Reportaje de Villamil

De la complicidad a la confrontación

Jenaro Villamil
Revista mexicana Proceso # 1741, 14 de marzo de 2010;
La bronca entre las barriadas del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados tiene su origen en las campañas electorales de 2009. Ante la fortaleza del grupo de Enrique Peña Nieto, el PAN intentó aliarse con el PRD desde marzo de aquel año, pero el gobernador mexiquense utilizó el tema de las reformas estructurales para lograr que el gobierno de Felipe Calderón lo impidiera. Se firmó entonces el famoso acuerdo “secreto”...
A principios de marzo de 2009 las negociaciones entre Germán Martínez, dirigente nacional del PAN, y Guadalupe Acosta Naranjo, entonces presidente sustituto del PRD, habían avanzado para formar una alianza electoral con miras a los comicios estatales y federales de ese año en el Estado de México. La idea era frenar la “ola roja” del gobernador Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con testigos de estas negociaciones consultados por Proceso, el pacto consistía en que el PRD se sumara a los candidatos del PAN en los bastiones municipales gobernados por el blanquiazul: Naucalpan, Tlalnepantla y Toluca; al tiempo que éste se aliara con los candidatos perredistas en sus bastiones más importantes: Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Esos seis municipios representan casi el 70% del padrón electoral del Estado de México, que asciende a 10 millones 56 mil ciudadanos.
Al enterarse de las negociaciones, Enrique Peña Nieto tronó ante el presidente Felipe Calderón. La alianza PRD-PAN ponía en riesgo la costosa operación de recuperación electoral que el peñismo preparaba para los comicios del 5 de julio de 2009.
Las presiones de Peña Nieto y de Elba Esther Gordillo, aliada de Calderón y también del gobernador del Estado de México, surtieron efecto. Recordaron que gracias a ellos el gobierno federal pudo sacar las reformas al ISSSTE y la reforma petrolera. E iban por más reformas, como la fiscal y la laboral.
Calderón dio la orden de que se suspendieran las negociaciones con el PRD. Germán Martínez estuvo de acuerdo: “Si el PRI nos gana aun juntos, será peor para los dos partidos”, argumentó.
El 5 de julio de 2009, los candidatos de Peña Nieto arrasaron en el Estado de México. El PRI ganó en 37 de los 40 distritos federales en disputa. Peña Nieto se convirtió en la principal fuerza de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y extendió sus alianzas con otros gobernadores priistas que lograron el “carro completo”: Hidalgo (7 distritos ganados), Yucatán (5), Oaxaca (11), Tamaulipas (8), Durango (4), Quintana Roo (3), Puebla (16), Sinaloa (8), más los diputados federales de Nuevo León, donde ganó la gubernatura Rodrigo Medina, su aliado y casi gemelo político.
La alquimia electoral le dio una amplia ventaja al peñismo en su entidad. Con 47% de los votos, el PRI controla ahora 65% del Congreso local, conformado por 75 diputados; recuperó los municipios del llamado “corredor azul”: Naucalpan, Tlanepantla, Atizapán y la capital, Toluca; al mismo tiempo le arrebató al PRD el gobierno de Ecatepec, el municipio más poblado del país, y Nezahualcóyotl.
En números absolutos, el PRI obtuvo 1 millón 652 mil votos, frente a 867 mil del PAN y 659 mil del PRD. Convergencia obtuvo 211 mil sufragios y el PT 195 mil. Los aliados de Peña Nieto fueron ampliamente beneficiados. El Panal, de Elba Esther Gordillo, sólo obtuvo 12 mil 601 votos directos, pero gracias al convenio de coalición se convirtió en la cuarta fuerza política con cinco diputados locales y así desplazó al Partido Verde, que obtuvo 107 mil votos con candidatos surgidos del entorno de Arturo Montiel y Peña Nieto.
El panorama cambió radicalmente, ya que antes de 2009 el PRI tenía 21 diputados locales, frente a 19 del PAN y 20 del PRD. Después del 2 de julio, el PRI triunfó en 40 de los 45 distritos de mayoría, el PRD disminuyó a ocho y el PAN se quedó sólo con 12.
El representante del PRD-PT ante el Instituto Electoral del Estado de México, Rubén Islas, considera que la gran ganadora fue Elba Esther Gordillo, puesto que gracias al convenio de coalición que firmó con el PRI, al Panal le transfirieron 11% de los votos que no obtuvo en las urnas para que le correspondieran cinco diputados locales. Eso “es usura política”, afirma Islas.
