Grupo Estado de México

Visos de impunidad

Álvaro Delgado, reportero

Revista mexicana Proceso # 1741, 14 de marzo de 2010;

A demás del costo político de elevar impuestos a cambio de abolir una coalición opositora en el Estado de México en 2011, un contubernio del que están confesos panistas y priistas, el convenio firmado por Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, y el gobernador Enrique Peña Nieto a través de Enrique Miranda Nava, secretario de Gobierno de esa entidad, implica también violaciones constitucionales y legales que no deben quedar impunes.

Con esta argumentación los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia –que conforman Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA)– presentaron una denuncia por la intervención de esos servidores públicos en asuntos electorales, lo que prohíben la Constitución y las leyes, ante el Instituto Federal Electoral (IFE), que preside Leonardo Valdés.

Los consejeros –agrupados en dos bloques identificados con los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) – fueron tomados por sorpresa y prefirieron guardar silencio, una conducta que Rafael Hernández, representante del PRD ante el IFE, califica de explicable por la relevancia de los personajes implicados en el escándalo:

“Les cayó una papa caliente, porque la denuncia que presentamos refiere hechos en los que están involucrados el secretario de Gobernación, que es el segundo de a bordo del gobierno federal, y el gobernador del Estado de México, que es el aspirante presidencial mejor posicionado del PRI, cuando menos en estos momentos”.

Se trata, además, de dos personajes cercanos a Valdés: Gómez Mont es su amigo desde hace 25 años, cuando ambos eran representantes partidistas ante la Comisión Estatal Electoral, y Peña Nieto le prestó un helicóptero, el 27 de marzo del 2009, para trasladarse de Ixtapan de la Sal a sus oficinas del organismo electoral.

Pero Hernández asegura que no hay manera de que el IFE ignore la queja presentada ante el propio Valdés, porque es la autoridad competente para investigar y sancionar las violaciones al principio de neutralidad previsto en la Constitución por la firma de esos funcionarios en el convenio entre los presidentes del PAN, César Nava, y del PRI, Beatriz Paredes, celebrado en la Secretaría de Gobernación, el 30 de octubre de 2009.

“Además de la firma, ambos están en medio de toda una estela de declaraciones que aclaran, como dicen los abogados, las condiciones de modo, tiempo y lugar”, asegura Hernández, quien recuerda que en el pacto están implicados los recursos públicos recaudados mediante impuestos.

“Todo ese conjunto de declaraciones de personas se suman a la prueba firme, que es el propio documento, y establecen entonces, con claridad, que los funcionarios públicos involucrados violaron el artículo 134 de la Constitución. Y el IFE es autoridad en esa materia.”

Por ello, expone, el IFE debe proceder a desahogar las diligencias para esclarecer los hechos. “Si después de investigar encuentra que se violó la Constitución, tiene que sancionar”.

–¿Con la integración del Consejo General, por cuotas partidistas de PAN y PRI, está latente la impunidad?

–Pues sí, es un mal de México, pero creo que los consejeros electorales y la institución tiene una gran oportunidad de hacerse valer como una autoridad imparcial, que cumple con su papel y que se pone por encima de los intereses particulares y de las estrategias de los partidos.

“Ojalá aprovechen esta oportunidad en este caso porque, indudablemente, más allá de los protagonistas y de los denunciados, que son muy importantes, el IFE saldría fortalecido de frente al 2012.”

Hernández aclara que “si el IFE es omiso en el cumplimiento del desahogo de esta queja”, los partidos de DIA recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “para que ordene al IFE que cumpla con su obligación de investigar y sancionar los hechos denunciados”.

–Pero el Tribunal Electoral también está integrado por las mismas facciones partidarias.

–Ahí también los magistrados tendrán la ocasión y la oportunidad de demostrar su imparcialidad y su apego a la Constitución.

