “el modelo de éxito” de Turquía e India, con el argumento
de que la Organización Mundial de la Salud sostiene que los opiáceos son más
eficientes que otros fármacos para el alivio del dolor.
La
iniciativa –turnada a las comisiones de Salud y Justicia para que en los
próximos días se emita el dictamen correspondiente– abrió el debate sobre este
tema en esta entidad, que los reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) y de la Procuraduría General de la República (PGR) ubican como la
principal productora de amapola en el país y donde al menos nueve
organizaciones criminales tienen presencia y controlan las actividades
delictivas en las siete regiones, en contubernio con autoridades locales.
Por
su parte Rigoberto Acosta González, quien fue secretario de Desarrollo Rural en
el gobierno de Rogelio Ortega, considera necesario elaborar una estrategia
integral enfocada no sólo en la legalización, sino también en generar
alternativas de desarrollo para los campesinos productores de amapola;
argumenta que de las más de 18 mil familias que habitan en la zona de la
Sierra, 90% tiene relación directa con la siembra y producción de
estupefacientes.
En
los setenta, refiere, un grupo de sinaloenses trajo la semilla de la amapola a
esta franja de la Sierra Madre del Sur, que incluye 14 municipios de Guerrero,
donde hay 144 mil habitantes. Luego este cultivo –que resultó redituable para
los campesinos– se extendió a la región de la Montaña, habitada en su mayoría
por indígenas.
En
entrevista con Proceso, el exfuncionario propone abrir el debate para que
participen representantes de diversos sectores sociales; y también el Ejército,
para que explique las causas del crecimiento exponencial del cultivo de
enervantes en la entidad en coincidencia con las operaciones de
contrainsurgencia en la Sierra.
Al
respecto, dice que la estrategia de combate y erradicación de enervantes
dirigida por el Ejército se ha caracterizado por sus contrastes, ya que hay
zonas con fuerte presencia militar y otros puntos de la Sierra donde “el vacío
de autoridad es evidente”.
Acosta,
quien actualmente dirige la organización Consejo Regional de la Sierra de
Guerrero (Cresig), asegura que las políticas de gobierno han fomentado el
cultivo de enervantes en comunidades marginadas de La Sierra y La Montaña.
Explica
que desde hace más de una década al menos 90% del fertilizante subsidiado por
las autoridades estatales y municipales “es destinado a la siembra de amapola y
mariguana” en la entidad.
Al
respecto, Acosta señala que en 2004 alertó públicamente sobre el uso de este
insumo agrícola en el campo guerrerense, pero enseguida fue presionado por el
gobierno federal para “guardar silencio”.
Apenas
el pasado lunes 7 el gobernador Astudillo anunció durante un acto oficial que
la inversión total del programa estatal de fertilizante gratuito que ya se está
aplicando asciende a 393 millones de pesos para beneficiar a 265 mil
productores agrícolas de los 81 municipios de Guerrero.
A
este programa se le considera un negocio de las autoridades estatales y
municipales en turno, pues otorgan contratos millonarios sin licitar a empresas
particulares para la adquisición del fertilizante e inflan los padrones de
campesinos.
No
obstante, la mayor ganancia está en la producción de la goma de opio y en el
proceso químico para la elaboración de la heroína, cuyo precio se ha
incrementado de forma proporcional a la inseguridad, muerte y violencia en la entidad.
El
precio del opio
Hace
más de 10 años, en agosto de 2005 este reportero recorrió diversas comunidades
del Filo Mayor de la Sierra, donde entonces los sembradores de amapola vivían
ajenos a la confrontación que mantenían los cárteles de la droga por el control
de las zonas urbanas de la entidad, principalmente Acapulco.
El
kilogramo de goma de opio se cotizaba entonces en 10 mil pesos en temporada de
lluvias y 20 mil durante la sequía; esta cantidad ya procesada representaba 100
gramos de heroína en polvo.
