20 may 2019

Las columnas políticas, hoy lunes 20 de mayo de 2019...

De acuerdo con información del diario "El País", Carlos Lomelí fue vinculado a la empresa Abisalud, la cual desde el pasado 20 de diciembre de 2018, comenzó a celebrar contratos con el Gobierno de Morena en Veracruz, encabezado por el gobernador Cuitláhuac García, así como con el Gobierno federal.
"En lo que va de 2019, Abisalud ha recibido 164 millones de pesos (8,5 millones de dólares) por ocho acuerdos de venta de medicamentos como paracetamol y material de curación. Seis de los contratos que han beneficiado a esta compañía han sido otorgados mediante una adjudicación directa", publicó el diario.
Abisalud es una proveedora de gobiernos desde 2013.
En poco menos de seis años, ha obtenido 150 contratos que le han generado ingresos por 2,188 millones de pesos, unos 113 millones de dólares, para surtir hospitales y clínicas en los estados de Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Chiapas y Michoacán.
Entre sus clientes se encuentran el IMSS, ISSSTE) y Petróleos Mexicanos.
Abisalud fue señalada en 2016 por un presunto fraude por la venta con sobreprecio de 31 medicamento.
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Ordena SCJN reglas para salario de Presidente
Se ordenó al Congreso que, en los primeros 90 días del próximo periodo ordinario de sesiones, subsane las omisiones....
"Con un giro sorpresivo, de última hora, el Pleno de la Corte invalidó, por ocho votos contra tres, dos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, porque no contemplan parámetros objetivos para fijar el salario del titular del Ejecutivo, lo que permite establecerlo de manera arbitraria.
La SCJN ordenó al Congreso que, en los primeros 90 días del próximo periodo ordinario de sesiones, subsane las omisiones en que incurrió en los artículos 6 y 7 de esta ley, que fue la primera aprobada por la nueva mayoría de Morena en ambas Cámaras....
Dichos artículos se limitan a reproducir el mandato del artículo 127 de la Constitución, que desde 2010 indica que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente, y si bien contienen otras reglas, no detallan qué factores debe tomar en cuenta la Cámara de Diputados al aprobar el monto específico.
El Ministro Juan Luis González Alcántar dio el voto decisivo para la mayoría calificada, luego que en discusiones previas, se había sumado al grupo de tres Ministros que rechazaron la invalidez total de la ley.
La Corte aún tendrá que aprobar el engrose o versión final de la sentencia, donde se fijarán lineamientos a seguir por el Congreso, de tal forma que los salarios sean "adecuados" y "proporcionales a sus responsabilidades", como ordena la Constitución.
Por otro lado, la Corte también anuló, por diez votos contra uno, los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, en los que se penaliza a funcionarios que reciban remuneraciones superiores a las permitidas, ya que hay imprecisiones en la redacción.
Además, se aclaró que los préstamos y créditos que reciban los servidores públicos no pueden ser considerados como parte de sus remuneraciones, como daba a entender la ley, pues los tienen que pagar. (Nota de Víctor Fuentes/ Reforma).
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Condonaron FCH y EPN 400 mmdp de impuestos
El Presidente López firmó un decreto para eliminar las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes....Comopromiso cumplido!..
Los Gobiernos de Calderón y de Peña Nieto condonaron 400 mil 902 millones de pesos de impuestos a contribuyentes, entre 2007 y 2018.
No revelaron los nombres de los beneficiarios, aunque AMLO adelantó que toda la información sería entregada al INAI y al Poder Judicial.
La titular del SAT explicó que, entre 2007 y 2018, el 54 por ciento de lo condonado se concentró en 108 contribuyentes.
De ese total, informó, 45 se ampararon para que no se diera a conocer la información relacionada con sus condonaciones, que ascienden a 102 mil millones de pesos.
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Las columnas políticas, hoy lunes 20  de mayo de 2019...
Bajo Reserva | Periodistas El Universal
Los millones de AMLO
Nos hacen ver que el presidente Andrés Manuel López Obrador se está haciendo bolas con aquello de las subastas de bienes confiscados a delincuentes. Y es que ya había comprometido el dinero que se obtenga de la primera subasta de automóviles, que realizará el domingo próximo, para la campaña contra las adicciones. Sin embargo, ayer cambió de opinión y anunció que lo destinará al municipio más pobre de México. Nos aseguran que existen dinero y bienes confiscados a delincuentes y corruptos que pueden ser utilizados para financiar algunos programas del Presidente, sin embargo, nos dicen que debe haber mayor claridad sobre el destino de esos millones, ya que si bien son cantidades importantes tampoco alcanzarán para cumplir con todas las promesas que el mandatario haga, en especial, si siguen creciendo cada semana.
Apuesta riesgosa en el PRI
Nos aseguran que más de uno en el PRI está asombrado por la actividad que mantiene el secretario general del partido, Arturo Zamora, quien no para de organizar “reuniones regionales” en apoyo de los contendientes para la presidencia nacional del tricolor. Sin embargo, algunos priistas ven en esta maniobra, que opera su cercana, Viviana Mondragón, una carambola de dos bandas. Nos comentan que con estas reuniones, en apariencia imparciales, el dirigente priista busca, primero, mantenerse como funcionario de alto nivel en el partido, y segundo, quedarse con la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, nombrando formalmente a doña Viviana. Zamora, nos dicen, está apostando todo su capital político y su futuro en el partido al triunfo del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, en la contienda por la presidencia del PRI. La apuesta, nos aseguran, no tendría nada de malo si él no fuera un dirigente, pues se corre el riesgo de que algún otro aspirante diga que los dados están cargados.
Incertidumbre de empresarios
Mucho interés existe en conocer cuál será el mensaje que empresarios del país harán llegar al Presidente de la República esta semana que arranca la Convención Nacional de Industriales de la Canacintra. Nos dicen que varios de los miembros de este organismo, que encabeza Enoch Castellanos, requieren del nuevo gobierno certeza jurídica y piso parejo para realizar sus inversiones, pues coinciden en que existe incertidumbre en el sector empresarial. El portavoz del mensaje presidencial en el acto inaugural, será el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, al que también los casi 2 mil empresarios asistentes quieren escuchar con la esperanza de tener un panorama más claro para sus negocios.
Pleito INE vs. televisoras
En la elección de Puebla se ha generado un buen agarrón, sin embargo, no se trata de los tres candidatos, sino del Instituto Nacional Electoral contra Televisa y Tv Azteca. Ayer el presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que las dos cadenas de televisión “no cumplieron con su compromiso democrático, y no estuvieron a la altura, como sí lo estuvieron en 2018, transmitiendo los debates presidenciales”. El reclamo público de don Lorenzo se derivó de que ambas cadenas decidieron no trasmitir el debate de anoche entre los aspirantes a la gubernatura poblana. Sin embargo, nos aseguran que las televisoras decidieron darle la espalda al INE luego de que no cuidó los equilibrios en la televisión oficial, y que incluso toleró el incumplimiento de estas en la transmisión de los spots electorales. Añaden que más grave que la negativa de las televisoras privadas de trasmitir el debate puede ser el incumplimiento de la ley electoral por parte de las televisoras oficiales, pues eso puede ser un argumento para cuestionar la elección. Duro agarr
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Confidencial/ElFinanciero_Mx
Preparan 'banquillo' en el Congreso
Nos aseguran diputados y senadores que tienen ya casi lista una relación de funcionarios federales que serán citados en la Permanente. Adelantan que llamarán a rendir cuentas a las secretarias del Medio Ambiente, de Energía, al director de Pemex, al titular de la SEP, a funcionarios de Hacienda, entre otros. Nos dicen que en el Legislativo “quieren saber, de primera mano, qué sucedió, qué sucede y qué sucederá” con el caso de la contaminación del ambiente, con la refinería de Dos Bocas, con los “vacíos legales” en el terreno educativo… Que estarán muy activos y no de vacaciones legislativas, según prometen.
Canal del Congreso
Estamos a pocos días de que la Comisión Bicameral defina quién estará a cargo de la dirección general del Canal del Congreso. Oportunidad para que este medio se reinvente e incorpore nuevas propuestas digitales con base en el target del Canal. Llegar a nuevas audiencias e imprimir un ritmo serán, sin duda, apenas unas de las prioridades. No hay que perder de vista que se precisa de nueva programación que involucre temas fundamentales como la equidad de género, los jóvenes, los derechos políticos, económicos, legales, laborales. En suma, mucho del quehacer legislativo que debe cacarearse.
