LAS MENTIRAS DE CANALES/Raymundo Riva Palacio
Columna Estrictamente Personal
Columna Estrictamente Personal
El Financiero, 4 de abril de 2016
Ernesto Canales, el zar anticorrupción de Nuevo León, patalea en un pantano desde que se dio a conocer en este espacio, la semana pasada, de la demanda en su contra por un fraude de seis millones de dólares, interpuesto por Paula Cusi, la última esposa de Emilio Azcárraga Milmo, que lo acusó de apropiarse del dinero que le correspondía por la venta del 16.6% de las acciones de Televisa que había heredado, a Emilio Azcárraga Jean. Canales negó haberla defraudado y dijo que sólo se busca desacreditarlo por investigar las irregularidades en el gobierno de Rodrigo Medina.
La investigación sobre Medina y su familia, también detallada ampliamente en este espacio, fue una promesa de Jaime Rodríguez, El Bronco, en su campaña para gobernador de Nuevo León. Pero politizar la demanda es un elemento distractor de Canales para minimizar la crítica sobre su probidad. Rodríguez no debió haberlo nombrado como zar anticorrupción por el conflicto de interés: ¿cómo combatir la corrupción quien enfrenta un litigio por fraude? Canales no debió haber aceptado el cargo porque el caso, que no se inclinaba a su favor, no estaba cerrado.
En dos cartas públicas, Canales se defendió. “La señora Cusi –dijo en una de ellas– no ha probado su acusación y sí, en cambio, quedó jurídicamente firme que no hubo de nuestra parte, apropiación indebida de honorarios, por lo que las acusaciones (en la columna) en mi contra son falsas”. No es así. En primer lugar, la averiguación previa se encuentra en integración en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y no se están recabando pruebas para deslindar, como sostiene Canales. La sentencia dictada por los magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del 11 de noviembre de 2015 contra un amparo presentado por Canales, establece: “No admite recurso alguno”. Es decir, todo lo que había por integrar al caso, estaba hecho.
Su desmentido de la apropiación de los seis millones de dólares, de acuerdo con documentos en el expediente del caso, es falso. En una carta que envió a la señora Cusi el 21 de octubre de 2011, hace una relatoría a manera de rendición de cuentas sobre todo el proceso de sucesión testamentaria, su entonces abogado –junto con el codemandado César Francisco García Méndez–, y señala:
“De acuerdo a las instrucciones recibidas de ti, así como a las facultades conferidas al efecto de negociar un pago compensatorio con Televisa a fin de aplicarlo al pago de los honorarios tanto ya devengados como a los que te enfrentarías al desistirte a tu entero perjuicio de la acción civil, y habiendo obtenido tu autorización expresa siempre que: 1) No se vinculara de ningún modo el pago de la renuncia de tus derechos o a la transmisión de las acciones, esto es, que se asumiera como pago a los profesionistas y no a ti; 2) No se formalizará en ninguno de los documentos a ser ratificados por ti, que contendrían tus renuncias y transmisiones (de propiedad); y, 3) No retardará en ninguna forma la definición de tu situación jurídica en la causa penal”.
El punto 18 de esa misma carta precisa: “En ejercicio de tus instrucciones, me reuní con el licenciado Alejandro Bustos Olivares, director jurídico contencioso de Televisa, y con el licenciado Alonso Aguilar Zinser, penalista a cargo de la causa penal por parte de Televisa, con quienes negocié a favor de los abogados y de acuerdo a lo instruido por ti, el pago de la cantidad de 6 MMUSD (seis millones de dólares, que eran al tipo de cambio de la época 65 millones de pesos), mismo que lo apliqué conforme a tus instrucciones al pago de los honorarios de los distintos profesionistas que intervinieron tanto en la acción civil como en la penal, así como en la restitución de diversas cantidades pagadas por mí en tu nombre durante los procedimientos”.
Este punto se refiere a la “Carta de Instrucción” que Canales y García Méndez firmaron el 17 de mayo de 2011 con el representante de Televisa, Alejandro Bustos, donde solicitaba a la empresa determinar, a su elección, la forma como realizaría el pago compensatorio en dos exposiciones, el 17 y el 27 de mayo de ese año, mediante dos opciones: 1) Un depósito a la cuenta de Summer Stream, C.V., por la vía de Abdadi&Co, Securities Ltd, en el banco Standard Bank Plc., en Londres, por tres millones de dólares. Y, 2) O mediante la contratación que lleve a cabo Televisa de los servicios de mercadotecnia de la empresa Summer Stream, C.V., por otros tres millones de dólares.