De
una hectárea se recolectaban 15 kilogramos de un opio lechoso obtenido de la
vaina de esa flor conocida como “la más cara” o “la más peligrosa”; un plantío
puede aguantar de cinco a seis cosechas o “ralladas” anuales, explicaron los
productores en ese tiempo.
Ahora
el dirigente del Cresig afirma que, en un cálculo conservador, los productores
de opio en La Sierra generan al menos 105 millones de pesos cada tres o cuatro
meses.
Es
decir, un promedio de 400 millones de pesos anuales sólo en producción de goma,
que tiene un costo de 27 mil a 30 mil pesos por kilogramo, indica.
El
precio se eleva cuando la goma es procesada para producir heroína y su valor
sube hasta 7.5 u 8 millones de pesos por kilogramo. “Ahí radica el germen de la
delincuencia y el origen de la violencia” por el control de las zonas de
producción y trasiego de droga en la entidad, señala.
Agrega
que 90% de la heroína que se procesa en laboratorios clandestinos en la
entidad, va para la industria farmacéutica de Estados Unidos, donde se elaboran
calmantes derivados del opiáceo; sólo 10% se vende en las calles para los
adictos.
Acosta
señala que decidió hablar sobre las ganancias millonarias que genera la
producción de goma de opio y la elaboración de heroína en La Sierra, luego de
que el gobernador Astudillo lanzó la propuesta de legalizar el cultivo de
amapola para fines medicinales, porque en otro momento hubiera sido imposible
referirse a este tema.
Previamente,
Astudillo abrió el debate en una entrevista con Milenio Televisión, donde dijo
que “el problema de Guerrero está radicado en la violencia y desde luego en la
siembra de mariguana y amapola. Los estudios de seguridad, que no me invento
yo, señalan que mientras Guerrero siga siendo un productor de droga la
violencia va a seguir. Ahora la violencia está donde se siembra el producto.
Cómo Guerrero y cómo la federación debemos encontrar un mecanismo para
enfrentar estos hechos. Un asunto puede tener que ver con lo médico”.
Luego,
el titular de la Fiscalía General del estado, Xavier Olea Peláez, secundó
también en los medios el comentario del gobernador, cuya propuesta calificó de
“espectacular”, pues la elaboración y explotación de morfina podría generar
muchos ingresos a la entidad y al país.
La
iniciativa
El
jueves 17, el coordinador de la fracción de MC, Ricardo Mejía, presentó ante el
pleno del Congreso estatal una iniciativa para legalizar el cultivo de amapola,
argumentando que de esta forma se espera generar beneficios económicos para los
agricultores que la cosechan y se prevé que la producción se realice en lugares
donde ya existe un conocimiento de su cultivo.
De
esta manera se impacta, según Mejía Berdeja, en los ingresos de los grupos
criminales vía la alteración del precio de la materia prima y se permitirá que
los campesinos tengan opciones –alejadas de las mafias– para colocar sus
productos en el mercado.
La
propuesta de MC señala que ni los decomisos, detenciones de capos y
desmantelamiento de organizaciones han podido detener las muertes ni el
crecimiento exponencial de esta industria, y tampoco han reducido el
crecimiento del flujo de narcóticos prohibidos ni la crisis humanitaria que
viven los desplazados internos en el marco de la guerra contra el narcotráfico.
“La
entidad es la que más ha padecido esta situación, con más desplazados internos,
las tasas de homicidio más altas y el mayor número de casos de desaparición
forzada”, indica el diagnóstico de la iniciativa.
“Guerrero
ya ha pagado una cuota elevada de sangre ante la férrea postura del
prohibicionismo extremo que ha fracasado. Es momento de revertir los efectos de
la narcoviolencia y convertir una amenaza en una oportunidad”, expresó Mejía
Berdeja.
También
señaló que hay quienes sostienen que gran parte de la tragedia por la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa tiene que ver con “el tráfico
escandaloso de heroína” que tiene como epicentro la ciudad de Iguala. l
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