El sueño anticorrupción se petrifica en el Senado

Revista Proceso # 2112, a 23 de abril de 2017.

El sueño anticorrupción se petrifica en el Senado/JENARO VILLAMIL

Mientras la corrupción desmesurada sigue carcomiendo la vida nacional hasta su médula, las distintas fuerzas políticas actuantes en el Senado de la República no atinan a aterrizar lo relativo al nombramiento del fiscal anticorrupción y otras reformas en la materia. Por tal motivo, era previsible lo que ya ocurrió: el aplazamiento del asunto para un periodo extraordinario de sesiones. La disyuntiva es: o un fiscal independiente con atribuciones amplias o uno que sirva de tapadera a más actos de corrupción del poder público.

Coincidente con una serie de escándalos de corrupción de funcionarios estatales y federales mexicanos que se ventilan en tribunales extranjeros y ninguno en los mexicanos (Tomás Yarrington, en Italia; Javier Duarte, en Guatemala; Emilio Lozoya y Odebrecht, en Brasil, y el fiscal nayarita Édgar Veytia, en Nueva York), el Senado de la República decidió posponer para un periodo extraordinario la elección del nuevo fiscal anticorrupción, que viene discutiendo desde octubre de 2016, así como la reforma al artículo 102 constitucional para eliminar el transitorio que le permite al actual procurador general de la República tener “pase automático” como fiscal general por nueve años.

Así lo admitió el pasado jueves 20 el presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero Morales, quien señaló que en un periodo extraordinario se analizarían la elección del fiscal anticorrupción, la modificación constitucional al artículo 102 y una nueva Ley Orgánica de la PGR.

“Yo creo que nos da tiempo perfectamente bien en ocho días o en nueve días tratar estos tres temas y que nos vayamos con un tema de procuración de justicia que es importantísimo para este país”, afirmó Escudero, senador del Partido Verde, en conferencia de prensa.

El coordinador de la fracción del PRI, Emilio Gamboa Patrón, desde el 26 de marzo insistió en que la bancada mayoritaria “no condiciona ni pretende cambiar” la ruta y el calendario para la elección del fiscal anticorrupción, en un claro mensaje a la oposición del PAN y del PRD.

“Respetar la ley y la ruta trazada para concluir la elección del titular de la fiscalía anticorrupción es una obligación del Senado, por lo que no debemos dilatar más este proceso…, prioritario para la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción”, puntualizó.

De acuerdo con los testimonios y la información recabados por Proceso en el Senado, el “atorón” para elegir al fiscal anticorrupción se gestó por las diferencias entre las bancadas del PRI y del PAN para que primero se reformara el artículo 102 constitucional, relacionado con el fiscal general, pero también por las presiones desde la Consejería Jurídica de Los Pinos, encabezadas por Humberto Castillejos, para que la Procuraduría General de la República (PGR) se adelantara al Senado ante la imposibilidad de tener un nuevo fiscal anticorrupción.

Esto generó otro “encontronazo” entre las bancadas del PRI y de la oposición cuando la procuraduría dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se crea una fiscalía anticorrupción y describe sus funciones.

Este acuerdo prácticamente limita las funciones más amplias de un fiscal que debería ser autónomo, según argumentaron legisladores del PAN, del PRD, del PT y de Morena.

Por ejemplo, la fiscalía sólo investigará y perseguirá delitos relacionados con hechos de corrupción, “con excepción de los cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de la República, supuesto en el cual se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica” de la PGR.

Según el documento, el fiscal contará “con el personal sustantivo especializado, directivo, administrativo y auxiliar capacitado para el debido cumplimiento de sus funciones” y podrá “disponer de los recursos humanos, materiales y financieros para el debido ejercicio de sus funciones”, pero no contará con un propio equipo de agentes ministeriales ni con sus propios peritos, ya que se “auxiliará” de la Coordinación General de Servicios Periciales.

Además de este bajo perfil del fiscal anticorrupción descrito en el acuerdo de la PGR, el Ejecutivo federal aún no ha enviado al Senado la lista de los 18 magistrados de las salas Superior y regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, incluyendo a los tres nuevos magistrados de la Sala Superior, que serán los responsables de juzgar los temas de responsabilidades administrativas en los casos de corrupción.

