Sustento documental de Anabel Hernández y Steve Fisher en la revista “Proceso“

 La PGR envió a Proceso una breve nota aclaratoria: “La investigación que lleva a cabo la Procuraduría se ha basado en testimonios, revisión de documentos, videograbaciones, fotografías, peritajes, inspecciones ministeriales, análisis técnicos y forenses, entre otros.“Ninguno de estos elementos arroja indicios de que miembros de la Policía Federal o del Ejército Mexicano hayan participado en los hechos delictivos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.”

La investigación de la PGR encubre al Ejército y a la Policía Federal/ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER

Revista Proceso No. 1990, 20 de diciembre de 2014

Como en el caso Tlatlaya, el de Ayotzinapa revela una estrategia ya ensayada por el gobierno de Enrique Peña Nieto: el encubrimiento de agentes del Estado, señaladamente el Ejército y la Policía Federal. Como entonces, hoy la Procuraduría General de la República descalifica, miente, oculta, exonera por adelantado y sin investigación de por medio a otros posibles responsables. A continuación se exponen de manera pormenorizada los elementos fácticos y documentales que sirvieron de base al reportaje publicado en la edición 1989 de Proceso y que sustentan la tesis periodística de los reporteros Anabel Hernández y Steve Fisher, junto con nuevas y sólidas evidencias que apuntan al entorpecimiento de la búsqueda de los jóvenes en instalaciones militares y de la PF.

La estrategia de ocultamiento, mentiras, descalificación a investigaciones periodísticas y exoneraciones por adelantado al Ejército y a la Policía Federal (PF) por el caso Ayotzinapa recuerda a la urdida por el gobierno federal en el caso Tlatlaya, cuando militares ejecutaron de manera extrajudicial a 21 presuntos delincuentes en esa localidad del Estado de México.

Durante semanas, meses, autoridades estatales y federales tergiversaron y/o negaron una y otra vez los hechos, hasta que una investigación periodística y la presión internacional orillaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a emprender una indagatoria creíble, y más tarde –muy tarde– a aceptar la responsabilidad de efectivos de las Fuerzas Armadas en aquella masacre y su final enjuiciamiento.

Ahora, en el caso Ayotzinapa, el empecinamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) en darle carpetazo deja ver la misma fórmula: el encubrimiento y la eventual impunidad de más posibles responsables.

 La investigación publicada en el número 1989 de Proceso con el encabezado La historia no oficial mostró que la PF participó activamente en el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre y madrugada del 27, con la complicidad del Ejército; que contra lo dicho por el gobierno federal, éste sí tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real por conducto de los funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y que al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) para dar forma a la versión oficial contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la policía de ese municipio, fueron torturados antes de rendir sus declaraciones.

 El martes 16, tras la publicación del reportaje y en entrevista con Carmen Aristegui para CNN en Español, el procurador general Jesús Murillo Karam declaró lo siguiente sobre el papel de la PF el 26 de septiembre en Iguala: “… Sí, del conocimiento de que había una manifestación (presencia de los estudiantes en la caseta 3 de la carretera Chilpancingo-Iguala), sí, claro. De que estaban (la PF) del lado de la caseta, sí, claro. Eso todo está en la averiguación; pero eso no implica que hayan participado de ninguna manera”.

 En su conferencia de prensa del 7 de noviembre último, el funcionario había afirmado: “El grupo de jóvenes subió a bordo de dos camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente, se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros dos camiones de otra empresa.

 “El expresidente municipal de Iguala, quien tenía designada en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara el propio operador de radio de la central de la Policía Municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como se ha informado, que los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas.”

 En su anuncio de conclusiones del caso Iguala, el procurador no informó que desde las 20:00 horas seis policías federales, a bordo de tres patrullas, monitorearon a los normalistas de Ayotzinapa. Tampoco informó que éstos eran vigilados por los gobiernos estatal y federal desde las 17:59 horas, cuando salieron de su escuela rumbo a Iguala, por el C4 de Chilpancingo, donde hay presencia de representantes de las policías Federal, Estatal, Municipal de Chilpancingo y del Ejército.