Consentido en su tierra
El ejido “El Triunfo”, en Balancán, Tabasco, fue el escenario donde ayer Andrés Manuel López Obrador pareció revivir o continuar la etapa de 12 años de campaña. Y es que ahí, en “su tierra y su agua”, sus paisanos no dejaron de corear “¡es un honor estar con Obrador!”, mientras el Presidente explicaba el programa Sembrando Vida. Uno de los comisarios ejidales presumió que ya comen “bistecito” y no como antes, “puro frijol con gorgojo”, lo que arrancó la carcajada del mandatario, quien señaló –eso sí– que aunque seis años son muy pocos para cambiar al país, él es maderista y no se va a reelegir.
Ahí vienen los bloqueos
Recién salió la ciudad de la Contingencia Ambiental Extraordinaria y ya se avecinan manifestaciones. A los bloqueos viales que anunciaron los taxistas para el 3 de junio, se sumaron los transportistas de pasajeros, quienes empezarán con manifestaciones frente al Palacio del Ayuntamiento, este martes. Resulta que integrantes de 38 organizaciones, agrupadas en la Fuerza Amplia de Transportistas, quieren presionar a la jefa de Gobierno para que establezca mesas de diálogo. Se quejan de que la mandataria busca regular el transporte concesionado, pero no toma en cuenta las tarifas obsoletas ante los aumentos de la gasolina. El caso es que para protestar (y contaminar) nunca sobran motivos.
Senador busca constituir la “CTM de Morena”
Parece que para algunos senadores de Morena el retorno a las viejas prácticas y a la antigua forma de hacer política representa una forma de congraciarse con AMLO. Y es que el morenista Pedro Haces Barba, suplente del actual director del IMSS, Germán Martínez Cázares, y secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, prometió el fin de semana en Acapulco constituir la “CTM de Morena”, la cual –afirmó– “arrasará al sindicalismo que apesta”.
Foros del PND, sin eco ni difusión
Desde este lunes en San Lázaro se intensificará un carrusel de foros en diversas comisiones legislativas, para debatir el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente. Pero lo cierto –nos dicen– es que algunos legisladores ya se quejaron de que los que se han hecho han tenido “muy poca asistencia y mucho menos eco y difusión”. Cuentan que “apretarán tuercas” y que habrá “jalones de orejas” en diversas áreas de San Lázaro, “para darle realce a este ejercicio, que es inédito, pero que no se ve”.
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Vamos para abajo, y al antepasado/Pablo Hiriart
Uso de Razón
El Financiero...
Si pensaban que con su sola llegada al poder iba a mejorar la situación del país, los pobres serían menos pobres y la economía crecería para dar más y mejores empleos, deben admitir que se equivocaron porque sucede exactamente lo contrario.
Destruir en lugar de construir no está dando buenos frutos.
Gobernar no puede limitarse a dar una conferencia de hora y media todos los días para esparcir calumnias y mentir con generosidad.
Todo ha sido destruir y culpar al pasado.
Olvidemos por un momento las consecuencias de los “ahorros” en protección del medio ambiente, el desinterés por el turismo, la inseguridad creciente y los elefantes blancos en los que se va a invertir: la refinería, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Vamos a la frialdad de las cifras:
Coneval informó que en el primer trimestre de este año la pobreza extrema aumentó 5.4 por ciento en zonas urbanas y 5.6 por ciento en zonas rurales, en comparación con el primer trimestre del año anterior.
¿Qué pasó con los redentores de los pobres?
En sólo tres meses hay más pobreza extrema que hace un año, sin crisis externa ni interna.
Nadie le puede exigir a este gobierno una mejoría notable en combate a la pobreza en tan pocos meses. Cierto.
Pero ¿cómo explican que estemos peor?
Ni siquiera iguales. Peor.
Van a querer cambiar la tendencia regalando dinero –lo que les dará control político y clientelas electorales–, pero no van a generar desarrollo.
Harán que millones de personas dependan del subsidio del gobierno para vivir, en lugar de mejorar la educación, la calidad de los empleos y hacer crecer la economía, que está parada, pues hay menos inversión pública y privada y sus planes no convencen.
Según los datos dados a conocer el jueves de la semana pasada sobre Ocupación y Empleo, del INEGI, en el primer trimestre aumentaron el desempleo, la mala calidad de los trabajos, y la informalidad.
¿Qué pasó? Pasó que la economía no crece, lo que obliga a las empresas a hacer ajustes en su personal y el sector público echa gente a la calle “para ahorrar”.
La economía de Estados Unidos crece a 3.2 por ciento anual, lo que debería propiciar un crecimiento mayor a esa cifra en México, y sólo crecemos 0.2 por ciento a tasa anualizada.
La ENOE del INEGI nos indica que en el primer trimestre del año 10.3 millones de trabajadores se encuentran en “condiciones críticas de empleo”, que es la cifra más alta desde que se tiene registro.
Al terminar el primer trimestre del año, los empleados que ganan dos o un salario mínimo alcanzaron la cifra de 27.8 millones: 16.3 por ciento superior al mismo periodo del 2018.
Y los que ganan más de cinco salarios mínimos bajaron 30.2 por ciento a tasa anual.
En eso han sido “democráticos”: todos para abajo.
La tasa de desocupación alcanzó al 3.46 de la Población Económicamente Activa: ciertamente baja, pero es la peor cifra en los últimos dos años.
La tasa de crecimiento del empleo formal observada en abril es la más baja desde marzo de 2010, según el reporte mensual del IMSS.
En este cuatrimestre se crearon 299 mil 642 empleos formales, contra 455 mil 651 del año pasado.
Otra vez la pregunta ¿por qué?
Se entiende que no estemos mejor con López Obrador, pero ¿por qué peor?
De acuerdo con los datos del INEGI, la informalidad laboral alcanza a 30.8 millones de personas, lo que significa un 2.7 por ciento mayor al primer trimestre del año pasado.
Crecen el desempleo y la informalidad. Son los datos del INEGI, aunque en Palacio nos digan cifras imaginarias.
Ahí en Palacio Nacional el Presidente festejó el jueves que la inversión extranjera directa fue siete por ciento superior a la del primer trimestre del año pasado, lo que muestra la confianza de los inversionistas etcétera, etcétera.
Si el gobierno se quiere engañar a sí mismo, una pena, pero la población debe saber que ese “crecimiento” se dio al comparar datos preliminares de 2018 contra datos preliminares de 2019.
El archivo de la Secretaría de Economía, escribe Jorge A. Castañeda, señala que el primer trimestre del año pasado la IED fue de 12 mil 644 millones de dólares, y en el de este año fue de 10 mil 162 millones de dólares: una caída de 19.63 por ciento.
Los datos reales de 2018 contrastados con los preliminares de 2019, dicen que no hay tal aumento de la inversión extranjera directa, sino una baja de 6.3 por ciento, según escribió Enrique Quintana, quien advirtió a los lectores que eso es “comparar peras con manzanas”. Por ello es mejor esperar a que en las siguientes semanas se den los dos datos reales y veremos que no aumenta la IED, sino que baja.
Más pobres, más desempleados, y un crecimiento negativo en el primer trimestre del año piden a gritos que el gobierno se ponga a trabajar.
Sólo atinan a culpar al pasado de lo mal que gobiernan en el presente.
El pasado no va a regresar, sin duda.
Pero sucede algo peor que en el pasado: destruyen lo bueno y nos llevan al antepasado populista que fracasó rotundamente.
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Los disparates de la estrategia/Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
rivapa
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública es un ejemplo refinado de que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la gimnasia y la magnesia son lo mismo. Por escrito y con seriedad, el gobierno hizo análogos a los cárteles de las drogas y las guerrillas, que dio como resultado una solución de susto en términos conceptuales al fenómeno de la violencia y la inseguridad. La estrategia, que se trabajó por casi tres años cuando el entonces aspirante a la candidatura presidencial le dio la encomienda al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, introdujo una serie de objetivos que se antojan irrealizables y tan descabellados como exigir en una rosticería una carne tártara.
La estrategia, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles pasado, planteó que para “emprender la construcción de la paz” es necesario un proceso de desmovilización, desarme y reinserción. “La violencia obliga a poner sobre la mesa soluciones aplicadas en otros países a conflictos armados”, señala el decreto. Entonces, ¿la lucha contra el narcotráfico es en realidad una guerra civil? Debe aclararse sobre qué base equiparan la lucha contra el narcotráfico con conflictos armados. De acuerdo con los Convenios de Ginebra de 1949, un conflicto armado no internacional es uno que surja entre fuerzas gubernamentales y actores armados no estatales. “No existen unos criterios absolutamente claros, aunque en general se requiere un grado de intensidad en la violencia interna”, explica la Oficina para Refugiados de la ONU.