Todo para el mexiquense

La denuncia de hechos fue presentada el lunes 8, dos días antes de que el Consejo General aprobara el registro de DIA, la denominación del grupo de partidos que sustituyó al Frente Amplio Progresista (FAP), y se resolvió esa vía después de que el equipo jurídico descartó recurrir a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), por considerar que estas instancias sólo garantizarían impunidad a los involucrados.

Además, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece, en los artículos 341, 347, 356 y 347, la competencia del IFE y también, de manera expresa, como sujetos de responsabilidad por infracciones a las disposiciones electorales, a los servidores públicos de la Unión o de los poderes locales, como Gómez Mont y Peña Nieto, que quebrantaron la Constitución.

“En tal orden de ideas –dice la queja– las violaciones que se denuncian fueron cometidas, con motivo y en razón de una negociación entre el PRI y el titular de la Secretaría de Gobernación, con el objeto de favorecer con recursos públicos a los gobiernos de las entidades federativas cuyos titulares emanaron del PRI, así como para favorecer las aspiraciones del C. Enrique Peña Nieto, actual gobernador del Estado de México, para el cargo de presidente de la República en el año 2012.”

En el cuerpo de la queja de DIA se detalla que el convenio es contrario al estado de derecho y a los deberes constitucionales y legales de los servidores públicos denunciados. Pero, además, las propias declaraciones de Peña Nieto y Rojas acreditan el canje de apoyo al paquete económico 2010 a cambio de impedir alianzas del PAN con otros partidos.

“Esto es, el principal recurso público de la nación, que son los recursos fiscales y el Presupuesto de Egresos, se utilizó para un propósito eminentemente electoral, como es el de impedir una alianza electoral en los comicios locales del 2011 en el Estado de México y, desde luego, con ello, favorecer electoralmente al actual gobernador de esa entidad federativa, Enrique Peña Nieto, en sus pretensiones de ser candidato presidencial.”

Luego de presentada la queja, el único consejero que se refirió a ella públicamente fue Valdés, quien se comprometió a estudiarla. El resto optó por el silencio, si bien algunos de ellos anticiparon, a condición del anonimato, que la queja difícilmente procederá, porque la fracción sexta del artículo 134 de la Constitución opera sólo para los procesos electorales y, además, no se ha acreditado el uso de recursos públicos.

Hernández responde que eso es falso y cita el sexto párrafo del artículo 134: “Los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.”

Subraya que en la redacción de ese párrafo se prohíbe a los servidores públicos usar recursos públicos a favor de partidos y candidatos “en todo tiempo”, no nada más a los plazos legales de las campañas o de los procesos electorales federales o locales.

“Sobre lo segundo se necesita tener una visión muy obtusa, casi ciega, para no ver que estaban involucrados los recursos públicos. No estaban involucrados a través de una despensa o de una beca o de alguna otra dádiva que se acostumbra utilizar en las elecciones, no, estaban implicados todos los recursos públicos. ¿Por qué? Porque la materia de intercambio es el alza a los impuestos, que son universales, porque todos los pagamos, particularmente el IVA del que no se salva nadie.”

–Salvo a los grandes grupos empresariales.

–Exacto, salvo los grandes que tienen devolución, los clientes de Diego Fernández de Cevallos. Entonces la materia del intercambio fue, repito, que el PRI apoyara el paquete fiscal, como lo dijo Francisco Rojas, aunque lo niegue o lo quiera matizar. Y los funcionarios públicos que concurrieron a la firma de ese convenio, aunque no pusieron sus cargos, pero sí su firma, lo que comprometieron fueron recursos públicos a cambio de una estrategia electoral a favor del PRI y a favor concretamente de Peña Nieto.

Recuerda:

“Acordémonos cómo los gobernadores, particularmente los del PRI, se llevaron la gran tajada del presupuesto y en condiciones además de opacidad, con una gran manga ancha para que lo gasten en lo que quieran, que no es otra cosa que en las campañas. Y eso fue parte del acuerdo.”