El mismo martes 16, Murillo Karam le declaró a Carmen Aristegui: “Después de haber oído la respuesta de la Policía Federal que viene hoy en La Jornada, me queda claro que no hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal”, lo que indica que la PGR deslindó a la PF sin haber llamado a declarar a los efectivos de esa corporación.

Del indicio periodístico al indicio oficial

 La PGR envió a Proceso una breve nota aclaratoria: “La investigación que lleva a cabo la Procuraduría se ha basado en testimonios, revisión de documentos, videograbaciones, fotografías, peritajes, inspecciones ministeriales, análisis técnicos y forenses, entre otros.

“Ninguno de estos elementos arroja indicios de que miembros de la Policía Federal o del Ejército Mexicano hayan participado en los hechos delictivos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.”

Pese a las declaraciones públicas de Murillo Karam en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, donde pide que se le muestren las evidencias de la investigación periodística sobre la participación de la PF y el Ejército, tal solicitud no ha sido dirigida a Proceso ni al Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de Berkeley.

El jueves 18 se envió una carta solicitando al procurador general acceso a la investigación y a las pruebas que deslindan a la PF y al Ejército. Aún se está en espera de la respuesta. Y cabe señalar que no hubo ninguna carta aclaratoria por parte de la Secretaría de Gobernación, responsable de la PF y de la coordinación de los C4 en Guerrero.

 Tampoco la hay de parte de la Policía Federal.

 La investigación periodística publicada se basó en la revisión de miles de hojas de averiguaciones previas, testimonios, videos, informes y tarjetas informativas del gobierno de Guerrero. Se hizo un recorrido por los lugares donde ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre y se verificó la información contenida en las averiguaciones previas y causas penales. Se tomaron videos y fotografías.

 Durante todas las indagatorias oficiales fue patente la ausencia de la PGR. Para entender lo ocurrido esa noche, no interrogó a testigos imprescindibles, quienes contradicen la versión oficial del ataque y desaparición de los estudiantes. No protegieron las pruebas ni hicieron los análisis periciales con oportunidad. En todos sus informes sobre el caso, la PGR omitió las primeras declaraciones ministeriales rendidas por los estudiantes atacados, quienes imputaron, además de a la Policía Municipal, a la Federal y denunciaron el hostigamiento del Ejército. Ocultó la existencia de videos grabados por los estudiantes esa noche –mostrados por Proceso– y nunca dio una versión del actuar de la PF y el Ejército ese día.

 Sin hacer una investigación completa y transparente de las diferentes líneas de investigación que se desprendían de las declaraciones ministeriales y elementos de prueba, la PGR adelantó conclusiones y dio el caso por resuelto el pasado 7 de noviembre.

 Sustento documental

 A continuación se enumeran algunas de las pruebas documentales con las que cuentan la reportera y el reportero, las cuales sustentan la tesis periodística acerca de la participación de la PF y el Ejército en el ataque, las graves deficiencias y omisiones de la PGR en la investigación, el ocultamiento de información y declaraciones ministeriales rendidas bajo violencia previa ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

 Cualquier persona interesada en consultar directamente los documentos puede contactar a la reportera y al reportero en el Investigative Reporting Program, UC Berkeley, 2481 Hearst Avenue, Berkeley, CA 94709 y en Proceso.

 1. Declaración ministerial del estudiante Luis Pérez Martínez rendida el 27 de septiembre ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJG) que obra en la causa penal 172/2014-I. Afirmó que en el ataque contra sus compañeros en la calle Juan N. Álvarez, policías municipales les cerraron el paso, pero la PF fue la que disparó contra ellos.