El pleito y el convenio
Incómodo ante el resultado electoral de su partido y frente a la negociación del paquete fiscal, en septiembre de 2009 el presidente Felipe Calderón vio descarrilado su proyecto de un nuevo impuesto del 2% “para el combate a la pobreza”.
El PAN no contaba con los votos suficientes en la Cámara de Diputados para sacar adelante su proyecto y tuvo que negociar con el PRI. Al interior de ese partido, Peña Nieto logró una alianza con la mayoría de los gobernadores, en especial con Ulises Ruiz, de Oaxaca, con Rodrigo Medina, de Nuevo León, y con Fidel Herrera, de Veracruz, para aprobar el incremento de 1% al IVA, a cambio de que se aumentaran los recursos a las entidades federativas.
Peña Nieto logró el control de una posición clave en la Cámara de Diputados: el presidente de la Comisión de Presupuesto es Luis Videgaray, su exsecretario de Finanzas y el principal aspirante a sucederlo en 2011 en la gubernatura. Videgaray y Peña Nieto se convirtieron en los interlocutores centrales con los grupos empresariales a quienes tenía descontentos el proyecto inicial de Calderón, el cual proponía un esquema de consolidación fiscal que afectaba a los 400 consorcios más grandes.
En paralelo a las negociaciones fiscales, en septiembre de 2009 el sustituto de Germán Martínez como presidente del PAN, César Nava, revivió las negociaciones con el PRD, ahora dirigido por Jesús Ortega, para buscar alianzas electorales en algunas de las 12 entidades que renovarán gobiernos.
En este contexto surgió la redacción del “convenio de colaboración” firmado el 30 de octubre de 2009 por Beatriz Paredes y César Nava, dirigentes nacionales del PRI y del PAN, que tuvo como testigos “de honor” al secretario de Gobierno mexiquense, Luis Enrique Miranda Nava, y al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Desde entonces, Peña Nieto y sus operadores políticos presionan, como lo hicieron en marzo de 2009, para evitar que el PAN y el PRD descarrilen su proyecto presidencial de 2012. Un elemento clave es garantizar el triunfo del PRI en los comicios de 2011 en el Estado de México.
Antes que se conociera públicamente el “convenio de colaboración” de Nava y Paredes, Peña Nieto afirmó en dos ocasiones, el 11 y 25 de febrero de este año, que el PAN violaba un acuerdo firmado previamente, pero no ofreció detalles de este pacto.
Una vez que Nava difundió el contenido de las tres cuartillas del documento, políticos muy cercanos a Peña Nieto atacaron frontalmente al gobierno de Calderón. Es el caso del diputado federal priista y compadre de Peña Nieto, Felipe Enríquez, secretario de la Comisión de Presupuesto en esa cámara, quien acusó a Calderón de mentir cuando afirmó que desconocía el acuerdo.
“Qué preocupante que el presidente de un país no conozca un asunto de esta magnitud. Qué riesgo para el país que sus dos principales colaboradores no lo enteren. Si no lo conocía o los colaboradores no le informaron, hay un peligroso vacío de poder.
“El presidente Calderón sí sabía y mintió. No hay duda de que Nava mintió y que el secretario de Gobernación es rehén del régimen del presidente”, afirmó Enríquez en declaraciones publicadas el 8 de marzo por el diario Reforma.
Enríquez renunció en 2005 a su cargo como director de Fomento Metropolitano de Monterrey, institución responsable del negocio inmobiliario del gobierno de Nuevo León, para sumarse como coordinador a la campaña de Peña Nieto para la gubernatura y simultáneamente coordinó la precampaña presidencial de Arturo Montiel.
Peña Nieto y Enríquez son ahora socios, amigos y compadres. El dirigente estatal del PAN en Yucatán, Luis Montoya Martínez, ha calificado a Enríquez como el operador “del cártel de gobernadores” peñistas, ya que participó y apoyó en las campañas electorales de Félix González Canto en Quintana Roo, de Ivonne Ortega en Yucatán, de Eugenio Hernández en Durango, y de Rodrigo Medina en Nuevo León.
Sanciones electorales
En paralelo con el pleito que afloró esta semana en la Cámara de Diputados entre las bancadas del PRI y del PAN, desde el 26 de febrero pasado el titular del Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Edgar Hernández Mejía, elaboró un proyecto de dictamen de 909 cuartillas donde se documenta que el PRI y sus aliados electorales del Partido Verde, el Panal y los locales PSD y Partido Futuro Democrático, violaron los topes de gastos de campaña en 20 municipios por un monto total de 392 mil 718 pesos.