“Un elemento que suele ser importante es el uso de fuerzas militares y no policiales por parte del Estado para enfrentarse a un determinado grupo insurrecto. Por otra parte, esos grupos insurrectos deben estar organizados de forma militar, con una estructura de mando, ejercer un control territorial y llevar a cabo operaciones militares… sostenidas y concertadas”. Al establecer el parangón, el gobierno reconoce que los cárteles de la droga sí controlan territorios –una de las variables del Estado fallido–, y que hablar en esos términos es otorgarles beligerancia, por lo cual haría a las bandas criminales grupos protegidos por el Derecho Internacional, cobijados por la Convención de Ginebra. Esto es un disparate sin sustento ni explicación en el decreto.
La estrategia propone que los criminales entren a una ruta de desmovilización, desarme y reinserción, cuya utilización de términos en el caso de narcotraficantes es inverosímil, porque ese camino sólo se emplea con movimientos armados y guerrilleros cuando se dan procesos de negociación, para que colectiva o individualmente se reincorporen a la vida legal. Esto se da mediante una amnistía, una palabra que no se menciona en la estrategia, pero que fue propuesta por López Obrador en la campaña presidencial para los narcotraficantes. El decreto plantea implícitamente la amnistía para criminales, y la sugiere como el camino a “la construcción de la paz”.
Este es uno de los puntos más ominosos de la estrategia, porque muestra que ni el Presidente ni el gabinete de seguridad entienden de lo que están hablando, o que quienes sí saben callaron ante López Obrador, o que en curso viene una negociación con los cárteles. Los movimientos armados surgen de causas políticas, económicas y sociales, que optan por la vía de las armas como la última opción para provocar un cambio de régimen que no pudieron alcanzar mediante la vía pacífica. De ahí que se puedan dar los procesos de desmovilización y reinserción como resultado de una amnistía y una negociación en donde no hay ganadores ni perdedores. Un proceso exitoso de esa naturaleza fue El Salvador, tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil; uno en vías de fracasar, el de Colombia con las FARC.
El narcotráfico no es motivado ni se mantiene como una causa para cambiar al régimen. Jamás pretenden un cambio de gobierno o de régimen, sino corromper a sus personeros, porque no luchan por un ideal, sino por lucro. Los cárteles de la droga operan en mercados delictivos cuya motivación es el dinero. No es ideológico sino mercantil. Tampoco pretende el cambio para todos, sino el enriquecimiento de sus jefes y los recursos para sostener el negocio de la producción, distribución y comercialización de las drogas. Los cárteles no confrontan militarmente al Estado, sino tratan de corromperlo y que sea su primera línea de fuego contra sus adversarios, para tener el control de ese sistema económico paralelo y supuestamente clandestino.
El gobierno no entiende la dinámica de los mercados ilícitos, o simula su incomprensión, ni la integración de los cárteles de la droga mexicanos, o finge desconocimiento. Los cárteles mexicanos son transnacionales y participan en un negocio que les deja entre 19 mil y 29 mil millones de dólares. La estrategia para disminuir la violencia y la inseguridad, como está planteada en el decreto, no va a resolver nada. Al contrario. Le abrirá posibilidades al crimen organizado, si se cumple con lo planea el gobierno, para operar en mercados legales sin dejar los ilegales, aprovechando los hoyos que deja el modelo lopezobradorista que tiene, como lo más notable, que no los combatirá.
En la columna publicada el viernes pasado, se planteó que la estrategia apunta a que preferiría pactar con los cárteles de la droga impunidad para su negocio –salvo en el rubro del lavado de dinero–, a cambio de que regresen la tranquilidad a las calles. La Pax Narca del viejo régimen, ratificada por el Presidente cuando la semana pasada deslizó no descartar llegar a un acuerdo de paz con todos aquellos involucrados en el narcotráfico. Urgen clarificaciones sobre este tema.
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Los disparates de la estrategia/Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
El Financiero...
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública es un ejemplo refinado de que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la gimnasia y la magnesia son lo mismo. Por escrito y con seriedad, el gobierno hizo análogos a los cárteles de las drogas y las guerrillas, que dio como resultado una solución de susto en términos conceptuales al fenómeno de la violencia y la inseguridad. La estrategia, que se trabajó por casi tres años cuando el entonces aspirante a la candidatura presidencial le dio la encomienda al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, introdujo una serie de objetivos que se antojan irrealizables y tan descabellados como exigir en una rosticería una carne tártara.
La estrategia, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles pasado, planteó que para “emprender la construcción de la paz” es necesario un proceso de desmovilización, desarme y reinserción. “La violencia obliga a poner sobre la mesa soluciones aplicadas en otros países a conflictos armados”, señala el decreto. Entonces, ¿la lucha contra el narcotráfico es en realidad una guerra civil? Debe aclararse sobre qué base equiparan la lucha contra el narcotráfico con conflictos armados. De acuerdo con los Convenios de Ginebra de 1949, un conflicto armado no internacional es uno que surja entre fuerzas gubernamentales y actores armados no estatales. “No existen unos criterios absolutamente claros, aunque en general se requiere un grado de intensidad en la violencia interna”, explica la Oficina para Refugiados de la ONU.
“Un elemento que suele ser importante es el uso de fuerzas militares y no policiales por parte del Estado para enfrentarse a un determinado grupo insurrecto. Por otra parte, esos grupos insurrectos deben estar organizados de forma militar, con una estructura de mando, ejercer un control territorial y llevar a cabo operaciones militares… sostenidas y concertadas”. Al establecer el parangón, el gobierno reconoce que los cárteles de la droga sí controlan territorios –una de las variables del Estado fallido–, y que hablar en esos términos es otorgarles beligerancia, por lo cual haría a las bandas criminales grupos protegidos por el Derecho Internacional, cobijados por la Convención de Ginebra. Esto es un disparate sin sustento ni explicación en el decreto.
La estrategia propone que los criminales entren a una ruta de desmovilización, desarme y reinserción, cuya utilización de términos en el caso de narcotraficantes es inverosímil, porque ese camino sólo se emplea con movimientos armados y guerrilleros cuando se dan procesos de negociación, para que colectiva o individualmente se reincorporen a la vida legal. Esto se da mediante una amnistía, una palabra que no se menciona en la estrategia, pero que fue propuesta por López Obrador en la campaña presidencial para los narcotraficantes. El decreto plantea implícitamente la amnistía para criminales, y la sugiere como el camino a “la construcción de la paz”.
Este es uno de los puntos más ominosos de la estrategia, porque muestra que ni el Presidente ni el gabinete de seguridad entienden de lo que están hablando, o que quienes sí saben callaron ante López Obrador, o que en curso viene una negociación con los cárteles. Los movimientos armados surgen de causas políticas, económicas y sociales, que optan por la vía de las armas como la última opción para provocar un cambio de régimen que no pudieron alcanzar mediante la vía pacífica. De ahí que se puedan dar los procesos de desmovilización y reinserción como resultado de una amnistía y una negociación en donde no hay ganadores ni perdedores. Un proceso exitoso de esa naturaleza fue El Salvador, tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil; uno en vías de fracasar, el de Colombia con las FARC.
El narcotráfico no es motivado ni se mantiene como una causa para cambiar al régimen. Jamás pretenden un cambio de gobierno o de régimen, sino corromper a sus personeros, porque no luchan por un ideal, sino por lucro. Los cárteles de la droga operan en mercados delictivos cuya motivación es el dinero. No es ideológico sino mercantil. Tampoco pretende el cambio para todos, sino el enriquecimiento de sus jefes y los recursos para sostener el negocio de la producción, distribución y comercialización de las drogas. Los cárteles no confrontan militarmente al Estado, sino tratan de corromperlo y que sea su primera línea de fuego contra sus adversarios, para tener el control de ese sistema económico paralelo y supuestamente clandestino.
El gobierno no entiende la dinámica de los mercados ilícitos, o simula su incomprensión, ni la integración de los cárteles de la droga mexicanos, o finge desconocimiento. Los cárteles mexicanos son transnacionales y participan en un negocio que les deja entre 19 mil y 29 mil millones de dólares. La estrategia para disminuir la violencia y la inseguridad, como está planteada en el decreto, no va a resolver nada. Al contrario. Le abrirá posibilidades al crimen organizado, si se cumple con lo planea el gobierno, para operar en mercados legales sin dejar los ilegales, aprovechando los hoyos que deja el modelo lopezobradorista que tiene, como lo más notable, que no los combatirá.
