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Los olvidados de Guantánamo/LEONARDO BOIX


Los olvidados de Guantánamo/LEONARDO BOIX
Revista Proceso No. 1889, 13 de enero de 2013
INTERNACIONAL
A unos días de que Barack Obama asuma la presidencia de Estados Unidos en su segundo mandato, Amnistía Internacional le recuerda que no cumplió su promesa de cerrar la prisión de Guantánamo y de someter a juicio a los reos ahí recluidos. A pesar de que ésta y otras organizaciones documentaron la ilegalidad de las detenciones y las violaciones a los derechos humanos, aún permanecen en esa base militar 166 personas, la mayoría sin cargos concretos en su contra.
 LONDRES.- El 20 de noviembre de 2001 Mohamedou Ould Slahi fue instado por agentes de seguridad en Nouakchott, su ciudad natal, en Mauritania, para que se presentara ante la Agencia de Inteligencia de ese país. Así lo hizo y desde entonces permanece preso sin cargos en su contra y sin estar sometido a ningún proceso judicial.

 “Me encerraron en una prisión en Mauritania por aproximadamente una semana. Durante ese periodo, los agentes mauritanos no me interrogaron ni me hicieron preguntas. Me dijeron que eventualmente me trasladarían a Jordania. Quedé totalmente en shock y les pregunté por qué. Me dijeron que no era su decisión y que los estadunidenses le pidieron al gobierno de Mauritania enviarme ahí. Les dije que si éstos tenían algún cargo en mi contra, que me llevaran a Estados Unidos. En ese entonces –noviembre de 2001–, no existía la prisión de Guantánamo”. Así lo narró Slahi a la Corte Distrital de Washington, el 18 de agosto de 2009, en un documento desclasificado al que accedió Amnistía Internacional (AI).
 “El 20 de noviembre de 2001 me enviaron a Jordania. Me encarcelaron e interrogaron por ocho meses. En ese ese tiempo permanecí en una celda de aislamiento. La prisión era horrible. Nunca se me permitió ver a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja que visitaban la prisión cada dos semanas”, agregó el mauritano.
 El 19 de julio de 2002 Slahi, actualmente de 42 años, fue transferido a la prisión de Bagram, en Afganistán; dice que ahí lo sometieron a torturas y vejaciones. El 5 de agosto de 2002 lo trasladaron a la prisión de Guantánamo, en la que permanece detenido como “combatiente enemigo” bajo la llamada “ley de guerra”.
 Amin al-Bakri, de 44 años, es un ciudadano de Yemen que está bajo custodia estadunidense desde hace más de 10 años sin cargos en su contra ni proceso judicial alguno. Gracias a una solicitud de habeas corpus presentada ante la Corte Distrital de Estados Unidos el 15 de abril de 2011, se supo que el 30 de diciembre de 2002 a Al-Bakri lo secuestraron espías estadunidenses en Bangkok, cuando se dirigía al aeropuerto de la ciudad para regresar a Yemen luego de un viaje a Tailandia.
 Los familiares de Amin al-Bakri desconocían su paradero y no sabían si estaba vivo o muerto. Meses después de su detención recibieron una tarjeta postal con su letra, enviada a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, desde el centro de detención estadunidense de Bagram, en Afganistán.
 Antes de su transferencia a Bagram, Al-Bakri permaneció en reclusión durante seis meses en un centro secreto de la CIA. Ahí fue sujeto a torturas y vejaciones. En la actualidad se encuentra en el centro de detención estadunidense de Parwan, en la base aérea de Bagram, con vistas a su transferencia a Guantánamo.
 En un comunicado del 13 de mayo de 2011 en Washington, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dio a conocer que la liberación del yemení “depende enteramente de la discreción del Ejecutivo e incluye consideraciones diplomáticas, políticas y de seguridad nacional muy complejas”.
 Ilegalidad
 De acuerdo con Amnistía Internacional, entre los prisioneros de la cárcel de Guantánamo bajo la llamada “ley de guerra” hay personas que fueron arrestadas muy lejos de campos de batalla y en territorios que no están en guerra con Estados Unidos.
 Entre esos casos está el del argelino Belkacem Bensayah, en custodia estadunidense luego de que lo entregaron las autoridades de Bosnia y Herzegovina. Bensayah se encuentra cautivo en Guantánamo desde el 20 de enero de 2002, en un limbo legal y jurídico.
