Norma Piña, presidenta de #SCJN emitió un firme posicionamiento; advirtió de entrada que reforma judicial no resolverá de raíz los problemas y será un retroceso.
Hizo un llamado "contundente" al c. Presidente AMLO y a la dra. Claudia Sheinbaum, para que se sumen al diálogo, reciban las conclusiones de la consulta nacional que ha llevado a cabo la Corte, analicen el impacto que la reforma tendrá para el futuro del País, y pongan los derechos de las víctimas en el centro de la discusión.
Reacción de Palacio Nacional...
AMLO respondió a la ministra Piña que se debe dialogar pero no con él.. sino con la secretaría de Gobernación Luisa María Alcalde,.."Entonces la secretaria de gobernación podría reunirse con los ministros y lo mismo considero que están dispuestos a hacer los integrantes del Congreso. Es bueno que se reconozca la reforma que es necesario hacerlo.”, comentó en la mañanera.
Descartó que vaya a reunirse con Norma Piña.
Y sobre la crítica de la ministra , AMLO remarcó que se debe tener confianza en que “el pueblo sabe mejor lo que le conviene”.... El que desprecia al pueblo el que considera que el pueblo es tonto, pues no debería siquiera estar impartiendo justicia”, agregó.
!Bolas!.
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Detenido en Durango, Luis "N" el 'El R-8', jefe de seguridad de Aureliano Guzmán Loera 'El Guano'...Fue durante un operativo realizado por personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en el poblado el Durazno, en Tamazula, Durango.
La detención se da tras enfrentamientos en los límites de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, que además habría dejado varias personas abatidas; junto a El R8 fueron capturados otros tres hombres.
Se le acusa de ser el principal generador de violencia en la zonas serranas de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, en el punto conocido como el triángulo dorado.
También se le vincula con el asesinato de varios hombres cuyos cadáveres fueron encontrados decapitados y con mensajes amenazantes
Se les aseguraron armas de fuego ...
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Claudia Sheinbaum anunció que va a recuperar la Coordinación de la Oficina Presidencial, puesto que fue eliminado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2020.
Dio a conocer que el jueves presentará a cuatro integrantes más de su gabinete: Turismo, Cultura, Trabajo y Previsión Social y detalló que recuperará el cargo del jefe o jefa de oficina -que también anunciará ese día-. “Este jueves serían los que nos faltan: Turismo, Cultura, Trabajo y vamos a recuperar la coordinación del gabinete, el jefe de Oficina o jefa de Oficina, serían esos cuatro”, indicó.
También adelantó que respecto a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) los dará a conocer hasta septiembre. "Sedena y Marina van a ser hasta septiembre, las últimas semanas de septiembre", dijo.
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Las columnas políticas hoy, martes 9 de julio de 2024
Quién está dentro de la red de corrupción de Cofepris
Bajo Reserva/El Universal
Ayer, la Cofepris informó el desmantelamiento de una red interna de corrupción entre funcionarios y una empresa para obtener ventaja sobre otras y emitir resoluciones en su favor. Todo bien hasta ahí, sin embargo, no hizo público el nombre de la empresa involucrada o los medicamentos o productos que recibían “evaluaciones menos estrictas”. Nos dicen que todos esperan que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, se recupere pronto para ver si acude a la conferencia mañanera del Presidente para dar a conocer los nombres de las empresas involucradas y los montos de las cuentas de los funcionarios corruptos, o será que esa política de comunicación solo se utiliza cuando se trata de periodistas incómodos para el sistema a los que considera “enemigos jurados del gobierno”.
Alito el valentón
Ahora que anda tan envalentonado el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, amenazando con expulsar a sus críticos, quizá no ha reparado en que uno de ellos, Manlio Fabio Beltrones, será un senador en la próxima legislatura, y que el grupo parlamentario priista tendrá, según las proyecciones del INE, 16 senadores, por lo que la exclusión de Beltrones del partido adelgazaría la bancada del PRI, y abriría la puerta para que el exgobernador de Sonora se uniera a otra bancada o navegara como independiente los seis años de la legislatura. Nos hacen ver que don Alito Moreno anda tan ofuscado que además de amenazar con una purga en el partido hace acusaciones graves sobre los militantes que lo critican, lo que ayuda a desgastar, aún más, la muy desgastada imagen del PRI.
Una complicada tarea para Rosa Icela Rodríguez
Vaya brete en el que el presidente López Obrador puso a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. Tras una pregunta de uno de los asistentes a la mañanera (que más que pregunta fue una gestión) le dijo que Raymundo Collins, extitular del Instituto de Vivienda (Invi) e investigado por la Fiscalía capitalina por presunto enriquecimiento ilícito y quien se encuentra prófugo en Estados Unidos, pedía una oportunidad para presentar al fiscal Alejandro Gertz Manero sus “pruebas de inocencia” y “su verdad”. Ante esta “petición”, el presidente López Obrador instruyó a la secretaria que atendiera esa solicitud. El caso, nos dicen, es que la funcionaria federal tendría que entrar en contacto con un presunto delincuente que es acusado por la administración de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y hoy virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien además designó a doña Rosa Icela como la próxima secretaria de Gobernación. Complicada tarea.
