- “Sí sabíamos de (las actividades) ese día, porque (los estudiantes) venían en autobuses. Nuestra competencia estaba en la carretera federal (…) Ahí acudieron los federales. Pero dentro de la ciudad no tuvimos participación.” lEnrique Galindo, Comisionado general del la Polícia Federal
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Las huellas de
los militares/MARCELA TURATI
Revista
Proceso
No. 1990, 20 de diciembre de 2014...
El
gobierno federal dice que hará todo por dar con el paradero de los normalistas
de Ayotzinapa desaparecidos. Pero en los hechos atranca el lugar en que las
familias de las víctimas exigen buscar: el 27 Batallón de Infantería, ubicado
en Iguala. Además, la actual administración no aclara las contradicciones que
han surgido en la investigación del caso y responde con desdén a las preguntas
al respecto –cuando lo hace. Así, las dudas sobre la participación del Ejército
se acrecientan.
En
un arranque de enojo, impotencia y desesperación, padres y madres de los 42
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos acudieron
el jueves 18 a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, con sede en
Iguala, para exigir a los militares que les entreguen vivos a sus hijos y los
acusaron de su desaparición forzada.
Dos
días antes, en una conferencia de prensa, las familias ya habían exigido a la
Procuraduría General de la República (PGR) abrir una línea de investigación
sobre la participación de las fuerzas federales –Ejército y Policía Federal– en
el ataque y posterior desaparición de los estudiantes, así como en torno a la
obstrucción de las labores de búsqueda.
Estas
demandas se basan en las nuevas pistas publicadas por Proceso 1989 en el
sentido de que, el 26 de septiembre –a través del guerrerense Centro de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo al que tienen acceso fuerzas
estatales y federales, o C4–, tanto militares de ese batallón como policías
federales estuvieron enterados de la ruta que seguían los estudiantes de la
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y de la persecución y cacería que sufrieron
en Iguala, donde fueron emboscados y 43 de ellos desaparecidos –actualmente son
42, pues el sábado 6 fueron identificados mediante el análisis de ADN los
restos del estudiante Alexander Mora Venancio.
Desde
que la PGR tomó la investigación del caso, el procurador Jesús Murillo Karam ha
defendido a los militares del 27 Batallón de Infantería –ubicado a kilómetro y
medio del periférico de Iguala, donde se realizó el ataque–, a pesar de las
evidencias de que los soldados no sólo permitieron que, durante más de tres
horas, policías municipales y sicarios agredieran a los estudiantes, sino que
cuando los militares salieron del cuartel y encontraron a un grupo de alumnos
que se escondía con un herido, los regañaron, amenazaron y ficharon.
Desde
el reportaje titulado Inacción militar que olió a complicidad (Proceso 1984)
del 8 de noviembre se planteaba que el personal del 27 Batallón no sólo no
acudió a verificar qué pasaba afuera de sus instalaciones ese 26 de septiembre
y negó atención a los heridos; también se le acusaba de haber obstaculizado la
búsqueda de los estudiantes.
En
ese entonces ya había evidencias de que dicho batallón no atendió las denuncias
recibidas antes de la tragedia sobre el comportamiento criminal de las policías
de Iguala y Cocula, y de que tenía una excelente relación con el presidente
municipal de Iguala, José Luis Abarca –quien dio la orden del ataque, según la
PGR. De hecho, el batallón le cedió un terreno a Abarca para su plaza
comercial, y la noche de los hechos el alcalde era acompañado por un enviado
del 27.
En
los medios de comunicación se han manejado varios nombres distintos sobre el
militar que acompañaba a Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, al
atardecer del 26 de septiembre, cuando los estudiantes se encontraban camino a
Iguala y ya eran monitoreados por fuerzas federales y estatales. En ese momento
Pineda daba un informe como presidenta del DIF, que fue seguido por un baile.
La
mayoría de los medios menciona que el militar que asistió en primera fila al
acto de los Abarca fue el coronel Juan Antonio Aranda Flores, comandante desde
2012 del 27 Batallón, oficial formado en fuerzas especiales, inteligencia y
contrainteligencia, quien se presumía cercano a Abarca, ya que encabezó cerca
de cinco actos públicos con él. Sin embargo, al cotejar fotografías, no existe
parecido entre el coronel Aranda y el militar que aparece en las fotos del
informe.
El
diputado de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía, por su parte, señaló que el
militar presente es el capitán del Ejército Mexicano y oficial de
adiestramiento Paul Escobar López. De él no se tienen referencias fotográficas
que permitan cotejarlo.
El
general titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador
Cienfuegos, informó a los diputados que el asistente a la fiesta de Abarca era
el coronel José Rodríguez Pérez –quien relevó este año a Aranda en la
comandancia de dicho batallón. Empero, su rostro tampoco guarda parecido con el
militar fotografiado.
El
superior inmediato de Rodríguez Pérez es el comandante de la 35 Zona Militar,
el general de brigada Alejandro Saavedra Hernández, quien el día del
lanzamiento del Operativo Tierra Caliente sostuvo una charla con los
integrantes del 27 Batallón, en la que dijo a los soldados que estuvieran
seguros y tranquilos porque habían actuado bien.
En
este semanario se señaló que el militar fotografiado podría ser el coronel de
caballería diplomado mayor de la 27 Zona Militar con sede en Atoyac, Juvenal
Mariano García, quien es parecido al militar retratado, aunque su base está
lejos de Iguala.
La
incógnita, por lo tanto, sigue sin respuesta.