El excoordinador de la bancada perredista y actual integrante del Bloque Parlamentario Independiente, Miguel Barbosa, hizo un llamado al Ejecutivo federal para que envíe las propuestas de magistrados y esto no se haga vía fast track el último día del periodo ordinario (30 de abril) y esté conformada por “amigos e incondicionales”.

Para Barbosa, quien encabeza a 11 de los senadores que se salieron de la bancada del PRD, es necesario que se realice “una reforma constitucional, una nueva propuesta de ley de la Fiscalía General de la República, pero si no hay nombramiento del fiscal anticorrupción el Senado quedará en falta, porque el 19 de julio es la fecha límite para que el Sistema Nacional Anticorrupción quede totalmente integrado, y uno de sus elementos fundamentales es este fiscal”.

La actual coordinadora de los senadores del PRD, Dolores Padierna, advierte que el problema fundamental es el “diseño institucional” del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y del fiscal, ya que “al integrar figuras de este tipo en una instancia de persecución criminal lo desnaturaliza y lo abre a injerencias de orden político o de otro tipo distinto al de la mera investigación de conductas ilícitas.

“El perfil de la persona que encabece la fiscalía anticorrupción tiene que estar a prueba de cualquier interrogante, de cualquier cuestionamiento y, sobre todo, de cualquier filiación o vinculación con grupos de poder o grupos ligados a los partidos políticos, pues esto deslegitima su acción”, afirma Padierna al ser consultada por Proceso.

Padierna y la senadora Angélica de la Peña presentaron el 18 de abril una iniciativa proveniente de grupos de la sociedad civil que plantean reformar el 102 constitucional porque “de aprobar una fiscalía anticorrupción en las condiciones actuales, sería un fiscal sin dientes, formaría parte de una dependencia de la PGR, y sería casi un encargado de despacho por un año y siete meses que duraría esta fiscalía”.

–¿No ve condiciones para que este nombramiento se dé antes del 30 de abril?

–No, no veo condiciones ni siquiera ánimo en otros partidos políticos ni el tiempo suficiente. Debemos ir a fondo en el tema de anticorrupción, no contentarnos con la iniciativa de reforma presidencial que sólo evita o elimina la cláusula del pase automático para el procurador general. Eso es bueno, pero es insuficiente. Hay que ir a una reforma profunda del artículo 102 constitucional.

El PAN también presentó otra iniciativa de reforma a ese artículo, encabezada por el senador Roberto Gil Zuarth, y existe un predictamen en comisiones para reformar el décimo sexto transitorio del 102 constitucional, que cancela la posibilidad de que el actual procurador general, Raúl Cervantes Andrade, tenga “pase automático” para ser fiscal general, pero no se incorporan otros candados propuestos por el PAN y el PRD para garantizar la autonomía del fiscal.

“Dados cargados”

En medio de estas diferencias, en el último tramo para elegir al posible fiscal anticorrupción, renunció uno de los más fuertes aspirantes a esta posición, Bernardo Rafael Espino del Castillo, quien fuera coordinador general de delegaciones de la PGR durante 20 años, exdelegado de la misma dependencia en el Estado de México y actual director general de Profesiones en la Secretaría de Educación Pública.

La sorpresiva renuncia de Espino del Castillo, el 25 de marzo, se sumó a la de otros aspirantes que se consideraban “fuertes”. En su carta, el funcionario argumentó que esta posición debe estar sustentada en “la capacidad técnico-jurídico penal, necesaria para la gestión transparente y legal, sin que se vea afectada su decisión por cuestiones de carácter político”.

La renuncia de Espino del Castillo fue interpretada por legisladores del PAN y del PRD, así como por otros aspirantes a fiscal anticorrupción, como un llamado de atención en contra de la posible elección de Manuel Luciano Hallivis Pelayo, quien cuenta con el apoyo tanto de la actual titular de la Secretaría de la Función Pública, Aracely Gómez, como del consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, y su primo, el procurador general, Raúl Cervantes Andrade.