Sheinbaum busca mayor acercamiento con empresarios
Nos comentan que, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se encuentra definiendo con Ana María Lomelí y Altagracia Gómez un esquema para intensificar su acercamiento con empresarios para exponer los proyectos que busca ejecutar durante su gobierno. La idea, nos explican, es despertar el interés de invertir en sus programas de infraestructura y pedirán que las principales cámaras empresariales también propongan sus intereses para trabajar en conjunto. El compromiso, nos dicen, será priorizar a los empresarios mexicanos.
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¿La resurrección de Monreal?... y dos lecciones/Mario Maldonado
EL UNIVERSAL
Ricardo Monreal, el experimentado político, otrora asiduo visitante de Palacio Nacional para compartir alimentos e ideas con Andrés Manuel López Obrador, lucha ahora con uñas y dientes para mantenerse con un rol protagónico en el “segundo piso de la Cuarta Transformación”, que será encabezado por Claudia Sheinbaum.
Al tiempo que reconstruye su liderazgo en Morena, todavía desde el Senado, con la difusión, discusión y posterior aprobación de la iniciativa de Reforma Judicial, el zacatecano defiende los bastiones que le fueron arrebatados, como un recordatorio de que en los últimos años ha incurrido en actos considerados de “traición” por varios de sus compañeros.
En las elecciones del 2 de junio, el “monrealato”, como se llama a los espacios y personajes que están bajo su control político, perdió la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México y el municipio de Zacatecas en su estado natal, dos plazas que, a contracorriente del “carro completo” de Morena, ganó la alianza opositora.
“En política nada es coincidencia”, reza el adagio, y acciones como bloquear la victoria de Morena en la Cuauhtémoc hace tres años, con el apoyo a la candidata aliancista Sandra Cuevas, o generar divisiones en su propia tierra, correspondió de manera inmediata a una reacción.
Tan dolorosa fue la derrota en la capital de su estado natal como la que obtuvo su hija Caty Monreal en la alcaldía central de la CDMX. A tales catástrofes se suma el haber quedado en algunas encuestas en el último lugar de las “corcholatas” que buscaban la candidatura presidencial de Morena, incluso por debajo del senador del Partido Verde, Manuel Velasco.
Pero Ricardo Monreal es un político curtido y desde la Cámara de Diputados buscará consolidarse como un gran operador para la futura presidenta Claudia Sheinbaum. Por esa instancia deberán pasar las reformas prioritarias de López Obrador, la mayoría heredadas a la nueva administración, por lo que tendrá la oportunidad de reivindicarse.
En el terreno electoral, Monreal aún no tira la toalla y llevará hasta las últimas consecuencias las impugnaciones en las plazas que no se resigna a perder. Se asegura que ha cobrado favores a los magistrados presidentes de los tribunales electorales de la Ciudad de México y de Zacatecas, Armando Ambriz Hernández y Gloria Esparza Rodarte, respectivamente, para echar abajo los resultados de los comicios.
En la capital del país se intenta ordenar un recuento de los votos emitidos en la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, en detrimento de Alessandra Rojo de la Vega, mientras que en Zacatecas el tribunal local ha declarado la nulidad de la elección en la que resultó vencedor Miguel Varela Pinedo, de la alianza opositora.
Fuentes de Morena a nivel nacional aseguran que no acompañan a Monreal en dichas cruzadas, por lo que no meterán las manos en este par de asuntos que podrían llegar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se confirmarían las derrotas de los candidatos cercanos a Monreal.
Incluso, en una hipotética repetición de la jornada electoral, tanto en la capital del país como en Zacatecas, el “monrealato” volvería a ser derrotado: en la Cuauhtémoc porque Sandra Cuevas logró destruir todas las alianzas que este grupo tenía con las redes de comerciantes de la demarcación, y en la capital zacatecana por un reclamo cada vez más activo de la ciudadanía contra la inseguridad.
Ya se verá, en todo caso, la fuerza que volverá a tener Monreal en la política nacional.
Posdata 1
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sigue perdiendo margen de maniobra para el siguiente sexenio, particularmente en su cruzada para deshacerse del subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton, y del titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, ambos amigos de los hijos del presidente López Obrador y considerados por el propio mandatario como de alta confianza.
“Al buen entendedor pocas palabras”, reza el clásico refrán, por lo que el doctor en Economía por la Universidad de Cambridge deberá registrar y acatar el mensaje que le mandó la semana pasada el presidente desde su conferencia de prensa matutina, en la que calificó a los conocidos “JP” y “Tony” como funcionarios “intachables” y de gran confianza para él. En resumen, la orden parecería que se quede el equipo completo en Hacienda.
