PRI, Gobiernos federal y estatal, ¿detrás de suspensión de cuentas?
Debate, 28 de enero de 2017
Culiacán, Sinaloa.- Una línea política marcada desde los gobiernos federal y estatal podría haber sido la causa de que el pasado jueves se llevara a cabo en Sinaloa la histórica suspensión de la cuenta pública del exgobernador Mario López Valdez, consideraron los analistas Tere Guerra, Roberto Soltero y Oswaldo Villaseñor Pacheco. Otros aspectos que pudieron determinar la votación son el desgaste del Congreso y el PRI, por los temas del gasolinazo y la poca credibilidad del Revolucionario Institucional.
Lo anterior luego de una mesa de análisis en la que participaron Héctor Ponce, periodista y autor de la columna Cuartel Político de EL DEBATE; Tomás Chávez, columnista de este medio; y José Luis López Duarte, expresidente estatal del PRD y analista político.
Los invitados comentaron aspectos clave para entender la decisión de los legisladores, motivada porque al PRI le urge ganar la credibilidad de un pueblo marcado por el descontento social por temas como el gasolinazo y el incremento al impuesto sobre nómina en Sinaloa. Martín Mendoza y Fernando Zepeda, columnistas de EL DEBATE, también fueron entrevistados vía telefónica respecto a este tema.
1.- ¿Qué pasó en el Congreso?
A lo largo de su participación, el expresidente estatal del PRD de 1995-1998 dejó en claro que la decisión tomada en el Congreso del Estado fue un evidente “cambio de actitud” entre partidos políticos que durante los últimos cinco años del gobierno de Mario López Valdez estuvieron aprobando las cuentas, pese a que “ya traían estas irregularidades”. Acusó de que históricamente no se ha sido lo suficientemente exigente en la petición de rendición de cuentas con los gobiernos pasados, y finalmente lanzó al aire la pregunta: “Dentro de un año, ¿se van a atrever a rechazar una cuenta del actual gobierno?”.
Para Héctor Ponce la respuesta es muy clara: “El PRI ya estaba muy desgastado, necesitaba un poco de credibilidad en el entorno social. Creo que se tomó la decisión con el presidente nacional del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, para la línea a seguir”. Asimismo, señaló que de no haber secundado la propuesta lanzada por los otros partidos, hubiera sido un punto en su contra.
Tomás Chávez, autor de la columna Ojo indiscreto de EL DEBATE en Los Mochis, agregó que de no haber sido suspendida la cuenta pública de Malova, “hubiera sido más difícil explicar por qué la aprobaron con tantas irregularidades”. No obstante, Chávez dijo que el resultado también pudo ser motivado por la venganza y la rendición de cuentas aplicadas por miembros de la Cámara de Diputados, y citó a Roberto Cruz y a Zenén Xóchihua Enciso. Asimismo, explicó que era el momento justo para que Ochoa Reza diera muestra de la campaña nacional anticorrupción que ha emprendido.
En tanto, los analistas entrevistados vía telefónica difieren con las opiniones aportadas en la mesa de análisis: “Por primera ocasión, el Congreso del Estado está asumiendo un rol que le corresponde”, exclamó Fernando Zepeda. Mientras que Oswaldo Villaseñor declaró: “La Cámara de Diputados actuó con responsabilidad, congruente con lo que la sociedad está demandando: transparencia y rendición de cuentas”.
2.- ¿Quién mueve los hilos en el Congreso?
José Luis López Duarte apuntó que es el actual gobierno estatal el que ha dirigido la suspensión de cuentas públicas de López Valdez, y lamentó que los diputados “no desarrollan sus decisiones en función de los análisis que hacen” y se presten a seguir una línea política establecida o a recurrir a una “vendetta política”.
Héctor Ponce declaró que desde que llegó la mazatleca Irma Tirado a la coordinación de los diputados del PRI se veía una clara intención de Quirino Ordaz de manejar el Congreso: “En el tema del impuesto sobre nómina (ISN) vi a Carlos Ortega, actual secretario de Administración, operando enfrente en donde llegaban los diputados. En las cuentas públicas por lógica lo debió haber operado Gonzalo Gómez Flores, secretario de Gobierno, y en esto de las cuentas públicas y los exgobernadores veo a Enrique Peña Nieto”, apuntó.
Tomás Chávez subrayó que el que el mandatario estatal dicte las decisiones parlamentarias es algo común dentro de la política: “Ahorita es el gobernador Quirino, igual que en el Congreso anterior el que daba la línea era Mario López”. No obstante, aclaró que previamente se debió consultar a Enrique Peña Nieto y al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.
La corrección que de último momento hizo la fracción del PRI para rechazar la cuenta pública de Malova pudo ser una orden directa de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario general de Gobierno, o una decisión de Quirino Ordaz luego de evaluar la presión social y el costo político que una eventual aprobación hubiera tenido para su gobierno.
