24 oct 2019

Las columnas políticas, 24 de octubre de 2019

Piden a TEPJF aclarar periodo de Bonilla
El INE solicitó al TEPJF aclarar el periodo por el que tomaría protesta el Gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, el próximo 1 de noviembre.
El órgano electoral presentó una Acción Declarativa, en la que afirma que ante la publicación de la reforma a la Constitución de esa entidad para ampliar de dos a cinco años el mandato gubernamental, es necesario que la Sala Superior se pronuncie.
"Se genera una absoluta falta de certeza jurídica en el sentido de cuál es el periodo que va a desempeñar el actual gobernador electo; es decir, si conforme a la determinación emitida por la Sala Superior, sólo por dos años, para fenecer su encargo en el año 2021, o bien, si debe estarse al Decreto 351 emitido con posterioridad, incluso de la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría respectiva, para que sea (que deje el cargo) hasta el 2024", indica el documento enviado anoche al Tribunal.
De acuerdo con fuentes del Instituto, esta Acción Declarativa es el primero de varios recursos que interpondrá el organismo para impedir que Bonilla prolongue su gestión, pues aún se busca bajo qué figura presentarán una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. (Reforma)..
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Comunicado FGR 454/19. La FGR informa sobre el proceso a Rosario “R”obles..
Fiscalía General de la República: 21 de octubre de 2019
El artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la falsedad de un imputado, al señalar su domicilio, constituye una presunción de riesgo de fuga y, por lo tanto, procede la prisión preventiva justificada.
Cuando ese imputado ha declarado falsamente ante un Juez Federal, que ha habitado los últimos veintidós años de su vida en un domicilio, y con pruebas públicas irrefutables se demuestra que esa afirmación es falsa, el peligro de sustracción y la necesidad de la prisión preventiva es justificada y obligatoria por ministerio de ley.
Si, además en este caso, el máximo de la pena de los delitos patrimoniales que más han agraviado a la población más necesitada de esta nación es de veintiún años; todos estos elementos obligan a ratificar la decisión del Juez que determinó la prisión preventiva justificada, la cual está impidiendo el encubrimiento y la impunidad de quienes posiblemente se coludieron en esta maquinación.
Sobre este tema, los litigantes en el asunto han declarado falsamente y de manera constante ante los medios, descalificando dolosamente los documentos legales; ratificando también las declaraciones falsas del imputado; ante todo lo cual el silencio no debe mantenerse y, por ello, se informa sobre este particular.  
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Las columnas políticas, 24 de octubre de 2019
TEMPLO MAYOR/Reforma.
LO MALO de los lugares comunes es que provocan que la gente haga unos osos terribles, como el presidente Andrés Manuel López Obrador que se quejó de la supuesta beligerancia de los alcaldes panistas que fueron a Palacio Nacional a exigirle mayores recursos para sus municipios. Deberían de ser como Gandhi y como Mandela, les recriminó el mandatario.
LO QUE López Obrador al parecer no sabe es que Nelson Mandela antes de ser símbolo pacifista fue un guerrillero que recibió entrenamiento militar en Argelia y luego fundó un movimiento armado en su natal Sudáfrica. Posteriormente estuvo preso 27 años. ¿Qué es lo que quiere AMLO? ¿Que los alcaldes tomen las armas o que se pongan a protestar detrás de las rejas? Es pregunta en son de paz... no de gas.
LAS COMPARACIONES son odiosas para quien sale perdiendo. Y en este caso Alfonso Durazo no sale muy bien parado ante Omar García Harfuch cuando se compara el fallido operativo de Culiacán con el exitoso operativo en Tepito.
EL FLAMANTE jefe de la Policía de la Ciudad de México dejó en claro que, cuando las cosas se planean bien y se ejecutan con precisión, los resultados saltan a la vista. Ah, y sin soltar un solo tiro. Cosas de la inteligencia que le llaman.
EL ASUNTO toma especial relevancia pues, según diversos testimonios dentro del gobierno capitalino, García Harfuch había sido vetado por Durazo debido a su formación dentro de la Policía Federal.
Eso habría obligado a Claudia Sheinbaum a iniciar su gobierno con Jesús Orta al frente de la Secretaría de Seguridad... con los tristes resultados que todos conocemos.
QUIÉN SABE si es sólo un buen deseo de paisanos, pero allá en Tabasco se da como un hecho que Humberto Mayans será nombrado en estos días presidente del Consejo de Administración de Pemex. Hay quienes dicen que el priista algo sabe del tema energético. Habrá que ver si opinan lo mismo las calificadoras internacionales que, desde hace unos meses, manejan todo lo relacionado con Pemex como si fuera material radioactivo.
CON TODO y la gaseada que les dieron en Palacio Nacional, se ve difícil que los alcaldes que fueron a protestar obtengan algún incremento en sus participaciones pues el pastel presupuestario ya se está discutiendo en San Lázaro, pero, sobre todo, porque les faltó pronunciar la palabra mágica.
Lo que les faltó a los ediles fue sólo decir "Pío"... sí, Pío López Obrador, hermano del Presidente, que resulta que es reclutador de alcaldes de oposición que tengan a bien sumarse a Morena.
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BAJO RESERVA/El Universal
Reflectores y riesgos en la lucha anticorrupción
Nos comentan que uno de los escritorios en los que hay mayor sigilo, pero un gran número de expedientes, es en el de la fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la República, María de la Luz Mijangos.
Nos aseguran que algunos de ellos por su relevancia podrían marcar un parteaguas en el combate a la corrupción en el país. Sin embargo, nos explican que uno de los retos de estas investigaciones es evitar que éstas sean politizadas y acaben con no tener consecuencias judiciales.
Doña María de la Luz, sostienen, cuenta en estos casos con todo el apoyo del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, pero ambos requieren de un gran sigilo y nula exposición de las investigaciones a los reflectores mediáticos y políticos para poder llevarlas a buen puerto y evitar la impunidad. Veremos si los dejan trabajar.
Ni perdón ni Ovidio, esperan a Durazo en el Senado
Se apareció el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en los terrenos del Congreso: estuvo en la sesión solemne de entrega de la Medalla de Honor Belisario Domínguez, para acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su calidad de cabeza del gabinete de seguridad. Nos relatan que el sonorense se echó en los brazos de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y del coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado.
Sin interpretaciones de por medio, nos dicen que se le vio distante de los secretarios de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, almirante José Rafael Ojeda, con quienes no cruzó palabra en el salón de sesiones.
Forma es fondo, nos recuerdan, y el Senado todavía desangra en lo político por el fallido operativo del 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, y la liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán López. Y a ello deberá dar respuestas Durazo a los legisladores. “Ni perdón ni Ovidio” para don Alfonso, claman en la oposición.
INE va contra la Ley Bonilla
Tan pronto como hoy mismo el Instituto Nacional Electoral, que comanda el consejero presidente Lorenzo Córdova, presentará el primero de varios recursos legales en contra de la llamada Ley Bonilla que permite ampliar el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años.
Nos dicen que se trata de un juicio electoral que será presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aseguran que luego de esta vendrán otros recursos legales, pero por el momento se trata del arranque de la ofensiva legal del INE contra la muy criticada ley. Quizá cuando usted esté leyendo esta columna, el recurso estará ya en los escritorios del tribunal.
¿4T del gozo al pozo?