En el equipo de transición de Claudia Sheinbaum también se escuchan comentarios sobre una propuesta que trae bajo el brazo el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el sentido de que esta dependencia debe absorber –o bien operar– la banca de desarrollo para competir con los bancos comerciales en materia de otorgamiento de créditos para las empresas de tecnología y, principalmente, de electromovilidad.
Posdata 2
Sobre la columna del lunes, en torno a los personajes que se perfilan para dirigir al Infonavit en la administración de Claudia Sheinbaum, hubo varias reacciones. Al ser uno de los institutos públicos con mayores activos del país, algunos de los cuales pretenden utilizarse para construir por lo menos 600 mil viviendas durante el siguiente sexenio, hay varios que quieren dirigir sus destinos y, también del lado de la iniciativa privada, quienes quieren ser los contratistas y desarrolladores favoritos, pues habrá muchas formas de hacer negocios, a menos de que se pongan candados en la reforma que va a votarse próximamente.
En la columna enumeré a los personajes que más suenan para encabezar al Infonavit, desde el actual director general, Carlos Martínez, quien no ha recibido ninguna indicación de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pero de no ser ratificado permanecería en el cargo hasta la Asamblea General de diciembre, para dejar lista la parte normativa de la reforma constitucional.
Nestor Núñez, hijo del exgobernador de Tabasco, Arturo Núñez, quien si bien formó parte de la campaña de la futura presidenta también fue alcalde de Cuauhtémoc bajo el cobijo de Ricardo Monreal, por lo que se dice que otorgarle el cargo a él sería “entregárselo” de alguna manera a Monreal, con todas las implicaciones que eso tiene.
El caso de César Yáñez, si bien es una opción viable y que en su momento se manejó como posible sustituto de Carlos Martínez, en 2021, tiene sentido si la intención de Sheinbaum es convertir al Infonavit en un instituto más de uso político y menos técnico.
Y en el caso de Mario Macías Robles, director Sectorial de los trabajadores, sería darle mucha fuerza a los sectores laborales y a la añeja CTM, que encabeza el eterno Carlos Aceves del Olmo.
Según fuentes, hay otros que quieren el cargo, aunque no estarían realmente en el radar de Sheinbaum, como Ricardo Sheffield y el suplente de la exjefa de Gobierno, Martí Bátres, quien hace poco echó a andar un programa de vivienda en renta para jóvenes en la CDMX.
Dado el gran interés de esta cartera por parte de los personajes masculinos, se dice que Claudia Sheinbaum podría terminar por hacerlos a un lado para nombrar a la primera directora del Infonavit, una mujer de todas sus confianzas. Ya lo veremos.
Posdata 3
La reforma judicial sigue sacando chispas y generando preocupaciones, no solo en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a nivel internacional. El 12 de junio pasado, Estados Unidos instó a la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a que la “profunda reforma” que se debatirá en el Congreso mexicano respete las inversiones extranjeras previstas en el tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC).
Así lo expresó el encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, durante una audiencia de un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Y ahora los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresaron su preocupación por “la reforma judicial que se pretende aprobar en México, siguiendo en propósitos experimentados bajo las dictaduras y autoritarismos electivos emergentes en América Latina, a saber, la cooptación de la Administración de Justicia para disponerla al servicio de objetivos ideológicos, usarla para la aplicación de un derecho penal del enemigo y asegurar la reelección indefinida de los gobernantes”.
La carta pública firmada, entre otros exjefes de Estado, por José María Aznar y Mariano Rajoy, de España; Rafael Ángel Calderón, de Costa Rica; Alfredo Cristiani, de El Salvador; Iván Duque y Andrés Pastrana, de Colombia; Federico Franco, de Paraguay; Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de Chile; Osvaldo Hurtado, Guillermo Lasso y Lenin Moreno, de Ecuador; Mauricio Macri, de Argentina; Carlos Mesa, de Bolivia; Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares, de Panamá, y por lo expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox expone que “rechazan enérgicamente cualquier intento de modificar el sistema judicial que pueda debilitar la independencia y autonomía de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano, incluido el Tribunal Electoral; como la propuesta del partido oficial Morena, que busca implementar elecciones populares para la selección de estos cargos, haciéndolos depender de influencias políticas, comprometiendo la imparcialidad de sus ministerios y haciéndolos presa de una Justicia de opinión”.
Y sigue: “Nos preocupan profundamente las posibles consecuencias de esta reforma en cuanto a la debida garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sólo posible en un Estado constitucional y democrático de Derecho que asegure cabalmente la autonomía e independencia de los jueces y los equilibrios y contrapesos al ejercicio del poder. Instamos al diálogo abierto y constructivo entre todos los actores políticos y sociales de México, para que aborden cualquier necesidad de reforma judicial, asegurando siempre el respeto irrestricto a los principios democráticos como a los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia contenidos, sea en la Convención Americana de Derechos Humanos, sea en la Carta Democrática Interamericana como interpretación auténtica de esta. Una reforma que implique el debilitamiento y desmantelamiento del Poder Judicial representa un atentado grave contra la democracia y la vigencia de un orden constitucional”.
