Columna La Estación de Gerardo Galarza/La
lana
Excelsior, 20 de julio de 2014
El
repudiado financiamiento público a los partidos políticos mexicanos es
consecuencia de la Reforma Política de 1977 y adquirió sus características
actuales para las elecciones presidenciales de 1988, que a la postre resultaron
las más cuestionadas de la historia electoral del país.
En
su momento, su aceptación no fue total. Hubo quienes entonces, como ahora, lo
cuestionaron, fuera y dentro de los partidos políticos. En el PAN, por ejemplo,
fue una de las causas de la escisión de militantes y dirigentes, que incluyeron
inclusive a exlíderes y excandidatos presidenciales, a secretarios generales
del CEN panista, a militantes de toda la vida, que entonces salieron para
fundar el efímero Partido del Foro Democrático. En la izquierda tampoco fue
bien recibido por todos los militantes en sus diversos partidos y
organizaciones.
Hasta
entonces los financiamientos de los partidos políticos eran: el proveniente del
gobierno, en cualquiera de sus tres niveles, que ilegalmente pagaba todas las
campañas y actividades político-electorales del PRI, y las de los partidos
llamados satélites, paleros o adláteres (PPS y PARM, esencialmente, aunque
también se hablaba de otros), y los que utilizaban la oposición real de
entonces: el PAN, mediante rifas de autos, cuotas a sus militantes y de sus
pocos funcionarios públicos y donaciones anónimas; la de los partidos de la
izquierda (el PCM y el PMT, entre los principales), que conseguían fondos
mediante festivales, boteos, pequeñas empresas propias, cuotas de militantes y
simpatizantes, además de donativos de empresarios que buscaban contrapeso en el
poder. Sí, empresarios que apoyaban económicamente a la izquierda. Un buen día,
Arnoldo Martínez Verdugo, el incorruptible líder del PCM, le dijo al escribidor
en medio de una gran humareda de cigarrillos: “Si usted supiera quiénes han
colaborado con nuestro partido, no lo creería. No se lo voy a decir. Los
comunistas sabemos cumplir nuestra palabra”... y buscó el encendedor para
prender un nuevo cigarrillo.
En
la izquierda como en la derecha, caracterizada en ese momento por el PAN, hubo
resistencias, que hoy parecen heroicas, contra el financiamiento público legal.
Fue una de las causas de una última gran escisión en el PAN. Otros las
consideraron francamente necias, ante los argumentos que entonces se esgrimían
en favor de aceptar el dinero público.
Se
decía: el dinero público no es del gobierno, sino de los ciudadanos que pagan
impuestos; el PRI tiene secuestrado (es un eufemismo, jeje) el erario, y de ahí
paga sus actividades políticas; la diferencia entre el uso priista del erario
para campañas electorales y el autofinanciamiento de los partidos es abismal y
ello no permitirá el desarrollo de un sistema democrático; si los empresarios
financian a los partidos políticos, éstos representarán y defenderán los
intereses de aquellos (en esos tiempos no se hablaba ni de crimen organizado ni
de lavado de dinero); los partidos que no acepten el financiamiento público
están en desventaja, también ese apoyo incluye los tiempos en radio y televisión
para hacer propaganda; la democracia necesita de la competencia en igualdad de
circunstancias... el PRI tendrá que sujetarse a las nuevas reglas.
Los
que opinaban lo contrario decían, esencialmente, que los partidos perderían
independencia y autoridad moral para criticar y oponerse al gobierno que los
mantiene con su presupuesto, así éste provenga de los impuestos pagados por los
ciudadanos.
Luego
de más de 25 años de establecimiento de la entrega de dinero público a quienes
hacen proselitismo político, el registro condicionado a tres nuevos partidos y
su consecuente acceso al financiamiento público provocan protestas y enojos de
los votantes. Los ciudadanos saben que ese dinero ha servido lo mismo para
ampliar los caminos de la democracia, pero sobre todo, y escandalosamente, para
enriquecer a los políticos dirigentes y candidatos de los muchos partidos que
han surgido en México, a partir de que los legisladores (evidentemente surgidos
de los partidos políticos) determinaron que constitucionalmente son entidades
de interés público y, por lo tanto, merecedores del dinero proveniente de los
mexicanos que todos los días se ganan un salario a punta de mucho más allá del
bíblico mandato del sudor de su frente.
El
líder de uno de esos nuevos tres partidos, Martí Batres, del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), ha
declarado que los dirigentes de ese instituto no ganan ningún salario por su
actividad como tales, por lo que el financiamiento público que recibirán no
será utilizado en ellos. ¡Es una gran noticia! Pero, si esos dirigentes y quien
será su candidato a la Presidencia de la República en 2018 se dedican
exclusivamente a la política, ¿de qué viven?, ¿dónde trabajan?, ¿quién paga su
salario desde hace años? ¿El crimen
organizado? ¿Los empresarios? ¿El gobierno? ¿A quiénes rinden cuentas? Bueno,
¿presentan declaraciones de impuestos? La más mínima congruencia los obliga a
contestar de dónde viene la lana que disfrutan. La exigencia deberían cumplirla
todos los partidos políticos, los nuevos y los viejos.
Es
hora de revisar el financiamiento público —dinero de quienes pagamos impuestos
en este país— a los partidos políticos. Hay buen camino seguro: el de la
transparencia total, trátese de dinero público o privado.
CAMBIO
DE VÍAS.- En vía de mientras, el escribidor reitera la propuesta hecha la
semana anterior, original del periodista José Carreño Figueras: ¿Por qué la
SHCP no consulta a los ciudadanos si aceptan que sus impuestos sean utilizados
en el financiamiento de los partidos políticos? Y agrega: ¿Habrá algún partido
político que promueva una consulta popular para saber si los ciudadanos estamos
dispuestos a financiarlos con nuestros impuestos?
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