 2. Declaración ministerial del estudiante Francisco Chalma, rendida el mismo día –obra en la averiguación previa (AP) HID/SC/02/0993/2014– sobre la actuación del Ejército en el hospital Cristina e identifica la presencia de policías con pasamontañas, pecheras y rodilleras, equipo del cual carece la Policía Municipal de Iguala. Cabe señalar que Chalma fue golpeado la madrugada del 14 de diciembre en Chilpancingo por policías federales aparentemente ebrios.

 3. Declaración ministerial del estudiante Ángel Mundo Francisco, en la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014. También reconoce a policías con guantes negros y equipo antimotines, que no usa la policía de Iguala.

 4. Declaración ministerial del estudiante José de Jesús Vázquez –en la AP HID/SC/02/0993/2014–, quien señala la existencia de videos grabados por los estudiantes con celulares y afirma que entregó uno a la PGJG.

 5. Videos grabados con teléfonos celulares por los estudiantes la noche del 26 de septiembre. En uno de ellos claramente un normalista identifica la presencia de la PF. “Ya se están yendo los policías… se van a quedar los federales y nos van a querer fastidiar”.

 6. Entrevista con el licenciado Vidulfo Rosales, abogado de los estudiantes y de los padres de los desaparecidos, quien afirmó que desde sus primeras declaraciones ministeriales los normalistas señalaron la participación de la PF y el Ejército, y que a finales de noviembre ampliaron sus declaraciones al respecto ante la PGR, la cual no quiso darles copia de las mismas.

 7. Declaración ministerial de Osvaldo Arturo Vázquez, escolta del exalcalde Abarca, quien declaró que éste y su esposa se retiraron de la explanada del centro de Iguala a las 20:45 horas, al terminar el informe de la gestión de ella al frente del DIF municipal, y luego fueron a cenar a una taquería en la colonia Río Balsas.

 8. Entrevista con la señora Lili, dueña de la mencionada taquería, quien confirmó que el exalcalde y su familia fueron a cenar esa noche y se retiraron a las 22:20 horas. Se le preguntó si la PGR la había citado a declarar o si había ido a su local. Respondió que no.

 9. Informe del gobierno de Guerrero que consta de más de 900 hojas en las que se desglosan las acciones realizadas durante el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre, cuando la PGR atrajo el caso.

 10. Tarjeta informativa (TI) número 02370, de dos hojas, firmada por el coordinador operativo de la región norte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, José Adame Bautista.

 11. Se obtuvo información en los C4 de Chilpancingo e Iguala acerca de que en sus instalaciones hay representantes de las policías Federal, Estatal y Municipal, así como del Ejército. Todos ellos reciben simultáneamente los reportes del 066.

 12. Entrevista con Omar García, líder del Comité de Orientación Política e Ideológica de la Normal Rural de Ayotzinapa, quien afirma que 10 alumnos quedaron encerrados en un autobús que llegó a la terminal de Iguala, que éstos llamaron para pedir ayuda a sus compañeros y que los dos camiones monitoreados por la Policía Estatal y la PF se movieron de la caseta 3 hacia la central de autobuses.

 13. Declaración ministerial de Felipe Flores Velázquez rendida el 27 de septiembre –AP HID/SC/0993/2014– en la cual asegura que a las 21:24 horas informó al jefe de la base de la PF en Iguala, Luis Antonio Dorantes, que los estudiantes estaban secuestrando camiones y aquél respondió que estaría pendiente.

 14. Constancia de actuaciones en la AP HID/SC/0993/2014 sobre nuevas diligencias. En el análisis de los hechos dentro de la averiguación previa y “para la debida integración y perfeccionamiento”, la agente del Ministerio Público del fuero común Maribel Morales García solicitó con carácter de urgente las imágenes grabadas por las cámaras del C4 instaladas en la calle Juan N. Álvarez, de Iguala.

 15. Oficio 7314. El 28 de septiembre Morales García pidió al titular de la PF en Iguala que informara urgentemente “si los elementos a su mando participaron de manera activa en los hechos que se registraron el 26 de septiembre”. Y en caso afirmativo, “señalar cuántos elementos se movilizaron en estas acciones”. La PF no respondió.

