Revista Proceso # 2112, a 23 de abril de 2017.
Peña Nieto no se queda atrás…/
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
En las auditorías practicadas a las obras de la administración de Enrique Peña Nieto, la Auditoría Superior de la Federación detectó innumerables anomalías en el manejo de los recursos: pagos de más a contratistas, modificaciones de precios irregulares y pago de materiales que no correspondían con los requerimientos de las obras. De acuerdo con el órgano fiscalizador, más de la mitad de las erogaciones son dudosas o no se han comprobado. Pero ello no ha impedido que el mandatario se ufane cuando las inaugura.
Corrupción, negligencia y faltas reiteradas a la normatividad que rige la contratación de servicios y obras públicas son la marca distintiva de la administración de Enrique Peña Nieto. Tanto en la inauguración de alguna obra o la supervisión de su avance, donde él ha puesto pie en lo que va de 2017 afloran los vicios.
El más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el ejercicio fiscal 2015 refleja que las irregularidades van desde las faltas a la normatividad al elegir contratistas y proveedores de manera discrecional o sobrepagos reiterados por cientos de miles de pesos, a los daños patrimoniales multimillonarios.
Entre las apuestas del arranque del sexenio, el gobierno peñanietista promovió su Programa Nacional de Infraestructura (PNI) como el más ambicioso de la historia –con redes carreteras, nuevos desarrollos portuarios, aeroportuarios y ferroviarios, así como energéticos y turísticos– que prometía “mover a México”.
Temprano, a dos años de iniciada la gestión, los escándalos por conflicto de intereses y favoritismo a contratistas dieron la pauta de lo que viene ocurriendo en su administración. Primero fue la cancelación del tren México-Querétaro; luego vino el caso del acueducto Monterrey VI. En ambos proyectos participaba, entre otros bendecidos del régimen, Juan Armando Hinojosa Cantú, constructor y financiero de la llamada Casa Blanca.
De las obras emblemáticas del PNI que subsistieron a escándalos y restricciones financieras, algunas de tinte transexenal, Peña Nieto ha visitado este año las del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). El miércoles 5 realizó un recorrido, al final del cual expresó:
“Me siento muy orgulloso y me motivan los avances. Los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos de lo que estamos edificando. Esta será la gran puerta del mundo a México, la proyección de la grandeza y esplendor de nuestro país.”
En febrero pasado, la ASF emitió su informe anual y, tras la revisión de los contratos relacionados con el NAICM, detectó numerosas observaciones, pues, según el documento, desde su origen la obra se desarrolla con improvisaciones y opacidad, lo que ocasiona daños patrimoniales millonarios al erario.
De los lugares recorridos el miércoles 5, como se ve en las imágenes difundidas por la Presidencia de la República, según la ASF 407 carecieron de proyecto ejecutivo sobre camino perimetral, alumbrado y otras obras que provocaron un retraso. Eso se tradujo en incrementos tanto de presupuesto como de precios respecto del monto original de la obra en su primera etapa.
Dicha auditoría detectó, entre otras irregularidades, que en el desarrollo de las obras se realizaron pagos improcedentes por 41.7 millones de pesos (mdp); duplicidad de pagos en los informes por 49.1 mdp; además, no hubo comprobación de 85.3 mdp y, por si fuera poco, se pagaron 44.1 mdp por servicios que no se realizaron. Sólo con esa auditoría, la ASF plantea recuperar 143.5 mdp y considera que no está aclarado el destino de otros 85.3 mdp.
En otra auditoría, la 410, instruyó el inicio de dos casos de responsabilidad administrativa, pues en otras gestiones del mismo NAICM los servidores públicos a cargo no resguardaron archivos ni contaban con comprobación de gastos, aunque en ese caso no se estableció el monto.
En total, según las cinco auditorías relacionadas con el megaproyecto aeroportuario, sólo en 2015 –el año de arranque, que tuvo escasos avances– el daño patrimonial ascendía a 150 mdp y la duda sobre el ejercicio de otros 85 mdp.