Juzga: “Claro que ahora Beatriz Paredes, en una defensa infantil, dice que eso no está en el documento. Pero todo el mundo lo sabe, porque además ellos mismos lo dijeron, ella misma y el coordinador en la Cámara de Diputados, lo dijo: Fue a cambio del paquete económico”.

–A confesión de parte, relevo de pruebas.

–Así es. Entonces hay recursos públicos involucrados. ¿Cuáles? Todos los recursos públicos pasaron por ese acuerdo.

Calderón lo permitió

En efecto, tal como lo documentó Proceso en un reportaje de Jesusa Cervantes y Carlos Acosta, publicado el 3 de enero, los estados gobernados por priistas donde habrá elecciones en 2010 fueron los más beneficiados en la asignación de recursos, aunque también el Estado de México, cuya gubernatura se renovará en 2011.

La entidad gobernada por Peña Nieto, que es la más poblada del país, recibirá 101 mil 394 millones 670 mil 45 pesos, la mayor cantidad de recursos, seguida por el Distrito Federal, que obtendrá 67 mil 610 millones y celebrará elecciones hasta 2012, y después vienen Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa…

Al respecto, Mario di Costanzo, diputado por el Partido del Trabajo y experto en el análisis del Presupuesto de la Federación, explicó que la primera parte de la estrategia del PRI consistió en ubicar a un alto número de sus diputados en las principales comisiones que se encargarían de destinar millonarios recursos a los gobernadores priistas, a fin de que ellos, a su vez, puedan decidir sobre el presupuesto y hacer campaña electoral con las obras que efectuarán.

Y luego, indicó, el PRI cerró la pinza con la elección de quien supuestamente se encargará de verificar que no haya desvío de esos recursos para los procesos electorales: el responsable de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, quien si bien no es militante de este partido, sí tiene cercanía con el coordinador de los 237 legisladores priistas, Francisco Rojas.

A su vez, Juan Pardinas, director de Análisis de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aunque no habló del posible uso de ese dinero en las contiendas electorales, sí afirmó que con la confección del presupuesto federal para 2010 “se está dejando el total del gasto público en manos de los gobernadores”.

Pardinas atribuyó responsabilidad a Felipe Calderón en ello: “Por llevar la fiesta en paz, está cediendo a todo. El presidente se está volviendo un objeto de burla de los gobernadores, y las instituciones federales simplemente no reaccionan.”

Ahora que se presentó la queja ante el IFE, que contó con la presencia del presidente del PRD, Jesús Ortega, y del coordinador de DIA, Manuel Camacho, Hernández anuncia que exigirá al IFE desahogar con rapidez el procedimiento ordinario.

“No se necesita más de un mes para que se resuelva. Claro que puede llevarse más tiempo, sobre todo si se realiza una investigación exhaustiva. Pero vamos a estar al pendiente de que eso se esté llevando a cabo y no que simplemente le den largas al asunto.”

Pero además, advierte, exigirá que si acredita que Gómez Mont, Peña Nieto y Miranda Nava violaron el principio de imparcialidad prevista en la Constitución, como se presume, sea el IFE el que aplique sanciones, no sólo que dé vista a otras autoridades.

“Pero también, si en un momento dado el IFE se limita a dar vista, eso también es muy importante, porque tendrá que resolver la queja de fondo y decir si hay violación a la Constitución o no y, si hay violación, tendría que señalar a Gómez Mont, a Peña Nieto y a su secretario de Gobierno como responsables precisamente de violar la Constitución.”

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Sus fichas en San Lázaro

Esteban David Rodríguez

Revista mexicana Proceso # 1741, 14 de marzo de 2010;

En su carrera hacia la candidatura del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto cuenta con el respaldo activo de por lo menos tres decenas de diputados federales. Los legisladores peñistas, que ocupan cinco presidencias y 28 secretarías de comisiones legislativas en la Cámara de Diputados, han obtenido para el gobernador del Estado de México un poder económico y político excepcional. Todo, bajo la coordinación de Francisco Rojas, quien sueña con el Palacio de Gobierno de Toluca tan intensamente como el cachorro del Grupo Atlacomulco sueña con Los Pinos...