En la columna publicada el viernes pasado, se planteó que la estrategia apunta a que preferiría pactar con los cárteles de la droga impunidad para su negocio –salvo en el rubro del lavado de dinero–, a cambio de que regresen la tranquilidad a las calles. La Pax Narca del viejo régimen, ratificada por el Presidente cuando la semana pasada deslizó no descartar llegar a un acuerdo de paz con todos aquellos involucrados en el narcotráfico. Urgen clarificaciones sobre este tema.
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En Tercera Persona | Héctor De Mauleón
El Universal
Persecución en La Noria
18 de mayo de 2019. 17:15. El policía segundo Uriel Galicia recibe en su Nextel la llamada de una vecina de la colonia La Noria. Galicia, policía desde hace once años, ha compartido su número con diversos ciudadanos de Xochimilco. Esto le permite llegar a lugares donde hay emergencias en cosa de minutos, sin tener que depender del número 911.
Este sábado hay una. La vecina que acaba de marcarle le dice que vio entrar a varios desconocidos en una casa de la privada San Lorenzo, y que dichos desconocidos “están sacando unas cosas”.
Galicia dice que los sábados el problema mayor en Xochimilco son los episodios de violencia intrafamiliar, y también el robo a transeúnte. Aunque en los últimos tiempos han crecido los reportes por robo a casa habitación.
Las circunstancias de estos robos son parecidas: los asaltantes estudian la casa a la que van a entrar, y lo hacen cuando los propietarios han salido. Eso mismo estaba ocurriendo en la privada San Lorenzo.
Galicia y su compañero, José Ayala Ponce de León, pidieron apoyo a la patrulla MX539R1, y se dirigieron en su propia unidad (la MX502R1) hacia la cerrada. Se encontraron de frente con una camioneta Ford Edge de color negro, que iba disparada. Viajaban en ella cuatro hombres. Los uniformados intentaron cerrarle el paso, pero la camioneta los evadió.
Inició una violenta persecución por las calles Aldama, San Lorenzo, Prolongación División del Norte y Muyuguarda. En un momento dado, el conductor de la Ford Edge se saltó un camellón y escapó en sentido contrario, hacia la calle Guadalupe Ramírez.
“Estaba claro que no iban a dejarse”, recuerda Galicia.
Hace unos años, en el sector Roma, este policía segundo tropezó con otro de esos delincuentes que no suelen dejarse. Estaba asaltando a los pasajeros de un micro. Cuando la patrulla de Galicia le cerró el paso, el asaltante le puso la pistola en la cabeza al chofer de la unidad y gritó que iba a comenzar a matar a los pasajeros si no lo dejaban irse. Galicia le metió dos tiros en la pierna.
Hay un video que capta los últimos instantes de la persecución en Xochimilco. La camioneta negra se pasa una luz roja, intenta arrollar a dos uniformados que le marcan el alto y se mete en sentido contrario por las vías del tren ligero.
Un taxi que se cruza azarosamente en el camino detiene su huida. Entonces, las dos unidades policiacas la cercan. Hay humo, los tripulantes de la camioneta bajan y se dispersan. Aparece de pronto un oficial herido.
“Oí varias detonaciones”, recuerda Galicia.
Uno de los asaltantes había abierto fuego contra los tripulantes de la otra patrulla, el policía Israel Erocha y su compañero Julio César Méndez. Erocha cayó herido en el brazo y abrió fuego en contra de su atacante.
Según el cuadernillo de los uniformados, los servicios médicos que acudieron al lugar diagnosticaron que el asaltante había recibido dos disparos. Tenía “fractura expuesta de antebrazo derecho y pie izquierdo”.
“Nosotros nos fuimos por los demás”, relata Galicia. En un instante llegaron nuevas unidades. La calle se volvió un manicomio de sirenas, autos atascados y gente paralizada en las banquetas.
Los tres que huían fueron detenidos. Uno de ellos alzó los brazos y dijo: “Ya. Estoy dado”. Tenían entre 25 y 39 años. Alfredo “N”, declaró que se dedicaba “al transporte”. Uno de sus cómplices dijo que trabajaba en “Galletas Cuétara” y el último sostuvo que su oficio era el de comerciante.
La camioneta, según la enumeración del policía segundo, iba cargada de “relojes, joyas, bisutería, iPads, iPhones…”.
“El día terminó bien”, concluye Galicia. “Aunque el compañero resultó lesionado, lo reportan fuera de peligro. Y además los agarramos. Terminó bien”.
Un alivio para los habitantes de La Noria.#
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 Elección priista… ¿a 2020?
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior...
Elección priista… ¿a 2020?
• Nada, es verdad, se hará hasta que haya concluido el proceso electoral en marcha: hoy, sin embargo, las negociaciones y presiones para evaluar con seriedad la opción del diferimiento están en marcha.
Apenas concluir, con su calificación, el proceso electoral del próximo  junio en cinco entidades del país, el Consejo Nacional del Revolucionario Institucional (PRI) que determinó ya seleccionar a su nueva dirigencia vía el voto directo de la militancia, deberá concentrarse en la definición de los tiempos para ello… la posibilidad de posponer su elección interna hasta el primer semestre del próximo año incluida.
Y ello, no sólo por la premura de los plazos inicialmente previstos para la expedición de la convocatoria y la organización de la votación como tal, presumiblemente en septiembre sino, esencialmente, porque nadie entre sus integrantes desconoce el (grave) riesgo que, en sus actuales condiciones, implicaría para el priismo ir a las urnas sin un padrón confiable, debidamente depurado y avalado por el Instituto Nacional Electoral (INE) que garantice la transparencia y credibilidad del ejercicio.
La sola posibilidad de ir a la elección de quien habrá de suceder a Claudia Ruiz Massieu en la presidencia, del otrora partido único, utilizando el viejo padrón —con 6.5 millones de potenciales electores— o, en su defecto, la base de miembros del listado en proceso de depuración —con algo más de medio millón ya confirmados al cierre de junio— parece un despropósito que igual preocupa a la totalidad de quienes hasta ahora se han postulado para buscar la posición.
De ahí que, ratificado ya el acuerdo de que la elección de una nueva dirigencia nacional se haga vía consulta directa a la base y que, finalmente, sea la propia estructura partidista la que cargue con el esfuerzo de organizar y llevar a término el proceso, más de uno entre los liderazgos de mayor peso al interior del tricolor hayan comenzado a valorar la posibilidad de ampliar los plazos para posponer, hasta tener el “nuevo padrón” —al cierre de enero ofreció el INE tener listo el de todos los partidos— la convocatoria respectiva.
Y todo, además de cuidar con ello las finanzas del partido, ya hoy bastante comprometidas como resultado del proceso de impugnación de poco más o menos 10,000 supuestos militantes que, en cifras gruesas, podría derivar para el PRI en la obligación de asumir multas por poco más de 450 millones de pesos, más lo que pudiera acumularse en los meses por venir.
Nada, es verdad, se hará hasta que haya concluido el proceso electoral en marcha: hoy, sin embargo, las negociaciones y presiones para evaluar con seriedad la opción del diferimiento están en marcha.
Asteriscos
*Prácticamente un hecho, a decir de sus cercanos, la incorporación de Salomón Chertorivski Woldenberg, exsecretario de Salud federal con Felipe Calderón Hinojosa y del gobierno capitalino con el cuestionadísimo Miguel Ángel Mancera, a las filas del “emergente” Movimiento Ciudadano que, ahora de manera informal, lidera Dante Delgado.
*Revelador sin duda de la (escasa) importancia que le atribuye, el que, ¡tres meses después! de su formal presentación “en sociedad”, Andrés Manuel López Obrador publique en el Diario Oficial el decreto que crea el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y Crecimiento Económico que liderará Alfonso Romo Garza. Sin comentarios….
Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza política.
                Twitter: @EnriqueArandaP
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‘1994'/Jesús Silva-Herzog Márquez
Reforma, 20 May. 2019
La historia no crece como el pasto. Hay momentos en que el tiempo se acelera, horas que precipitan cambios colosales, instantes que revientan lo que, por décadas o siglos, permanecía firme. Entender la historia es aproximarse a sus dos ritmos. Al lento flujo de los días, a las persistencias, a la discreta sedimentación de los cambios y también a los acelerones y a las rupturas súbitas. Ese fue uno de los lentes del historiador húngaro John Lukacs: la historia "microcósmica". Se refería al análisis de las coyunturas decisivas. En su trabajo como historiador fue poco a poco comprimiendo el tiempo. Si en su primer libro sobre la Segunda Guerra analizó los dos años más intensos del conflicto y en el segundo examinó el duelo entre Hitler y Churchill narrando ochenta días de 1940, su tercer libro sobre la guerra exprime lo sucedido en menos de una semana. Cinco días en Londres es el título del libro. Sus amigos bromeaban que el siguiente trabajo abordaría los quince minutos más dramáticos de la guerra.