 16. Oficio 7324. En la misma fecha Morales García pidió de manera urgente a la PF de Iguala copias certificadas de la bitácora de registro de entrada y salida del personal que laboró los días 26 y 27 de septiembre. La Policía Federal no respondió.

 17. Oficio 7331. En la misma fecha Morales García pidió a la PF de Iguala un informe con el número de patrullas, su fecha de adquisición y asignación y copia de la licencia colectiva de resguardo del armamento en uso dentro de la corporación, “con el fin de resolver conforme a derecho la averiguación previa que se inició por los hechos violentos registrados el día 26 de septiembre”. La Policía Federal no contestó.

 18. Seis hojas de la “Orden de los Servicios Operativos de Vigilancia, así como de los Servicios Administrativos que con esta fecha desempeñara el personal adscrito a esta corporación”. “Servicio de las 8:00 horas del día 26 de septiembre a las 8:00 horas del día 27 de septiembre del 2014”. Ninguno de los 165 efectivos de la SSP municipal tiene el nombre de David Hernández Cruz, quien según Murillo Karam señaló a Abarca como el que dio la orden de “contener” a los estudiantes.

 19. Se visitó la base de la Policía Municipal de Iguala en Rayón 109. Se tomaron videos del exterior y del interior del inmueble que muestran lo modesto de las instalaciones, y que las casas y vecindades que la rodean tienen vista al patio central, donde supuestamente fueron llevados los estudiantes. Se cuenta con videos que demuestran que las patrullas con roll bar, como las usadas por la Policía Municipal y por la Federal –la cual ahora está encargada de esa base–, no caben por la puerta principal. Aunque aún no termina la investigación, las instalaciones están en remodelación.

 20. Testimonios de personas ajenas al incidente, que vieron el ataque y señalaron la presencia de policías con uniformes distintos a los de los municipales.

 21. Visita al corralón de Grúas Mejía Meta II, en Periférico Sur sin número, en Iguala, donde desde el 27 de septiembre hay cuatro autos particulares, una motocicleta, patrullas municipales y los tres camiones atacados en la calle Juan N. Álvarez. No fueron protegidos para preservar huellas y pruebas. Se constató directamente que apenas entre los pasados 12 y 14 de noviembre, peritos de la PGR acudieron al lugar a practicar pruebas periciales de los vehículos, una semana después de que el procurador general había anunciado en conferencia de prensa las conclusiones del caso.

 22. Dictamen de integridad física número de folio 78336 realizado por la PGR a Néstor Napoléon Martínez Morales, a quien le atribuyeron el apodo de El Napo, detenido en Iguala y acusado de ser parte del grupo criminal Guerreros Unidos (AP PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). En el documento se enumeran los daños físicos que presentaba.

 23. Declaración ministerial de Martínez Morales donde afirma que las lesiones le fueron causadas con motivo de su detención y que fue golpeado por varios de los policías federales que lo aprehendieron.

 24. Declaración ministerial de Raúl Núñez Salgado, alias El Camperra, detenido por la Marina en Acapulco y acusado por la PGR de ser operador financiero de Guerreros Unidos (AP PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). Y “fe de integridad física” donde se enumeran todas las lesiones que presentaba. Su abogado pidió hacer un estudio de mecánica de lesiones.

 25. Declaración ministerial de Sidronio Casarrubias Salgado rendida el 17 de octubre de 2014, causa penal 100/2014. Declaró que fue detenido en un restaurante y no en la carretera México-Toluca. Afirmó que apenas había salido de la cárcel hacía cinco meses y que no es líder de Guerreros Unidos. Fue quien declaró que supuestamente en los camiones donde viajaban los estudiantes iban integrantes del grupo delictivo Los Rojos y que por eso Guerreros Unidos, en complicidad con la Policía Municipal de Iguala, los atacó. Afirmó que los estudiantes fueron “asesinados”, “quemados” y arrojadas las cenizas al “río”. Y que supuestamente el procurador del estado, Iñaki Blanco, y el titular de la SSP de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez, estaban involucrados.