Cuando Enrique Peña Nieto se presentó el 5 de noviembre del año pasado en San Lázaro con el fin de plantear sus pretensiones económicas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, una estampida de legisladores priistas –o peñistas– abandonó el salón de plenos para ir a recibirlo.

Una estampida similar, pero de miles de millones de pesos, salió 12 días después del Palacio Legislativo hacia el Estado de México, cuando los 34 diputados peñistas –incluidos el presidente y dos secretarios de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública– consiguieron que el gobierno federal le destinara 93 mil 394 millones de pesos (7.3% más que en 2009), para ejercer en un año en que el Partido Revolucionario Institucional puede decidir que Peña Nieto será su vehículo para tratar de recuperar la Presidencia de la República.

El hecho es que ningún otro gobernador había conseguido en la Cámara de Diputados el grado de control que ha logrado el cachorro del Grupo Atlacomulco, quien desde hace casi dos años se promueve intensamente –mediante campañas mediáticas que lo mismo exhiben su obra pública que a su persona y a su acompañante– como la figura priista mejor posicionada.

El poder de Peña Nieto en el Congreso de la Unión proviene de que el priismo mexiquense aportó a la mayoría tricolor nada menos que 45 diputados federales 
–alrededor de 20% del grupo parlamentario del PRI–, y con ese argumento la bancada del gobernador mexiquense ubicó a sus operadores en cinco presidencias y 28 secretarías de comisiones legislativas, mientras que el grupo del líder priista en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo, apenas consiguió para su gente cuatro posiciones de ese tipo en San Lázaro.

Aunque el grupo de Beatriz Paredes logró que la mayoría de las carteras de coordinación quedaran en sus manos, desde el 20 de agosto de 2009 la diputación mexiquense había decidido, durante un cónclave realizado en Metepec, que el coordinador de la fracción priista en la Cámara de Diputados fuera Francisco Rojas, quien se integró a la misma mediante una candidatura plurinominal y sabe que al palacio de gobierno de Toluca –al cual se ha dicho que aspira– sólo se puede llegar por el Paseo Tollocan.

Otra de las piezas centrales de Peña Nieto es Luis Videgaray Caso, diputado plurinominal que preside justamente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Asesor de Pedro Aspe Armella en la Secretaría de Hacienda durante la administración de Carlos Salinas, y de Jesús Reyes Heroles González en Banobras y en la Secretaría de Energía (Sener), funge ahora como enlace del gobernador mexiquense con la tecnoburocracia financiera conformada por figuras de la talla de Francisco Gil Díaz, Guillermo Ortiz, Luis Téllez y Agustín Carstens.

Después de su paso por la Sener, Videgaray se fue a una de las empresas fundadas por Pedro Aspe, Protego Asesores Financieros en Banca de Inversión, de la que fue subdirector general (1998-2001), para fungir como director de finanzas a partir de 2002, año en que esta empresa participó en el Programa de Certificados Bursátiles del gobierno mexiquense.

En 2005, Videgaray ingresó al gabinete de Peña Nieto como secretario de Finanzas, Planeación y Administración, al mismo tiempo que era presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) y coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (Copladem).

Por aquellos tiempos, Protego –según su propia bitácora de transacciones– consiguió para el gobierno de Peña Nieto un “crédito simple” de 160 millones de pesos, otro “crédito de corto plazo revolvente” por 500 millones y se encargó del Refinanciamiento de Certificados Bursátiles a través del Fideicomiso Maestro –una operación que representó 570 millones de pesos–, además de renegociar la deuda mexiquense, que alcanzaba los 2 mil 500 millones de pesos.

En 2006, Protego fue adquirida por el grupo financiero estadunidense Evercore Partners, en 7 millones de dólares, pero el equipo de Aspe se asimiló a la nueva estructura, según el convenio de la operación.

De 41 años, licenciado en economía por el ITAM y con doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Videgaray es la estrella del peñismo en San Lázaro.