Canales, representante de Summer Stream, agregó en el punto 18: “Esto fue comentado contigo durante el trayecto al aeropuerto de la ciudad de Toluca, el día de tu liberación (Televisa acusó a la viuda de Azcárraga Milmo por falsedad de declaraciones, por lo que fue encarcelada el 23 de abril de 2011, y liberada cinco días después por falta de pruebas), a lo que respondiste que no nos preocupáramos que hablaríamos la siguiente semana”.
Esta carta es central porque revela en su propia voz sus contradicciones. Por un lado afirmó ante el Ministerio Público que no se había quedado con ningún dinero de ella, pero al mismo tiempo acepta que se quedó con ese dinero. Peor aún: la señora Cusi nunca le dio esa instrucción; Canales nunca le entregó esa carta.
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Los seis millones de Televisa/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero, 1 de abril de 2016
Ernesto Canales parecía totalmente confiado que la demanda por fraude de 65 millones de pesos que interpuso en su contra Paula Cusi, la tercera y penúltima esposa de Emilio El Tigre Azcárraga, de quien había sido su abogado en un litigio por su herencia contra Televisa, no prosperaría. Así quedaba de manifiesto en la comunicación que presentó su abogado Igor Trujillo al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Distrito Federal el 15 de agosto del año pasado.
Nunca hubo daño patrimonial a la señora Cusi por parte de su cliente, alegó el abogado, y el pago de Televisa que reclamaba como suyo, se lo había hecho la televisora a Canales por promover la empresa en el mercado europeo. “Sus agravios –alegó– son totalmente infundados”.
Trujillo dijo que los 65 millones que reclamaba la señora Cusi eran pagos contemplados por un contrato de prestación de servicios que habían firmado Televisa y Summer Stream, CV, una empresa registrada en Holanda cuyo representante era Canales, firmado en mayo de 2010. Con ese contrato en la mano, el abogado Trujillo pedía que el tribunal ratificara el amparo concedido a Canales para que no se obligara a Televisa a presentar los documentos de las transferencias bancarias a Summer Stream porque, sugería, probaba que los 65 millones eran por los servicios de promoción, y no como pago a la señora Cusi por la transferencia de su 16.6 por ciento de acciones a Emilio Azcárraga Jean, presidente de la empresa. Por tanto, no habría litis y tendría que ser desechada la denuncia.
La búsqueda para bloquear la orden para que Televisa entregara los documentos al Ministerio Público comenzó con una primera solicitud de amparo y protección de la justicia federal el 11 de marzo del año pasado. La batalla legal no iba a ser fácil. Durante casi diez meses los abogados de la señora Cusi presentaron recursos para evitar el sobreseimiento del caso, que comenzó en 2011, cuando representantes de Televisa le comentaron que Azcárraga Jean había dispuesto una contraprestación de seis millones de dólares –65 millones de pesos al cambio de la época–, que habían sido pagados en dos exposiciones en mayo de ese mismo año. La señora Cusi nunca fue informada por Canales de ese pago, quien había hecho esa negociación, ni entró a su patrimonio. La clave del caso eran las transferencias bancarias de Televisa; buscaba Canales que no se integraran en la demanda de fraude.
Sin ellas, como alegó Trujillo, el único documento válido ante el Ministerio Público era el contrato de prestación de servicios de mayo de 2010. Cuando perdió el amparo y buscó una revisión del fallo, incorporó al expediente una serie de notas periodísticas de una fiesta que dio Televisa a magistrados del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, sugiriendo un acto de corrupción. La postura de la defensa de Canales respondía a que la empresa había entregado la documentación de los pagos el 8 de septiembre de 2015, que mostraban las transferencias electrónicas del 17 y el 27 de mayo de 2011 de tres millones de dólares cada uno, a las cuentas de Summer Stream, y a la declaración ministerial del representante legal de Televisa, Alejandro Bustos, quien había señalado los términos del pago de la contraprestación. Trujillo cuestionó la validez de sus declaraciones porque la negociación había sido durante los días en los cuales la señora Cusi estuvo en la cárcel acusada por Televisa de declaraciones falsas –salió en libertad porque no se probó el delito–, y puso en duda que Canales y César Francisco García Méndez, que trabajó con Canales en el litigio contra Televisa, tuvieran responsabilidad alguna, como los acusaban.
