Que la Corte no abdique de la defensa de las libertades/

 Que la Corte no abdique de la defensa de las libertades/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Revista Proceso # 2039 , a 28 de noviembre de2015...

Testigo de las reformas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de 1994, Olga Sánchez Cordero pasa revista a la labor del máximo tribunal en los cuatro sexenios (dos priistas, dos panistas) que le tocó vivir como ministra, cargo del cual está a punto de retirarse; y advierte –ante el inminente relevo de integrantes de la SCJN– que no es posible retroceder en la protección de los derechos ni renunciar a las libertades, especialmente ahora, cuando las políticas de seguridad nacional los amenazan.

 Cuando la seguridad se ha convertido en la prioridad de los gobernantes, a los jueces les toca defender las libertades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como tribunal constitucional, no puede abdicar de esa defensa, aun cuando deba enfrentarse al presidente de la República o los senadores, quienes deciden su conformación.

 Las propuestas para la designación de los ministros dicen mucho del titular del Ejecutivo federal en turno, pero más las votaciones de los jueces constitucionales: si reivindican la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF), obedecen a sus antiguos jefes o ponen por delante su ideología.

En momentos en que el Senado procesa las ternas propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto para la elección de los nuevos ministros de la SCJN y a unos días de convertirse en ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero pone en esos términos la tarea de la institución en los próximos años y advierte en entrevista: “La Corte no puede retroceder en la protección de los derechos. Es un camino que nunca se acaba”, sobre todo cuando la seguridad está al acecho de las libertades.

Sánchez Cordero fue una de los 11 ministros de la reforma de 1994, cuando durante el receso judicial de fin de año desapareció la Corte del presidencialismo priista en lo que entonces se llamó el “golpe de Estado técnico” del presidente Ernesto Zedillo. La actual conformación y concepción de la SCJN se echó a andar en enero de 1995.

Marginado durante décadas, convertido en un poder de tercera durante el presidencialismo priista del siglo pasado, el PJF, que tiene en la SCJN su máxima representación, en dos décadas ha pasado a dirimir las diferencias entre los poderes formales del Estado y a “defender e incluso reparar derechos violados”, aun cuando en 2010 el Ejecutivo y el Legislativo le quitaron la facultad de investigar casos de violaciones graves a los derechos humanos.

Primera prueba

Una de sus primeras pruebas después de esa reforma fue la matanza de Aguas Blancas, Guerrero, en junio de 1996, cuando policías de Guerrero masacraron a 17 campesinos e hirieron a otros 21 en el municipio de Coyuca de Benítez. La Corte ejerció la facultad de investigación, asentada en la Constitución desde 1917 y que durante el régimen del PRI se ejerció una sola vez.

En el caso de Aguas Blancas, con el voto de Sánchez Cordero entre otros, la Corte estableció que el gobernador Rubén Figueroa Alcocer mintió al negar inicialmente los hechos. Figueroa renunció.

“Lo que se le cuestionó al entonces gobernador fue la manipulación de la información. No la orden que dieron otras instancias menores, tal vez sin su consentimiento. No lo sabemos. Lo que se le cuestionó enormemente fue la manipulación de la información. Además de las muertes, lo grave fue el ocultamiento y la mentira.

“El derecho de acceso a la información pública gubernamental y la transparencia de las acciones de gobierno eran incipientes. No estaban en la Constitución y la Corte empezó a construir derechos de abajo hacia arriba.”

Después vinieron otras investigaciones sobre violaciones graves a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, en lo que Sánchez Cordero considera que se convirtieron en “muchos mensajes al Constituyente permanente sobre la cultura de la transparencia”.

Pero en esa tarea la Corte fue frenada en 2010, cuando el Ejecutivo y el Legislativo le retiraron esa facultad de investigación. Con el aval presidencial y el consentimiento de algunos ministros, el Congreso traspasó esa facultad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La puntilla se dio cuando una minoría de ministros propuso castigar a los funcionarios municipales, estatales y federales señalados con algún grado de responsabilidad en el incendio en 2009 de la guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, tragedia que dejó 49 niños muertos y 76 heridos de entre cinco meses y cinco años de edad y cuya investigación pasó a la CNDH.

El autor de la reforma que permitió esto fue el entonces senador y ahora presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones. La promulgó el entonces presidente Felipe Calderón.

“¡Yo nunca estuve de acuerdo en eso! Pienso que era una facultad de la Corte muy importante, pero a raíz del caso ABC fue, en efecto, que se decide que esta atribución pasara a la CNDH.”

–¿La Corte estaba yendo demasiado lejos?

–Para la opinión de quienes expiden las leyes constitucionales y del propio Ejecutivo, podría ser que sí. No lo sé porque ellos son los que lo hicieron, pero pienso que hubo algo de razón en cuanto a que la Corte hizo la investigación del ABC y muchos de nosotros nos adherimos al proyecto de resolución que presentó el ministro Zaldívar.

