Defender
al Presidente/
Carta
Pública de Heriberto M. Galindo Quiñones a Federico Arreola.
Querido
Federico:
Con
el respeto que me mereces y con el reconocimiento que te tengo por tu valor
civil y por tu profesionalismo, acreditado al paso del tiempo en el fragor de
luchas políticas y sociales por la democracia, la justicia, el respeto y la
libertad, es que te comparto algo de mi pensamiento en respuesta a los reclamos
y conminaciones que hiciste recientemente a quienes nos desempeñamos en el
difícil quehacer de la política, y más aún ante la lamentable situación
imperante en nuestro país, por considerarnos omisos ante sucesos tan penosos
como los ocurridos en el Estado de Guerrero, que tanto daño le han generado a
nuestro país dentro y fuera del territorio nacional, habiendo llegado a niveles
ominosos de linchamiento, manipulación, difamación y calumnias que por
iniciativa de personas que han hecho del resentimiento y del rencor su arma
favorita para el ataque político han llegado a la infame irracionalidad de culpar
al Estado mexicano y al Presidente de la república, por los lamentables y
dolorosos hechos cometidos por personas que merecen la condena unánime de todas
y todos los mexicanos de bien.
Federico:
Ya me harté de tanto cinismo político, de tanta mentira y de tanta manipulación
infame que rebasa los límites de la tolerancia y raya en lo criminal porque
difama, calumnia y ofende la dignidad de la persona humana.
Considero
que llegó la hora de luchar para poner fin a las falsedades y las calumnias en
las que se sustenta la simplificación irresponsable que invoca un “crimen de
estado” cuando sabemos que los crímenes los perpetraron representantes de
intereses locales nefastos junto con quienes ejercían en mala hora la autoridad
municipal en Iguala. Es claro que los abusos o las masacres contra los jóvenes
normalistas de Ayotzinapa los cometieron policías de Iguala en unión con
agentes del crimen organizado y, personas malsanas pretenden convertirla en una
”insurrección”, blandiendo la consigna inaceptable de “que renuncie Peña
Nieto”. Con reiteradas manipulaciones pretenden crear un clima para
desestabilizar el orden establecido.
Creo,
Federico, que el hecho político más notable de estos días es la trampa
psicológica y mediática, sobre todo en las redes sociales, que busca hacer que
la justa indignación popular por los asesinatos y las desapariciones forzadas
apunte al Presidente Enrique Peña Nieto, y eso es injusto, perverso e infame,
pues él no es el autor intelectual o material de los crímenes mencionados, sino
al contrario, él está haciendo todo lo que está a su alcance para encontrar a
los desaparecidos y a sus victimarios para aplicarles todo el peso de la ley.
Estamos
ante una de las simplificaciones más cobardes, calumniosas y destructivas de
que se tenga memoria. Las acciones violentas de una minoría, de suyo inconforme
y rebelde, han mostrado el peor rostro de un segmento de nuestra sociedad, y es
triste observar que haya quienes en un acto de ceguera, rebeldía o ingenuidad
colectivas les presten atención, o peor aún, los sigan en sus afanes de
destrucción.
Los
hechos, tan elocuentes en su crueldad, nos dicen que una coalición de partidos
políticos (PRD; PT y MC) postuló a una persona ligada orgánicamente al crimen
organizado, que con esa fuerza consolidaron un grupo de poder económico y
político en el estado de Guerrero; que ellos ordenaron la represión y que ésta
devino en asesinato y desapariciones forzosas y en masa.
Un
fenómeno local de corrupción de la clase política gobernante a escala
municipal, es el origen y desarrollo de esta ola de agitación, ofensas,
incendios, intimidación, paralización económica y violencia.
Pareciendo
obvio que las responsabilidades políticas y las culpabilidades legales y
penales deben buscarse en esa región de Guerrero, la confrontación de grupos al
interior del PRD extendió las acusaciones colocando a ese partido en una
situación de desgarramiento, división y desgaste acelerado, que es lamentable,
por ser los partidos políticos entidades de interés público con una misión para
fortalecer y no para debilitar la vida democrática. Por ello es grotesco e
inaceptable que algunos cuadros dirigentes de organizaciones de izquierda se
atrevan a repetir que “el culpable es el estado”, y que pretendan salir en
defensa verbal de los escuadrones de “anarquistas” que en Guerrero y el DF
buscan “agudizar las contradicciones” mediante la violencia y la confrontación
callejera, con incendios a edificios públicos como el palacio nacional en la
Ciudad de México, y las sedes de gobiernos municipales y estatal y del poder
legislativo de Guerrero, más las tomas de carreteras y casetas de pago, sin
saber hasta dónde pretenden llegar y llevar al país.