 A comienzos de 2002, el yemení Zakaria al-Baidany, también conocido como Omar Muhammed Ali al Rammah, fue apresado en los alrededores de Duisi (Georgia). De acuerdo con un documento desclasificado del Pentágono al que tuvo acceso AI, las “autoridades de Georgia” lo arrestaron. Lo metieron a una patrulla y se lo llevaron a un estacionamiento; de ahí fue transferido a otro vehículo y después a una bodega en desuso, sitio en el que permaneció por cuatro días.
 Después lo llevaron a otro lugar secreto donde lo sometieron a un examen, y luego a un aeropuerto y más tarde fue puesto en un avión. Cuando llegó a su destino un interrogador estadunidense le dijo que estaba en Afganistán. El yemení permaneció un año en la prisión de seguridad nacional afgana; el 9 de abril de 2003 fue transferido a la base de Bagram, y el 9 de mayo de ese año lo enviaron a la prisión de Guantánamo, en la cual permanece hasta ahora sin ningún proceso judicial ni cargos en su contra.
 Otro de los casos expuestos por AI es el del también ciudadano yemení Tofiq Nasser Awad al Bihani, arrestado a finales de 2001 por policías en las calles de Zahedan, en Irán. Luego de pasar varias semanas en poder de la policía iraní fue transferido a Afganistán. Desde diciembre de 2002 quedó bajo custodia estadunidense en la prisión de la base de Bagram. El 3 de febrero de 2003 lo enviaron a Guantánamo, y ahí permanece recluido sin cargos ni proceso judicial en su contra.
 Entre los casos más notorios de detenciones ilegales y extraterritoriales está el del pakistaní Saifullah Paracha, capturado por agentes estadunidenses en Bangkok, Tailandia, en julio de 2003. Permaneció durante un año en Bagram, Afganistán, antes de ser transferido el 19 de septiembre de 2004 a Guantánamo, en cuya prisión lo sometieron a tortura y malos tratos. Entre éstos se cuenta su reclusión por años en celdas de aislamiento, sin ningún contacto con el mundo exterior.
 Al keniano Mohammed Abdulmalik lo capturó en febrero de 2007 la policía de su país, que lo entregó a espías de Estados Unidos, quienes a su vez lo trasladaron a Djibouti. Después lo llevaron a Bagram, más tarde a un centro secreto en Kabul, y finalmente a Guantánamo, lugar en el que permanece sin cargos ni juicio desde el 23 de marzo de 2007.
 De acuerdo con investigaciones de AI, de 14 personas transferidas a Guantánamo el 4 de septiembre de 2006 por agentes de la CIA, 13 aún siguen privadas de su libertad. Fueron trasladadas originalmente desde Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Djibouti y Pakistán, todos ellos países que no están en guerra con Estados Unidos.
 Por ejemplo, el somalí Hassan Ahmed Guleed fue arrestado en su vivienda por agentes policiales de Djibouti en marzo de 2004; el malayo Mohammed Farik Bin Amin fue detenido en junio de 2003, luego de salir de una librería de Bangkok, Tailandia; el libio Mustafá Faraj al-Azibi cayó en manos de fuerzas especiales en Mardan, Paquistán, el 2 de mayo de 2005. Todos fueron transferidos a Guantánamo entre junio de 2003 y el 6 de junio de 2005.
Secretismo
En el informe Guantánamo: En su segundo mandato Obama debe corregir las fallas de derechos humanos, que AI dio a conocer en Londres, se destaca que el presidente estadunidense debe cumplir ahora y sin falta con la promesa que hizo el 20 de enero de 2009 de que cerraría el centro de detención de Guantánamo, así como asegurarse de que Estados Unidos libere a los detenidos o los someta a juicios justos.
El informe de tres cuartillas se difundió en vísperas del 11 aniversario de la primera transferencia de un detenido a la base estadunidense en Cuba y a unos días de que Barack Obama asuma su segundo mandato.
En la actualidad, 166 personas siguen detenidas en Guantánamo, de un total de 779 recluidas ahí desde 2002. La mayoría ha permanecido bajo custodia de máxima seguridad durante años y sin que existan cargos ni procesos judiciales en su contra.
Siete personas han sido condenadas por una comisión militar estadunidense, incluidas cinco que firmaron acuerdos prejudiciales bajo los cuales se declararon culpables, a cambio de ser liberadas de la prisión.
De los enviados a Guantánamo, seis enfrentan la posibilidad de la pena de muerte. Todos ellos fueron víctimas de desapariciones forzadas previas a su traslado a esa prisión, y sufrieron todo tipo de abusos y torturas.