@MarioMal
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Engallado, Alito va contra sus disidentes/Salvador García Soto
El Universal,
Como era de esperarse, ayer el dirigente nacional del PRI, que impuso la reelección como la nueva esencia de su partido, dejando atrás lo último que le quedaba de la ideología revolucionaria que le dio origen, amenazó con una “purga” de militantes de su partido que se opusieron a su reforma estatutaria, y habló de “peticiones de expulsión” que existen en contra de varios de ellos en los estados de la República que podrían ser retomadas por el Consejo Político Nacional.
En conferencia de prensa, desde su sede nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, se lanzó contra Manlio Fabio Beltrones, a quien ahora sí mencionó por su nombre para decir que aparece en las investigaciones del Caso Colosio; contra Dulce María Sauri, a quien le recordó que perdió la Presidencia de la República, en el 2000, y tuvo que ver con el Pemexgate y el desvío de mil 500 millones de pesos a la campaña de Labastida Ochoa, y hasta contra Aurelio Nuño, el exsecretario de Educación a quien calificó de “cínico” y sin militancia priista.
"Hay muchas propuestas y solicitudes de los estados de la República para que se presente ante la Comisión de Justicia Partidaria la expulsión de todas y cada uno de ellos, porque causales de expulsión también son atentar contra la unidad del partido, calumniar en el partido, mentir públicamente con el partido”, dijo el dirigente nacional priista ante aplausos de sus seguidores. "No nos van a asustar, ni nos van a echar para atrás. Yo soy un gladiador, yo estoy echado adelante siempre, y a mí no me van a asustar ni nos van a doblar", amenazó Alito, quien se dijo “atacado y difamado” por sus correligionarios.
Ayer mismo, en el noticiero “A la Una” con este columnista que transmitimos por “Heraldo Radio”, el senador electo, Manlio Fabio Beltrones le respondió a Alito Moreno, a quien retó a que presente tanto su denuncia ante la fiscalía por sus acusaciones sobre el Caso Colosio, mismas que “tienen más de 30 años y las han desechado varias fiscalías”, como también las solicitudes de expulsión en contra de sus disidentes que no están de acuerdo con la forma en que convocó y realizó una Asamblea Nacional al vapor para introducir la reelección como principio de un partido de esencia antirreeleccionista, como es el PRI.
“Nosotros no vamos a caer en ese tono tan vulgar, ni vamos a responder a las balandronadas que está teniendo el dirigente”, dijo Beltrones. “Que publique su reforma e iremos a las instancias necesarias, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a combatirlas por haberlas hecho sin escuchar a la militancia y sólo con su grupo político. Y que presente sus solicitudes de expulsión e iremos también a decirle a los magistrados que en nuestro partido se violenta el derecho a disentir y a cuestionar lo que propone nuestra dirigencia”, pidió el exlider nacional priista.
La virulencia de Alito y sus amagos de expulsar a quienes cuestionan su asalto a los estatutos es algo que llama la atención de los priistas que no están de acuerdo con esta reforma. Hay incluso quienes piensan dentro del priismo que todo este discurso estridente y pendenciero, con el que intenta fracturar todavía más al PRI y echar de sus filas a los que no son parte de su grupo político, tiene que ver con algún tipo de acuerdo o arreglo que tiene Moreno Cárdenas con Palacio Nacional y con la 4T, que lo estarían respaldando para que continúe al frente del PRI durante el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum.
“Sólo alguien que tiene un respaldo como el del presidente y de la futura mandataria, estaría actuando de manera tan temeraria y violenta como lo está haciendo Alito Moreno contra los pocos liderazgos priistas que nos quedan. Pareciera que quiere sacudirse a todos los liderazgos ajenos en el viejo partido para que sólo su corriente y su grupo cercano maneje y decida todo en el PRI”, nos dijo ayer un exgobernador priista.
No es la primera vez que a Alito se le señala por ser un dirigente afin a López Obrador y con acuerdos y compromisos con su gobierno. Recién llegado al cargo los mismos priistas lo bautizaron como “Amlito”, por el apoyo subrepticio pero real que tuvo desde Palacio Nacional para poder llegar a la dirigencia nacional del PRI; así que no sería extraño que, buscando repetir esos acuerdos con la 4T, estuviera ofreciendo el control absoluto del priismo y sus bancadas para la próxima Presidencia que encabezará la doctora Sheinbaum Pardo.
Así que el pleito interno que está azuzando y creciendo el propio dirigente nacional del PRI, con sus ataques y descalificaciones a quienes ejercieron su derecho de disentir y cuestionaron la reelección en los estatutos priistas, parece no tener punto de retorno. Y aunque los disidentes digan que no caerán en las provocaciones de Alito, al final éste ya demostró que tiene todo el control de los órganos internos de su partido, y es muy probable que la ruptura que viene en el partido tricolor termine con impugnaciones y denuncias ante el Tribunal Electoral.