1994, el documental de Diego Enrique Osorno producido por Vice que puede verse en Netflix es un ejemplo de esta perspectiva microcósmica. En unos meses se revelan las tensiones enterradas de México, desaparecen los cuentos con los que nos arrulló la retórica oficial, queda hecha polvo la ilusión de cierto futuro. Fue entonces que, a golpe de rebeliones y conspiraciones palaciegas, se descarriló el proyecto más ambicioso de modernidad. Y la sangre, desde entonces, en el centro. 1994 es el año en que todo se rompe en México. Lo vemos en los vertiginosos capítulos del documental. El relevo presidencial se sale del libreto de la disciplina priista. El mito de la paz se rompe con el estallido zapatista. La violencia vuelve a la política e irrumpe también, con enorme fuerza de seducción, la palabra sublevada. Los enredos sucesorios producen una crisis económica brutal. Por supuesto, aquel año no terminó el 1o. de enero de 1995. Dormimos en buena medida en las réplicas de aquellos terremotos. La paz rota, el entendimiento imposible.
La historia mexicana se tuerce en 1994. No por un evento supremo que lo hubiera alterado todo, sino por una sucesión de infortunios, azares y tragedias. Si recordamos 1968 fue por el movimiento estudiantil. Si recordamos el 2000 será por la alternancia. 1994 no puede quedar cifrado en un acontecimiento porque fue un torbellino de catástrofes. Osorno no coquetea en ningún momento con la maniobra perversa y todopoderosa que mueve todos los hilos. Esa suele ser la tentación del documentalismo elemental. Revelar el cuartel de las conspiraciones. El periodismo de Osorno, por el contrario, nos permite advertir lo contrario, es decir, la dimensión del caos. Muestra por eso las contradicciones, las incoherencias y los misterios de aquellos días que siguen vivos. Lo que vemos gracias al admirable uso de los archivos y las entrevistas puntuales es que aquellos terremotos en la cúspide y en la base destruyeron las columnas del sentido. ¿Qué demonios pasa en México? No hemos podido dejar de hacer esa pregunta desde entonces. Es la angustia de una política fuera de curso. La vivencia de un momento trágico: el tiempo fuera de quicio.
Quien recuerde aquel año dialogará, discrepará con el documental de Osorno. A ratos, el documental parece el testimonio de Carlos Salinas sobre aquellos días. La versión del Presidente impera sobre el resto de las voces. Aparece como un estratega brillante, un estadista imperturbable que es también un amigo sensible. Luis Donaldo Colosio es retratado como un santo al que no permitieron obrar la conversión democrática del régimen. Podemos ver los ejercicios militares de los zapatistas y escuchar la voz de un subcomandante Marcos panzón, pero me parece que no se logra recrear el impacto que sus mensajes tuvieron entonces. México estuvo, en 1994, hipnotizado por unas cartas que venían de la selva. Y de la incubación de la terrible crisis económica del 95 apenas tenemos algún indicio. Críticas menores. 1994 es un documental ejemplar. Valioso, sobre todo, porque permite encarar esa historia reciente que es historia presente.
Un acontecimiento se le escapa al documental. En 1994 se estrenó Pulp Fiction.
http://www.reforma.com/blogs/sil
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Plata o Plomo/Alejandro Hope
El Universal
Esto no es una policía de excelencia
Estas quejas pueden o no ser representativas de los elementos de la Guardia que están siendo capacitados. Pero las autoridades harían bien en tomarlas en serio y revisar el modelo de formación
En diciembre pasado, cuando iniciaba el debate legislativo sobre el tema, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que “la Guardia Nacional será un modelo internacional como institución de seguridad”.
Dos meses después, tras la aprobación de la reforma constitucional que creaba a la Guardia Nacional, Durazo reiteró el pronóstico: “Se tratará de un cuerpo policial de excelencia con adscripción civil y formación homologada a la militar”.
Esa es, pues, la promesa. Pero la realidad parece estarse desviando del pronóstico
El pasado 13 de mayo, empezó el primer curso de inducción para integrantes de la Guardia Nacional. Está siendo impartido en las bases militares de Santa Lucía y San Miguel de los Jagüeyes, en el Estado de México. Participan 1,584 elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal y tendrá una duración de siete semanas.
De arranque, la corta duración ya es cuestionable. El Programa Rector de Profesionalización, el instrumento guía para la capacitación de policías, contempla una formación inicial de 972 horas de cursos para policías preventivos.
Es decir, los integrantes de la Guardia Nacional recibirán a manera de inducción menos de la tercera parte de los cursos mandatados por la norma. Eso no es problema para los policías federales, los cuales ya recibieron formación inicial, pero lo es para soldados y marinos que no han sido capacitados en los rudimentos del trabajo policial.
Pero el problema va más allá del número de horas de formación. En la última semana, he recibido de manera anónima mensajes describiendo las condiciones en las que están siendo capacitados los elementos de la Guardia Nacional. Transcribo parte de esos mensajes:
“Aquí
[en las bases militares]
hay carencias como agua caliente, comida muy racionada, falta de aulas. Las clases se están dando al aire libre y sentarse ya sea en una piedra o de plano en el piso. Faltan muchos instructores y muchos grupos se pasan las horas esperando y no llega nadie a dar el curso, y al final dirán que ya todos están capacitados.”
“Envían a los oficiales a capacitar en aulas improvisadas, sin material para los militares, marinos y PF [Policía Federal], sin material adecuado para los instructores”.
Además de las carencias materiales, las tensiones parecen estar a flor de piel entre los integrantes de los diversos cuerpos que integrarán la Guardia Nacional. Esto proviene de los mismos mensajes:
“Otro problema son los mandos militares que quieren ejercer su mando precario con personal de la PF y ayer personal de Gendarmería estuvo a punto de llegar a los golpes por ello porque un mando militar dijo apúrense ahí vienen como pendejos y ¡el compañero de Gendarmería le contestó igual!”
“Los mandos de los militares y marinos están acostumbrados a tratar a sus elementos como animales de corral ¿Creen que los PF somos igual?”
Además de esos mensajes, se difundió la semana pasada en medios una presunta carta de personal femenil de la PF, dirigida a la representante de esa corporación en la Coordinación Interinstitucional de la Guardia Nacional, Patricia Trujillo Mariel, en la que se quejaban de tratos discriminatorios por parte de personal militar en la base de Santa Lucía (http://bit.ly/2WVNpQS).
Estas quejas pueden o no ser representativas de la experiencia de los elementos que están siendo capacitados para formar parte de la Guardia Nacional. Pero las autoridades harían bien en tomarlas en serio. Y ya en ese camino, revisar el modelo de formación.
Un cuerpo de seguridad con capacitación escasa, con serias carencias materiales para la formación y atravesado por tensiones internas es todo menos una policía de excelencia.
@ahope71
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 Sandoval, el gobernador del CJNG
Razones/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
• El exgobernador y su hombre de confianza fueron acusados en México de secuestros, torturas, extorsiones, asesinatos y más, pero ninguna de las denuncias prosperó durante su gobierno.
El comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no tiene una pizca de compasión con el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, a quien el viernes pasado colocó, junto con el magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, en la lista Kingpin, mediante la cual embarga sus bienes en la Unión Americana y les impide todo tipo de relación con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.
Sandoval Castañeda, asegura el departamento del Tesoro, “se enriquece despiadadamente a expensas de sus conciudadanos (...) malversó activos estatales y recibió sobornos de organizaciones narcotraficantes, incluyendo del CJNG, a cambio de información y protección. Además, Sandoval Castañeda aceptó anteriormente sobornos de la Organización Beltrán Leyva (…) Sandoval Castañeda también tiene vínculos con la Organización Narcotraficante Flores y su líder, Raúl Flores Hernández”.
Las autoridades estadunidenses también enlistaron a tres familiares del exgobernador: a su esposa, Ana Lilia López Torres, y a sus hijos, Lidy Alejandra y Pablo Roberto Sandoval López. Cuatro empresas fueron enlistadas también por ser propiedad o estar bajo el control de Sandoval o su familia: Bodecarne S.A. de C.V. (una comercializadora de carnes), Iyari (de ropa y accesorios), L-Inmo S.A. de C.V. (empresa de inversión inmobiliaria) y Valor y Principio de Dar A. C. (la fundación apoderada de estas propiedades, cuyo edificio central está valuado en cien millones de pesos).