“Si pretendiera (el Tribunal) que la señora… Cusi…, tiene el derecho de cobro de los seis millones de dólares a que hace referencia en su escrito de querella, en armonía con lo que dice su mismo apoderado
–argumentó Trujillo en una comunicación escrita dirigida al Ministerio Público el 22 de septiembre de 2015–, sería tanto como establecer un derecho de cobro respecto de un hecho ilícito pues ¿acaso estamos hablando de que se le daría una cantidad de dinero por su desistimiento y liberación?”.
El 11 de noviembre el caso ya se había inclinado contra Canales, quien decidió con Trujillo tácticas dilatorias. El 19 de noviembre Trujillo pidió que se llamara a declarar a los propietarios de Televisa, a los albaceas de El Tigre Azcárraga, a los abogados y representantes de la empresa, entre los que se encontraban Azcárraga Jean, sus hermanas Carla, Adriana y Alejandra, el responsable financiero de la empresa, Alfonso de Angoitia y seis grupos morales. La petición fue rechazada por improcedente. Un día después perdió el recurso.
Cuarenta y ocho días antes Jaime Rodríguez, El Bronco, había asumido la gubernatura de Nuevo León. Había ganado la elección con una sola promesa de campaña clara: combatir la corrupción, y con un mandato sin precedente en la historia del estado para meter a la cárcel a cuanto funcionario de la administración previa de Rodrigo Medina, o a sus familiares, les comprobara fechorías. En su toma de posesión afirmó: “El poder siempre ha sido de los ciudadanos y dejamos que se ensuciara. Gracias a ustedes, Nuevo León ha recuperado el camino de su destino”. El 7 de diciembre, escasas dos semanas después de perder el juicio, El Bronco nombró a Canales su zar anticorrupción.
Twitter: @rivapa
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Los seis millones de Televisa/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero, 1 de abril de 2016
Ernesto Canales parecía totalmente confiado que la demanda por fraude de 65 millones de pesos que interpuso en su contra Paula Cusi, la tercera y penúltima esposa de Emilio El Tigre Azcárraga, de quien había sido su abogado en un litigio por su herencia contra Televisa, no prosperaría. Así quedaba de manifiesto en la comunicación que presentó su abogado Igor Trujillo al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Distrito Federal el 15 de agosto del año pasado.
Nunca hubo daño patrimonial a la señora Cusi por parte de su cliente, alegó el abogado, y el pago de Televisa que reclamaba como suyo, se lo había hecho la televisora a Canales por promover la empresa en el mercado europeo. “Sus agravios –alegó– son totalmente infundados”.
Trujillo dijo que los 65 millones que reclamaba la señora Cusi eran pagos contemplados por un contrato de prestación de servicios que habían firmado Televisa y Summer Stream, CV, una empresa registrada en Holanda cuyo representante era Canales, firmado en mayo de 2010. Con ese contrato en la mano, el abogado Trujillo pedía que el tribunal ratificara el amparo concedido a Canales para que no se obligara a Televisa a presentar los documentos de las transferencias bancarias a Summer Stream porque, sugería, probaba que los 65 millones eran por los servicios de promoción, y no como pago a la señora Cusi por la transferencia de su 16.6 por ciento de acciones a Emilio Azcárraga Jean, presidente de la empresa. Por tanto, no habría litis y tendría que ser desechada la denuncia.
La búsqueda para bloquear la orden para que Televisa entregara los documentos al Ministerio Público comenzó con una primera solicitud de amparo y protección de la justicia federal el 11 de marzo del año pasado. La batalla legal no iba a ser fácil. Durante casi diez meses los abogados de la señora Cusi presentaron recursos para evitar el sobreseimiento del caso, que comenzó en 2011, cuando representantes de Televisa le comentaron que Azcárraga Jean había dispuesto una contraprestación de seis millones de dólares –65 millones de pesos al cambio de la época–, que habían sido pagados en dos exposiciones en mayo de ese mismo año. La señora Cusi nunca fue informada por Canales de ese pago, quien había hecho esa negociación, ni entró a su patrimonio. La clave del caso eran las transferencias bancarias de Televisa; buscaba Canales que no se integraran en la demanda de fraude.