NOTAS INDISCRETAS… La reforma al Poder Judicial que avanza inexorablemente para ser aprobada en septiembre próximo, con todo y los foros de consulta, fue ayer tema dentro y fuera de México. Aquí la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, lanzó sus cuestionamientos más fuertes y directos en contra de la iniciativa del presidente López Obrador que pretende que abogados jóvenes y sin experiencia lleguen a ser jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. "Ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los 'grupos de poder' que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma. Es decir, se provocará lo que intenta erradicar", dijo la ministra presidenta ayer en el discurso que dio desde el Centro Cultural Tlatelolco, en ocasión de la última sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia que llevó a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En sentido totalmente contrario a lo dicho por Piña y por las asociaciones de abogados y juzgadores, el presidente López Obrador ayer insistió en que no se debe pedir experiencia mínima (de 10 o 5 años) a quienes se postulen para ser jueces y magistrados. “Se nos fue en la iniciativa que deben de tener 5 años de experiencia los que puedan participar como jueces, magistrados y eso. Yo he estado en contra de eso y, sin embargo, se nos pasó, porque soy más partidario de que una mujer o un hombre que se titula como abogado sale con mucho entusiasmo de hacer valer la ley”, dijo ayer el mandatario, quien aseguró que la mayoría de los egresados de derecho salen “con frescura e ideales” para hacer valer la ley. Y, aunque ya no sorprende a nadie, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, salió a respaldar la posición del presidente diciendo que ella también está “a favor de la frescura de los jóvenes” para llegar al Poder Judicial “porque si piden que tengan experiencia, pues van a quedar los mismos de ahora y no se trata de eso”. Mientras tanto, la reforma Judicial que se pretende hacer en México también fue tema para los 23 expresidentes de España y América Latina que integran la iniciativa IDEA, que agrupa a exmandatarios, la mayoría de derecha, que gobernaron en países como España, Argentina, Ecuador, México, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Bolivia, Panamá, Colombia, entre otros. En una carta dirigida a la comunidad internacional, los expresidentes (entre los que se encuentran los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón), expusieron su cuestionamiento y rechazo a cualquier reforma que atente contra la libertad y autonomía de los juzgadores, porque “representa un retroceso para la democracia” y expresaron su preocupación por la iniciativa planteada por Morena y López Obrador para que se elija a jueces, magistrados y ministros en México por la vía del voto electoral. Advirtieron que “México está siguiendo en sus propósitos los mismos experimentados bajo dictaduras electivas emergentes de América Latina, a saber, la coptación de la Administración de la Justicia para disponerla al servicio de objetivos ideológicos, usarla para la aplicación de un derecho penal del enemigo y asegurar la reelección indefinida de los gobernantes”. En su manifiesto firmado por los expresidentes de España, José María Aznar y Mariano Rajoy; además de Óscar Arias, de Costa Rica; Mauricio Macri, de Argentina, e Ivan Duque, de Colombia, advierten que con la propuesta de Morena de realizar elecciones para los jueces, ministros y magistrados, haciéndolos depender de influencias políticas y comprometiendo su imparcialidad, prosperaría en el Congreso mexicano una reforma que afectaría los derechos humanos y libertades fundamentales, por el desmantelamiento y debilitamiento del Poder Judicial. Veremos mañana qué responden desde la mañanera a los expresidentes, sobre todo a los dos mexicanos que firman la carta de la IDEA... Los dados mandan Escalera Doble. Mejora el tiro y se equilibra la semana.
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El arrastre de las candidatas presidenciales/Luis Estrada
EEL UNIVERSAL.
El 2 de junio, Claudia Sheinbaum venció en las elecciones presidenciales a Xóchitl Gálvez, superándola por más del doble de votos. Morena y sus partidos aliados (Partido del Trabajo-PT, y Partido Verde-PVEM), obtuvieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, una “casi mayoría” calificada en el Senado, y vencieron en siete de nueve gubernaturas, así como en 10 de 27 capitales.
Juzgando por los resultados, parecería que Sheinbaum arrasó en todos los niveles a la coalición que encabezó Xóchitl Gálvez, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, al revisar las diferencias entre los porcentajes de voto para presidenta y los porcentajes de voto para las cámaras, gobernadores y alcaldes, observamos una diferencia que sugiere la existencia de voto dividido o diferenciado: el voto por Sheinbaum fue mayor que el voto para las y los candidatos de su coalición de partidos políticos a senadores, diputados federales, gobernadores y alcaldes, mientras que el voto por Gálvez fue menor que el voto para las y los candidatos de su coalición.
