Revista
Proceso # 2056, 26 de marzo de
20016..
Ante las
desapariciones, Chihuahua bloquea a los forenses argentinos/Patricia Mayorga
Chihuahua
enfrenta una catástrofe de derechos humanos: sólo en el municipio de
Cuauhtémoc, al menos 350 personas han sido desaparecidas en los últimos años.
Pero el gobierno de César Duarte aseguró que durante su gestión sólo se ha
documentado un caso y fue resuelto. Como sea, los familiares de las víctimas
lograron que el Equipo Argentino de Antropología Forense acudiera a revisar los
restos de tres fosas. La administración duartista les puso condiciones
ridículas para laborar, los desprestigió y les impide trabajar.
CHIHUAHUA,
Chih.- El gobernador César Duarte Jáquez conoce desde 2011 que las
desapariciones forzadas en el municipio de Cuauhtémoc repuntaron, pero se
empeña en negarlo.
Así,
no ha ofrecido resultados a las familias de las víctimas, quienes desde 2013
crearon organizaciones civiles y solicitaron la presencia del Equipo Argentino
de Antropología Forense (EAAF), que ya había trabajado con el gobierno estatal
en el esclarecimiento de los feminicidios del campo algodonero en Ciudad
Juárez.
Pero
ahora la administración ha intentado evitar que los forenses intervengan, pese
a que inicialmente Duarte y sus funcionarios firmaron documentos en los que
aceptaron la petición.
En
enero pasado, Amnistía Internacional difundió la realidad de Cuauhtémoc, que
equiparó con la de Ayotzinapa: en los últimos cinco años al menos se han
perpetrado 350 desapariciones forzadas. El 26 de enero, el mandatario respondió
que durante su gestión sólo ha habido una desaparición forzada y está resuelta,
según se consigna en un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH).
El
deslinde fue recibido con indignación por las familias que durante años han
entregado evidencias e información que ayude a localizar a sus hijos, esposos y
hermanos.
En
entrevista, Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía, señala que lo que
ocurre en Cuauhtémoc es una muestra de la realidad que se vive en todo el país:
miles de desaparecidos y familias abandonadas, ignoradas por las autoridades.
Los
obstáculos
En
octubre de 2011 se localizó una fosa clandestina en el rancho Dolores,
Cuauhtémoc, con numerosos cadáveres calcinados. En noviembre de ese año se
hallaron más restos en El Montero (municipio de Cusihuiriachi), y en febrero de
2012 se detectó una tumba ilegal más en el poblado El Porvenir, del municipio
de Carichí.
Desde
que apareció la primera fosa, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
(Cedehm) solicitó la identificación de los cuerpos. Las autoridades les
indicaron que estaban quemados y no había tecnología en la entidad para
determinar quiénes eran.
El
25 de marzo de 2013, en una reunión con el Movimiento Estatal de Mujeres, unas
20 organizaciones de parientes de víctimas le solicitaron al gobernador
contratar a los especialistas argentinos, y aceptó.
Firmó
un acuerdo junto con otros cinco funcionarios. El tercer compromiso era:
“Realizar la gestión para la contratación de un equipo de forenses argentinos
respecto a casos presentados en la Zona Occidente de la entidad, concretamente
la situación de restos no identificados, informando de los resultados a las
familias de las víctimas, así como a sus representantes”.
La
segunda vez que las asociaciones se reunieron con el gobernador fue el 10 de
marzo de 2014, en Cuauhtémoc, donde le entregaron otra carta urgiéndolo a
concretar el convenio con el EAAF. Él firmó de recibido.
En
noviembre de 2014 las autoridades refrendaron el compromiso de traer a los
especialistas. Y el 3 de diciembre de ese año se pactó un plan de búsqueda,
según se lee en la minuta firmada por servidores públicos y tres representantes
legales de víctimas.
En
el punto cuarto acordaron: “Se establece que la mejor vía para la contratación
del EAAF es que ésta se realice en dos etapas: en la primera, se realizará la
identificación del ADN de los restos óseos calcinados de rancho Dolores, El
Montero y brecha El Porvenir, y los demás lugares que resultasen de una
información ulterior; y en la segunda, en caso de que el resultado de la
primera etapa lo amerite, se realizará un programa de toma de muestras
genéticas a los ofendidos, para lo cual se realizará una reunión informativa
con los familiares, así como una campaña de difusión en la zona con la
finalidad de obtener la mayor cantidad de información genética de familiares”.
Ruth
Fierro, abogada del Cedehm, explicó que ellos pidieron incluir a todas las
partes afectadas. “Era la única posibilidad para que se involucrara la mayor
cantidad de gente posible”.
Como
encargada de contactar al equipo argentino, la Fiscalía General del Estado
nombró a María del Refugio Dowz Torres, de la Dirección General Jurídica de esa
dependencia.
La
comunicación entre Dowz y la coordinadora del EAAF, Mercedes Doretti, fue por
correo electrónico. En un borrador del convenio enviado por la fiscalía,
Doretti encontró varios problemas.
Así,
respondió el 19 de noviembre de 2015: “Lamentablemente, observé con
preocupación que la mayoría de las solicitudes fundamentales para la
realización de nuestro trabajo, como el acceso a los expedientes
correspondientes, la libre selección de muestras óseas, la transmisión de los
resultados a los familiares de víctimas involucradas y sus representantes
legales, el diálogo con servidores públicos intervinientes en la investigación,
los plazos de trabajo, la reciprocidad en las cláusulas sobre obligaciones y
derechos de cada una de las partes, entre otras, han sido todas retiradas de su
versión en el contrato. En particular, la cláusula donde el gobierno prohíbe al
equipo compartir los resultados del trabajo con las familias involucradas y sus
representantes legales desafía el mismo propósito de nuestra intervención, toda
vez que estamos realizando este trabajo a pedido de ellos”.