Todos
conocemos la presencia, en el Estado de Guerrero, de grupos fanatizados en la
lucha armada. Se reclaman guerrilleros, y aspiran a generalizar un clima de
crisis de gobernabilidad para diseminar su estrategia "militar" y
reclutar jóvenes enardecidos, provocar todos los enfrentamientos a su alcance y
fabricar mártires como resultado de su movilización provocadora.
En
los incendios perpetrados en Chilpancingo, Iguala, Acapulco y en Palacio
nacional, en los episodios de lucha callejera y en las tomas de radiodifusoras,
carreteras e instalaciones públicas; se muestra un proyecto desestabilizador
que debe ser identificado y denunciado, condenado política y moralmente, y que
debe ser rechazado por todos quienes se definan como demócratas.
El
daño que las jornadas de agitación y violencia han perpetrado tiene como
primera víctima al pueblo y a la economía de Guerrero que está pagando los
costos del deterioro de la industria turística en la entidad.
Pero
si el daño institucional generado a los partidos políticos nacionales es
condenable por su origen y su propósito perversos, el intento demencial de
generalizar los enfrentamientos para usarlos como ariete contra el Presidente
Enrique Peña Nieto, debe pararse ya, rechazarse enfáticamente por las y los
mexicanos con presencia y voz pública, para impedir la diseminación del
contagio de los métodos violentos, pues la mayor parte del país vive, quiere y
defiende la paz.
El
intento de aislar a la ciudad capital del país, paralizando las entradas al DF,
como sucedió durante el pasado viernes, es señal de que hay quienes, por
ingenuos o por perversos, creen que es posible crear una situación de
ingobernabilidad, desorden y violencia generalizada a nivel nacional, y
alucinan como “insurrección”, “caída del estado”, y comienzo de una "nueva
revolución".
Federico:
Hay que decir que quienes sembraron estas consignas tienen intereses políticos
y económicos que deben hacerse públicos mediante la denuncia documentada.
Debe
asumirse que es un acto criminal organizar los incendios de edificios públicos,
bloquear el libre tránsito, atacar a la policía y propalar calumnias y
difamaciones.
Por
lo anterior considero que ha llegado el momento de aplicar la ley, con
pulcritud, con todo el cuidado del debido proceso, sin ánimo revanchista o
espíritu represor, pero con firmeza, con todo el peso de la ley, aunque con
respeto a los derechos humanos, pero se deben detener las embestidas de
destacamentos de profesionales de la violencia; así mismo se les debe juzgar
para evitar la barbarie que la sociedad detesta y no acepta.
Si
siempre nos hemos pronunciado contra la represión y la brutalidad del gobierno
cuando ésta ha ocurrido, hoy nos pronunciamos en contra de la violencia, la
calumnia, la infamia, el abuso, la mentira, el linchamiento, la intriga, la
manipulación, la perversidad y la barbarie a la que un puñado de irresponsables
quiere llevar al país. La tolerancia y la paciencia deben tener un límite y no
caer en excesos. La mayoría de las y los mexicanos queremos vivir en paz, en
orden y en un ámbito de tranquilidad, seguridad y respeto.
También
debe decirse que es hora de que la sociedad se pronuncie en favor de poner un
hasta aquí a los atropellos, la destrucción y la violencia.
Por
ello apreciado Federico, hago un llamado respetuoso a las y los políticos
responsables, a los rectores y consejos universitarios, a los colegios de
profesionistas, a los legisladores federales y locales, a los Ministros de la
Suprema Corte de Justicia, a los Magistrados de los Tribunales, a los juristas
destacados, a los científicos, a los artistas, a los ministros de culto
religioso y a las personalidades de los medios, a que verifiquen los hechos,
detengan las calumnias, desenmascaren los discursos del odio, rechacen la
violencia y condenen la agitación anónima que constituye un verdadero peligro
para México.
Creo
que ya llegó el momento de que la sociedad se manifieste y exprese sus
sentimientos, tome los foros públicos, refute y deseche públicamente la mentira
y la campaña de agitación y destrucción que invoca un inexistente "crimen
de estado” y que abandera la demanda absurda de “que el Presidente de la
república renuncie”.
En
suma Federico, y perdóname por lo extenso de esta misiva de reflexión, la mía
es una toma de partido pública, abierta y contundente en defensa del Presidente
Enrique Peña Nieto, de las instituciones y de un orden social y político
responsable, legal y sujeto a los métodos de la gobernanza democrática.
Te
reitero mi afecto y mi aprecio personales y espero que puedas dar cabida en el
sitio de SDP noticias a mis puntos de vista
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