Hallivis Pelayo fue presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es abogado por la Universidad Iberoamericana, doctor en derecho por la UNAM y cuenta con el apoyo de la mayoría de los senadores del PRI.

El Comité Ciudadano de Acompañamiento presentó desde hace un mes la selección de sus cuatro finalistas: el propio Hallivis Pelayo; César Chávez Flores, exvisitador de la PGR; Espino del Castillo, que renunció, y el exembajador Miguel Ángel González.

Sin embargo, la Junta de Coordinación Política y el presidente de la Comisión Anticorrupción, el priista Héctor Yunes, afirmaron que tomarían en cuenta no sólo a los cuatro finalistas señalados por el comité ciudadano, sino a los 23 aspirantes.

Sistema incompleto y confuso

Sin fiscal nacional anticorrupción, sin magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y con sólo 16 de 32 entidades de la República que han conformado sus órganos locales dedicados a combatir la corrupción, el pasado martes 4 se echó a andar el Sistema Nacional Anticorrupción con un Comité Coordinador, encabezado por distintas dependencias federales, y un Comité de Participación Ciudadana, integrado por siete especialistas y presidido por Jacqueline Peschard.

El Sistema Nacional Anticorrupción fue diseñado como un “galimatías que no llegará a ningún lado”, según el senador Manuel Bartlett, del PT, quien argumentó que la corrupción y la impunidad “comienzan desde arriba, desde el presidente y el expresidente de la República”, que no podrán ser objeto de investigación bajo este sistema.

El Sistema tiene un Comité Coordinador que agrupa a varias dependencias federales, incluyendo a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública; un Comité Coordinador; una Secretaría Ejecutiva, y un Comité de Participación Ciudadana, también integrado por siete “destacados ciudadanos”.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción es un organismo descentralizado cuyo objetivo es dar “apoyo técnico” al Comité Coordinador y ser la encargada de la Plataforma Digital Nacional.

Además existe un Sistema Nacional de Fiscalización, integrado por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, así como por los organismos de fiscalización de los estados.

En el evento de instalación del Sistema Nacional Anticorrupción, realizado en el auditorio Antonio Carrillo Flores del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Jacqueline Peschard, exconsejera del IFE y excomisionada del IFAI, advirtió que “sin un pacto anticorrupción que involucre a todas las fuerzas y actores políticos del país enfrentamos el riesgo de replicar lo que ha sucedido en otros países de la región latinoamericana. Podemos caer en un ciclo interminable de revanchas y venganzas”.

Para varios de los aspirantes a fiscal anticorrupción, sería “inmoral” que finalmente se eligiera a un responsable sin autonomía, que sea servidor público actualmente y que tenga una cuota partidista. “Con la cuota partidista se violenta el espíritu anticorrupción, ya que sus designios serán dirigidos por acciones u omisiones”, comenta Ricardo Peralta, uno de los aspirantes y finalistas en el proceso.

Peralta considera urgente y posible que el Senado nombre a un fiscal anticorrupción aunque sea sólo por 18 meses porque este funcionario “será el referente nacional de todos los casos de corrupción que están siendo juzgados fuera del país”.

“Señalar que el actual procurador general de la República es el actual fiscal anticorrupción sería tanto como pensar que él también es el fiscal de delitos electorales o de delincuencia organizada y de todas las dependencias a su cargo”, comenta Peralta a Proceso en respuesta a las críticas de los senadores de oposición al acuerdo publicado por la PGR.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del PAN, Fernando Herrera, advierte que no se puede entregar al país un Sistema Nacional Anticorrupción “débil desde su origen, sino garantizar que la fiscalía especializada sea sólida, autónoma, fuerte, para que en breve periodo le rinda cuentas al país”.

“Una fiscalía anticorrupción sin autonomía garantizada sería un fraude a la nación”, sentencia Herrera, en cuya bancada también hay una división frente a la posibilidad de cambiar primero el artículo 102 constitucional o elegir el fiscal anticorrupción.