El
último correo que el EAAF recibió de Dowz está fechado el 30 de noviembre. La
comunicación se retomó el pasado viernes 18, un día antes de que Doretti
viajara a Chihuahua para acordar los puntos del convenio, el pasado 19 de
marzo. El boleto ya estaba comprado y la cita acordada.
En
febrero, luego de la visita de Amnistía Internacional a Chihuahua, la fiscalía
comenzó a buscar a las familias, incluidos los representados por el Cedehm,
para que firmaran y permitieran procesar los restos, con el objetivo de que se
consiguieran resultados genéticos… pero sin ninguna obligación de informárselos
a los parientes.
Ante
esto, el Cedehm promovió nueve amparos para evitar que se “procesaran” los
restos mencionados, y varios juzgados federales les otorgaron la suspensión
provisional. También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió
medidas cautelares que se mantendrán hasta que peritos independientes los
analicen.
El
sábado 19, el secretario de Gobierno, Mario Trevizo Salazar, y la titular del
Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña, citaron a una reunión a
Mercedes Doretti y a representantes de varias organizaciones.
En
la junta, Fernando Romo Salas, padre de un joven desaparecido, denunció que la
coordinadora de agentes del Ministerio Público de la Unidad de hombres ausentes
de la Fiscalía Zona Centro, Marely Vianey Ochoa Torres, lo visitó a él y a sus
parientes para que firmaran la autorización de procesar los restos.
“Dijeron
que nos iban a ayudar pero era una mentira. Algunas de las personas de la
familia firmaron para que dieran resultados porque los presionaron. Me dijeron
que el caso de mi hijo iba a quedar rezagado por no firmar; fue a principios de
marzo. Ahora resulta que estamos todos divididos en la familia porque unos
firmaron y otros no”, detalló.
Albino,
familiar de los Muñoz, explicó que el día que los visitaron llegaron Ochoa y un
comandante para decirles que debían signar. “Les dijimos que estábamos
esperando a los antropólogos argentinos y nos dijeron que cómo les íbamos a
creer. Nos dijo: ‘Van a firmar o tu hijo se queda fuera’. Primero nos dijeron
que en 15 días tendríamos resultados y luego que en ocho meses”.
El
Cedehm demandó a la coordinadora del Ministerio Público porque en el documento
que les dieron a rubricar se incluía una renuncia a la coadyuvancia, es decir,
nadie los podría asesorar formalmente.
Doretti
hizo del conocimiento de Trevizo los correos que intercambió con Dowz y las
condiciones que le pretendían imponer. Le informó también que, un día antes de
su visita, la funcionaria le dijo que ya habían contratado a otros peritos y
que no requerían más de sus servicios.
Trevizo
preguntó por qué los expertos tardaron más de un año y medio en llegar a
Chihuahua, y Doretti explicó que primero fue por las polémicas condiciones que
querían imponerles y luego porque atendieron casos en Ayotzinapa, Tamaulipas y
Veracruz.
Luz
Estela Castro Rodríguez, directora del Cedehm, recordó al secretario que
pasaron tres años desde que se localizaron los primeros restos hasta que
solicitaron el trabajo del EAAF, y en ese lapso las autoridades estatales no
hicieron nada, por lo que no tiene sentido que se critique la demora de los
argentinos.
Acordaron
que el 1 de abril Doretti regresará a Chihuahua para firmar el convenio, ya
corregido.
En
entrevista, Castro Rodríguez acusa que el gobierno también impulsó una campaña
radiofónica contra familias y defensores: “Decían que cobrábamos a los
parientes. Dijeron que debido a que se expuso el caso a la luz pública ya no
van a invertir las maquiladoras. Responsabilizaron a las mamás de los
desaparecidos…”.
Problema
sistemático
Castro
informa que, de acuerdo con cifras oficiales, a la fecha hay cerca de 370 casos
de desaparición en Cuauhtémoc, “pero un alto funcionario, un exfiscal, nos
aseguró que hay 900 carpetas de investigación. Hay subregistro y ocultamiento”.
El
gobernador Duarte ha asegurado que el problema es que el alcalde de
Cuauhtémoc, el panista Heliodoro Juárez, no ha querido instaurar el mando
único como en otros municipios. Sin embargo, el diputado local Humberto Pérez
Mendoza reprocha que las autoridades estatales no tengan voluntad para
coordinarse con Seguridad Pública Municipal.
Tampoco
han atendido, abunda, una iniciativa presentada en septiembre pasado con el fin
de crear una fiscalía especial para personas desaparecidas.
videncias
escondidas
En
agosto del año pasado, la familia de Gustavo Parra Perea pidió llevar una
ofrenda floral a la fosa donde las autoridades encontraron sus restos, en el
rancho privado Providencia, propiedad de Julio Escárcega.
“Pero,
un día antes, el comandante Rocha mandó limpiar todo. Encontraron como 3 mil
restos y nadie dijo nada. Había cráneos, casquillos, embolaron todo y dejaron
limpio”, relató un agente estatal que pidió mantener el anonimato.
Cuando
la familia y los activistas llegaron, encontraron la tierra movida y todo
limpio. “Darinel, el director de la Policía Investigadora, le habló al segundo
comandante para darle la orden de Rocha. Le dijo: ‘Saquen esas osamentas porque
no quiero que encuentren evidencia’”.
Gabino
Gómez Escárcega, encargado del Área de Personas Desaparecidas en el Cedehm,
confirmó que el día que se iba a colocar la cruz del joven encontraron la
tierra movida y el terreno limpio, y preguntaron qué había sucedido, pero no
obtuvieron respuesta.
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