Pero otro peñista muy bien colocado es Andrés Massieu Fernández, quien fue director de Gestoría de la Presidencia de la República con Vicente Fox, y actualmente, como diputado federal plurinominal, cumple el rol de secretario de la estratégica Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Ocupó igualmente la dirección general de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) de 2006 a 2009, donde tuvo vínculos con altos directivos de las televisoras, como el consejero de Televisa y tutor de Videgaray, Pedro Aspe Armella.

Muchos de quienes formaron parte del staff del gobernador Peña Nieto, es decir, asesores, consejeros, picaportes, fueron incorporados a la bancada peñista de la Cámara de Diputados, y con ellos el gobernador tiene al menos dos denominadores comunes: coincidencia generacional y prosapia política.

Tal es el caso, por ejemplo, del presidente de la Comisión del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria, Héctor Eduardo Velasco Monroy, diputado por el distrito número 1, con cabecera en Atlacomulco. Él es sobrino de Leopoldo Velasco Mercado, quien fue secretario general de Gobierno en la administración de Alfredo del Mazo González; primo de Marcela Velasco, secretaria de Desarrollo Económico de Peña Nieto, y hermano del director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), Santiago Velasco Monroy. Portador de una maestría en administración pública, Eduardo Velasco Monroy se desempeñó, hasta 2009, como secretario particular del gobernador Peña Nieto.

Semejante tesitura alcanza el comunicólogo José Ignacio Pichardo Lechuga –hijo del exgobernador Ignacio Pichardo Pagaza–, quien se aventuró como empresario periodístico en los años noventa con el lanzamiento, en Toluca, de Liberación, un diario con buena infraestructura que, sin embargo, tuvo una vida breve y casi inadvertida. Ahora es concesionario para la explotación de una banda radioeléctrica. Tiene 43 años, pero hizo carrera política local en los últimos tres, como subprocurador de Protección al Ambiente, como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno mexiquense en Valle de Bravo, y como asesor en Mercadotecnia y Comunicación del gobernador Peña Nieto. Hoy es secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

En la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Peña Nieto tiene dos secretarías: una, con el exalcalde de Coacalco Héctor Guevara Ramírez, y otra con Alejandro del Mazo Maza –diputado suplente en funciones del Partido Verde e hijo del exgobernador mexiquense–, quien ocupa ya el asiento que tenía la “Juanita” Carolina García Cañón (PVEM), propietaria con licencia que también fue cuota del peñismo.

Fuera de la diputación federal mexiquense también hay peñistas leales, como el abogado regiomontano Felipe Enríquez Hernández, de 39 años, quien fue diputado del Congreso de Nuevo León y secretario particular del subsecretario de Desarrollo Político de Gobernación, Natividad González Parás, cuando Emilio Chuayffet despachaba en la oficina principal de Bucareli. En 2005, Enríquez se colocó como coordinador de Planeación Estratégica de la campaña de Peña Nieto por la gubernatura, y ahora es secretario de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, donde respalda las iniciativas de Videgaray.

Otro que no es mexiquense pero sí peñista es el diputado Héctor Aguirre Herrera, secretario de la Comisión de Transporte. Él es hijo del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y también a él se destinó la creación del puesto de jefe de departamento de Vinculación y Organizaciones Políticas en la Subsecretaría de Desarrollo Político –encabezada por Alejandro Nieto Enríquez– de la Secretaría de Gobierno del Estado de México, el 12 de agosto de 2008. En mayo de 2009, Aguirre Herrera ya andaba en campaña allá en Acapulco.

Varios montielistas –como Peña mismo– trabajan en San Lázaro por la causa del gobernador mexiquense. Es el caso de Manuel Cadena Morales, aspirante vitalicio a la gubernatura mexiquense, excoordinador de campaña y exsecretario de Gobierno de Arturo Montiel, que ahora preside la Comisión Especial para Vigilar el Correcto Uso de los Recursos Federales, Estatales y Municipales en Procesos Electorales.

