EEUU
y Francia abren investigaciones tras la filtración
PABLO
PARDO Corresponsal Washington@pablopardo1
El País, 05/04/2016
El Tesoro de Estados Unidos ha abierto una investigación para determinar
si alguno de los clientes del bufete panameño Mossack Fonseca podría ser
procesado en EEUU. De acuerdo con la información del Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ, según sus siglas en inglés), en los
documentos hay al menos 33 personas físicas y jurídicas a las que EEUU ha
prohibido ciertas actividades, en particular en relación con el suministro de
combustible a las Fuerzas Armadas de Siria, y material para la producción de
armas atómicas a Corea del Norte e Irán. Por su parte, el Gobierno francés
también ha anunciado que va a indagar en el escándalo, dado que en algunas
operaciones de Mossack Fonseca participa el gigante de la banca francesa
Société Générale. Pero las informaciones del ICIJ en este terreno son sumamente
incompletas. Por un lado, Mossack Fonseca trabajó con al menos 33 clientes
señalados por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC, según sus siglas en
inglés, que es el Departamento del Tesoro de EEUU que impone y aplica sanciones
extraterritoriales).
En la mayor parte de los casos, esas relaciones
comerciales empezaron antes de que las empresas fueran colocadas en las 'listas
negras' de EEUU, y no fueron interrumpidas cuando Washington las sancionó.
Mossack Fonseca, por ejemplo, ayudó a las subsidiarias de empresas sirias en
los Emiratos Árabes Unidos a crear empresas instrumentales en el paraíso fiscal
de Seychelles, en el Océano 'Indico, para comprar combustible para los aviones
de combate de la Fuerza Aérea Siria.
El bufete también trabajó hasta 2009 con
John Bredenkamp, un empresario de Zimbabue especializado en instrumentos
jurídicos para burlar sanciones internacionales. El alcance de los 11 millones
de documentos de Mossack Fonseca a los que ha tenido acceso el ICIJ (varias
veces más que toda la filtración de Wikileaks) tardará en saberse, en parte por
la complejidad de las transacciones y en parte por el volumen de la
información. Además, no va a ser necesariamente fácil para EEUU emprender
acciones legales contra esas entidades. En primer lugar, Washington deberá
demostrar tres cosas: que realizaron transacciones con bancos estadounidenses,
que la información a la que ha accedido el ICIJ no fue obtenida ilegalmente, y
que con su actuación el Gobierno de EEUU no está violando la relación entre
cliente y abogado.
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