Otros
señalamientos directos contra el Ejército como cómplice de las desapariciones
de los normalistas los hizo el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que, a
través de un comunicado, indicó que los jóvenes estaban retenidos en cuarteles
militares. Posteriormente, una supuesta narcomanta, firmada por El Cabo Gil
–lugarteniente del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos–, involucró con
el narcotráfico a un “capitán Barbosa” y a un “teniente Crespo” del 27
Batallón.
En
la página de internet del municipio de Iguala existen dos actos en los que un
capitán segundo de infantería del 27 Batallón, el inspector militar José
Martínez Crespo, acompaña a Abarca. El primero es una ponencia sobre sismos, el
segundo fue el sorteo del servicio militar.
Aunque
el apellido coincide, no pasa lo mismo con el cargo, y no es posible deducir si
la narcomanta se refería a ese militar.
En
la respuesta a una solicitud de información hecha a la Sedena en torno al
historial de José Martínez Crespo, se señala que en 1987 comenzó su carrera militar
como cadete, luego fue subteniente de infantería y, a la postre, capitán
segundo de dicha arma. Estuvo asignado a un Estado Mayor de la Defensa Nacional
en el agrupamiento de servicios generales, y en 2007 ingresó “a un batallón de
infantería”.
Con
respuestas del tipo “(permaneció) en un plantel militar” o en “un batallón”, la
Sedena evita identificar los lugares concretos en los que estuvo destacado.
En
el portal del municipio de Iguala se exhiben siete actos públicos de Abarca
junto a militares. Quienes aparecen son: el coronel Juan Antonio Aranda Flores,
el coronel comandante José Rodríguez Pérez, el teniente de Infantería Éder
García, el segundo comandante del 27 Batallón y teniente coronel Rogelio
Carrera y el capitán segundo de Infantería José Martínez Crespo.
Cabos
sueltos
Las
dudas sobre la participación del Ejército en Iguala, cuando los normalistas
estaban siendo atacados y detenidos por policías y pistoleros, no han surgido
sólo entre las familias de las víctimas, sino también en la Comisión Bicameral
de Seguridad Nacional del Congreso, la organización internacional Human Rights
Watch y Tlachinollan –que en un inicio exigió investigar la falta de prevención
de los hechos por parte del Ejército y la ausencia de información de
inteligencia sobre cómo operaban los grupos criminales en Iguala, pero la
semana pasada pidió indagar si tuvo participación directa en los hechos.
El
7 de noviembre, la primera vez que fue cuestionado sobre la inacción del
Ejército para defender a los estudiantes, Murillo respondió: “El Ejército se
mueve sólo con órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? ¿A quién hubiera
apoyado? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!”.
El
miércoles 3, este semanario le comentó la exigencia de los padres para indagar
al 27 Batallón. El fiscal informó que el gobierno no buscaría en bases
militares a los normalistas desaparecidos:
–Las
familias (de los estudiantes desaparecidos) exigen que sean revisadas también
las bases militares, ¿ahí ya buscaron? –se le preguntó tras el lanzamiento en
Iguala del Operativo Tierra Caliente.
–Hemos
hecho toda la búsqueda que se nos ha solicitado, ahí no tenemos que buscar,
sabemos que ahí no –respondió.
–¿No
van a buscar en las instalaciones de la Sedena, en el 27 Batallón?
–La
Sedena es la más preocupada buscándolos, así que sería un absurdo que si los
tuviera ahí, los buscara; es un absurdo completamente.
–Entonces
no serán buscados ahí…
–No
tenemos que buscar lo que sabemos que no está. Es absurdo –insistió.
El
13 de noviembre, el secretario Cienfuegos explicó a legisladores que lo citaron
para hablar del tema que los integrantes del 27 Batallón no intervinieron en el
ataque contra los normalistas porque “siguieron un protocolo”, que indica que
sólo pueden actuar a petición de la autoridad local, y cuando los militares
preguntaron a las policías municipales y estatales si pasaba algo en Iguala,
éstas mintieron y aseguraron que “no sucedía nada”.
El
miércoles 3, al ser cuestionado sobre la exigencia de revisar las bases
militares, Cienfuegos dijo: “Eso depende del gabinete, no de mí”. Guardó
silencio y después de unos segundos agregó: “Si quieren revisar que revisen, no
tenemos ningún problema”.
El
general no ha declarado nada sobre el informe inédito del gobierno de Guerrero
obtenido por Proceso en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre, en el que
queda asentado que, desde su salida de las instalaciones de la Normal de
Ayotzinapa, los estudiantes eran monitoreados por agentes de las
administraciones estatal y federal a través del C4.
Aunque
se pidió a la Sedena información sobre el papel que jugó en el caso Ayotzinapa,
vía la Ley de Información Pública y Trasparencia, ha solicitado prórrogas para
responder a esta pregunta.
Según
el reportaje firmado por Anabel Hernández y Steve Fisher, publicado en esta
revista con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la
Universidad de California en Berkeley, en el ataque hubo participación de la
Policía Federal, con la aquiescencia o colaboración del Ejército.
Tras
estos señalamientos, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique
Galindo, negó en entrevista televisiva que la noche del 26 de septiembre
elementos de su corporación participaran activamente en el ataque, pero admitió
que las fuerzas federales sí estuvieron monitoreando el grupo de normalistas
desde antes que llegaran a Iguala, y se enteraron de que fueron agredidos a
balazos:
“Sí
sabíamos de (las actividades) ese día, porque (los estudiantes) venían en
autobuses. Nuestra competencia estaba en la carretera federal (…) Ahí acudieron
los federales. Pero dentro de la ciudad no tuvimos participación.” l
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