El pantano mexicano: The Mexican morass

The Mexican morass
A president who doesn’t get that he doesn’t get it
The Economist, Jan 24th 2015 | 
IN A new year message Mexico’s president, Enrique Peña Nieto, promised to work to “liberate” his country from crime, corruption and impunity. His cabinet has duly set these as its priorities. The message is the right one. But unfortunately for Mr Peña, Mexicans are increasingly cynical about the messenger.
Mexico is still seething over the government’s leaden response to the kidnap in September of 43 students by municipal police in the south-western state of Guerrero and their apparent murder by drug traffickers. The investigation of the case seems to have stalled. Mr Peña’s main policy response to the massacre is a proposed constitutional amendment to abolish municipal police forces. But Congress may not approve it, not least because some are less rotten than the state forces, which would take their place.
In the government’s defence, the rule of law cannot be created in Mexico overnight. It will take years, perhaps decades, to clean up and strengthen the country’s police. But his critics believe Mr Peña is dodging the most important task: to punish corrupt political bosses who are complicit in organised crime. And the government itself is now stained by scandal.

The latest embarrassment, reported this week in the Wall Street Journal, is that in 2005 Mr Peña bought a house from a small builder who has won a slew of contracts from his administration. This follows the revelation that Luis Videgaray, his finance minister, bought a $500,000 house at a fashionable golf club with a mortgage from the vendor, a company owned by Juan Armando Hinojosa. The businessman has received much work from the federal government and previously from the state of Mexico when Mr Peña was its governor and Mr Videgaray was finance secretary.
This confirmed the close links between the administration and Grupo Higa, Mr Hinojosa’s business empire. In November the government abruptly cancelled a $3.7 billion contract for a high-speed train awarded to a consortium including Grupo Higa. Days later it emerged that the president’s palatial private home had been bought with a large mortgage granted to the First Lady by the group.
Both Mr Peña and Mr Videgaray insist that they have done nothing illegal. They are missing the point. In modern democracies, whose ranks Mexico aspires to join, the kind of mutual back-scratching they appear to have engaged in with Grupo Higa is seen as unacceptable behaviour.
If they are serious about tackling corruption and conflicts of interest, Mexico’s political leaders could look to Brazil. Petrobras, Brazil’s state-controlled oil company, is embroiled in a much bigger scandal involving kickbacks of perhaps $4 billion over the past decade. Prosecutors believe much of the money went to the ruling Workers’ Party and its governing allies. The president, Dilma Rousseff, chaired the Petrobras board for much of this period.
Thanks to fiercely independent prosecutors and courts, and a tough new anti-bribery law, Brazilians can be confident that the wrongdoing at Petrobras will be investigated and punished—even were the trail to lead to Ms Rousseff herself. In 1992 a Brazilian president was impeached for corruption; more recently, several ministers have been forced to resign over dodgy contracts or unethical links to private businesses. Dozens of managers of construction firms under contract to Petrobras face criminal charges.
For such things to become thinkable in Mexico, several changes are needed. Proposals for an independent prosecutor’s office and anti-corruption agency should be fast-tracked (depressingly, Mr Peña’s supporters want the latter under government control). The second missing element is political accountability. Nobody has taken responsibility and resigned over the security failings, the dodgy train contract or the conflicts of interest. Nobody has barred Grupo Higa from government contracts while it is independently investigated, if only to establish that it is blameless.
“They don’t get that they don’t get it,” says a former senior official. But Mexicans do get it. Mr Peña’s approval rating has fallen to 40%, close to the lowest-ever for a Mexican president.
His bold economic reforms may yet bring political reward. The opposition’s splits may help him win a congressional election in June. But the past few months have undermined the authority he used to secure the reforms. And with polls suggesting that turnout in the election will be dismal, the main beneficiary of the cynicism the president is engendering may be Andrés Manuel López Obrador, a messianic populist who has twice almost won the presidency. Mexico deserves better.
From the print edition: The Americas
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El pantano mexicano /(Traducción: Irving Huerta)

 "Un presidente que no se da cuenta que no se ha dado cuenta"
En un mensaje de año nuevo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, prometió trabajar para “liberar” a su país del crimen, la corrupción y la impunidad. Su gabinete ha establecido esto como su prioridad. El mensaje es el correcto. Pero desafortunadamente para Peña Nieto, los mexicanos son cada vez más escépticos acerca del mensajero.