Pero como aquí hemos denunciado desde hace años, el exgobernador y su hombre de confianza, Édgar Veytia, quien fue fiscal del estado desde 2013 y quien actualmente está detenido en Estados Unidos, acusado de liderar una organización criminal del narcotráfico, fueron acusados en México de secuestros, torturas, extorsiones, asesinatos, de haber robado propiedades legítimas a diversos inversionistas, de haber utilizado en su beneficio el programa de seguro alimentario, de haber desviado dos mil 700 millones de pesos del presupuesto.
Su sobrino y operador Hugo Ismael Sánchez, que fue asesinado el mismo día en que Sandoval dejó el cargo de gobernador, estaba acusado de extorsión, despojo, robo, amenazas, enriquecimiento ilícito y narcotráfico.
Ninguna de las denuncias que se presentó en contra de Sandoval, su sobrino o Veytia prosperó durante su gobierno ni en el estado ni a nivel federal. Además, durante su administración se quitó al congreso local la atribución de iniciar procesos penales en contra del mandatario.
Sandoval, antes de gobernador, fue presidente municipal de Tepic y comenzó su vida como un modesto tablajero, que se fue de migrante varios años a Los Ángeles, de donde regresó para tratar de incursionar en política. Terminó siendo un gran amigo del cantante Joan Sebastian (otro personaje, él y sus hijos, acusados de relaciones con el narcotráfico); se convirtió en un próspero ranchero; criador de caballos de raza (los cuenta por centenares); es dueño de yeguas españolas cotizadas en 250 mil dólares; a su caballo favorito, al que llamaba El Dandy, cuando murió lo hizo embalsamar y lo tiene en un mausoleo particular; adorna sus sillas de montar, que son confeccionadas con piel de cocodrilo, con oro y piedras preciosas. No deja de ser notable porque su salario como gobernador no superó los 89 mil pesos al mes.
Sandoval no debió terminar su periodo como gobernador. Desde el mismo día en que Veytia fue detenido en San Diego debió ser sujeto a juicio político y removido de su cargo. Las acusaciones contra su hombre de confianza en Estados Unidos surgieron desde fines del 2012, cuando Sandoval apenas llevaba un año en el gobierno. El fiscal, sin embargo, fue promovido, apoyado por Sandoval, aunque se sumaban las denuncias en su contra. No sólo en Nayarit: uno de sus grandes amigos e impulsores fue Jaime Rodríguez, el Bronco, actual gobernador de Nuevo León.
Pero a pesar de la caída de Veytia, y de las denuncias en su contra y su sobrino, se permitió que Sandoval concluyera su periodo y se fuera a su casa. En México ha sido inhabilitado para el ejercicio de un cargo público, pero no tiene en su contra sanciones penales. Es ahora el departamento del Tesoro el primero que dice con todas las letras lo que en México sabíamos desde hace años: el gobernador se enriqueció recibiendo sobornos y dando protección primero a los Beltrán Leyva, y luego a Los Cuinis y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Era un gobernador del narco.
Excesos
Las luchas políticas se entienden y comprenden, incluso las muy personales. Pero las venganzas y la saña contra las familias, no. Y mucho de eso está sufriendo en estos días el exsecretario particular de Miguel Mancera, Luis Serna, con su casa familiar ocupada por la alcaldía de Álvaro Obregón
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Jugar con trenes
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
Reforma 20 May. 2019
"Algunas veces la luz al final del túnel es un tren”. Charles Barkley
 Un viaje en autobús de Cancún a Tulum cuesta 160 pesos. No hay que esperar mucho para tomar uno con 29 viajes diarios disponibles de las 5:30 a las 22:05. Además, no tienen subsidios; son rentables.
El Tren Maya de López Obrador iría no solo de Cancún a Tulum, sino que llegaría a Bacalar, se adentraría en la península de Yucatán por Escárcega hasta Palenque y después regresaría por Campeche y Mérida hasta Cancún en un recorrido de 1,525 kilómetros. Según el Presidente, el proyecto costaría entre 120 mil y 150 mil millones de pesos, un máximo de 100 millones de pesos, 5.3 millones de dólares, por kilómetro. La construcción se haría en un tiempo sin precedente: cuatro años. El bajo costo y el breve lapso serían consecuencia de que mucho del derecho de vía ya lo tiene el gobierno. Ah, y claro, ¡porque ya no hay corrupción!
Los trenes de alta velocidad tienen, según el Banco Mundial, un costo de entre 17 y 21 millones de dólares por kilómetro en China, 25-39 millones en Europa y 56 millones en California, Estados Unidos. El Maya no será un tren bala, pero tendrá una respetable velocidad de 160 kilómetros por hora. Ana Thaís Martínez Palacios del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ofrece cifras para construcción de otros trenes que van desde 1.6 millones de dólares por kilómetro del Osaka-Tokio hasta 111.9 millones del Bolonia-Florencia. A la inversión inicial hay que sumar, por supuesto, los costos de operación y mantenimiento.
El presidente López Obrador ha dicho que el tren tendrá capacidad para trasladar tres millones de pasajeros al año. Si es así, su capacidad estaría sobradísima. El Ferrocarril Chihuahua-Pacífico (Chepe), que junto con el Tequila Express es el único tren de pasajeros que queda en nuestro país, traslada alrededor de 170 mil pasajeros anuales en su ruta de 673 kilómetros de los cuales 90 mil son turistas y 80 mil rarámuris que no pagan tarifa completa. El servicio, proporcionado por una empresa privada, se mantiene solo gracias a un subsidio del gobierno.
Casi ningún tren de pasajeros en el mundo es rentable. No hay razón para pensar que el Tren Maya lo será, aun si se construyera por 150 mil millones de pesos. El estudio del IMCO, empero, sugiere que los costos reales de construcción oscilarán entre 460 mil millones y 1.5 billones de pesos. Quizá el Tren Maya tenga un mayor número de pasajeros que el Chepe, pero esto llevaría quizá a un máximo de 200 mil o 300 mil usuarios anuales. No son suficientes para hacerlo rentable.
Un boleto sencillo en el Chepe en clase turista entre Chihuahua y Los Mochis cuesta 3,276 pesos. El tramo entre Chihuahua y Ciudad Cuauhtémoc, de solo 103 kilómetros, menos que los 130 de Cancún a Tulum, alcanza 667 pesos. Nada que ver con los 160 pesos sin subsidio de los autobuses Cancún-Tulum. Además los trenes a Los Mochis solo salen de Chihuahua los lunes, jueves y sábados. Tener 29 salidas diarias en un tren turístico es imposible.
Si realmente el gobierno quisiera impulsar un transporte barato y eficiente en la península de Yucatán ampliaría la actual y excelente carretera Cancún-Tulum y mejoraría las que conectan con Mérida, Campeche, Escárcega y Palenque. Quizá un proyecto así no impulsaría la mística de la Cuarta Transformación, pero sería mejor para los supuestos propósitos que se tienen. El problema es que los políticos son como niños: les gusta jugar con trenecitos.
 DECLINACIÓN
Virtualmente todos los trenes de pasajeros son subsidiados, pero ni siquiera así los siguen usando los pasajeros. Según el IMCO, los servicios ferroviarios representan menos del 10 por ciento de los traslados por tierra en el mundo y hay "una disminución de casi 10 por ciento en los últimos 15 años". No es la mejor perspectiva para construir un nuevo tren.
@SergioSarmiento
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70 años de la #Septién García/FERNANDO DÍAZ NARANJO
LSR, 20 de mayo
"El periodismo es el parlamento diario de los pueblos" -Carlos Septién García
Fundada el 30 de mayo de 1949 por Luis Beltrán y Mendoza con el auspicio de la organización Acción Católica Mexicana, de la que se independizó en 1966, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García cumple 70 años de una larga e importante trayectoria formando profesionales del periodismo en México.
El nombre de esta institución de educación superior se debe al reconocimiento póstumo del periodista Carlos Septién García, por su gran trayectoria como periodista y cuyo pensamiento, destreza y visión, son parte de la mística de la Institución[1].
Egresado de la UNAM, Septién García concebía que "En la complejidad del mundo moderno, la prensa es el diario y silencioso parlamento de los pueblos. Sus letras son las voces del hombre, de todo hombre: las voces que piden justicia, las que dictan las leyes, las que aciertan o las que yerran......" "El periodismo es hoy la asamblea diaria que llega hasta el hogar mismo del ciudadano: por radio y televisión que allí, en el recinto de sus páginas, y en sus espacios audiovisuales, se reúne con los habitantes de su ciudad, con la comunidad de su patria, con sus semejantes del mundo entero; que le hace pensar, vivir y resolver con ellos las pequeñas y grandes cuestiones de la urbe, del país, de la época".