La PGR en sus conclusiones descartó que en los camiones hubieran viajado integrantes de Los Rojos y no ha presentado hasta ahora ninguna acusación contra Vázquez ni Blanco. Este último renunció al cargo a mediados de noviembre.

26. Declaración ministerial de Carlos Canto Salgado, alias El Pato, detenido en Iguala por marinos (PGR/SEIDO/UEID MS/816/2014). Dio una lista de supuestos integrantes de Guerreros Unidos, implicó a los comandantes de la Policía Municipal de Iguala, a Raúl Núñez Salgado, a José Luis Abarca, a El Napo y una decena más de personas identificadas por apodos.

27. Declaración preparatoria de Canto Salgado donde revela que efectivos de la Marina y funcionarios del gobierno federal lo torturaron sometiéndolo a asfixia, toques eléctricos, golpes y amenazas contra su familia. Que los marinos tenían una lista de nombres de personas contra las que debía declarar.

28. Dictamen de integridad física número de folio 78130 realizado por la PGR a Eury Flores López y Francisco Javier Lozano Cuevas, detenidos en Cuernavaca por la Marina (PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). Se enumeran las múltiples lesiones con las que fueron presentados ante el MP.

29. Declaración ministerial de Lozano Cuevas, quien testificó que fue torturado por los marinos que lo detuvieron. El defensor público dejó asentado que pedía se le aplicara el Protocolo de Estambul, el procedente cuando hay tortura. l

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La pira que no se vio ni desde el aire/ANABEL HERNÁNDEZ

Una bitácora de vuelo contribuye a derribar la versión difundida el pasado 7 de noviembre por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre fueron incinerados el 27 de septiembre en un basurero de Cocula.

Un experimentado piloto militar que trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero y quien durante 10 años laboró para la PGR, voló ese día sobre Iguala y sus alrededores para buscar a los estudiantes desaparecidos.

De acuerdo con su bitácora, el vuelo tuvo lugar justo en las horas en las cuales, según el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), habría una inmensa hoguera donde eran calcinados los cuerpos de los estudiantes en el basurero de Cocula, a menos de 30 kilómetros de Iguala. Pero el piloto reportó “sin novedad”.

Según la conferencia de prensa de Murillo Karam el pasado 7 de noviembre, Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona, y Agustín García Reyes, El Chereje, supuestos miembros de Guerreros Unidos, confesaron que mataron y quemaron a los 43 estudiantes desaparecidos. Con llantas, madera, gasolina y diésel hicieron una inmensa pira que ardió entre la medianoche del 26 de septiembre hasta las 15:00 horas del día siguiente.

No fue sino hasta las 17:30 horas del 27 de septiembre cuando supuestamente pudieron manipular los restos, ponerlos en ocho bolsas negras de basura y tirarlos al río San Juan, donde después habrían sido encontradas por la Policía Federal.

Pero ese mismo 27 de septiembre, entre las 12:00 y las 13:06 horas el helicóptero UH-1H matrícula XC-LLC de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, como parte del operativo de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, voló a 350 pies –altura considerada baja en la aeronáutica civil– sobre la cabecera municipal de Iguala y sus alrededores. Pero luego de una hora de vuelo el reporte fue: “Sin novedad”.

De acuerdo con la bitácora, el piloto fue Andrés Pascual Chombo López.

Información de la Secretaría de la Función Pública asienta que éste es piloto aviador militar. De 1993 a 1999 fue comandante de nave en el área de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea Mexicana. De 2002 a 2012 trabajó en la PGR; en 2002 era piloto de servicio aéreo en el área de Asistencia Técnica. En 2009 fue ascendido a capitán con tareas de vigilancia, adscrito a la Dirección General de Servicios Aéreos; luego pasó a la Unidad de Intercepción Aérea, y en agosto de 2012 se dio de baja de la PGR.

