Vatican Insider, 01/23/2015
AIF
completamente laica para vigilar las finanzas vaticanas
Nota
de FRANCESCO PELOSO
CIUDAD
DEL VATICANO
Con
el nombramiento del pasado 21 de enero, por parte del Secretario de Estado
Pietro Parolin, Tommaso Di Ruzza se
convierte en el nuevo director de la AIF, único puesto que había permanecido vacante en la cúpula de la Autoridad de
Información Financiera de la Santa
Sede.
Di
Ruzza ya era el vicedirector del organismo, pero ahora con el nuevo
nombramiento, finalmente el ente adquiere estabilidad definitiva. Entre otras novedades,
hay que considerar un aspecto importante: con la presidencia del suizo René Bruelhart y con el Consejo directivo que fue renovado por el Papa en
junio de 2014, la AIF está completamente en manos de
laicos expertos en la lucha al reciclage, en las normativas internacionales y
en finanzas. El último religioso miembro de
la AIF fue monseñor Giorgio Corbellini, en
calidad de presidente “ad interim” del organismo.
Su predecesor fue el
cardenal Attilio Nicora. Ambos pasaron, por nomina papal, al nuevo volegio para los
recursos en los casos de pederastia de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, el primero como miembro suplente y el segundo en calidad de miembro
efectivo.
Ahora, tanto la AIF como el IOR, además de la Secretaría par la Economía guiada por el cardenal
George Pell, están al completo; en cambio,
todavía se encuentra en curso la
reorganización de la Apsa, la
Administración del Patrimonio de la
Sede Apostólica, que debería asumir el papel de banco
central vaticano y funcionar como una especie de “Ministerio del Tesoro”. Se
está ocupando de esta situación, en calidad de asesor
“ad interim”, el profesor Franco Dalla
Sega, experto y profesor de la Universidad Católica de Milán.
En este contexto, se procede en el Vaticano con la preparación de los nuevos estatutos
del IOR, tarea ardua pues tendrá
que estar en armonía con las funciones de los
diferentes organismos (en particular el IOR y la APSA), bajo la guía de la Secretaría para la Economía. En el boletín de diciembre de 2014 de
la Secretaría para la Economía, se explicaba que el
Consejo del mismo dicasterio (el Consejo para la Economía coordinado por el
cardenal Marx) había presentado «al Santo
Padre y al Consejo de los cardenales (el C9, ndr.) sus recomendaciones para
reforzar el papel y el gobierno de la APSA, focalizandola como tesorería central de la Santa Sede
y del Estado de la Ciudad del Vaticano».
Por
el momento, el Papa ha aprobado las modificaciones del Estatuto, según el cual el número de miembros del
Consejo de Superintendencia del IOR pasa de 5 a 6, y se formaliza la figura del
Secretario. Se trata de constataciones que regularizan formalmente los
nombramientos de los últimos meses.
Pero
será muy interesante ver qué forma asumirá y, sobre todo, a quién será encomendado el llamado
“Vam” anunciado en julio del año
pasado, es decir el gradual pasaje «de la gestión del patrimonio a un nuevo y central Vatican
Asset Management (VAM), con el fin de superar la duplicación de los esfuerzos en este
campo entre las instituciones Vaticanas». Para concluir, también habrá que ver cuál será el futuro de la
Prefectura para los Asuntos Económicos, cuyas labores, por lo menos parcialmente
(la revisión de los balances de los
divasterios vaticanos), pasaron al súper-ministerio económico guiado por el cardenal Pell.
En el contexto de la
reforma financiera del Vaticano, de cualquier manera, el papel de la AIF ha
resultado decisivo. La
progresiva potenciación de las tareas y de la
independencia del organismo, desde que fue instituido en diciembre de 2010, ha
resultado decisivo para que la Santa Sede se adecúe a los estándares internacionales en materia de
transpatrencia, de lucha en contra del reciclaje de dinero y de financiamiento
al terrorismo. Las peticiones de Moneyval (la estructura del Consejo de Europa
que evalúa a los Estados en relación con sus actividades
anti-reciclaje) y de la Banca de Italia iban justamente en esta dirección: absoluta autonomía de la AIF frente a las
demás instituciones vaticanas
(incluida la Secretaría de Estado) y una
definición de sus competencias. EN
relación con este último aspecto, fue
fundamental la introducción de la «vigilancia
prudencial» entre las prerrogativas de la Autoridad, es decir no solo la
posibilidad de vigilar todas las transacciones en dinero en relación con hipótesis de reciclaje, sino
también la evaluación del riesgo financiero,
que implica la vigilancia de los estándares de gestión y de los balances internos de los diferentes
dicasterios, los gastos en relación con lo disponible, la capacidad de solvencia…
Una lista de cuestiones que se entreteje con las nuevas disposiciones
impartidas por la Secretaría
de la Economía a todos los dicasterios
en relación con los balances. La
Secretaría indicó entre los objetivos
«reforzar el proceso de planificación, para que los recursos económicos sean destinados a
donde puedan ser usados de la manera más eficaz posible», y hacer que estén a disposición «la mayor cantidad de
recursos económicos para la misión de la Iglesia, mediante
el desarrollo del “financial management” y de la gestión económica».
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