El proyecto pedía el establecimiento de responsabilidades para funcionarios federales. Uno de ellos, el ahora fallecido Juan Molinar Horcasitas, quien al momento de la investigación era secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Calderón, pero antes había sido director del IMSS en la misma administración.

El ala progresista

Las votaciones de Sánchez Cordero en los últimos años la convirtieron a ojos de muchos en una ministra progresista, pese a que los jueces constitucionales mexicanos rechazan ser catalogados como liberales o conservadores.

Que después de 21 años acabara así identificada no lo imaginaba, cuando después de su breve paso como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal fue designada ministra a propuesta de Ernesto Zedillo. Mucho menos en 1993, cuando pidió licencia como notaria pública, la actividad heredada de su padre.

Su conversión en ministra liberal fue a la par de la construcción de la SCJN como tribunal constitucional, hacia donde estaba dirigida aquella reforma judicial que apuntó al control de los actos del poder público y de las leyes por medio de las controversias constitucionales y las acciones de constitucionalidad.

El resultado, dice, es que ahora ese tribunal constitucional “reconoce derechos, los protege y repara las violaciones que las personas han sufrido” en ellos.

Con la salida de Sánchez Cordero y de Juan Silva Meza se acaba la época de los primeros ministros de la reforma judicial y a quienes les tocó la alternancia del poder, en 2000. Alternaron con cuatro presidentes de la República, dos del PRI y dos del PAN.

De Zedillo, la ministra dice: “Fue un presidente respetuoso de las decisiones de la Corte. Incluso, pienso que era auténticamente demócrata. Creo, lo quiero pensar. No porque me haya propuesto como ministra, sino por la experiencia que tuve con él. Bajo mi ponencia estuvo la resolución en la cual la Corte condenó al Ejecutivo federal a entregar toda la documentación de todos los fideicomisos de los bancos”.

Fue la controversia constitucional promovida en 1999 por la Cámara de Diputados, y firmada por el entonces diputado panista Felipe Calderón, sobre la deuda asumida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Era la primera vez que la Corte condenaba al Ejecutivo.

“En el momento en que la Corte resuelve que una disposición secundaria de la ley del secreto fiduciario no puede estar por encima de una atribución constitucional de la Cámara de Diputados para revisar la deuda pública, el presidente entregó toda la documentación de los bancos que estaban en ese fondo”, asegura.

Así se supo que se había incorporado deuda privada de los dueños de bancos como deuda a pagar por todos los mexicanos. No obstante, la Cámara de Diputados avaló que toda la deuda del Fobaproa debía ser pagada con recursos públicos.

Protagonista desde el máximo tribunal de la alternancia en la Presidencia de la República, dice que la Corte se vio favorecida como tribunal constitucional por ese cambio.

Menciona el caso de la controversia constitucional interpuesta por el entonces presidente Vicente Fox en relación con el presupuesto de egresos de 2005 y en el que la Corte reconoció que el Ejecutivo federal puede vetar lo aprobado por la Cámara de Diputados. “Un presidente priista nunca hubiera interpuesto una controversia de ese tipo, o no lo sé. Por eso yo la llamo ‘LA’ controversia constitucional en la etapa de la alternancia. Fue algo muy positivo para el país, independientemente de quién ocupara la Presidencia”.

Aunque para la ministra la relación de Fox con la Corte fue de no intervención, el desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en 2005, provocó un desgaste no sólo en la Corte, sino para su gobierno y todo el país.

Sánchez Cordero decidió darle entrada a la controversia que presentó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por el desafuero decidido en la Cámara de Diputados a instancias del Ejecutivo federal, de cara al proceso electoral de 2006. Fox “no conocía a fondo el expediente y creo que no tenía muy claras las consecuencias jurídicas ni lo que significaba para un gobierno estatal el hecho de enjuiciar a un gobernante”.

–Tal vez el entonces ministro presidente de la Corte, Mariano Azuela, a quien consultaba Fox, sí lo tenía claro.

–Yo no sé qué pensaría Azuela. Pero yo sí lo tenía claro. Me tocó el caso, por turno, y antes de que se me asignara sabía que la ALDF podía ser equiparada a un Congreso local y ser parte en el proceso de desafuero del gobernante, acusado de haber violado una suspensión judicial.

“No todos mis compañeros a la mejor la hubieran aceptado y habrían argumentado que era notoriamente improcedente. Pero en el expediente había temas con muy poco sustento. Por ejemplo, me quedó claro que el jefe de Gobierno no estaba notificado, porque yo revisé las constancias. Entonces, ¿a alguien que no está notificado se le puede desaforar y procesar?

“Creo que el (entonces) presidente Fox, al final, ya cuando la Corte resuelve que sí se hace cargo de la controversia constitucional y cuando nuestro juez de Distrito no acepta la fianza que fueron a entregarle (los panistas) para que no llegara su propio acusado, fue realmente algo fuera de contexto jurídico.