Nos dicen que en algunas de las tribus de la 4T festejaron que al ministro Alberto Pérez Dayán no le hayan tocado los juicios de las controversias que promovieron el PAN, Movimiento Ciudadano y otros, en contra de las reformas para que el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez aumente de 2 a 5 años. Nos explican que a don Alberto le tocó la primera controversia que promovió el gobernador panista saliente Francisco Vega y no la admitió.
La desechó por ser notoriamente improcedente, y por eso, en diferentes lados esperaban que a Pérez Dayán le tocaran las nuevas demandas. Pero una vez publicada e impugnada la reforma, el caso le tocó por turno al ministro Fernando Franco, y ahora habrá que ver cuál es el criterio que aplica don Fernando para ver si el gozo no acaba en el pozo.
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FRENTES POLÍTICOS /Excélsior..
1. El ABC del éxito educativo. En Villahermosa, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, reveló que la Nueva Escuela Mexicana contrapone al espíritu individualista y consumista un horizonte de valores y pone interés en lo comunitario. Por ello, se incorporó en la Constitución que la educación debe tener contenidos nacionales, regionales y locales. “Porque cada parte del país siente, aprende y tiene aspiraciones de manera diferente”.
Al participar en el simposio Internacional de Desarrollo Sostenible y Energía en la Universidad Tecnológica de Tabasco, dijo que los dos pilares de la educación, la excelencia y la equidad, permitirán dar más, a quien más lo necesita. Siete millones de becas se dice fácil, pero es una labor titánica. La SEP no abandona a los estudiantes. Los maestros disidentes, sí.
2. El reproche del fantasma. Integrantes de la plataforma política Futuro 21 presentaron, en la Cámara de Diputados, una solicitud de juicio político contra el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, por su actuación en los hechos de Culiacán, Sinaloa. Antonio Vázquez, integrante de la organización, señaló que la petición se basa en el artículo 109 de la Constitución, que establece que cualquier ciudadano podrá, con los elementos de prueba suficientes, denunciar a un servidor público.
A su vez, Jesús Ortega, expresidente del PRD, aseguró que se debe profundizar la investigación sobre lo ocurrido en Culiacán, pues puede haber un involucramiento mayor de personas más allá de Durazo. Sería mejor que se sienten a cuajar Futuro 21 para que sea un partido político confiable y dejen trabajar a los encargados de la seguridad. Todavía no nacen y ya heredaron las manías del PRD.
3. Aliados. Joel Juárez Blanco, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, garantizó que el sector está comprometido en fortalecer el cerco de seguridad a partir de espacios privados, con un crecimiento sostenido, inversión en el desarrollo del personal, del vértice a la base, de inversión en equipamiento y empleo de tecnología. Apuntó la necesidad imperiosa de crear una ley de seguridad que regule el sector de manera justa y poder colaborar con el gobierno de la Cuarta Transformación, en la pacificación del país.
Al participar en la X Cumbre de Seguridad, Perspectiva Ciudadana y Empresarial, el presidente de la AMESP explicó que trabajan a favor de esa regulación que apoye y reconozca la importancia del sector. Toc-toc. ¿Hay alguien ahí que recoja esta propuesta? No es por nada, pero urge…
4. Compromiso al cien. En entrevista, tras la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, fue interrogado sobre si renunciará a su cargo tras los hechos en Culiacán, Sinaloa. Firme y con el apoyo de la Presidencia, indicó que “esos puestos ni se buscan ni se renuncia a ellos, se asume la responsabilidad”.
La pregunta surgió luego de que organizaciones civiles le han pedido dimitir por los hechos en los que sicarios de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, desataron una balacera en reacción a la captura de su jefe. Se decidió por el no derramamiento de sangre. Y ahora, a tomar al toro por los cuernos. No hay de otra. Fracaso sería tirar la toalla. No lo hará.
5. Basurero sindical. Si usted piensa que la guerra en el sindicato petrolero está ganada con la renuncia de Carlos Romero Deschamps, su líder por más de dos décadas, se equivoca.
El coordinador del Frente Nacional Petrolero, Sergio Morales, pidió a los trabajadores que se quiten el miedo ante las intimidaciones de los líderes leales a Romero y los conminó a que sigan en la lucha, porque “ya cayó el primero, faltan 36 más”, refiriéndose a los líderes seccionales impuestos por el exlíder del STPRM.
Recordó que el FNP fue el que lo denunció por fraude, claudicación y traición sindical ante la Comisión de Vigilancia del propio sindicato y ante la Fiscalía General de la República.
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TRASCENDIÓ/Milenio Diario...
QUE en estos días no ha faltado el fuego amigo contra la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para achacarle los saldos del fallido operativo en Culiacán, pero los conspiradores del gabinete federal parecen soslayar que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esa crisis solo pasa por un escritorio: el del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
QUE la Cámara de Diputados estrenó ayer el protocolo impulsado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, para garantizar el ingreso de los legisladores, por la estación Candelaria del Metro, en caso de bloqueos.Pero como no se les da eso del transporte público, al menos a los panistas les enviaron una guía por WhatsApp: entrar al Metro, comprar boleto, seguir por el pasillo y salir en puerta Palacio Legislativo. ¡Eureka!.
QUE la renuncia de Ricardo Rocha a la dirección del Canal del Congreso de Ciudad de México generó una polémica entre legisladores en los pasillos del recinto de Donceles, donde varios están interesados en imponer fast track un director, con lo que se violan los procedimientos. Aunque el canal sigue al aire con Roberto Candia en calidad de encargado, diputados auguran que surgirán datos administrativos que no pintan bien para quienes operaron durante años ese espacio.
QUE la detención de funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Mancera, sobre todo de Finanzas (van cuatro, el último Hedilberto Chávez), es el inicio de una investigación que abarca desvíos, favoritismos y empresas fantasmas promovidas desde Obras y Vivienda, por lo que se persigue ya a contratistas y notarios. El dato es que están por surgir más órdenes de aprehensión.
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CONFIDENCIAL/El Financiero
Hija de Rosario Ibarra, ¿a la CNDH?
Entre los nombres de los candidatos que ya comienzan a perfilarse para llegar a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está el de una mujer, nos cuentan: María del Rosario Piedra Ibarra, integrante del Comité Eureka, fundado por su madre, Rosario Ibarra de Piedra, medalla Belisario Domínguez 2019. Ayer, la candidata, quien compareció el martes ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, estuvo sentada al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la entrega de dicho galardón. Una significativa señal. Veremos si no hay reparos por poner al frente de ese organismo autónomo a una seguidora del Presidente.
Ombudsperson alista despedida con informe fuerte
Y hablando del relevo en la CNDH, nos comentan que antes de dejar su cargo, el ombudsperson, Luis Raúl González Pérez, entregará un informe pormenorizado de los diversos temas de donde “cojea” el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de derechos humanos. Nos dicen que resaltará fallas en temas como Guardia Nacional, estancias infantiles, desaparición forzada, uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, negativa en cumplir recomendaciones… y, fundamentalmente, los riesgos que enfrenta la autonomía de la CNDH.