Relumbrón y populismo
Para inaugurar el tren Turístico Puebla-Cholula, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle invitó al presidente Enrique Peña Nieto. El acto ocurrió el 23 de enero, su última semana de su gestión.
Peña Nieto y Moreno Valle –un expriista que aspira a la Presidencia de la República para 2018, bajo las siglas del PAN– intercambiaron elogios a la supuesta disposición con la que sus respectivos gobiernos trabajaron “sin sesgo partidista”.
El tren fue construido durante la gestión de Moreno Valle, quien contó con mil 300 mdp de presupuesto federal integrado por diferentes fondos. El dato es escandaloso.
Es factible que la cuarta parte de esos recursos constituyan daño patrimonial: la ASF pretende recuperar alrededor de 150 mdp por presunta “aplicación indebida” y otros tantos cuyo destino no está claro y debe comprobarse.
Entre lo identificado por la auditoría destaca el pago de más de 65 mdp en obras que no se realizaron. Y, dentro de las obras complementarias de agua potable, otro de 42 mdp que indebidamente pagó el gobierno cuando debió solventarlo la empresa que tiene concesionado el servicio. Hasta en lo más visible se incurrió en irregularidad, pues los dos trenes-tram –trenes tranvía– se cotizaron 42 millones de pesos por encima de su costo.
El tren Turístico Puebla-Cholula fue la primera obra inaugurada por Peña Nieto en 2017. Siguió con las instalaciones educativas castrenses que, como en el caso de un hospital militar en Nuevo León que debió inaugurarse el 19 de abril, no tuvieron observaciones de relevancia, excepto por un ligero llamado de atención a la discrecionalidad con que se adquieren insumos, sin estudios de mercado ni procesos de concurso.
El 21 de febrero el mandatario viajó a Nayarit para inaugurar la carretera Tepic-San Blas. Por esas fechas, su activismo y el de su gabinete en el Estado de México fueron objeto de críticas por la entrega de programas sociales y dádivas en vísperas del arranque de las campañas en esa entidad, en el que el PRI se pronunció por Alfredo del Mazo Maza, primo de Peña Nieto.
“Las obras y los resultados son la mejor respuesta ante voces que a veces son críticas”, dijo Peña Nieto en Nayarit, entidad donde el 4 de junio próximo también habrá elecciones para gobernador.
Por el ejercicio fiscal 2015 no hubo auditoría, pero en relación a 2013 se habían perdido 3.4 mdp, suma no tan elevada y que representa más de 2% de la obra que se empleó mal. Para 2014, el desfalco ascendió a 29.4 mdp; es decir, 12% de los recursos asignados al proyecto en ese ejercicio fiscal.
Las actividades que siguió Peña Nieto días después fueron la inauguración de un libramiento en San Luis Potosí y de un distribuidor Vial en Tuxpan, Veracruz, pero estos no fueron auditados por la ASF.
La estampa es conocida después de 12 años de ponerla en práctica: Peña Nieto ingresa, entre ovaciones de auditorio. Sonríe, cruza los brazos, los descruza; camina y señala a alguien entre la concurrencia como si lo conociera. O bien tiende la mano a un senecto, abraza a una mujer humilde. Antes de trepar a las gradas, posa para la selfie, se cuelga de andamios, besa a un niño y, después de los prolongados aplausos, porras, gritos y gesticulaciones, llega al sitial que el gobierno anfitrión le ha preparado.
Así sucedió el 10 de marzo último en Tecámac, Estado de México. El mandatario llegó a la localidad para inaugurar el Auditorio Metropolitano. El foro fue un reluciente galerón blanco y rojo, la mercadotecnia del color adoptada por el priismo mexiquense y el nacional.
Un mes después, las obras complementarias están inconclusas. El lugar se convirtió en centro de concentración de beneficiarios de programas sociales mexiquenses, y hasta la cónyuge de Peña Nieto, Angélica Rivera, acudió días después a repartir enseres domésticos en su reaparición pública.
A los colores y el uso del recinto debe añadirse otra marca de las administraciones mexiquenses: el gasto de 35 mdp sin comprobar. El monto de la obra creció 40%, al pasar de 430 mdp a 600 mdp y, pese a que debió terminarse en 307 días, la construcción duró 553.