“Al final el presidente Fox tomó la decisión de hacer cualquier cantidad de desistimientos y no proseguir con ningún tipo de imputación. Todos nos quedamos sorprendidos; ¡tanto que desgastó a las instituciones y al país como para después decir: ‘No, ¿saben qué?, siempre no!’.”

El periodo que la ministra considera más difícil desde la Corte fue el de la Presidencia de Calderón, quien entró en confrontación abierta con el PJF, al cual responsabilizó en distintas ocasiones de liberar a delincuentes que su gobierno detenía.

“Ahí están las declaraciones. Qué podemos decir. A mí me dolían muchísimo y sobre todo que no tuviéramos un diálogo permanente entre poderes, de por qué estábamos resolviendo de determinada manera. Él es abogado y a mí me hubiera encantado tener un diálogo mucho más fluido que el que hubo.”

–¿Usted tuvo la oportunidad de conversar sin el escándalo mediático?

–Tuve varias conversaciones con él. Pero él tenía una posición y yo otra, y cuando se tienen posiciones encontradas y no hay un puente de entendimiento, es muy difícil. Creo que eso le pasó al presidente Calderón con el Poder Judicial. No transitó en un diálogo de puente permanente.

“No le gustaron muchas de las resoluciones que tomó el Poder Judicial. No le gustó el proyecto del ministro Arturo Zaldívar sobre el caso ABC, no le gustó nuestra posición en el asunto de Florence Cassez, en el llamado michoacanazo, no le gustaron las resoluciones contra Jorge Hank, no le gustó el apagón analógico que tuve bajo mi ponencia. Fueron resoluciones que pudieron o no gustar, pero se acatan y se acabó. Nunca fue grosero… simplemente tenía un punto de vista y lo sostenía. Y eso tensionó.”

Relevos

En marzo pasado Sánchez Cordero fue designada para dar el discurso de bienvenida a Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte, propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto. La designación causó rechazo entre quienes criticaron su perfil de extitular de la Procuraduría General de la República y exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

–¿Por qué en su discurso reivindicó la independencia del Poder Judicial y el respeto a los derechos humanos?

–Porque casi fue un discurso de despedida del tribunal constitucional que nos había costado mucho trabajo construir. Fue decir: yo estuve aquí 20 años, tratamos de construir un tribunal garante de derechos, de respeto a la persona, y que el rol de procurador o del responsable en seguridad pública representa sólo una parte del proceso jurídico que acaba en el Poder Judicial.

–¿Qué le dijo a usted del presidente de la República que haya propuesto a Medina Mora como ministro?

–Creo que el presidente escuchó hoy más a la sociedad civil. El ministro Medina Mora, que ha sido muy atento conmigo, había sido funcionario del panismo en los gobiernos de Fox y de Calderón y del propio Peña Nieto. Había sido un buen funcionario. Entre la procuraduría y los tribunales existe una cierta tensión. Por eso mi discurso fue para decir que dejaba de ser fiscal y llegaba al máximo tribunal del país.

Cuatro presidentes de la República y seis de la SCJN fueron los que le tocaron a Sánchez Cordero como ministra. Pero con ninguno de éstos como con Luis María Aguilar Morales, en enero de este año, vivió una elección tan disputada para encabezar la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal.

Fueron necesarias 30 rondas de votaciones para su elección. La muerte del ministro Sergio Valls y la falta de su reemplazo habían dejado en 10 ministros la integración del pleno. Se formaron dos bloques en igualdad de votos, la de aquellos que optaban por un ministro de carrera, como Aguilar Morales, o uno de los llamados externos, que representaba el ministro Arturo Zaldívar.

Al final, después de casi cinco horas de votación en la que ningún sector cedía, el entonces presidente de la Corte, el ministro Juan Silva Meza, cambió su voto y se definió la presidencia. Sánchez Cordero estuvo con Zaldívar, pero asegura que no se trató de una disputa entre liberales y conservadores, pues recuerda que Aguilar “ha votado muchas veces por algunos asuntos de manera muy progresista”, como en el caso de la despenalización del aborto.

–¿Hay algún voto que cambiaría, de los que emitió en sus 21 años como ministra, para ser más justa?

–Hay reflexiones sobre algunos votos. Por ejemplo, en materia de libertad de expresión, y en particular en el caso del poema a nuestra bandera.

En 2005 el voto de Sánchez Cordero fue decisivo para condenar como “ultraje” a la bandera el poema escrito por el escritor originario de Campeche Sergio Hernán Witz Rodríguez.

“A varios años de distancia yo me inclinaría por la libertad de expresión, aun cuando el poema sea muy agresivo e insultante para nuestra bandera. Hoy creo que privilegiaría la libertad.”

Contraria a quienes proponen sacrificar libertades por seguridad, afirma: “No podemos abdicar libertades que nos han costado tanto esfuerzo y tanta sangre, como Tlatelolco y otros sucesos. No podemos dejar nuestras libertades en aras de una seguridad. No es permisible”.