En Estados Unidos, dudaban en pedir la extradición

En Estados Unidos, dudaban en pedir la extradición/HOMERO CAMPA Y J. JESUS ESQUIVEL

Revista Proceso # 2020, 18 de julio de 2015

Cada vez que Estados Unidos amagaba con solicitar la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, los abogados del capo interponían recursos legales para evitarlo. De hecho, su fuga del penal del Altiplano ocurrió 16 días después de que Estados Unidos solicitara a México ese recurso de manera formal.

El 25 de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó a la Procuraduría General de la República un oficio en el que el gobierno estadunidense pedía la entrega de Guzmán para que fuera juzgado en la Corte Federal del Distrito Sur de California por tráfico de drogas y asociación delictuosa, de lo cual informó Arely Gómez, titular de la PGR, apenas el jueves 16 durante su comparecencia ante la Comisión Bicameral de Seguridad del Congreso de la Unión.

Gómez precisó que tras recibir la solicitud giró instrucciones para que ésta fuera analizada y, “de encontrarse apegada a los requisitos legales y del tratado internacional en la materia suscrito entre ambos países, someterlo a consideración del Poder Judicial Federal”.

Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, enfrenta juicios en cortes de seis estados de la Unión Americana –Arizona, Texas, Illinois, Florida, Nueva York y New Hampshire– por diversos delitos, entre ellos lavado de dinero, narcotráfico, asociación delictuosa y homicidio.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno mexicano, El Chapo fue capturado por efectivos de la Marina el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa. De inmediato, la corte del Distrito Este de Nueva York –donde existen desde 2009 nueve acusaciones contra El Chapo por encabezar un grupo criminal que traficó 130 mil kilos de cocaína a Estados Unidos– manifestó su interés en tramitar una solicitud de extradición a través de los Departamentos de Justicia y Estado.

Cuatro días después de la captura, cientos de personas marcharon por las calles de Culiacán y Guamúchil, Sinaloa, pidiendo su liberación. Algunos portaban pancartas que, entre otras cosas, demandaban que no fuera entregado a Estados Unidos. “Exigimos la no extradición ya que todo mexicano tiene derecho a ser juzgado en su país”, se leía en algunas de ellas.

Un día después, durante una entrevista con León Krauze para la cadena estadunidense Univisión, el presidente Enrique Peña Nieto expresó su deseo de no extraditar a Guzmán Loera. “Es un delincuente que tiene que enfrentar los procesos de la justicia mexicana”, aunque, matizó, eso “no riñe con que eventualmente pueda ser extraditado”.

Casi un año más tarde, el pasado 27 de enero, el todavía procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, declaró a la agencia AP que tenía conocimiento de las intenciones de Washington de pedirle la extradición del Chapo, pero subrayó que no tenía intención de concederla. “Yo puedo aceptar la extradición, pero en el momento en que yo diga. El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300, 400 años después, falta mucho”, aseveró.

Pese a las declaraciones de Murillo, los abogados del Chapo obtuvieron del juez décimo de distrito en materia de amparo una suspensión provisional contra cualquier orden de extradición que hubiese en su contra, según publicó el diario digital Animal Político.

Los abogados argumentaron que llevarlo a Estados Unidos para enfrentar un juicio violaría los derechos humanos y constitucionales de su defendido. En su sentencia, el juez otorgó el amparo con otro argumento: no se le podía extraditar debido a que existían procesos legales abiertos en México.

El juez también ordenó que todas las autoridades vinculadas o con conocimiento de alguna solicitud de extradición debían informarlo en un plazo de 24 horas. No existía aún solicitud por parte de Washington.

No conformes, los abogados del Chapo presentaron a nombre de éste la queja 411/2015 para conocer “cualquier detalle o gestión” que haya realizado Estados Unidos ante la cancillería mexicana para “valorar o requerir una solicitud de extradición”.

El 10 de junio el Primer Tribunal Colegiado Penal del Distrito Federal declaró infundada la queja. Estimó que la cancillería no tenía obligación de dar informes al Chapo hasta que existiera una solicitud de detención provisional con fines de extradición, la cual no había ocurrido.

Según Gómez, 15 días después llegó la petición estadunidense… Y dos semanas más tarde El Chapo se fugó.

La confusión de Washington

En la Casa Blanca la administración de Barack Obama no dejó en claro si formalizó o no el pedido.

“El gobierno de Estados Unidos comunicó claramente al gobierno de México que, desde nuestro punto de vista, Guzmán tendría que afrontar los cargos que se le imputan en Estados Unidos”, declaró el lunes 13 Josh Earnest, vocero de la residencia presidencial.

Y agregó: México tiene “un gobierno soberano que asume sus responsabilidades de garantizar que los ciudadanos mexicanos acusados de crímenes serios sean procesados por su propio sistema judicial. Pero les dejamos en claro nuestro interés de garantizar que (El Chapo) fuera puesto a la disposición de la justicia aquí en Estados Unidos”.

El martes 14, en un artículo de primera plana sobre la fuga del capo, el periódico The New York Times publicó que “el gobierno de Estados Unidos no había pedido formalmente al de México la extradición de Guzmán Loera”.

La confusión en Washington sobre este punto aumentó durante una audiencia realizada el miércoles 15 en el Capitolio, con el propósito de confirmar como embajadora de Estados Unidos en México a Roberta Jacobson, quien previamente fue secretaria adjunta de Estado para el Hemisferio Occidental.

Durante la audiencia realizada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, los legisladores Marco Rubio, republicano por Florida, y Robert Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, lanzaron preguntas directas a Jacobson. Este último fue incisivo:

–Estoy particularmente preocupado por el hecho de que Guzmán fue arrestado en febrero de 2013 (sic) y todos los indicios disponibles sostienen que Estados Unidos solicitó su extradición hasta febrero de este año. ¿Puede explicarme por qué el Departamento de Estado no pidió la extradición de Guzmán durante todo un año, especialmente cuando él enfrenta cargos en por lo menos siete cortes federales de Distrito en Estados Unidos? ¿Qué pasó aquí? –preguntó Menéndez.

–Senador –contestó Jacobson–, lo que puedo decir, porque no puedo entrar en detalles y tomando en cuenta que no soy una empleada del Departamento de Justicia, es que éste es el que prepara todos los paquetes de extradiciones junto con abogados del Departamento de Estado. Siempre queremos buscar la extradición de todos aquellos que son detenidos en el extranjero y que enfrentan cargos en Estados Unidos.

Y añadió: “Hemos estado hablando con México por muchos años sobre extradiciones (…) y nuestro deseo de que se den más. Pero no puedo decirle las razones exactas de los tiempos por el caso particular o de la posible extradición de Guzmán”.