La manera ideal de medir la existencia y magnitud del voto dividido es de forma individual con encuestas de salida, ya que brindan información del comportamiento de cada elector. No obstante, al comparar porcentajes agregados, también es posible conocer si existe voto dividido. Así, por una parte, el voto de Claudia Sheinbaum para presidenta fue de 61 por ciento, mientras que el voto de Morena y sus aliados, tanto para senadores como para diputados federales, fue de 55 por ciento, una diferencia de seis puntos porcentuales. Por otra parte, mientras que el voto promedio de Sheinbaum en los estados donde hubo elecciones para gobernador fue de 62 por ciento, el voto promedio de las candidatas y candidatos a gobernador de Morena y aliados fue de 57 por ciento (una diferencia de cinco puntos porcentuales). De igual forma, el voto promedio de Sheinbaum en las capitales donde hubo elecciones de alcaldes fue de 60 por ciento, mientras que el voto de las y los candidatos de Morena y aliados a alcaldes de las capitales fue de solo 38 por ciento (una diferencia de 24 puntos porcentuales). Del voto que obtuvo Sheinbaum en los estados donde hubo elecciones para gobernador, el mayor porcentaje de voto dividido fue en Morelos, donde uno de cada cuatro votos de Sheinbaum no fue para Morena y su candidata a la gubernatura. En Jalisco, uno de cada cinco votos de Sheinbaum no fue para la candidata de Morena.
En el caso de Xóchitl Gálvez, también se presentó voto dividido, pero en sentido contrario al de Sheinbaum. Es decir, el voto de presidenta (26 por ciento) fue menor que el obtenido por los partidos de su coalición en el Senado (29 por ciento), en diputados federales (30 por ciento), en las elecciones de gobernador (30 por ciento) y las de los alcaldes de capitales (37 por ciento). Del voto que obtuvo Gálvez en los estados donde hubo elecciones para gobernador, el mayor porcentaje de voto dividido fue en Yucatán, donde uno de cada tres votos de Barrera (30 por ciento) no fue para Gálvez. En las capitales, el mayor porcentaje de voto dividido fue en Chilpancingo, Guerrero, donde tres de cada cinco votos de Arcos (58 por ciento), no fueron para Gálvez, quien apenas obtuvo 19 por ciento de la votación.
La magnitud y el sentido del voto dividido de ambas candidatas se sugería desde antes de la elección. La encuesta telefónica preelectoral de Defoe, levantada un mes antes de la elección (3 de mayo), mostraba que, mientras que 91 por ciento de las y los votantes de Claudia Sheinbaum votarían por sus candidatos a diputados federales, solo el 73 por ciento de las y los votantes de Xóchitl Gálvez votaría por sus candidatas y candidatos a diputados federales. Un mes antes de la elección se proyectaba que el voto por Sheinbaum sería mayor que el voto en las demás elecciones, mientras que el de Gálvez sería menor.
Así, un primer análisis sobre los resultados agregados sugiere dos afirmaciones que pueden desarrollarse conforme se evalúen más elementos de las elecciones del pasado 2 de junio. En primer lugar, el voto dividido existió en todos los niveles, aunque no fue suficiente como para presentar gobierno dividido en el Congreso o emparejar el número de gubernaturas ganadas para cada coalición, aunque la oposición sí ganó 17 de 27 capitales. En segundo lugar, la calidad de las candidatas no generó el arrastre suficiente como para arrasar o como para presentar gobiernos divididos. En específico, la candidata de la coalición del PAN, PRI y PRD no movilizó votos suficientes a su favor como para generar el arrastre que permitiera al resto de sus candidatas y candidatos más victorias el día de la elección. De hecho, fueron las y los candidatos de la coalición opositora, especialmente a las alcaldías de las capitales, quienes obtuvieron más votos que su candidata a la presidencia. El análisis descriptivo del voto dividido sugiere que la calidad de candidatas y candidatos, especialmente la de mayor jerarquía en elecciones concurrentes o simultáneas, impera sobre los acuerdos de coaliciones o, incluso, sobre las simpatías partidistas.
Socio Director de SPIN (spintcp.com). X: @luisestrada_
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¿Cómo se gestó y se desarrolla la crisis entre la 4T y la SCJN?/Javier Tejado Dondé
EL UNIVERSAL
Hace casi dos años se empezó a gestar la crisis que ahora tiene en riesgo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los consejeros de la Judicatura, a los magistrados, jueces federales y, en general, todo el Poder Judicial federal, ya sea por la posibilidad de remoción o por una sustancial reducción en sus prestaciones.
Todo empezó con errores de forma y/o de percepción que llevaron a que el Ejecutivo federal dejara de invitar a los integrantes de la Corte a cualquier evento oficial del Estado mexicano. Luego siguieron ataques desde la mañanera a juzgadores, seguidos de acciones legislativas en el Congreso —de mayoría morenista— que eliminaron la prerrogativa postal que para el desarrollo de sus funciones tenían todos los juzgados federales.