Senado, en desacato
El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció ayer que el proyecto de dictamen para legalizar la cannabis aún no tiene los consensos necesarios, por lo que no podrá cumplirse con el plazo que fijó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se apruebe la legislación de la mariguana con fines recreativos: el 24 de octubre, es decir, ¡hoy! De acuerdo con el legislador zacatecano no es lo correcto estar en falta, pero se tratará de que sea el menor tiempo posible para cumplir la expedición de la ley. Veremos.
Reconocimiento al altruismo
Más de 50% del parque vehicular de la Cruz Roja son ambulancias que, durante 13 años, Fundación Azteca, de Grupo Salinas, ha donado. Son 1,500 unidades que han dado servicio a la población necesitada. Por contribuciones como esa y muchas otras, los 32 integrantes del Consejo Nacional de la benemérita institución decidieron, por unanimidad, entregarle la medalla “Distinción Humanitaria” a Ricardo Salinas. A decir de la Cruz Roja, se trata de un reconocimiento a “un referente de apoyo a causas sociales”.
Reaparecen Los Chuchos
En medio de una intensa actividad en San Lázaro, sorprendió ayer la reaparición de los llamados Chuchos, Jesús Ortega y Jesús Zambrano. Pero lo que sorprendió más fue que apenas cuatro de los 11 diputados perredistas los acompañaron al pódium. Y eso que se presentaron acompañados de integrantes de la plataforma Futuro 21, y con una bandera caída del cielo: presentar una denuncia de juicio político en contra de Alfonso Durazo por el operativo fallido en Culiacán.
Segob les dio ‘el avión’ a alcaldes
El alcalde de Uruapan, Michoacán, Manuel Manríquez González aclaró que los alcaldes del país tuvieron que ir a Palacio Nacional para solicitar el diálogo directo con el Presidente, porque desde hace un año, en la subsecretaría de Gobernación, desde que estaba Zoé Robledo, se inició el movimiento para demandar solución al problema de los municipios. Se enviaron –nos dice– oficios y se asistió a más de diez reuniones con diferentes dependencias. Resultado: nunca se dio respuesta a las demandas. El edil comentó que por ello, “es cierto que cuando en Palacio Nacional se nos dijo que fuéramos a Gobernación no aceptamos… y luego vinieron los gases lacrimógenos”.
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RAZONES/La Razón
Senadores corregirán la plana a diputados
Luego de una reunión con el senador Ricardo Monreal allá en Paseo de la Reforma, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, regresó al recinto de San Lázaro para informar a los coordinadores de las bancadas y a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas, que todo indica que los senadores regresarán la Ley de Ingresos que aprobaron la semana pasada con varias modificaciones, como el rechazo a regular autos chocolate, y se cae la intención de que productores agrícolas paguen el uso del agua y hasta el cierre de la edición, se mantenía la condonación de adeudos a estados y municipios por parte de la Comisión Federal de Electricidad; dicen que una menor recaudación traerá en consecuencia plantones de alcaldes. Ya se verá.
• Quieren empresarios invertir en energía
Dicen que entre el empresariado, el sector energético está generando grandes expectativas. Ayer, luego de la reunión que Rocío Nahle tuvo con el Consejo Consultivo de Citibanamex, en Tabasco, la titular de la Secretaría de Energía indicó que los representantes de la iniciativa privada tienen interés en invertir en electricidad, gas y, por supuesto, en la nueva refinería. Así que por lo pronto, empresarios de Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz están muy interesados.
• Distinguen el altruismo de Salinas Pliego
Es bien conocida la labor altruista que realiza el empresario Ricardo Salinas a través de las empresas que conforman Grupo Salinas, así que no sorprende el reconocimiento que la Cruz Roja Mexicana le hizo al otorgarle la medalla “Distinción Humanitaria”. Y es que la institución no lucrativa considera que Salinas Pliego ha marcado de manera positiva la vida de los mexicanos, sobre todo de los más vulnerables. Y cómo no, si tan sólo la Fundación Azteca ha donado más de la mitad de las ambulancias con las que cuenta la CRM.
• En Morelos, amenazan al góber en mantas
Grave la situación de inseguridad que enfrenta Morelos, pues ayer al menos 20 mantas de grupos del crimen organizado aparecieron en varios municipios de la entidad que gobierna el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Lo más terrible es que en los textos se advierten amenazas contra el mismo mandatario estatal y su comisionado de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, a quien señalan de proteger a líderes de organizaciones criminales.
• Que Taboada pase la receta
Quien salió buen administrador en Benito Juárez fue el alcalde Santiago Taboada, pues hasta los mismos diputados locales reconocieron y felicitaron al funcionario porque, dicen, su demarcación es la única de la capital mexicana que no tiene subejercicios, pues ha gastado de forma eficiente y transparente. Y es que el alcalde invirtió 22 millones de pesos en escuelas públicas y en su programa estrella Blindar BJ con el que ha equipado a policías tanto bancarios como auxiliares; además de rescatar espacios para mejorar la seguridad en las calles; y hasta le va a alcanzar para actualizar con más y mejor tecnología el C2.
• El enojo de Layda Sansores
A Layda Sansores, alcaldesa de Álvaro Obregón, la tundieron en el Congreso de la CDMX, por no poner atención a las instrucciones que implica ir a las mesas de trabajo de la Comisión de Presupuesto. Y es que la funcionaria no llevó información de sus proyectos para el próximo año, no justificó su petición de presupuesto, pero eso sí, aprovechó la oportunidad de estar en la mesa para dar un posicionamiento que nadie le pidió, sobre los hechos ocurridos en Culiacán. Sansores empezó de buenas y terminó enojada, interrumpiendo a la diputada presidenta de la comisión.
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SACAPUNTAS/El Heraldo de México
Nueva oficina, por Culiacán
Un primer acuerdo de las pláticas México-EU tras la batalla de Culiacán, es que la Embajada estadounidense en nuestro país tendrá una oficina de seguridad, con su respectivo agregado. De hecho, el subsecretario de la Cancillería para América del Norte, Jesús Seade, indicó que eso fue a petición mexicana para que funcione como enlace entre ambos gobiernos.
Los enredos de Yeidckol
Nos hacen ver que la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, andan de muy mal tino con eso de la sucesión en su partido. Prácticamente todos los días abre un frente nuevo con sus correligionarios. Ayer, por ejemplo, más tardó en declarar suspendido el proceso de elección, que su presidente de la Comisión de Honor, Héctor Díaz-Polanco, en desmentirla.
Jalón de orejas a Garduño
A quien le va a ir mal por sus declaraciones xenófobas es al director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. En la Segob, que encabeza Olga Sánchez Cordero, prevén, de entrada, un jalón de orejas por parte de la Consejo Nacional para Prevenir y la Discriminación. Pero, nos explican, analizan aplicar una sanción más severa.
Se muda a La Morena
De estreno está la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján. El Diario Oficial de la Federación notifica que las nuevas oficinas de la dependencia están en la alcaldía de Benito Juárez, en la colonia Narvarte, en el piso 14 del número 804 de la calle La Morena. Coincidencia o no, esa dirección es emblemática.
Taboada se luce
Nos cuentan que poco faltó para que el Congreso de la CDMX pusiera una estrella en la frente al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, durante su comparecencia, ayer. Todos los partidos representados en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública le reconocieron por ejercer el gasto de manera eficiente y transparente. Y apoyaron su petición de más recursos.