Los seis detenidos son Khalid Shaikh Mohammed, a quien se le considera el “cabecilla” de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos; Mohammed al-Qahtani, un saudita que, según sus acusadores, planeó participar en esa acción terrorista; Ramzi bin al-Shibh, a quien se ubica como el intermediario entre los secuestradores de los aviones y la jefatura de Al-Qaeda y quien localizó las escuelas de entrenamiento para los pilotos; Ali Abd al-Aziz Ali, quien presuntamente envió 127 mil dólares a los terroristas y organizó los viajes de nueve de ellos; Mustafá Ahmed al-Hawsawi, que supuestamente colaboró materialmente con los planes, al proveer de dinero, ropa y tarjetas de crédito, y Walid bin Attash, señalado como el responsable de entrenar a dos de los secuestradores del 11 de septiembre y de colaborar en los planes de ataque.
Hasta ahora no se sabe dónde permanecieron detenidos los seis presos cuando estaban en poder de la CIA y cómo se les trató.
El 13 de diciembre último, el juez militar a cargo de los juicios por los atentados del 11 de septiembre de 2001, el coronel del Ejército James L. Pohl, firmó una orden para impedir que durante el proceso se difunda cualquier información. Con el argumento de que se trata de un asunto de seguridad nacional, también se impedirá que los juicios, que se efectuarán entre enero y febrero de este año, sean transmitidos por televisión.
Las causas militares de los seis casos se llevarán a cabo entre enero y febrero de este año en Guantánamo bajo el secreto más absoluto.
“La admisión de Estados Unidos acerca de que es un campeón de los derechos humanos no es cierta mientras existan las detenciones en Guantánamo, los juicios de comisiones militares, o la ausencia de transparencia y soluciones para abusos pasados cometidos por personal norteamericano, incluidos crímenes bajo la ley internacional de tortura y desaparición forzada”, destacó Rob Freer, investigador de Amnistía para Estados Unidos y autor principal del documento de la ONG británica. 
Veto
Luego de asumir por primera vez la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2009, Obama prometió que resolvería la cuestión de las detenciones de Guantánamo y cerraría esa prisión en un plazo de un año. También ordenó a la CIA que pusiera fin a los interrogatorios forzados y a otras técnicas de “persuasión”.
 Sin embargo, AI denunció que desde entonces el presidente Obama adoptó el paradigma unilateral y erróneo de la llamada “guerra global”, aceptando las detenciones indefinidas en ese contexto.
 Luego, en 2010, el mandatario anunció que había decidido que cuatro decenas de detenidos en Guantánamo no serían sujetos a juicio ni liberados, y confirmó que seguirían bajo custodia militar indefinida aunque no hubiera cargos en su contra.
 La administración Obama también impuso una moratoria a la repatriación de detenidos yemeníes, y sostuvo que 30 de esos presos serían mantenidos bajo custodia “condicional” debido a las “actuales condiciones de seguridad en Yemen”. Esa moratoria sigue vigente hasta ahora.
 El gobierno de Estados Unidos responsabilizó al Congreso por no cerrar la prisión de Guantánamo. Manifestó que éste bloqueó en repetidas ocasiones la intención de las autoridades de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
 En dos ocasiones, en 2009 y en 2010, el Congreso prohibió el uso de fondos públicos para llevar a los presos de Guantánamo a cualquier otro territorio del país, en especial después de las elecciones parciales en las que los republicanos se situaron con mayoría en el Congreso, lo que impidió el cierre del centro.
 El 18 de noviembre de 2010 se trató de juzgar en territorio estadunidense a Ahmed Ghailiani, quien fue absuelto de 284 de los 285 cargos con que la fiscalía lo acusó. Además, fue exonerado del principal delito de terrorismo. Este caso, primero y único de juicio civil a un preso de Guantánamo, paralizó cualquier otro intento.
 Tras el veto del Congreso por segunda vez al traslado de presos, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, partidario de someter a juicio civil a los cinco principales detenidos de Guantánamo, entre ellos Khalid Shaikh Mohammed, renunció a su idea y fijó los cargos para que a éste lo juzgara una comisión militar en Guantánamo.
 Pese a sus promesas, el 2 de enero de 2013 el presidente Obama firmó la Ley de Autorización de Defensa Nacional, al tiempo que criticó partes de esa legislación que obstaculizan de manera permanente la resolución de casos de detenidos en Guantánamo.
 Con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, esa ley autoriza un presupuesto de 662 mil millones de dólares para gastos de defensa y da poderes al ejército para detener a cualquier ciudadano estadunidense o de otra nacionalidad por tiempo indefinido y sin la orden de un juez.
 Para AI, sin un cambio real de políticas, la adopción del concepto de “guerra global” por parte de la administración Obama “significa que incluso si se cerrara Guantánamo las detenciones ilegales simplemente serían relocalizadas en lugar de terminarse de una vez y para siempre”.

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