En el “cuarto de guerra” de la ministra presidenta Norma Piña rechazaban que hubiera problemas de fondo y pensaban que todo lo podrían manejar institucionalmente y sin mayores afectaciones. Este estatus era compartido por sus principales asesores: Natalia Reyes Heroles, la secretaria general de la Presidencia de la Corte, y los ministros Luis María Aguilar y Juan Luis González Alcántara.
Entonces había tanta soberbia en la Corte que, cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y Coordinador de Morena, Ignacio Mier, visitó institucionalmente sus instalaciones para dialogar sobre su presupuesto, a su llegada, González Alcántara le informó que la ministra presidenta no podría recibirlo, a pesar de tener cita pactada entre titulares de poderes. Luego de que Mier rechazara dialogar con interlocutores de menor jerarquía y amenazara con retirarse, sí apareció la ministra presidenta, pero maltrataron innecesariamente al único líder morenista que les daba trato institucional.
Luego de este desencuentro, desde la Cámara de Diputados se redujo el presupuesto del PJF y, sobre todo, se eliminaron varios de sus fideicomisos (recursos, ahorros, que usaban en programas de compensación, profesionalización y jubilación).
Pero aún con esas “señales”, en la Corte pensaban que podrían resistir sin dialogar con el Legislativo ni el Ejecutivo. Incluso, jugaron un doble juego: dijeron que darían sus fideicomisos para los damnificados del huracán Otis, en Acapulco, para luego acabar promoviendo suspensiones para no reintegrarlos a la Tesorería de la Federación.
En ese ambiente de falta de diálogo iniciaron las campañas electorales. En la Corte estaban optimistas de un triunfo de Xóchitl Gálvez, pero sobre todo apostaban a que la oposición tuviera mayoría en alguna de las Cámaras del Congreso. Nunca imaginaron que Morena y aliados tuvieran prácticamente dos terceras partes del Congreso, con lo que pueden —y todo apunta a que lo harán— reconfigurar al PJF.
En este contexto de errores de cálculo político, da la impresión de que siguen sin aprender la lección, pues lo único que parece organizado son las vendettas personales, en lugar de buscar un diálogo institucional que evite una catástrofe para miles de empleados judiciales y que se genere incertidumbre jurídica en el país.
Ejemplos: en el caso del exministro Arturo Zaldívar, ahora parte del equipo de la virtual Presidenta electa, sigue apostándose a avanzar denuncias prearmadas en su contra. Y en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, cercana a la 4T, han sido aún más burdos: luego de que ella tuviera importantes victorias en tribunales federales en los litigios en torno a la autoría de su tesis, desde la Corte se manipuló manualmente el turno de su expediente para que la revisión del caso, interpuesta por la UNAM, fuera turnada al Quinto Tribunal Colegiado Administrativo en la CDMX, donde los magistrados que ahí trabajan son, curiosamente, excolaboradores de los ministros Aguilar y Piña. Pero, además, desde la Corte han presionado a la UNAM para que pida la “atracción” del tema y sea ésta la que defina los litigios sobre la tesis de la ministra.
Así, por increíble que parezca, en vez de ver por el futuro de miles de sus empleados, están afinando estrategias para dañar a ministros o exministros afines a la 4T, con lo que siguen dinamitando los únicos “puentes” que podrían tener.
Pero, más importante, desaprovechan el tiempo para dar certeza legal en temas importantísimos: no están resolviendo litigios (del “viernes negro”) sobre el respeto a las minorías parlamentarias y el debido proceso legislativo en la elaboración de leyes. Tampoco están resolviendo, ni dejando que otros juzgados lo hagan, el tema de la prisión preventiva oficiosa, que tiene a miles de mexicanos en la cárcel injustamente. Esto a pesar de existir un fallo condenatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Eso sí, en el diferendo entre el juez Rodrigo de la Peza —y su imprudente pretensión de reconfigurar la Sala Superior del Tribunal Electoral—, hubo quienes desde la Corte sugirieron atraer el conflicto competencial. Todo este litigio fue para mejorar las posibilidades de negarle al oficialismo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Por ello la reacción tan virulenta del Presidente y la Secretaría de Gobernación.
Por donde se vea, es una pena lo que está sucediendo. Sólo ha habido una Corte que ha acabado en peor situación: la que reconoció como Presidente de la República al golpista Victoriano Huerta (1913) y cuyos integrantes tuvieron que salir huyendo a la llegada de Venustiano Carranza a la Ciudad de México. Ojalá la mayoría de los ministros —varios admirables— hagan lo correcto en el tiempo que les quede...
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El asalto a la razón
¿Los ignorantes al Poder Judicial?/Carlos Marín
Milenio..
El presidente López Obrador quiere un Poder Judicial tan “popular” que los juzgadores no requieran experiencia, sino solamente licenciatura en Derecho.
“Se nos fue en la iniciativa que tienen que tener cinco años de experiencia los que puedan participar”, dijo ayer.