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TIRADITOS/ContraRéplica
SE ECHAN LA BOLITA
•Resulta que nadie sabe y nadie supo dónde quedaron los comprobantes de la compra de las 20 mil playeras para los funcionarios que participaron en el célebre Cinturón de Paz en la marcha del pasado 2 de octubre. Y es que, ContraRéplica ha realizado más de tres solicitudes de información a diversas dependencias del Gobierno capitalino y entre todas, se echan la bolita. Hasta ahora, sólo se sabe que gastaron 960 mil pesos, pero los detalles del vendedor, si hubo licitación de por medio y de qué bolsa salió el dinero, sigue en suspenso.
LO BATEAN POR UNA FIRMA
•Por si fuera poco, el embrollo en el que está inmerso Morena debido a los enfrentamientos por su elección interna, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la queja que interpuso Alejandro Rojas contra de la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) donde se establecen criterios para la reelección de los dirigentes de Morena en el actual proceso. Y todo, porque el aspirante a la dirigencia de ese partido no plasmó su firma autógrafa en la demanda que presentó.
LEY BONILLA, LA CUENTA REGRESIVA
•Sólo ocho días tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pronunciarse sobre si aceptan a trámite o no las impugnaciones que presentaron desde el fin de semana pasado los partidos de oposición y hasta el gobierno de Francisco Vega para evitar que el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla extienda su mandato a cinco años. Y es que en ese plazo, el máximo tribunal también tiene que tomar una decisión, pues ya el 1 de noviembre es la toma de posesión del morenista.
TERMINAN COMPARECENCIAS
•Ayer terminaron en el Senado las comparecencias de los 57 aspirantes a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora, el grupo de trabajo encargado de este proceso debe analizar las candidaturas y enviar antes del 31 de octubre una terna al Pleno del Senado para que elija con los votos de dos tercios de este órgano, al sustituto del actual presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien finaliza su encargo el próximo 15 de noviembre.
LA CÁMARA CHINA
•Vaya que fue más la expectativa que levantó que lo eficiente que resultó. Hablamos de la cámara espía encontrada en las oficinas de Palacio Nacional hace seis semanas que, de acuerdo con un reporte técnico entregado al Ejecutivo, se trata de un artefacto de origen chino, que solo tiene capacidad para grabar continuamente por un periodo estimado de dos horas, que se puede comprar por internet en 300 pesos y lo peor, que no tenía memoria portable por lo que es imposible recuperar la información.
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Échenle ganas. Ánimo: ya cayó uno, el pez más gordo.
USO DE RAZÓN/Pablo Hirirart / 
El Financiero..
Marcelo, el bombero solitario
Da frío observar cómo el gabinete presidencial se hace chiquito ante la primera crisis fuerte del gobierno por un problema de seguridad, en la que nadie asume su responsabilidad ni aporta una idea para quitarle los golpes o abrirle puertas de escape al Presidente por el desastre en Culiacán.
Qué falta de oficio en ese equipo. Malísimos.
La Secretaría de Gobernación ha brillado por su ausencia, cuando es evidente que se trata de un asunto de seguridad interior que le compete.
Nadie le pide a la titular del ramo que diga algo sobre el caso concreto y cierre la conversación, porque una jurista como ella sabe que se pisoteó la Constitución, no hubo un sustento jurídico para el operativo y el Presidente violó la ley al ordenar que soltaran al preso.
Sin embargo podría ayudarle a su jefe con un tema distractor que invitara a la ciudadanía a pensar que fue un hecho aislado y que se tomarán medidas para que no vuelva a ocurrir. O qué se yo.
Nada. Ni una idea. Ni una mísera tabla al Presidente para que se tome de ella y diga algo interesante o alentador en sus conferencias mañaneras, o que sirva para ganar espacios en los periódicos y noticiarios de radio y televisión.
Eso quiere decir que Olga Sánchez Cordero y su equipo están vacíos y no pueden aportar nada al gobierno en un momento de crisis en el área de su competencia.
Aunque dada su preparación, lo más probable es que la ex ministra repruebe por completo lo sucedido en Sinaloa y tampoco haya sido consultada cuando era la primera persona a la que debieron preguntar –después del visto bueno del Presidente– para realizar un operativo así.
El secretario de Seguridad Pública se enredó en una telaraña de mentiras que hasta el día de hoy nos tienen en la confusión absoluta, han provocado nuevas mentiras, y si el Presidente dice la verdad no se le cree por las falsedades iniciales difundidas por Alfonso Durazo.
La noche de la crisis, hace una semana, el titular de Seguridad Ciudadana no sólo mintió y se contradijo, sino que salió a los medios a insultar al ex presidente Calderón con una socarronería vulgar e impropia de un secretario.
Después no ha vuelto a aparecer, no obstante tener el respaldo presidencial.
¿Alguna idea para sortear la crisis y atenuar el impacto al gobierno al que pertenece? Nada. Cero.
Ni siquiera un mensaje a la población para que sepa que no quedarán impunes los que armaron ese acto terrorista en Culiacán y que los presos evadidos, federales en su mayoría, serían recapturados.
El vocero presidencial, Jesús Ramírez, está borrado. Fue incapaz de ordenar líneas de comunicación entre las dependencias involucradas en el desastre, para dar un mensaje coherente a la ciudadanía.
Se paralizó el gobierno federal y el Presidente se quedó hablando solo en las mañanas sin tener el respaldo de su equipo con acciones y temas que den alguna apariencia de que hay un equipo trabajando.
El único que tuvo capacidad de reacción fue el secretario de Relaciones Exteriores.
Lo hizo con oficio e infló temas gastados pero que sirvieron un poco para hacer ver que al desastre seguían medidas de gobierno.
Ebrard se sacó de la manga una reunión con el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, y emitió un comunicado rimbombante que acaparó espacios en noticiarios y portadas de periódicos: “México y EU acuerdan sellar la frontera al tráfico de armas”.
Obviamente no hay tal “sellamiento” de la frontera y las armas seguirán entrando igual mientras no haya medidas legislativas en Estados Unidos para prohibir su venta indiscriminada en las 22 mil 689 armerías y puntos de venta en los estados limítrofes con México.
Puso a hablar al Presidente con Trump y se pudo reproducir el respaldo del mandatario de Estados Unidos. No hay tal respaldo (ver el tuit del hijo de Trump en que dice que la debilidad de México ante el narco amerita construir el muro), pero fue tema y noticia.
Si los demás secretarios, especialmente los involucrados en el operativo, hubieran puesto temas para airear el ambiente comunicativo, quizá el gobierno no se encontraría tan atrapado como lo está hoy en las mentiras y contradicciones de un caso que lo marcará en el resto del sexenio y más allá.
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COORDENADAS/(Enrique Quintana / 
El Financiero
El peor resultado en 13 años
Uno de los termómetros más importantes de la actividad económica de un país es su sector de la construcción.
Ayer, el INEGI dio a conocer los datos de su encuesta a empresas constructoras y reveló un dato que está para poner los pelos de punta: el valor de la producción de estas empresas llegó en agosto al mínimo desde que realiza esta encuesta, a partir del 2006.
Nunca en la historia reciente, la construcción había atravesado una etapa tan mala.
La encuesta nos permite observar que el 61 por ciento de la construcción fue contratada por el sector privado, mientras que el 39 por ciento restante correspondió al sector público.