Sin ellas, como alegó Trujillo, el único documento válido ante el Ministerio Público era el contrato de prestación de servicios de mayo de 2010. Cuando perdió el amparo y buscó una revisión del fallo, incorporó al expediente una serie de notas periodísticas de una fiesta que dio Televisa a magistrados del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, sugiriendo un acto de corrupción. La postura de la defensa de Canales respondía a que la empresa había entregado la documentación de los pagos el 8 de septiembre de 2015, que mostraban las transferencias electrónicas del 17 y el 27 de mayo de 2011 de tres millones de dólares cada uno, a las cuentas de Summer Stream, y a la declaración ministerial del representante legal de Televisa, Alejandro Bustos, quien había señalado los términos del pago de la contraprestación. Trujillo cuestionó la validez de sus declaraciones porque la negociación había sido durante los días en los cuales la señora Cusi estuvo en la cárcel acusada por Televisa de declaraciones falsas –salió en libertad porque no se probó el delito–, y puso en duda que Canales y César Francisco García Méndez, que trabajó con Canales en el litigio contra Televisa, tuvieran responsabilidad alguna, como los acusaban.
“Si pretendiera (el Tribunal) que la señora… Cusi…, tiene el derecho de cobro de los seis millones de dólares a que hace referencia en su escrito de querella, en armonía con lo que dice su mismo apoderado
–argumentó Trujillo en una comunicación escrita dirigida al Ministerio Público el 22 de septiembre de 2015–, sería tanto como establecer un derecho de cobro respecto de un hecho ilícito pues ¿acaso estamos hablando de que se le daría una cantidad de dinero por su desistimiento y liberación?”.
El 11 de noviembre el caso ya se había inclinado contra Canales, quien decidió con Trujillo tácticas dilatorias. El 19 de noviembre Trujillo pidió que se llamara a declarar a los propietarios de Televisa, a los albaceas de El Tigre Azcárraga, a los abogados y representantes de la empresa, entre los que se encontraban Azcárraga Jean, sus hermanas Carla, Adriana y Alejandra, el responsable financiero de la empresa, Alfonso de Angoitia y seis grupos morales. La petición fue rechazada por improcedente. Un día después perdió el recurso.
Cuarenta y ocho días antes Jaime Rodríguez, El Bronco, había asumido la gubernatura de Nuevo León. Había ganado la elección con una sola promesa de campaña clara: combatir la corrupción, y con un mandato sin precedente en la historia del estado para meter a la cárcel a cuanto funcionario de la administración previa de Rodrigo Medina, o a sus familiares, les comprobara fechorías. En su toma de posesión afirmó: “El poder siempre ha sido de los ciudadanos y dejamos que se ensuciara. Gracias a ustedes, Nuevo León ha recuperado el camino de su destino”. El 7 de diciembre, escasas dos semanas después de perder el juicio, El Bronco nombró a Canales su zar anticorrupción.
Twitter: @rivapa
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El error de Canales/Raymundo Riva Palacio |
El Financiero, Martes 5 de abril, 2016
En sus respuestas para declararse inocente frente a la demanda por fraude que interpuso Paula Cusi -la última esposa de Emilio Azcárraga Milmo-, por la venta del 16.6% de sus acciones de Televisa, Ernesto Canales busca confundir. La señora no ha probado la acusación, dijo el zar anticorrupción de Nuevo León –lo que no es correcto-, y añadió que hay dos juicios paralelos, civil y mercantil, pendientes de resolución. En el pantano en el que se hunde, precisamente el tema de esos juicios paralelos son los que permitieron descubrir los elementos para que lo demandarán: un cobro de cinco millones de dólares que exigió a la señora Cusi por los servicios que él y su entonces socio, César Francisco García Méndez, devengaron en el litigio de la sucesión testamentaria de El Tigre Azcárraga.