Lo anterior es parte de las conclusiones de Roberto Soltero, Martín Mendoza y Tere Guerra Ochoa, quienes advirtieron la ruptura de cualquier acuerdo que pudiera existir luego del apoyo que López Valdez otorgó a Quirino al facilitarle parte de su estructura para la campaña en la persona de Francisco Córdova y Gustavo Zavala.
Mendoza y Soltero sugieren la posibilidad de que esta suspensión puede ser un golpe de Quirino para calmar las intenciones de Malova de mantenerse activo luego del festejo de cumpleaños que excolaboradores cercanos le realizaron en la ciudad de Los Mochis.
Esto porque el convivio, junto con la apertura de oficinas de Gerardo Vargas en Culiacán, fue visto por los analistas como una estrategia para mantener vivas sus aspiraciones políticas de cara al 2018.
En la idea del supuesto pacto, para Soltero es obvio que Malova se extralimitó y no cumplió en cuanto a mantenerse sereno y sin tanto protagonismo.
Martín Mendoza apuntó que si se trata de un golpe por el activismo de Malova, esto significa que se siguen aplicando las mismas formas, una venganza o un llamado de atención para que se aquiete, una vieja práctica que alimenta la política de odio, agregó.
Tere Guerra consideró que el rechazo de los diputados del PRI a las cuentas de Malova es una decisión tomada a nivel local tras evaluar el costo político que una posible aprobación tendría para el gobierno de Ordaz Coppel, cuyo discurso de toma de protesta giró en torno al combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas.
Villaseñor Pacheco agregó que la guillotina que está cayendo sobre el exmandatario fue impulsada por el descontento social que hay actualmente en México, además de los intereses de los partidos políticos, que “están buscando arrebatar esa bandera de combate a la corrupción, están cuidando su imagen y posicionamiento ante la ciudadanía, pero con la mira en el 2018”.
Lo anterior fue respaldado por Fernando Zepeda, quien explicó que por esta ocasión los diputados “antepusieron sus intereses personales y de partidos por las exigencias de la sociedad”. Sin embargo, aclaró que “nadie se chupa el dedo”, ya que generalmente el Congreso funciona “en relación directa con los intereses del gobernador”.
3.- Lo que viene
Los analistas concuerdan que debido al evidente interés que existe en el PRI por tener una buena imagen cuando lleguen las próximas elecciones presidenciales, se podría ocasionar que como mínimo el exgobernador de Sinaloa pase malos ratos en los próximos meses, similares a lo que han experimentado exmandatarios de otros estados acusados de malos manejos financieros. También ven difícil que el Congreso le autorice la cuenta del segundo semestre.
Ponce pidió no perder de vista el contexto nacional que indica que Peña Nieto está yendo sobre los exgobernadores sin importar el partido:
“Veo a Malova en un año en proceso o amparado, no creo que se libre”, dijo, y ejemplificó lo que ha ocurrido con Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León y amigo personal de Peña y el PRI; Javier Duarte, exmandatario de Veracruz, quien está prófugo; y Guillermo Padrés, exmandatario de Sonora, detenido.
Asimismo, calificó una sospechosa salida que tuvo el anterior presidente de la Auditoría Superior del Estado, Antonio Vega Gaxiola: “Yo nunca vi una justificación clara de por qué salió; me imagino que salió porque no pudo con todo esto”, a lo que Tomás Chávez concluyó “lo obligaron: él no quería irse”.
Tomás Chávez dijo que de existir pruebas, “se deberán fincar responsabilidades. La ley nacional anticorrupción se tiene que aplicar”.
López Duarte sugirió hacer mejoras en el tema de rendición de cuentas desde la raíz del problema, al momento de autorizar presupuestos: “Veo que donde fallan es en los cabildos y en los congresos. Los partidos son incongruentes e irresponsables”, exclamó. “Si realmente los diputados van a cumplir con esta encomienda, eso todavía está por verse, pero al menos la señal que se envió con una votación unánime de 35 votos es que están dispuestos, al menos en este arranque, a tener un poco más de cuidado”, acotó Guerra Ochoa.
Si habrá o no funcionarios sancionados, la abogada considera que sí habrá consecuencias, aunque dice no saber a qué nivel, por lo que consideró importante que la ciudadanía siga exigiendo en este tema: “Creo que hay un poco de temor porque a veces los gobiernos no quieren generar estos precedentes para no ser juzgados ellos también con este tipo de medidas”.
Sobre lo que en un futuro próximo podría suceder en torno al caso de la suspensión de cuentas públicas del exmandatario estatal, Fernando Zepeda y Villaseñor Pacheco concordaron en que “la suerte de Malova es una moneda en el aire”, al igual que la de sus fieles colaboradores Juan Pablo Yamuni, Jesús Marcial Liparoli y Aarón Rivas.
Finalmente, resaltaron que este es el momento justo para dar muestra del interés que los ediles tiene por la transparencia, e invitaron a dar seguimiento a la iniciativa que está en el Congreso del Estado para formalmente independizar a la ASE de la Cámara de Diputados.
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