En los últimos doce meses, la caída total fue de 10.2 por ciento. En el caso de la obra contratada por el sector público, el retroceso fue de 13.7 por ciento, mientras que para el sector privado la reversa fue de 8.3 por ciento.
El retroceso es en todo tipo de construcción, pero la más especializada cayó en 30.8 por ciento.
No es sorpresivo este comportamiento. La construcción es el principal componente de la inversión productiva y si los empresarios mayormente están conteniendo sus inversiones, esto se traduce en la caída drástica de la construcción, es su consecuencia lógica.
Cuando la economía cambia su tendencia, este es uno de los primeros sectores en los que las cifras comienzan a modificarse reflejando el cambio de tendencia en las inversiones.
La última recesión que vivió la economía, en 2008-2009, fue enfrentada con una política anticíclica basada en la inversión pública, que tuvo un crecimiento real de 39.5 por ciento en 2009 y que fue uno de los factores que permitió una recuperación rápida de la actividad económica.
Sea recesión o estancamiento lo que padecemos, lo cierto es que las previsiones presupuestales para 2020 establecen una política completamente diferente en la que se anticipa un descenso adicional de la inversión pública en 5.4 por ciento en términos reales.
El crecimiento de 2020 dependerá casi exclusivamente de lo que haga el sector privado, y hasta ahora, lamentablemente, lo que alcanza a observarse más allá de algunas promesas individuales es una cautela generalizada, que está esperando a tener señales más claras para realizar inversiones.
Espero no aburrirlo con la reiteración, pero a veces no queda otra que señalar una y otra vez lo que tiene que hacerse, porque no hay fórmulas mágicas ni atajos.
Para activar la construcción y la inversión se tienen que emprender acciones que restauren la confianza.
Por ejemplo, hay indicios de que en el Senado se va a parar la reforma para la legalización de los “autos chocolate”. Eso es bueno.
Pero se necesita mucho más. Pemex debe dar señales de que va a reemprender sus alianzas estratégicas (farmout) con el sector privado; debe retomar su interlocución con la industria química; se debe convocar a la nueva subasta eléctrica; se deben reemprender las rondas petroleras, ahora para que los empresarios privados entren en aguas profundas.
Debe acelerarse la presentación del Programa de Infraestructura, que definirá un catálogo de obras.
Como ve, no se trata de acciones que sean cosa del otro mundo, sino decisiones que están al alcance para cambiar el estado de ánimo de los inversionistas.
¿Es acaso mucho pedir?.
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Terror en Culiacán/ Fred Alvarez Palafox
@fredalvarez
¿Qué diablos pasó en Culiacán?, ¿por qué pasó? La respuesta hasta hoy nadie la sabe, la respuesta "está en el viento", diría Dylan. | Fred Álvarez Palafox
La Silla Rota, 24/10/2019;
opinion@lasillarota.com
Hay varias versiones, algunas encontradas.
Ese jueves 17 de octubre era un día aparentemente tranquilo, el presidente estaba feliz, dio su acostumbrada conferencia, la prensa traía el tema de la masacre en Aguililla, Michoacán y los hechos de Tepochica, Guerrero. Pero lo mejor era que -por fin- se iniciaban los trabajos para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles; después de recibir a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, AMLO se preparaba para su gira de fin de semana a Oaxaca.
Sin embargo, pasadas las 15 horas las cosas cambiaron dramáticamente.
En Palacio Nacional se enteraron en tiempo real del caos que se había apoderado de la capital sinaloense tras la detención de Ovidio Guzmán López.
Un enfrentamiento entre miembros de la división antidrogas de la Guardia Nacional (GN) apoyados por soldados de la Policía Ministerial Militar con criminales desató el terror.
La explicación de las autoridades del gabinete de seguridad federal horas después fue que se trató de un operativo para cumplir una orden de detención con fines de extradición.
El quid es que la captura originó una movilización nunca vista que paralizó a partir de ese momento la vida cotidiana de los culichis. La ofensiva criminal fue una operación perfectamente coordinada que consistió en 19 bloqueos que incluían varios puentes que comunican la ciudad, al mismo tiempo asaltaron el penal de Aguaruto, donde liberaron a más de 50 internos, atacaron el puesto de coordinación de los cuerpos de seguridad conocido como C-4, y balacearon una guarnición militar en Limón de los Ramos.
Pero el golpe fue cuando uno de los comandos se apostó a las afueras de la unidad habitacional militar en la colonia 21 de marzo, donde la guardia fue atacada a tiros. De aquí se llevaron a dos personas, antes ya habían detenido a un grupo de militares en la caseta de cobro; las imágenes que circularon eran no creíbles. 
Llegaron a través de WhatsApps y las redes sociales, en la era de las news fake, había que confirmarlas.
¡La confusión sobre lo que sucedió fue total!
Nadie en el gobierno ha explicado exactamente qué fue lo que pasó; el presidente de la República ha confesado en conferencias que no tenía conocimiento previo, sólo nos ha dicho que iba a ser una masacre y que se decidió evitarla: "decidimos primero la vida de los seres humanos, no la violencia. La paz, la tranquilidad, no la discordia, no el odio, no la violencia. La hermandad, el amor al prójimo, esa es la filosofía, esa es la doctrina de este gobierno".
¿Cómo fue?
Esa tarde las autoridades locales emitieron un breve comunicado pidiendo calma a la población pero no decían nada, las redes sociales institucionales enmudecieron.
Más tarde se filtró a medios que Ovidio había sido detenido, no había más.
A las 17:37 horas el periódico El Universal en Culiacán publicó una nota afirmando que 
"elementos de la Fiscalía General del estado, detuvieron en Culiacán, a un hijo de Joaquín El Chapo Guzman”.
Pero no fue así. Ovidio Guzmán jamás estuvo detenido en la Fiscalía del Estado. A las 18:24 horas la periodista Denise Maerker confirmó la detención de Ovidio a través de un tuit.
A las 18:45 horas el presidente no quiso comentar nada sólo se limitó a decir que el Gabinete de Seguridad informaría de los hechos. 
A las 19:20 horas la web de @SSPCMexico anunció que el gabinete de Seguridad estaba reunido y que en un momento daría r conocer información oficial.
A las 20:28 horas se emitió un vídeo mensaje de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico de dos minutos que nos dejó peor.
 vídeo mensaje 
Se anunció -lo que se sabía en ese momento- que dadas las "acciones violentas" de "diversos grupos", y "para salvaguardar la tranquilidad" de Culiacán, "suspendieron dichas acciones". 
No quedó claro si el hijo de Guzmán Loera estaba detenido o no. 
Poco después del mensaje institucional y ante la confusión generada por varios medios mexicanos, comenzaron a informar de la liberación de Ovidio citando al propio Durazo, al igual que la agencia Reuters. 
Se filtró a medios imágenes de Ovidio arriba de un vehículo oficial disfrazado con ropa militar y con ojos vendados, traía colocado un brazalete del Plan DN-III-E.
Esa información no la tenía ni el mismo presidente según confesó.
El sábado el diario The Wall Street Journal publicó en su edición que la liberación obedeció a un intercambio de soldados retenidos de conformidad a unos videos que se mencionan en la publicación.
Al día siguiente en Oaxaca el presidente respondía a varias interrogantes, una de ellas de Arturo Páramo del Grupo Imagen.