La transmisión de acciones y propiedades se dio en mayo de 2011, en un acuerdo que la señora Cusi creía era para que Televisa dejara de perseguirla judicialmente y encarcelarla, además de un finiquito de 50 mil pesos, negociado por Canales y García Méndez con los representantes de la televisora. Pero según los expedientes del caso, el pago por cinco millones de dólares, era algo que no entendía. ¿Por qué si el finiquito había sido por 50 mil pesos querían ese monto? La señora Cusi contrató otros abogados para que le ayudaran en este nuevo litigio.
Los detalles de cómo se enteró la señora Cusi de lo que Canales y García Méndez habían hecho a sus espaldas, aparece contenido en los autos del juicio civil de este último en contra de la viuda de Azcárraga Milmo. En el proceso, los nuevos abogados de la señora Cusi pidieron los detalles del convenio sobre la transmisión de las acciones a Canales y García Méndez, quienes se negaron a entregarlos bajo el alegato de que existía un acuerdo de confidencialidad, por lo que interpelaron a Televisa. Como resultado, la empresa entregó al juzgado copias de las escrituras públicas 66219, 66284 y 66285.
Las dos primeras fueron firmadas el 28 de abril, tras la cesión que hizo la señora Cusi de “todos y cada uno de sus derechos” de la sucesión de El Tigre a Emilio Azcárraga Jean, mediante el finiquito de 50 mil pesos. La tercera fue firmada un día después de que se suscribiera la “Carta de Instrucción” del 17 de mayo, donde Canales y García Méndez indicaban a Televisa la forma como debía pagar seis millones de dólares en dos entregas, una el mismo día, y la otra 10 después, a Summer Stream, C.V., la empresa de Canales registrada en Holanda, como contraprestación para Cusi. Igualmente, los abogados de la señora Cusi pidieron al juzgado que los notificara de cualquier acción que pudieran emprender sus antiguos representantes.
Así encontraron otro conejo en la chistera. Los nuevos abogados de la señora Cusi recibieron en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito un sobre cerrado donde Canales, en una carta a la señora Cusi fechada el 21 de octubre de 201, hacía una rendición de cuentas sobre todo el proceso de sucesión testamentaria en donde reconocía el pago de los seis millones de dólares y subrayaba que, a petición de ella, se haría ese pago a los abogados por concepto de honorarios, y se realizarían depósitos que no la vincularan a ellos. Es decir, detallaban lo que contenía la “Carta de Instrucción”. Esta carta, como se señaló en la entrega anterior de esta columna, nunca le fue entregada a la señora Cusi, quien tampoco dio las órdenes de proceder como las mencionó Canales. El descubrimiento de esa carta se dio meses después de haberse escrito.
Cuando la encontraron los abogados de la señora Cusi, lo denunciaron. En una notificación al juez Sexto de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el abogado Jacinto Guillén expuso: “Vengo a inconformarme categóricamente con la rendición de cuentas supuestamente realizada por el C. Ernesto Canales Santos… toda vez que es contraria a derecho por estar sustentada en hechos falsos, toda vez que mi mandante no le instruyó para que dispusiera dicho señor de la cantidad de seis millones de dólares en ninguna forma, ni que retuviera dicha cantidad de dinero por ningún concepto, mucho menos como dicho señor lo manifiesta en su espuria rendición de cuentas”.
La documentación en actas contradice todo lo expuesto por Canales en los últimos días a través de los medios de comunicación, y muestra que varias de sus declaraciones son opuestas entre sí. Canales fue llamado a comparecer este lunes por el Congreso de Nuevo León, a donde aceptó ir, en palabras del Secretario General de Gobierno del Estado, Manuel González, pero para hablar de su actuar público, no de su vida privada. Está equivocado. La demanda de un fraude, contra el zar anticorrupción o contra cualquier persona en el servicio público, no es un tema privado al afectar directamente al gobierno que representa.
En este caso, el cuestionamiento de su probidad en una demanda por fraude, afecta al gobernador Jaime Rodríguez, El Bronco, quien hizo de la lucha contra la corrupción su principal bandera electoral. ¿Cómo cumplir cabalmente con lo prometido cuando el responsable está acusado por los delitos que dice combatir? Le estorba Canales a El Bronco en su cruzada contra la corrupción.
Es decir, es un lastre que hay que descargar para salvar el barco.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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