Es así como nace esta noble institución que imparte la licenciatura en periodismo, así como las maestrías en periodismo económico y la de periodismo político. De igual forma, imparte diversos cursos y diplomados especializados tanto en la Ciudad de México como en las diversas entidades federativas de nuestra República Mexicana.
Entre sus principales egresados que han pasado por la Septién, por mencionar sólo algunos, tenemos a periodistas como Adriana Pérez Cañedo, Alberto Barranco, Ana María Lomelí, Anayetzin Díaz Alcalá, Aurora Berdejo, Blanche Petrich, Carlos Marín, David Páramo, Luis Enrique Mercado, Francisco Ramírez, Guillermo Ortega Ruíz, Gustavo Rentería Villa, Rosa Ícela Rodríguez Velázquez, José Luis Vázquez Baeza, Juan Manuel Oliva, Manuel Pérez Miranda, Raymundo Riva Palacio, Teodoro Rentería Arróyave, Salvador Corro, Fidel Samaniego, Vicente Leñero, entre muchos más.
La #Septién como se le conoce en el medio, ha sido columna vertebral del periodismo en México; sus egresados se encuentran en diversas posiciones claves que van desde analistas de información, reporteros de la fuente, subdirectores, directores de medios importantes de comunicación, hasta socios y dueños de medios que hoy son punta de lanza en la forma de hacer periodismo.
Este engranaje piramidal se ha sostenido, de igual forma, por los múltiples convenios que dicha institución ha integrado con múltiples instancias y que la han posicionado como un referente del periodismo. Así, la #Septién es miembro de instancias como el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación, del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, del Consejo Técnico del área de Ciencias Sociales del CENEVAL, por mencionar algunas.
Es así, que la importancia que tiene cualquier institución de educación superior es la de generar auténticos profesionistas, mujeres y hombres libres, con el conocimiento suficiente para emprender un camino certero para nuestro país. Pero cuando hablamos de periodismo, la responsabilidad no es menor, pues quienes poseen dicha responsabilidad saben que tienen el deber, no solo de ejercer el periodismo con ética y profesionalismo, sino además, siempre está el segundo esfuerzo por obtener una noticia, descubrir aquello oculto que pueda dañar a nuestro sistema político, económico o social, y de advertir y proponer alternativas sobre determinados temas en que el periodista debe convertirse en experto por la profundidad de su estudio, de su investigación en gabinete y en campo para poder contar con una sociedad libre, pensante e informada que le ayude a tomar mejores decisiones.
Por esos periodistas libres, con criterio universal y de buenas costumbres felicitamos a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García por su 70 aniversario y, deseamos que siempre logren estar a la vanguardia que el periodismo en nuestro país necesita. ¡Así sea!
[1]   El 2 de julio de 1976 la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, obtuvo su reconocimiento de validez oficial de estudios ante la Secretaría de Educación Pública...ç
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Control de confianza: desperdicio millonario/
Eduardo Guerrero Gutiérrez
El Financiero...
laloguerrero
De lunes a viernes, desde muy temprano en la madrugada, quienes transitan con dirección al centro, sobre la lateral de Reforma, verán, antes de llegar al Ángel, una larga fila formada en la banqueta. La mayoría de las personas formadas son jóvenes. Todos llevan documentos y muchos traen cara de angustia. Van a presentar pruebas al Centro de Control de Confianza que, al menos hasta hace poco, era de la Policía Federal (tal vez a estas alturas haya sido transferido a la Guardia Nacional, pues en los últimos días ya era resguardado por personal militar).
Como la fila que desde hace años se forma a diario en Reforma, hay decenas en todo el país. Las evaluaciones de control de confianza fueron la pieza más emblemática de la política de fortalecimiento institucional que se echó a andar en tiempos de Calderón. Casi como un acto de fe, en la última década el país se dedicó a “acreditar” a destajo policías (y junto con ellos a custodios y a personal del ministerio público). Con esta finalidad se impuso a rajatabla un modelo único de control de confianza para todo el país. Este modelo incluye una tortuosa sesión con el polígrafo, pruebas toxicológicas, psicológicas, médicas y socioeconómicas. El año pasado hubo algunas modificaciones, incluyendo un curioso “análisis de tatuajes”. Sin embargo, el proceso sigue siendo fundamentalmente el mismo.
En el caso de la naciente Guardia Nacional, hasta ahora lo que se ha planteado es un mecanismo “fast track”. La prueba psicológica y toxicológica de los nuevos elementos correrá por cuenta de las Fuerzas Armadas, que integrarán un expediente que será turnado a los centros de evaluación, donde se realizará la investigación socioeconómica y el temido polígrafo. En sintonía con el mandato presidencial de constituir la Guardia Nacional a marchas forzadas, los centros tendrán la obligación de desahogar ambas pruebas en un solo día. Es decir, los elementos de la Guardia Nacional serán sometidos básicamente al mismo proceso que los policías, sólo que se hará un esfuerzo para que éste no sea tan tardado.
No es una buena noticia. Para empezar, los controles de confianza son caros. “Acreditar” a cada elemento cuesta alrededor de cinco mil pesos y al año se realizan decenas de miles de pruebas. No hay una cifra consolidada del número total de personas que pasa por los controles de confianza. Sin embargo, para dimensionar la magnitud del gasto una referencia útil es que, en el centro de control de confianza que era de la Policía Federal (una corporación donde laboraba menos del 12 por ciento de los policías del país), se llevaban a cabo 60 mil controles de confianza al año.
Este monumental gasto y esfuerzo estaría plenamente justificado... si funcionara. Sin embargo, después de diez años de controles de confianza, los mexicanos siguen sin confiar en sus policías. De acuerdo con la encuesta del INEGI más reciente, dos terceras partes de la población cree que la policía estatal es corrupta. Siete de cada diez opinan lo mismo de su corporación municipal. Esta desconfianza se explica tanto por la experiencia cotidiana, como por las constantes noticias de policías “acreditados” que trabajan para la delincuencia.
Hace apenas unos días, Jesús Orta, Secretario de Seguridad de la CDMX, reconoció que, en los pocos meses que lleva en el cargo, ha tenido que destituir a 200 elementos y mandos de la zona centro de la capital, por presuntos vínculos con grupos delictivos. Este caso ni siquiera es el más dramático. En años recientes, corporaciones municipales enteras en Guerrero, en Jalisco y en otros estados han tenido que ser desarmadas por estar completamente penetradas por la delincuencia.
Sin embargo, el problema va mucho más allá. El modelo único de “certificación” que seguimos en México no sólo es malísimo y carísimo. También está entorpeciendo otros esfuerzos legítimos de profesionalización en municipios pequeños y aislados (ésos que sólo tienen una veintena de policías y un par de patrullas para vigilar docenas de comunidades; y que hacen frente a grupos delictivos que los superan en número y poder de fuego). En esos municipios suelen transcurrir meses entre que el ayuntamiento manda una solicitud para evaluar aspirantes o elementos en activo y que el centro estatal de control de confianza se digna en hacer las pruebas. Al no contar con elementos certificados, los ayuntamientos se quedan sin recibir recursos necesarios para capacitación y equipamiento.
En resumen, los controles de confianza han sido un desastre. Cuando le pregunto al respecto a los secretarios y mandos de seguridad algunos dicen que no están muy convencidos de su utilidad, y otros consideran que son totalmente aberrantes. Nadie o casi nadie cree que cumplan relativamente bien sus objetivos. Sin embargo, como país nos seguimos aferrando a ellos. Ahora se van a aplicar también a los aspirantes a ingresar a la Guardia Nacional.
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El PT y las preguntas de los 800 millones/Salvador Camarena
La Feria
El Financiero...
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el 14 de febrero en Palacio Nacional que ni las estancias infantiles, ni los centros de desarrollo infantil (Cendis) ligados al Partido del Trabajo tendrían recursos federales.
“¿Cómo le vamos a dar dinero a los Cendis del PT si no les vamos a dar a las estancias infantiles? Porque se les va a dar a los padres. Los Cendis del PT son muy cercanos a nosotros, pero si no actuamos con rectitud y parejos, no tendríamos autoridad”, fueron las palabras del mandatario es esa ocasión.
Dentro de todo, lo que decía el Presidente sonaba razonable. Habiendo cancelado, sin miramiento ni evidencia pública de corrupción a gran escala, el programa de estancias infantiles de la Sedesol, lo menos que se podría esperar es que con igual rasero fueran tratados los 80 Cendis que opera el PT en el país, centros en los que, ahí sí, ha habido denuncias de corrupción y hasta lavado de dinero.