Dijo el presidente que la decisión de liberar al presunto criminal la tomó el Gabinete de Seguridad de manera conjunta, y que él la avaló. 
Minutos más tarde el Gabinete de Seguridad dio un mensaje sobre los hechos.
Pero ahí el Secretario de la Defensa Nacional reconoció que el grupo responsable del operativo "actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus superiores, es decir, del Gabinete de Seguridad".
Y que los efectos negativos de esa acción precipitada tuvieron consecuencias. En efecto, deja al país como una república bananera, las encuestas publicadas son evidentes.
Hay que creerle al presidente eso de que no sabía los detalles del operativo, recuerdo que cuando la Marina -y agentes de la DEA-, detuvo a Joaquín Guzmán Loera en Mazatlán, con apoyo de la DEA; el presidente EPN no tenía ni idea; se enteró horas después, estaba jugando golf en Malinalco.
¿Qué ocurrió en Culiacán?
No sabemos mucho, pero se especula que habría participado en el operativo la DEA, hay datos duros que publicó Rio Doce.
Hubo 14 personas fallecidas -4 víctimas inocentes-, los demás son miembros de grupos criminales y elementos de seguridad; 21 heridos en 14 enfrentamientos; hubo 19 bloqueos en la Ciudad y 47 internos prófugos, de los 55 que habían escapado.
¿Los daños materiales? ¡Enormes! Y el daño a la sociedad terrible e irreparable, sobre todo a la población infantil que se vio en medio de las balas.
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 La verdadera historia de la crisis de Culiacán
Razones/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior, 
Sí se hubiera podido establecer un cordón que protegiera al comando y a su detenido en el trayecto hacia una base aérea, pero existía la convicción de que en el camino habría innumerables combates
Estaban siguiendo a Ovidio Guzmán López desde hacía casi un mes. La razón es que Ovidio, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, controlaba los laboratorios para procesar fentanilo en Culiacán, uno de los cuales había sido descubierto semanas atrás, esta droga es enviada a Estados Unidos y ha causado miles de muertes en ese país. Pero ésa es otra historia que contaremos puntualmente.
Lo cierto es que el jueves 17 de octubre en la mañana una unidad militar especializada, que ha detenido decenas de narcotraficantes importantes en los últimos años, en la mayoría de los casos sin disparar un solo tiro, tenía ubicado a Ovidio: iría a comer a una de sus casas, donde vive su esposa con sus tres hijas. Ovidio se movía con tranquilidad porque no tenía orden de aprehensión. No sabía que ya había una orden de extradición e, incluso, que estaba en camino ese día hacia Culiacán personal de la Interpol para cumplimentarla una vez que fuera detenido.
Participaba de la operación el comando militar, más un pequeño equipo de la unidad antinarcóticos de la Policía Federal, que debían realizar legalmente la detención y había un contacto directo con la Fiscalía General para que el MP le pidiera a un juez, en cuanto se localizara con seguridad a Ovidio, la orden de cateo para detenerlo. Muy poco antes de comenzar el operativo se pidió apoyo a la zona militar de Culiacán, y se desplegaron más de 100 elementos para realizar un círculo de seguridad en torno a la zona de Tres Ríos. No sabían cuál era el operativo que se realizaría.
Cerca de las dos de la tarde llegó Ovidio a su casa, el comando rodeó la vivienda y le pidió a Ovidio que se entregara mientras esperaba la orden judicial: en el mejor de los casos tardaría media hora, en un caso normal, unas tres horas. Las fotos que se difundieron se le tomaron a Ovidio en el garaje de la casa, cuando trató de negociar su detención. Se comunicó con su gente, y lo que pidió fue un abogado.
Lo que sucedió después no estaba previsto porque nunca había sucedido. Unos 20 minutos después de que se rodeara la casa de Ovidio, comenzaron las agresiones no desde dentro de la casa, sino desde fuera hacia la casa, contra el círculo de seguridad implementado en torno de la misma, la que comenzó a ser repelida por los elementos militares. El problema es que de esa forma se ponía en peligro, incluso a la propia familia de Ovidio, a un nivel tal que soldados le dieron a su esposa, a su suegra y a sus niños chalecos antibalas.
Según las versiones a las que hemos tenido acceso, ese comando podía mantener el control de la vivienda si eso era necesario, pero, al mismo tiempo que el comando era atacado, comenzaron los ataques en la ciudad, y también comenzaron a ir hacia Culiacán sicarios de otras ciudades y estados (sobre todo Durango), al mismo tiempo que se ofrecía entre 20 y 40 mil pesos a cualquiera que participara en los bloqueos. El problema se agudizó cuando un convoy del Ejército que estaba a 200 kilómetros de Culiacán, en El Fuerte, fue retenido por un grupo de sicarios y cuando se secuestró una pipa con combustible y se amenazó con hacerla estallar en el multifamiliar donde viven familias de militares.
Sí se tenía previsto, había sucedido en otros operativos similares, reacciones y bloqueos, por supuesto también enfrentamientos, pero nunca había ocurrido que esos ataques se dirigieran contra la población civil y elementos de fuerzas de seguridad, incluso a muchos kilómetros del lugar de los hechos. No sucedió ni siquiera en las dos detenciones de El Chapo Guzmán en Sinaloa. No existe una explicación oficial de por qué el Cártel del Pacífico reaccionó con tanta virulencia en esta ocasión, aunque sin duda, la reacción y las consecuencias que tuvo sentarán un precedente.
Cuatro horas después de iniciado el operativo, el comando recibió la orden de retirarse. Sí se hubiera podido establecer un cordón que protegiera al comando y a su detenido en el trayecto hacia una base aérea, pero existía la convicción de que en el camino habría innumerables combates y que, además, los sicarios sacrificarían a los rehenes que habían tomado en Culiacán y en otras localidades. Cerca de las seis de la tarde el operativo en sí había concluido y había iniciado la retirada. Culiacán seguía en llamas, Ovidio quedó libre y unos 50 reos se fugaron de la cárcel. Un soldado murió, nueve quedaron heridos, uno de gravedad, los sicarios tuvieron numerosas bajas, pero se llevaron a la mayoría de sus muertos y heridos. La orden de cateo nunca llegó.
No fue un operativo improvisado. Fallaron otras cosas. Lo seguro es que el precedente de Culiacán obligará a cambiar la estrategia operativa, la comunicación y las consideraciones legales. Eso lo veremos mañana.

 No es mal gusto, es falta de coordinación
Razones/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior..
Se equivocan quienes opinan que detrás del operativo de Culiacán estuvo Estados Unidos, más allá de la solicitud de extradición de Ovidio Guzmán por sus actividades en el tráfico de fentanilo
Podrá ser de mal gusto, como dijo el presidente López Obrador, pero es inevitable que autoridades de unos países opinen sobre otros, particularmente cuando deben enfrentar un desafío multinacional como el narcotráfico y el crimen organizado. Lo hace México cuando le pide a Estados Unidos que controle el tráfico de armas y ellos, con toda razón, piden saber cuál es la estrategia de seguridad de nuestro país para trabajar en consonancia. Estamos hablando de dos caras de una misma moneda.