No fue aquél el único vuelo de Chombo López ese día. A las 11:00 horas salió en el helicóptero de Chilpancingo rumbo a Iguala. Luego del primer vuelo de inspección volvió a despegar a las 18:00 horas desde la cancha de futbol a un costado del cuartel de la Policía Estatal y aterrizó a las 18:06 horas en el aeródromo de Iguala, para partir de ahí a las 18:16 horas rumbo a Chilpancingo con funcionarios del gobierno guerrerense a bordo.

En ninguno de los vuelos del 27 de septiembre notó nada inusual.

Aún más: El 28 de septiembre se realizaron “diversos vuelos a baja altura” con un helicóptero Enstrom 480 B, matrícula XC-LKP, “con la finalidad de rastrear o ubicar desde el aire algunos lugares, baldíos, terrenos y vados donde pudiera haber pertenencias o indicios del paradero de los jóvenes, sin que se hubiese obtenido información que llevara a su localización”, según un informe elaborado por el gobierno de Guerrero, fechado el 2 de octubre.

Científicamente imposible

El jueves 11, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuestionaron la veracidad de esta versión. Afirmaron que para quemar 43 cuerpos se hubieran necesitado 33 toneladas de troncos.

“Si los cuerpos se hubieran quemado para reducirlos a los restos mostrados por la PGR, se hubieran necesitado 995 llantas. La hipótesis de que fueron quemados en el basurero de Cocula no tienen ningún sustento en hechos físicos o químicos naturales”, dijo a la prensa Jorge Montemayor, investigador titular del Instituto de Física de la UNAM.

Agregó que si los cuerpos se hubieran quemado con las 995 llantas, forzosamente hubieran quedado como residuos 2.5 toneladas de alambre de acero… que nadie vio.

Además se necesitarían temperaturas de más de mil 500 grados, lo que hubiera provocado una columna de fuego y humo visible a varios kilómetros a la redonda.

“Es imposible que hayan sido quemados en Cocula y la autoridad está en un serio problema porque, si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde?”, apuntó.Tribuna Libre

Revista de Prensa

Arte e Historia

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Búsqueda entorpecida

Pese a sus expresiones públicas de duelo por el ataque a los normalistas de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente –con saldo de tres estudiantes asesinados, nueve heridos y 43 desaparecidos–, el gobierno federal no permitió que se buscara a los jóvenes dentro de las instalaciones de las bases militares en Iguala ni en las de la Procuraduría General de la República (PGR) o el Centro de Operaciones Estratégicas (COE).

El mismo 27 de septiembre el gobierno federal anunció que se sumaba a la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en apoyo al gobierno de Guerrero.

Sin embargo impidió que esa búsqueda se hiciera en la base que comparten la PGR y el COE del gobierno federal en Iguala y apenas permitió una revisión parcial en las instalaciones de los batallones de Infantería 27 y 41, según el informe de 81 hojas elaborado por el agente auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común Elmer Rosas Asunción y fechado el pasado 2 de octubre.

El 28 de septiembre a las 11:00 horas, la agente del Ministerio Público especializada en búsqueda de personas no localizadas, Elizabeth López Peña, ordenó una inspección completa en el 27 Batallón de Infantería, la base del COE/PGR, la base de la PF en Iguala, así como las sedes de las policías Estatal y Municipal en esa ciudad guerrerense.

La instrucción de López Peña fue “verificar si en dichas instalaciones existen o no personas recluidas en las áreas asignadas como de seguridad o áreas carcelarias”. También recabar “bitácoras o libros de gobierno y/o relación de las personas que son ingresadas en calidad de detenidas”.

La inspección debía ser en las áreas de separos y en el “resto de las instalaciones destinadas a oficinas, habitaciones, bodegas, y verifiquen la existencia de cámaras de video; de ser necesario solicitar los videos de las fechas 26, 27 y 28 de septiembre del año en curso”.