Pero en cosa de dos meses el panorama es muy distinto. El 8 de mayo líderes y representantes del PT visitaron al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, con quien, según los petistas, acordaron la “regularización” de los Cendis.
De eso dieron cuenta los petistas en Facebook, foto incluida con Moctezuma, y la reportera Galia García confirmaría la semana pasada, a través de una entrevista con el senador petista Joel Padilla, que el gobierno de López Obrador estaría a punto de destinar 800 millones de pesos para los Cendis del PT.
Tras la publicación de ese reporte, de gira por Nuevo León, el Presidente confirmó que regularizar eso centros fue un compromiso de campaña y que pasarán a formar parte de la SEP.
¿Qué pasó en una cuantas semanas como para que López Obrador diera un giro que, en efecto, cuestiona su autoridad moral? Y, otra pregunta, ¿qué quiere decir el gobierno con regularizar los Cendis?
Sobre la primera pregunta hay quien señala que no es casual que la cita del 8 de mayo entre SEP y PT se haya dado en consonancia con las negociaciones de la reforma educativa.
Se antoja difícil creer que López Obrador cedió a un chantaje del PT. En todo caso, la alianza entre AMLO y el PT es añeja, y suena más bien a que la frase del 14 de febrero era hueca.
Salvo que según una versión consultada, la SEP ya tenía otro destino para la partida U031, que contiene 800 millones de pesos y que lleva por nombre Expansión a la educación inicial.
Según esa versión, la SEP ya tenía definidos lineamientos y la Matriz de Indicadores Para Resultados del uso de esa partida, y que precisamente porque los Cendis del PT no se ajustan a tales normativas fue que se hizo necesaria una reunión con Moctezuma para negociar lineamientos a la medida.
En todo caso, asistimos al cierre de un ciclo de lo que pudo ser un capítulo de rendición de cuentas y ahora será un caso más de presunta impunidad.
Porque a finales de 2017 la ciudadanía fue informada de que la Auditoría Superior de la Federación había encontrado cuantiosas irregularidades en la operación de los Cendis y la extinta PGR anunció que investigaba un presunto lavado de dinero por 100 millones de pesos que involucraba al líder nacional del PT, Alberto Anaya.
El PT dirá que lo de la PGR fue una represalia del PRI-Gobierno por la decisión del Partido del Trabajo de aliarse con López Obrador rumbo a las elecciones en 2018. Esa versión, sin embargo, no aclara las observaciones, no subsanadas, de 77 millones de pesos que en su momento denunciara la ASF. Basta además meterse a Google para encontrar múltiples denuncias de Cendis del PT que costaron 15 o 30 millones de pesos y nunca abrieron sus puertas.
Y resta la segunda pregunta. ¿Qué significa regularizar los Cendis?
El PT asegura que eso quiere decir que el gobierno basificará a los maestros que ahí laboren. Si eso fuera verdad, ¿significa que López Obrador pagará a maestros y cualquier personal de los Cendis, que no son otra cosa que una red de negocios del PT? O sea, ¿ahora los gastos de esos centros se pagarán con recursos públicos a pesar de que se trata de asociaciones civiles y órganos controlados por el Partido del Trabajo?
El compromiso de López Obrador de no permitir la corrupción tiene un pendiente en el caso de los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación en los Cendis. En vez de abocarse a ello, el Presidente ha prometido más recursos para esos negocios particulares. Pues qué le deberá el tabasqueño a los del PT que no duda en comerse sus palabras y poner en entredicho sus promesas.
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¿Morena también mata periodistas?/RICARDO ALEMÁN
LSR...
¿Hasta cuándo atenderá el presidente Obrador la muerte de periodistas? | Ricardo Alemán
En los primeros 160 días del gobierno de López Obrador han sido asesinados 9 periodistas.
En ningun caso los gobierrnos estatales y/o el gobierno federal investigan los crímenes sino que, por el contrario, el presidente Obrador no ha dicho una sola palabra sobre el tema, a pesar de que en campaña prometió poner fin al ataque a periodistas.
También están calladas las voces que antaño censuraban con dureza la pasividad de los gobiernos del PRI y el PAN ante el crimen de informadores. Y callan porque están en la nomina oficial y sirven como propagandistas del terror, desde los medios oficiales federales o en distintas entidades federativas.
Por ejemplo, en estados como Veracruz y Quintana Roo –entre otros que gobierna Morena–, los periodistas críticos del nuevo partido hegemónico viven un verdadero clima de terror y muerte.
Y si lo dudan, apenas el pasado jueves fue asesinado Francisco Rómero Días –en Playa del Carmen, Quintana Roo–, el periodista más crítico de la presidenta municipal de Solidaridad, la morenista Laura Beristain Navarrete, ligada estrechamente con el presidente Obrador, a quien debe el cargo.
Y resulta relevante el vínculo de la alcaldesa con López Obrador, no sólo por la amistad entre ambos, sino por el "manto de impunidad" que protege a la edil quién, hasta el momento guarda silencio sobre el crimen de Francisco Romero Díaz, a quien durante meses los "guaruras" de la alcaldeza golpearon, levantaron, secuestraron y habían amenazado de muerte.
Popular en Quintana Roo por su peculiar crítica –"Ñaca Ñaca", como era motejado–, Francisco Romero Díaz hizo realidad un clásico de García Márquez; pregonó el anuncio de su muerte, a través de redes sociales y de su página electrónica titulada "Ocurrió Así".
Es decir, el periodista hizo la denuncia de su muerte –Crónica de una Muerte Anunciada–, de la siguiente manera.
"Responsabilizamos a Laura Beristain de lo que pueda pasarle a Francisco Romero (Ñaca Ñaca). Toda vez que en diferentes coberturas el mismo periodista ha denunciado amenazas por parte de elementos de la Policía Municipal bajo órdenes de Laura Beristain para acallarlo".
¿Quién es Laura Beristain? ¿Por qué es la mujer más poderosa en Quintana Roo? ¿Por qué la impunidad a sus públicos excesos y corruptelas?
La respuesta la conocen todos en Morena; porque es amiga de Lopez Obrador, de toda la vida; mérito suficiente para ser intocable.
Laura Beristain llegó a la presidencia municipal de Solidaridad –lo que conocemos como Playa del Carmen–, como pago por el trabajo legislativo que unificó a Morena y al PT en 2017 y "al dedicado trabajo como recaudadora" para la campaña presidencial de 2018. Junto con sus hermanos Luz María y Juan Carlos Beristain. Es decir, todo un clan familiar que no sólo atesoran poder político y económico, sino que persiguen y callan periodistas.
Por eso, por los servicios prestados al presidente Obrador, el clan familiar de los Beristan es intocable en Quintana Roo y en todo el país.
El crimen de Francisco Romero Días se suma a ocho crimenes previos, cometidos en el gobierno de López Obrador.
1.- El 1 de diciembre de 2018 fue asesinado el periodista Jesús Alejandro Márquez Jiménez. Su cuerpo fue hallado en la carretera Tepic-Pantanal, en el municipio de San Cayetano, Nayarit.
2.- El 6 de diciembre de 2018 fue asesinado Diego García Corona, reportero del semanario Morelos. Su cuerpo fue enconrado en Ecatepec, Estado de México.
3.- El 20 de enero de 2019 fue asesinado Rafael Murúa, director de la radio comunitaria Radiokashana, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. Fue el primer homicidio de un periodista en 2019.
4.- El 9 de febrero fue asesinado a tiros Jesús Eugenio Ramos Rodríguez. El periodista tomaba un café –en Villahermosa, Tabasco–, con otras personas cuando un desconocido le disparó y escapó.
5.- El 16 de febrero fue asesinado a tiros Reynaldo López. El periodista viajaba junto con el ex reportero de Televisa Sonora, Carlos Cota, cuando un vehículo se emparejó y le dispararon, en Hermosillo, Sonora.
6.- El 15 de marzo, en San Luis Potosí, fue asesinado en su casa Santiago Barroso Alfaro, periodista, ex conductor del programa de radio "San Luis Hoy".
7.- El 24 de marzo fue asesisnado Omar Camacho, periodista deportivo cuyo cuerpo fue localizado debajo de un puente en Salvador Alvarado, Sinaloa.
8.- El 2 de mayo fue asesinado Telesforo Santiago Enríquez, fundador y conductor de la radio comunitaria El Cafetal de San Agustín Loxicha, Oaxaca.
¿Hasta cuándo atenderá el presidente Obrador la muerte de periodistas?
Al tiempo.

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