Decir que la política de seguridad de nuestro país la definimos solos y sin intervención está muy bien para que salga en los titulares de la mañanera, pero en realidad no es así. Cuando la administración Trump amenazó con aranceles comerciales si no se frenaba el flujo migratorio, se dio un giro de 180 grados a la política de puertas abiertas y terminamos empleando a 27 mil elementos de la Guardia Nacional para controlar las fronteras. Con más de 60 mil muertos al año por sobredosis de opiáceos, cada vez más por uso de fentanilo que proviene en un alto porcentaje de México, sería absurdo pensar que Estados Unidos no va a buscar opinar o intervenir en la política antidrogas de México, lo hará en forma diplomática o con rudeza, como en el tema migratorio, pero lo hará.
No deja de ser significativo lo dicho por Rich Glenn, subsecretario de Estado adjunto para asuntos de narcotráfico internacional durante una audiencia en la Cámara de Representantes, en Washington. Glenn sostuvo que sólo se logrará un progreso en la lucha contra el crimen organizado una vez que México desarrolle y comparta (con Estados Unidos) una estrategia integral para confrontarlo. El subsecretario insistió en que su gobierno “no conoce” la estrategia antidrogas de la adminsitración de López Obrador y sostuvo que la subsecretaria de Estado, Kirsten Madison, había viajado hace dos semanas a México para explicar la necesidad de que nuestro país comparta una estrategia con objetivos claros.
Será una declaración de mal gusto, pero Glenn tiene razón: nosotros tampoco conocemos la estrategia de seguridad, no sabemos cuál es y a qué objetivos quiere llegar. Hablar de pacificación, de programas sociales, de creación de la Guardia Nacional está muy bien, pero eso no es una estrategia, en todo caso son instrumentos para implementarla.
Los hechos de Culiacán demuestran no sólo esas carencias, sino, incluso, la necesidad de revisar todo lo hecho, porque lo sucedido define para el futuro inmediato un escenario distinto, diferente: ya enseñó a los grupos criminales un camino que recorrer. Nada impedirá ahora que ante una detención o la amenaza de una extradición, un grupo criminal pueda presionar no sólo en la ciudad o la región donde se produjo esa acción, sino a muchos kilómetros de distancia. Obliga a defender a familias de militares y policías, a cambiar y modernizar mecanismos judiciales anacrónicos para este tipo de combate. Obliga a revisar esa estrategia que no conocemos, pero que ha permitido once meses de relax a los grupos criminales y, por ende, los ha fortalecido. No ha redundado ello en pacificación: se ha incrementado el número de muertos, de violencia y de todos los delitos de alto impacto.
Nos falta también inteligencia. Más de un operativo fue exitoso (como las dos capturas de El Chapo Guzmán) porque se compartió inteligencia crucial con Estados Unidos, desde intercepciones telefónicas hasta ubicación satelital. Hoy no tenemos ese tipo de intercambio porque salvo para temas muy específicos fue cancelado. No ha habido extradiciones a Estados Unidos. Las oficinas de la Procuraduría, ahora de la Fiscalía, en los consulados mexicanos en la Unión Americana han sido cerradas, y ahí era donde se realizaba mucho del trabajo cotidiano de intercambio de información, de pedidos de extradición, de seguimiento de ciertos delitos y delincuentes.
Se equivocan quienes opinan que detrás del operativo de Culiacán estuvo Estados Unidos, más allá de la solicitud de extradición de Ovidio Guzmán por sus actividades en el tráfico de fentanilo. Lo que hay es poca relación con Estados Unidos en estos temas. Y pensar que con una llamada de Trump, que no es precisamente un hombre estable, ocupado en los detalles y las estrategias de seguridad del día por día, se puede establecer esa relación, es un error grave. En Estados Unidos están molestos por la distancia en seguridad del gobierno mexicano y lo están haciendo notar.
Pregunta adicional: ¿no es de mal gusto que el esposo de la embajadora en Washington, quien vive en la residencia oficial y tiene pasaporte diplomático, opine cotidianamente en contra de la administración Trump e incluso del manejo de nuestra política exterior?
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El viaje secreto de la DEA a Culiacán/Oscar Balderas 
MVS.
El fallido operativo en Culiacán que cumpliría la orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, no comenzó el jueves 17 de octubre. En realidad, inició 36 días antes con un viaje secreto a México por parte de poderosos agentes de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, y un puñado de funcionarios federales y estatales.
Esta es la historia de cómo un viaje de políticos extranjeros, que duró menos de 72 horas, orilló al gabinete de seguridad a tomar una decisión precipitada que detonó la mayor crisis de seguridad en lo que va del sexenio.
El 11 de septiembre de 2019, una delegación de 20 servidores públicos federales y fiscales de los estados Alabama y Nueva Orleans llegaron a México para entender cómo opera el crimen organizado en nuestro país. El viaje fue organizado, meses antes, por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la División de Operaciones Especiales de la DEA y la dirección de la DEA que opera en nuestro país. Y fue gestionado al más alto nivel del gobierno mexicano dada la preocupación del presidente Donald Trump de que en Alabama y Nueva Orleans había crecido sin control la presencia de heroína, metanfetaminas, fentanilo y cocaína provenientes de cárteles mexicanos.
Aquel miércoles, la delegación estadounidense llegó temprano a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México y se encontró con el director regional de la DEA en México, Terry Cole, quien les habló del poder de fuego de los cárteles mexicanos: según sus cálculos, 2019 terminaría con unos 35 mil homicidios en México. Luego, llegó John Creamer, considerado el número dos en la embajada estadounidense en Paseo de la Reforma, quien calmó a los funcionarios asegurándoles que México y Estados Unidos están trabajando “como nunca antes” contra el crimen organizado.
Inmediatamente después habló el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, quien pidió a las autoridades extranjeras descanso y confianza: al día siguiente viajarían por aire a Sinaloa para ver acciones del gobierno mexicano contra los cárteles de las drogas.
El 12 de septiembre de 2019, un helicóptero mexicano Blackhawk de la Secretaría de Marina llevó por aire a ambas delegaciones hasta la ciudad de Culiacán, bastión del Cártel de Sinaloa. Los funcionarios y fiscales estadounidenses estaban sorprendidos con el operativo. Pensaron que sería un viaje de rutina, pero se toparon con que el helicóptero militar estaba habilitado con una metralleta de alto poder, por si alguien en el gobierno había filtrado la información de su visita y les atacaban en el aire. Su sorpresa fue mayor cuando el teniente coronel Cristobal Camarillo, el jefe de la policía estatal en Sinaloa, se presentó con ellos y se sentó junto a la salida de la emergencia del Blackhawk con una metralleta de alto calibre, por si narcotraficantes querían derribar el avión
Finalmente, la aeronave aterrizó en una zona boscosa relativamente cerca de la zona urbana de Culiacán. Cuando los funcionarios estadounidenses pisaron tierra –y los flanqueó policía estatal de Sinaloa y marinos mexicanos fuertemente armados– se sorprendieron con lo que vieron: era un enorme, grandísimo, laboratorio de drogas recientemente decomisado al Cártel de Sinaloa.
Había fogatas, decenas de bidones blancos y azules (algunos marcados con mensajes en mandarín), lonas camufladas para despistar desde lo alto, tanques de gas y decenas de ollas con capacidad de 200 kilogramos. Los estadounidenses hicieron cálculos: solo ese narcolaboratorio era capaz de producir tres toneladas de metanfetaminas a la semana, lo que equivalía a 120 millones de dólares al mes en valor callejero en Estados Unidos
Estaban viendo una maquinaria que ganaba 1.4 mil millones de dólares anuales por envenenar a sus ciudadanos.