En su lógica, capacitación y experiencia son lo de menos, porque de tenerla, piensa, llegarían maleados:
“Yo he estado en contra de eso y sin embargo se nos pasó, porque soy más partidario de que una mujer, un hombre que se titula como abogado sale con mucho entusiasmo de hacer valer la ley: está lleno de frescura, de ideales, de llevar a la práctica la máxima de que al margen de la ley, nada y por encima de la ley nadie…”.
En su lógica, pues, cuidado con los experimentados:
“Cuando va pasando el tiempo —ya a los cinco años, ni hablemos porque antes, casi en todos los requisitos están 10 años de experiencia—, a los 10 años ya saben, pero bastante, ya perdieron la mística, la fueron dejando en el camino; ya aprendieron otras cosas que no se necesitan. Siempre dicen: ‘No, ¿y la experiencia?’ Pues si van a ser abogados titulados y si hace falta un curso especial, se lleva a cabo sobre la función específica de un juez”.
Tarea que imagina fácil:
“Qué, ¿es muy compleja la impartición de justicia cuando se actúa con rectitud y no por consigna, como suele pasar? (…). Todo eso se puede hacer si hay voluntad…”.
Abomina la especialización.
Para documentar el pesimismo sobre la reforma que sus mayorías se aprestan a palomear, Claudia Sheinbaum lo secundó a medias pocas horas después, dejando entrever que no comparte lo prescindible de la experiencia:
“Hay que ver cómo se puede mantener el tema de la carrera judicial, pero que se elijan a los jueces. Tampoco puede ser que tengan 10 años de experiencia”, declaró.
“90 por ciento de honradez y 10 por ciento de experiencia”, es la deplorable receta presidencial para los servidores públicos, pero la honradez también implica que si no tienes la experiencia no puedes ejercer el cargo.
Enfatizando la condicionante, cree que, “si hace falta”, los aspirantes pueden tomar “un curso especial sobre la función específica de un juez”.
Su dicho es un despropósito: algo así no se estudia en las universidades, únicamente en el Poder Judicial, donde se combina la academia con la práctica jurídica.
Los abogados recién titulados que ingresan al Poder Judicial empiezan cosiendo expedientes, para elaborar un proyecto de sentencia pueden pasar 10 años y siempre un juzgador experimentado tiene que revisar y frecuentemente corregir.
Si de medicina se tratara, una cosa es que al estudiante le enseñen cómo abrir el estómago y otra que le permitan abrirlo con el bisturí.
La teoría en el aula o la lectura de un libro no suplen la experiencia que el Presidente desdeña.
Es precisamente un “curso especial” sobre la función de un juez lo que se aprende a lo largo de la carrera judicial… en las escuelas de Formación Judicial.
¿Ni eso saben en la Consejería Jurídica del Ejecutivo…?
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Día con día
La pieza clave del 2 de junio está por verse aún/Héctor Aguilar Camín
Milenio,
Se discute hasta el barullo la propuesta de reforma judicial del gobierno saliente, como si fuera un hecho, y hubiera que discutirlo como tal.
El Presidente añade su fuego a la hoguera de la discusión diciendo que ser juez no es muy difícil y que no se requiere mayor experiencia para serlo.
La hoguera se enciende, domina la pradera, hay foros, opiniones, y el Presidente se sale con la suya una vez más: impone el tema a debate.
Yo creo, como escribió Joaquín López-Dóriga aquí en estas páginas de MILENIO, que la discusión de la reforma judicial, con ser tan importante, es sólo una más de las batallas ganadas por López Obrador para distraer la atención pública de lo central.
Y lo central, como dice el mismo López-Dóriga, no es la reforma judicial, sino el alegato por la sobrerrepresentación del oficialismo en el Congreso por venir.
Esa sobrerrepresentación desorbitada, a la que dediqué mi columna de ayer, es la que le permitiría al gobierno hacer la reforma judicial que propone, pues esa reforma necesita mayorías calificadas para cambiar la Constitución.
El gobierno dice tener esas mayorías y actúa en público como si las tuviera. Los medios discuten poco el hecho de que no las tiene, de que las mayorías calificadas en el Congreso (menos dos senadores) están sujetas todavía a tres pasos institucionales.
Primero, el recuento final de la votación y sus proporciones.
Segundo, la asignación de asientos en el Congreso que haga el Instituto Nacional Electoral.
Tercero, la validación o corrección que haga el Tribunal Federal Electoral de las asignaciones de lugares en el Congreso hechas por el INE.
El conteo definitivo de la elección terminará en las primeras semanas de agosto. La asignación de puestos en el Congreso por el INE será antes del 23 de agosto. La decisión final del Tribunal Electoral, se alargará hasta septiembre.
El hecho electoral puro y duro es que los votantes no le dieron al oficialismo las mayorías calificadas en el Congreso que el gobierno y los medios están dando por hechas.
Esta es una historia por escribir, todavía.
Y hay sólo 16 personas que la escribirán: 11 consejeros del INE y 5 magistrados del Tribunal.
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