Es la primera vez que se documentan rebases de gastos en contra del PRI, que puede ser sancionado sólo con 55 mil 846 pesos, pero al Partido Verde Ecologista se propone multarlo por 1 millón 435 mil 439 pesos y al Partido Futuro Democrático, ya inexistente, por 673 mil 127 pesos, de acuerdo con el dictamen preliminar, cuya copia obtuvo Proceso.
El expediente documenta que el diputado local Francisco Javier Funtanet Mange, del Partido Verde, recibió ingresos en especie por 466 mil 848 pesos de una empresa denominada Constructora Profusa, S.A. de C.V., en el distrito XXV de Nezahualcóyotl. El IEEM considera que esta donación constituye “una violación sustantiva” a la legislación electoral, por la que el proyecto de dictamen establece una sanción de 1 millón 42 mil 86 pesos.
Funtanet Mange fue secretario de Desarrollo Económico en el gabinete de Arturo Montiel y, tras su salida abrupta del cargo, fue designado coordinador de Asuntos Internacionales. El gobierno de Peña Nieto lo impulsó para que fuera presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la entidad.
El diputado es un aliado y operador fundamental para Peña Nieto, así como otros legisladores que llegaron al Congreso mexiquense por el Panal y el Partido Verde, los aliados locales del PRI. Son los casos de Miguel Sámano Peralta, exsecretario particular de Arturo Montiel, y Adrián Fuentes Villalobos, exalcalde de Huixquilucan.
Edgar Hernández Mejía es el primer titular del nuevo órgano de fiscalización del IEEM y se le considera una posición del PAN mexiquense, ya que recibió el apoyo del senador panista Ulises Ramírez y fue asesor del diputado local panista Miguel Angel Ordóñez. Ha recibido fuertes presiones del secretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, y del secretario particular de Peña Nieto, Edwin Lino Zárate, para que la presentación del dictamen se posponga.
El duro proyecto de dictamen de Hernández Mejía sobre el rebase de gastos de campaña contrasta con el correspondiente a los informes de precampaña de 2009, que se dio a conocer antes de que se ventilara el pleito entre el gobierno de Calderón y el de Peña Nieto.
En ese dictamen, Hernández Mejía consideró que todos los partidos políticos “respetaron el tope de gastos de precampaña aprobado por el Consejo General en el proceso de selección interna de candidatos a diputados y miembros de ayuntamientos de 2009”.
Las fisuras del peñismo
El escándalo ha agudizado las divisiones que ya se expresan al interior del equipo de gobierno de Peña Nieto. El principal afectado es su secretario general de Gobierno y aspirante a gobernador interino, Luis Enrique Miranda Nava, cuya firma aparece estampada en el “convenio de colaboración” de octubre de 2009.
Miranda Nava es acusado por los partidos de oposición, en especial por el PAN y PRD, de operar mal, dificultar las negociaciones y haber preparado un “golpe de Estado contra el Poder Judicial” a inicios de este año, lo que provocó una inesperada rebelión de 45 de los 55 magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del estado en contra del gobierno de Peña Nieto.
Excolaborador también del gobierno de Montiel y perteneciente al grupo de los Golden Boys, Miranda Nava sustituyó a Humberto Benítez Treviño al frente de la secretaría general de Gobierno y se ha distanciado de otras figuras importantes en el priismo mexiquense, como los actuales diputados federales Manuel Cadena Morales y Alfonso Navarrete Prida, ambos excolaboradores del gobierno de Montiel.
El 10 de marzo, el vicecoordinador de la bancada del PRD en el Congreso local, Víctor Manuel Bautista López, demandó la renuncia de Miranda Nava por considerarlo “no confiable con los partidos y un funcionario sin credibilidad”.
Paralelamente, los grupos locales del PAN y del PRD comenzaron a impulsar a sus respectivos candidatos a gobernador para 2011. Acción Nacional busca postular a Josefina Vázquez Mota, actual coordinadora de la bancada panista en la Cámara de Diputados, o a Luis Felipe Bravo Mena, exdirigente nacional del partido, mientras que en el PRD se menciona como posibles candidatos a Héctor Bautista, exdirigente estatal, y a Horacio Duarte, quien fue representante del PRD ante el IFE.
La posibilidad de una alianza electoral entre PAN y PRD para 2011 comienza a ventilarse de nuevo, generando fisuras al interior de los grupos priistas que le apuestan a la campaña presidencial de Peña Nieto, pero que también se alinean ante los principales precandidatos priistas a la gubernatura: Alfredo del Mazo Maza, el “delfín” e hijo del exgobernador del mismo nombre, Luis Videgaray, el candidato más cercano a Peña Nieto, o Ernesto Némer Álvarez, líder de la bancada priista en el Congreso local. .