Por experiencias previas, los normalistas sobrevivientes y los padres de los desa­parecidos temieron que éstos se hallaran en instalaciones del gobierno federal: El 12 de diciembre de 2012, durante una protesta en la autopista México-Acapulco, efectivos de la Policía Federal (PF) dispararon contra los estudiantes y se llevaron detenidos a 17 de ellos al Cuartel Regional Federal, en Chilpancingo, donde los golpearon, como se desprende de la recomendación VG/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Permisos a medias

Rosas Asunción se presentó con dos testigos a las sedes de los batallones de Infantería 27 y 41 en Iguala, ambos ubicados en el mismo lugar, cerca de la plaza Tamarindos.

Ahí fueron recibidos por el coronel de Infantería José Rodríguez Pérez, quien señaló, según la relatoría de Rosas, que “en las instalaciones que ocupan los batallones no cuentan con áreas de seguridad de detenidos, ya que al momento que llegan a detener a individuos, éstos son canalizados directamente a las diferentes dependencias a donde correspondan”.

Rodríguez Pérez dijo que por motivos de “seguridad nacional” no podía mostrar todas las instalaciones y pese a la urgencia, debía tramitarse una petición a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, “para que autoricen una inspección general”.

El coronel dijo al agente auxiliar del MP que dentro del batallón hay un “área de sanitario habilitado como área de seguridad con puerta de celda”, dentro de la sala de guardia y prevención, y que según su dicho esa área, cerrada con candado y con etiquetas de papel, era usada para “depósito de enervantes”. 

“Campo Militar No. 35-C Iguala Gro a 24 de septiembre 2014 prohibido el paso. Zona restringida sólo personal autorizado P O del Cor de Inf Cmte Btn el Myr de Inf jefe de la S110 Luis Alberto Rodríguez Chávez B-9445759”, decían las etiquetas.

 De acuerdo con Rosas sólo se les permitió “observar y tomar imágenes fotográficas del lugar referido”. Pudieron asomarse por la reja y vieron muebles de estantería, una caja de cartón cerrada y una cubeta. No se les permitió revisar el resto de las instalaciones. En el reporte no se menciona si había cámaras de seguridad dentro del batallón ni si se obtuvo una bitácora de detenidos.

 La siguiente visita del día fue al cuartel de la Policía Estatal, en la carretera Iguala-Tuxpan, donde el comandante José Antonio López Ruiz permitió una amplia inspección. No se reportó ninguna novedad.

 La tercera se hizo en la base de la PF en Iguala, donde Rosas fue atendido por el oficial Mario Mayorga Duarte. Se informa que no había un área de seguridad o carcelaria y se permitió una amplia inspección. No hubo novedad, reportó el agente auxiliar del MP.

 La cuarta tuvo lugar en la base de la Policía Municipal de Iguala, donde se pudo hacer una revisión completa y sin novedad.

 Una quinta fue a las instalaciones de la PGR y el COE, en la calle Nicolás Bravo sin número, en el centro de Iguala. Ahí los enviados de López Peña fueron atendidos por el oficial de guardia Fidel Jiménez Morales, quien aceptó que habia un “área de seguridad (…) pero para tener acceso a todas las instalaciones, así como a la toma de fotografías se comunicaría vía telefónica con el agente titular del Ministerio Público federal; al cabo de unos minutos informó que no era posible acceder por motivos de seguridad”.

 A partir del 4 de octubre la PGR anunció que atraería el caso de los normalistas de Ayotzinapa, pero ninguna investigación se hizo en torno a la participación de la PF y el Ejército. Y según la información pública, tampoco ha habido una inspección profunda en las bases militares de Iguala ni en la de la propia PGR.

 En el informe elaborado por el gobierno de Guerrero sobre el caso se señala que la Fiscalía General del Estado “recibió reportes anónimos en el sentido de que algunos de los normalistas desaparecidos se encontraban en la comandancia de la Policía Municipal de Iguala, otros más en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería y otros en el cuartel de la Policía Estatal”. El Ministerio Público fue a dichos lugares “sin que se obtuvieran resultados positivos”.

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