Las palabras de Jay Town, fiscal del Distrito Norte de Alabama, no pudieron ser más elocuentes. Ante autoridades mexicanas soltó: “se necesita algo muy grande para impresionarnos… y esto nos tiene asombrados”.
Clay Morris, agente especial de la DEA en Nueva Orleans, secundó y dijo lo obvio: “Y este solo es UN narcolaboratorio, ¿cuántos más hay existen en Sinaloa?”.
Al día siguiente, 13 de septiembre de 2019, la delegación estadounidense salió de México y elaboró un reporte con lo que vieron en ese recorrido de más de 8 mil 850 kilómetros. Un enunciado sentenció todo: “La inteligencia criminal acumulada por nuestra delegación fue inconmesurable”.
Una fuente cercana al caso confirmó a este reportero que el informe final fue una bomba. Despertó focos rojos en la Casa Blanca, desde donde salió un mensaje hacia las oficinas más altas de la Fiscalía General de la República: el gobierno mexicano debía detener, de inmediato, el envío de heroína, metanfetaminas, fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos, si no querían toparse con un disgusto del presidente Donald Trump. Aquel mensaje vino con una sugerencia: en el Departamento de Justicia de Estados Unidos figuraba un nombre que ya tenía un cargo por el delito de conspirar para enviar justo esas drogas al otro lado del Río Bravo: ese nombre era Ovidio Guzmán López, quien estaría ligado al narcolaboratorio decomisado.
La presión que ejerció el gobierno de Estados Unidos se sintió tan fuerte en México que terminó en un operativo a prisas y sin planeación contra Ovidio Guzmán López, a quien fuerzas federales capturaron y luego liberaron por temor a una masacre contra inocentes por parte del Cártel de Sinaloa.
Dos días más tarde del fallido operativo en Culiacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador le explicó por teléfono a Donald Trump la derrota de las Fuerzas Federales. Minutos después escribió un tuit que en la DEA no supieron cómo interpretar: “le agradezco (al presidente Trump) su respeto a nuestra soberanía”.
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¿Y los protocolos?/JOSÉ ANTONIO SOSA PLATA,
@sosaplata
Una estrategia de seguridad pública sin protocolos operativos y de comunicación es altamente vulnerable. | José Antonio Sosa Plata
Los análisis y comentarios críticos que generó el poder demostrado por el crimen organizado en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre son abundantes. Sin embargo, muy poco se ha dicho sobre los daños que provocó la falta de aplicación de protocolos operativos y de comunicación en el escalamiento del conflicto.
El protocolo es un conjunto de reglas, criterios y procedimientos estandarizados y bien definidos que orientan el actuar de una persona, grupo o institución en una determinada situación de conflicto o crisis. En materia de seguridad pública, los protocolos de una estrategia formalizan y fortalecen el cumplimiento de los objetivos constitucionales que están bajo la responsabilidad del Estado mexicano y las operaciones que lleva a cabo el gobierno en sus tres niveles.
Los protocolos de seguridad pública y los manuales que los acompañan cumplen varias funciones. Para empezar, son muy importantes en las tareas específicas que las leyes establecen para cumplir en forma eficiente y eficaz con la prevención, investigación y persecución de los delitos. La experiencia ha demostrado que su correcta aplicación reduce los riesgos, las fallas y evita que las acciones precipitadas impidan el cumplimiento de las misiones que les son encomendadas.
Además, los protocolos facilitan las labores de articulación y coordinación táctica entre las instituciones, no solo para evitar duplicidad de acciones o toma de decisiones de algunos funcionarios sin consultar a la cadena de mando, sino para armonizar la institucionalización en el uso de la fuerza pública. En el caso de lo establecido por la legislación vigente, las instancias principales son la Secretaría de Seguridad Pública, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales.
Por otra parte, es necesario insistir en la relevancia que representa para las instituciones de seguridad pública contar con protocolos detallados de comunicación social para el manejo de situaciones de conflicto y crisis. El cambio que ha provocado el nuevo ecosistema en la relación entre autoridades y sociedad así lo exige. Sucesos como el de Culiacán —en el que hasta ahora suman 14 muertos y 21 heridos— confirman que es urgente su creación o actualización.
Las improvisaciones, contradicciones, omisiones, informaciones falsas, datos incorrectos, titubeos, versiones diferentes, descalificaciones, mentiras o juicios de valor no deberían tener cabida en la comunicación de crisis. Por un lado, porque alimentan la desconfianza de la gente. Por el otro, porque pueden convertirse en una variable que incrementa los riesgos y las amenazas para los gobiernos y/o la población afectada.
Lo que sucedió en las redes sociales el mismo día de los tiroteos tiene que revisarse a fondo. Sin demérito de los alcances que tiene la libertad de expresión en nuestro país, hay que reconocer que ese día los ánimos entre los usuarios se exacerbaron, que se promovió la difusión de imágenes y videos falsos y que algunos grupos políticos activaron el uso de bots, lo que contribuyó a generar cierto caos y la viralización focalizada de algunos hashtags que pretendían dañar más la imagen del gobierno al tratar de catalizar el pánico, la zozobra y la incertidumbre.
Ante la falta de información que tenían los medios audiovisuales tradicionales, en los que eran más las preguntas que planteaban a los hechos concretos que presentaban, las redes sociales se convirtieron en una de las fuentes principales de información de la población, sobre todo la de Culiacán, que era la más afectada. Una vez más, la carencia de protocolos produjo vacíos de información oficial y abrió el margen a la especulación y a los enfrentamientos desafortunados entre algunos de los usuarios.
Ante la carencia de protocolos de seguridad y de comunicación, es comprensible que los especialistas y analistas cuestionen el trabajo de inteligencia que existe detrás de una estrategia. O peor aún, que critiquen la falta de una estrategia acorde con las circunstancias complejas que hoy vive el país en el tema de la inseguridad.
Los esfuerzos que se han realizado en los últimos tres sexenios no permitieron consolidar la Normativa institucional que se requiere. Y aunque se han elaborado algunos protocolos importantes, es evidente que no son suficientes hoy para hacer frente de manera efectiva a los grupos criminales. Así quedó demostrado, por ejemplo, con el decálogo que presentó el expresidente Enrique Peña Nieto en agosto de 2013, el cual incluiría los protocolos que hacían falta al país en materia de seguridad y procuración de justicia. 
Los acontecimientos lamentables de Culiacán quedarán registrados en la historia de México. Y, de una u otra manera, marcarán al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Confiemos en que la investigación que hará la Fiscalía General de la República sobre el operativo fallido de Culiacán no cometerá los mismos errores que en las indagatorias del caso Ayotzinapa.
A pesar de todo, el presidente aún cuenta con tres recursos invaluables para corregir y revertir el golpe de imagen que recibió su administración: tiempo suficiente para corregir la Estrategia de Seguridad Pública, el poder legítimo que le dio la ciudadanía con su voto y la facultad de hacer los cambios en su equipo para cumplir con los compromisos asumidos.
Recomendación editorial: Ignacio García Bárcenas. Primer respondiente, Fundamentos legales y protocolos para quienes desempeñan funciones de seguridad pública en el sistema penal acusatorio, Editorial Flores, 2016.

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