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La dolorosa e indignada búsqueda/

La dolorosa e indignada búsqueda/EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
Revista Proceso No. 1994, 17 de enero de 2015
CHILPANCINGO, GRO.- A casi cuatro meses de la matanza de normalistas de Ayotzinapa, sus padres, estudiantes y activistas comenzaron a buscarlos ellos mismos en Iguala y otros municipios de la Región Norte, bastión del grupo delictivo Guerreros Unidos. De manera simultánea, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero intensificaron sus acciones de boicot al proceso electoral, sobre todo en esta capital, donde las autoridades han sido rebasadas.
El propio gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez, intenta minimizar la crisis generalizada. Calificó a los maestros disidentes de “reducido grupo de vándalos” contra los cuales, dijo, se aplicará la ley, e insiste en que sí hay condiciones para realizar los comicios.
 La clase política aparenta indiferencia, aunque en realidad los partidos comienzan a promover a sus candidatos en los medios locales y en las principales ciudades del estado; incluso en las redes sociales algunos presumen sus viajes al extranjero, como Claudia Walton Álvarez, hija del alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, quien, junto con su hija Natalia, visitó Brasil, Argentina y la Patagonia Chilena durante la segunda quincena de diciembre pasado.


El domingo 11 la agencia Apro informó sobre las andanzas de Walton Álvarez, presidenta del DIF de Acapulco, uno de los municipios más violentos del país. La funcionaria viajó precisamente cuando las autoridades gubernamentales trataban de revertir la imagen negativa del principal destino turístico de Guerrero.

Al día siguiente los integrantes del movimiento social que exige castigo para los responsables de la barbarie y la presentación de los normalistas desaparecidos se manifestaron frente a las bases castrenses de Iguala, Acapulco y Florencio Villarreal, para exigir al gobierno federal que investigue a los militares por su presunta participación en la cacería de estudiantes.

La acción más violenta ocurrió en la sede del 27 Batallón de Infantería en Iguala, ubicado frente a un centro comercial propiedad del exalcalde José Luis Abarca, presunto autor intelectual del ataque a los normalistas el 26 de septiembre pasado.

En esa tercera protesta consecutiva en el mismo cuartel, soldados y manifestantes se enfrentaron a pedradas y envases de vidrio. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que las puertas del cuartel bajo sospecha serán abiertas para “quitar pretextos y polarizaciones”.
 El funcionario federal rechazó la participación de soldados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y afirmó que grupos ajenos a los padres tratan de polarizar la situación para sacar provecho:
“Se ha acreditado por la PGR una y otra vez que (los militares) no tuvieron participación. En el sanatorio los militares les ofrecieron auxilio (a los normalistas) y ese es el único momento en que estuvieron ahí los elementos. Quieren polarizar, no hay ninguna prueba al respecto.”
 El abogado de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales Sierra, calificó de grave el hecho de que Osorio Chong exonere a priori al Ejército porque, asegura, en el expediente de la procuraduría hay una implicación directa contra algunos militares y debe investigárseles.
 En entrevista con Proceso, Rosales Sierra dijo que en la indagatoria hay un conjunto de testimonios que señalan que el Ejército participó en los hechos violentos contra normalistas. Los sobrevivientes de la masacre declararon que los militares los interceptaron y los agredieron física y verbalmente en una clínica particular.
 Además, algunos de los implicados, como el exdirector de la policía municipal de Cocula, Salvador Bravo Bárcenas –quien afirmó que el Ejército sabía que el grupo Guerreros Unidos operaba en Iguala–, señaló incluso que “había un pacto” entre mandos del 27 Batallón de Infantería con líderes de esa banda y Abarca.
“Esos son elementos suficientes para que el Ministerio Público federal inicie una línea de investigación contra los mandos del 27 Batallón de Infantería, y la PGR determine el grado de responsabilidad del Ejército en el caso Ayotzinapa”, según el abogado.
 La búsqueda
 El miércoles 14, padres de los desaparecidos, así como estudiantes de Ayotzinapa y de otras partes del país salieron de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos a bordo de autobuses rumbo a Iguala para iniciar una búsqueda directa. Al contingente, que se instaló en la sede del Centro Regional de Educación Normal de Iguala, se sumaron integrantes de las autodefensas de Tixtla y la región de La Montaña –todos iban desarmados– y de organizaciones sociales.

Al día siguiente, familiares y activistas se dividieron en cinco grupos y recorrieron las colonias marginales de Iguala y algunas comunidades de Taxco y Tepecoacuilco.

La zona igualteca por la cual se desplazaron es un cementerio clandestino de Guerreros Unidos de donde se han exhumado más de 30 cuerpos en las últimas semanas. Los padres de los normalistas visitaron también poblados de Tetelilla y Mayanalán de Tepecoacuilco en busca de pistas. Los lugareños les dijeron que en los últimos meses han visto que hombres armados trasladaron a un grupo de jóvenes y solían pernoctar en una iglesia.

Simultáneamente, agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) realizaron un operativo en pleno centro de Iguala, donde detuvieron a Alfredo Almazán León, un empresario joyero y dueño del equipo de futbol Cañeros, de la división de ascenso. Éste es suegro de Gonzalo Souza Neves, El Uruguayo, arrestado en Puebla en julio pasado acusado de trabajar para Guerreros Unidos.

Según el gobierno federal, El Uruguayo asumió el control de la banda criminal afincada en la región Norte de Guerrero y el sur del Estado de México y Morelos tras la captura del fundador del grupo, Mario Casarrubias Salgado.

Hasta el momento se desconoce la situación jurídica de Almazán León, propietario de varios locales en el Centro Joyero de Iguala, propiedad de Abarca, preso también por sus presuntos nexos con el narco y señalado como autor intelectual de la masacre y desaparición de los normalistas.

El empresario igualteco también es señalado como socio de Federico Figueroa, el hermano del cantante Joan Sebastian, presuntamente vinculado con Guerreros Unidos.

Al siguiente día, viernes 16, el gobierno federal anunció la captura de Felipe Rodríguez Salgado, El Terco o El Cepillo, presunto sicario de ese mismo grupo criminal y señalado como el responsable de ordenar pulverizar los huesos calcinados de los 43 normalistas de Ayotzinapa antes de que los restos fueran presuntamente arrojados al río San Juan en Cocula.

Al Cepillo, detenido en Jiutepec, Morelos, también se le señala como quien dio la orden de quemar la ropa que los ejecutores de los normalistas traían puesta, “para que no quedaran rastros”.

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