El legislador republicano Darrel Issa acusa al director de la ATF de no cooperar con las pesquisas sobre tráfico de armas y le fija un ultimátum
José Carreño Figueras/ EspecialIssa, presidente del importante Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, acusó a la ATF de no cooperar con indagaciones legislativas ya en marcha y demandó la respuesta a una serie de preguntas a más tardar el 31 de marzo próximo.
La operación Rápido y Furioso permitió el paso de casi dos mil armas a México con la idea de que agentes de la BATF identificaran a los principales traficantes, pero el intento fracasó y el operativo terminó con acusaciones contra una veintena de compradores de bajo nivel, en diciembre último.
En ese sentido, la sesión legislativa del 31 de marzo sera desarrollada por el Subcomité de Seguridad Nacional sobre Investigaciones y Supervisión de la Cámara baja con el título “El papel de la Seguridad Nacional estadounidense en la Guerra Mexicana contra los Cárteles de la Droga”. El foco principal será el porqué los agentes estadunidenses destacados en México no pueden usar armas.
Pero el presidente del comité, el republicano Michael McCaul, indicó la semana pasada que buscaría el análisis legislativo de las circunstancias que llevaron al proyecto Rápido y Furioso.
Técnicamente no hay delito que perseguir, pero el escándalo llevó ya a que varios legisladores republicanos, incluso Issa -que la semana pasada anunció también su intención de realizar audiencias sobre Rápido y Furioso-, y que el presidente del Comité Judicial, Lamar Smith, demandaran explicaciones del Procurador Eric Holder.
Pero Holder no había respondido a las interrogantes de Smith y el senador republicano Charles Grassley, que también se interesa en explicaciones, tampoco había logrado respuestas.
La postura de los republicanos tiene una razón ideológica: la mayoría de ellos son creyentes, de grado o por conveniencia política, en la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho a la posesión de armas y como tal, buscan constantemente vías para imitar el alcance de las funciones del BATF, la agencia encargada de combatir el tráfico de armas
La operación Rápido y Furioso permitió el paso de casi dos mil armas a México con la idea de que agentes de la BATF identificaran a los principales traficantes, pero el intento fracasó y el operativo terminó con acusaciones contra una veintena de compradores de bajo nivel, en diciembre último.
En ese sentido, la sesión legislativa del 31 de marzo sera desarrollada por el Subcomité de Seguridad Nacional sobre Investigaciones y Supervisión de la Cámara baja con el título “El papel de la Seguridad Nacional estadounidense en la Guerra Mexicana contra los Cárteles de la Droga”. El foco principal será el porqué los agentes estadunidenses destacados en México no pueden usar armas.
Pero el presidente del comité, el republicano Michael McCaul, indicó la semana pasada que buscaría el análisis legislativo de las circunstancias que llevaron al proyecto Rápido y Furioso.
Técnicamente no hay delito que perseguir, pero el escándalo llevó ya a que varios legisladores republicanos, incluso Issa -que la semana pasada anunció también su intención de realizar audiencias sobre Rápido y Furioso-, y que el presidente del Comité Judicial, Lamar Smith, demandaran explicaciones del Procurador Eric Holder.
Pero Holder no había respondido a las interrogantes de Smith y el senador republicano Charles Grassley, que también se interesa en explicaciones, tampoco había logrado respuestas.
La postura de los republicanos tiene una razón ideológica: la mayoría de ellos son creyentes, de grado o por conveniencia política, en la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho a la posesión de armas y como tal, buscan constantemente vías para imitar el alcance de las funciones del BATF, la agencia encargada de combatir el tráfico de armas
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