El 22 de marzo fue a Acapulco, Guerrero. Ahí, junto con sus colaboradores presumió la inversión en obras de agua potable para resolver la problemática de ese municipio, pues “fue uno de sus compromisos de campaña”.
Sin embargo, una vez más, la ASF detectó malos manejos y un subejercicio presupuestal de 34 millones de pesos, la tercera parte de las trasferencias federales a Acapulco para obras de agua potable en 2015. Concluido el primer semestre de 2016, los recursos aún no se utilizaban y, al finalizar la revisión, los auditores detectaron que sí se usaron, pero con absoluta opacidad.
El mismo día Peña Nieto inauguró las obras del sistema de agua acapulqueño, así como la carretera Feliciano-Zihuatanejo, sobre la que no hay auditoría.
La agenda diplomática también sirve al gobierno peñanietista para la inauguración de obras. El martes 4, el primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen, acompañó a Peña Nieto a Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde una nueva terminal de contenedores inició sus actividades bajo concesión a la empresa Moller Maersk.
“El objetivo es aprovechar al máximo las características que hacen especial el puerto de Lázaro Cárdenas, al ser uno de los de mayor calado del mundo, con 18 metros de profundidad en su canal de acceso y 16 metros en la dársena principal, aunado a la inversión de la terminal”, presumió el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
Respecto a esas obras, por lo que toca a la inversión pública, la ASF dictaminó que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas no justificó la elección del procedimiento de adjudicación directa en favor de la contratista Dragamex.
La auditoría 405, correspondiente a esa dependencia por su ejercicio fiscal 2015, establece que no se acreditó la recuperación de un anticipo pendiente por 22.4 millones de pesos. Además, esa entidad gubernamental no fundó ni justificó la realización de una adjudicación directa a la empresa mencionada, cuando, de origen, se planteó el procedimiento de “invitación a tres o más personas”.
También se identificó un pago no justificado por 15.1 millones de pesos en obras de dragado que no correspondían a las líneas del proyecto; un “inadecuado control y seguimiento en la bitácora de la obra”; ausencia de informes sobre obligaciones ambientales y, finalmente, un pago de volúmenes indebido de material de dragado por un monto superior a 68.5 millones de pesos.
Un día después, el miércoles 5, Peña Nieto inauguró el Paso Exprés Cuernavaca, una vía rápida que quedó integrada al llamado Eje Carretero Veracruz-Acapulco, de casi 15 kilómetros, que acorta los tiempos de paso por la capital morelense.
Únicamente en 2015, la obra tuvo una inversión de 441.2 mdp. El caso es uno de los más graves de daño patrimonial de los inaugurados este 2017 por el mandatario: la ASF determinó que se deben recuperar 270.5 mdp y detectó gastos por 31.8 mdp no comprobados.
Y es que, como en ningún otro caso, las observaciones de la ASF reflejan que más de la mitad del presupuesto asignado a la obra tuvo un destino opaco, irregular y sin comprobación, cuya principal causa fue la autorización de pagos por 257.4 mdp por mano de obra, materiales y equipos de manera injustificada.
La lista de irregularidades sigue en montos más discretos hasta sumar los 270 millones de pesos, entre los que destacan sobrepagos a contratistas, modificaciones de precios irregulares y pago de materiales que no correspondían con lo que necesitaba la obra.
Ser contratista del gobierno de México puede ser un negocio sencillo, pues basta con que, en un caso como el del Paso Exprés, se pague con anticipación el trabajo, de manera que prácticamente no hay necesidad de invertir. Naturalmente, eso también fue observado por la ASF, pues resulta que por pagar de manera anticipada el país dejó de percibir 31.8 mdp de rendimientos financieros.
El recuento muestra que sólo no hubo indicios de corrupción en las obras que no se auditaron y que los montos de daño patrimonial corresponden únicamente al ejercicio fiscal 2015. Estas obras continuaron durante 2016, de manera que aún no es posible determinar a cuánto asciende el desfalco.
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