 México sigue agitado por la respuesta del gobierno al secuestro de 43 estudiantes en septiembre, a manos de la policía municipal en el estado de Guerrero, al suroeste de México, y aparentemente asesinados por narcotraficantes. La investigación del caso parece estar estancada. La respuesta política de Peña Nieto a la masacre es una iniciativa de reforma constitucional para abolir las fuerzas municipales. Pero el Congreso podría no aprobarla, entre otras cosas porque algunas están menos dañadas que las fuerzas estatales que quedarían en su lugar.

 En defensa del gobierno, el estado de derecho no se puede crear en una noche. Tomará años, quizá décadas, limpiar y fortalecer a la policía del país. Pero sus críticos creen que Peña está esquivando la tarea más importante: castigar a los mandos políticos corruptos que son cómplices del crimen organizado. Y el propio gobierno está marcado por el escándalo.

 El más reciente bochorno, publicado esta semana por The Wall Street Journal, es que en 2005 Peña compró una casa de un pequeño constructor que había ganado una gran cantidad de contratos en su administración. Esto siguió después de las revelaciones de que su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compró una casa de $500 mil dólares en un club de golf de moda, con un crédito del propio vendedor, una compañía propiedad de Juan Armando Hinojosa. Ese empresario ha recibido mucho trabajo del gobierno federal y previamente del Estado de México, cuando Peña fue gobernador y Videgaray su secretario de finanzas.

 Esto confirma los nexos cercanos entre esta administración y Grupo Higa, el imperio de Hinojosa. En noviembre, el gobierno canceló abruptamente un contrato de $3 mil 700 millones de dólares, para un tren de alta velocidad otorgado a un consorcio que incluía a Grupo Higa. Días después se reveló que la palaciega casa presidencial había sido comprada con una gran hipoteca, otorgada a la primera dama por el grupo empresarial.

 Ambos, Peña y Videgaray insisten en que no han hecho nada ilegal. Están perdiendo el punto. En las democracias modernas, a las que México aspira a pertenecer, el tipo de relación de rascaespaldas que aparentemente emprendieron con Grupo Higa es vista como comportamiento inaceptable.

 Si se toman en serio la lucha contra la corrupción y el conflicto de interés, los líderes políticos de México pueden mirar a Brasil. Petrobras, la empresa petrolera controlada por el gobierno brasileño, está envuelta en un escándalo mucho mayor, que involucra sobornos de quizá 4 mil millones de dólares en la década pasada. Los fiscales creen que el dinero fue a parar al partido en el poder, el de los Trabajadores, y a sus aliados del gobierno. La presidente, Dilma Rousseff, presidió el consejo directivo de Petrobras durante gran parte de ese periodo.

 Gracias a fiscales y cortes ferozmente independientes, y una nueva rigurosa ley antisobornos, los brasileños pueden estar confiados que los delitos en Petrobras serán investigados y castigados -incluso si el juicio conduce a la propia Rousseff. En 1992, un presidente brasileño fue sometido a juicio por corrupción; más recientemente, varios ministros se han visto forzados a renunciar por contratos controversiales o vínculos no éticos con negocios privados. Docenas de directivos de empresas del ramo de la construcción, contratadas por Petrobras, enfrentan cargos criminales.

 Para que ese tipo de cosas se puedan pensar para México, se necesitan varios cambios. Las propuestas para una fiscalía independiente y una agencia anticorrupción deberían pasar por la vía rápida (tristemente, los partidarios de Peña quieren que esta última esté bajo el control del gobierno). El segundo elemento que falta es la responsabilidad política. Nadie ha asumido la responsabilidad ni ha renunciado por las fallas en seguridad, las dudas en el contrato del tren o conflicto de interés. Nadie ha privado a Grupo Higa de los contratos del gobierno mientras se investiga de manera independiente, aunque sólo sea para demostrar que está libre de culpa.

 “No se han dado cuenta que no se dan cuenta”, dijo un ex funcionario de alto rango. Pero los mexicanos ya se dieron cuenta. El índice de aprobación de Peña cayó hasta el 40%, cerca del nivel más bajo en la historia para un presidente mexicano.

 Sus audaces reformas económicas aún pueden traer recompensas políticas. La división de la oposición puede ayudarle en las elecciones del Congreso que se realizarán en junio. Pero los meses pasados han socavado la autoridad que él usó para asegurar las reformas. Y con las encuestas sugiriendo que la participación en las elecciones será decepcionante, el mayor beneficiado del escepticismo que está engendrando el presidente podría ser Andrés Manuel López Obrador, un populista mesiánico, quien ha estado a punto de ganar la presidencia en dos ocasiones. México se merece algo mejor.