Una ficha más de Peña Nieto es el priista –y diputado gracias al Partido Verde– Juan José Guerra Abud. Fue secretario de Desarrollo Económico (1993-2000) del gobierno del Edomex en las administraciones de Chuayffet y César Camacho Quiroz, además de colaborador de la campaña de Arturo Montiel por la gubernatura en 1999. Hay quienes le llaman el “diputado Kenwoort” por su conocida cercanía con la industria de automotores y la confianza que le dispensa Samuel Means, presidente de Kenworth Mexicana, la armadora de camiones pesados dominante en el mercado nacional.

Guerra Abud encabezó durante casi una década (2001-09) la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), cuyo consejo ejecutivo está compuesto por los directores de las compañías fabricantes de camiones con subsidiarias en México. Es integrante del Consejo Mexiquense de Infraestructura desde 2007 y consejero de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple EFIM, S.A. En San Lázaro se desempeña como secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública –donde trabaja con los peñistas Videgaray y Felipe Enríquez–, y, para mayor satisfacción del priismo mexiquense, como coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde.

Los amarres

Cuando Peña Nieto fue coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso mexiquense (2003-05) tuvo bajo su férula a algunos de los actuales diputados federales, como José Ignacio Rubí Salazar, quien fue alcalde de Ixtapan de la Sal y después se integró al gabinete peñista como secretario de Trabajo (2006-09). Rubí es hoy presidente de la Comisión de Comunicaciones en San Lázaro.

Uno más es el curtido Humberto Benítez Treviño, exprocurador general de la República, quien se ha quedado varias veces en la antesala de la gubernatura mexiquense y fue secretario de Gobierno en la administración de Peña Nieto hasta el primer trimestre de 2009. Actualmente preside la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Entre los miembros de aquella legislatura local puede contarse, asimismo, al actual diputado federal Felipe Borja Texocotitla, un exalcalde de Axapuxco que fue director general de Obras Públicas del gobierno de Arturo Montiel. Hoy forma parte del Consejo de Administración de la financiera privada Unión de Crédito Industrial y de Servicios Vallemex, S.A., de la cual es socio principal Abel Domínguez Rivero, dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) desde 2006.

Esa central sindical, nacida en los años setenta en el Estado de México con el beneplácito y auspicio del gobernador Carlos Hank González –celebraba contratos en todos los estados del país–, se consolidó en los años ochenta como una de las principales clientelas gremiales corporativas del priismo mexiquense.

Leonel Domínguez Rivero –quien fue tres veces diputado local y dos veces federal, así como vicepresidente del Congreso del Trabajo federal– y su hermano Abel, originarios del municipio de Zumpango, fundaron esa central obrera. Además de sus propias cosechas de poder, la influencia de Leonel promovió la carrera política de Alberto García Cuevas, su yerno, quien llegó a secretario de Gobierno y a presidente del PRI en el Estado de México, en tiempos del virreinato de Arturo Montiel, para luego colocarse, con Peña Nieto en el poder, como subsecretario de Gobierno.

El 18 de noviembre de 2006, el gobernador Peña Nieto acudió a presentar sus condolencias a los deudos de Leonel Domínguez, en Zumpango, donde se ubica la que fuera finca de descanso del cacique gremial. Entre los dolientes se encontraba uno de sus hijos, el hoy diputado federal Raúl Domínguez Rex, oficial mayor de la CTC –su tío Abel es el secretario general– y secretario de la Comisión de Gobernación en la Cámara baja.

Pero fue el secretario general adjunto de esa organización, y presidente del Congreso del Trabajo en el Estado de México, el abogado Amador Monroy Estrada, quien recibió un encargo directo del gobernador Peña Nieto: recuperar para el PRI el municipio de Tlalnepantla. Monroy –secretario general de la Federación de Trabajadores de Tlalnepantla desde 1980, así como del Sindicato de Trabajadores del Montaje, Construcción de Estructuras, Maquinaria y Transformación del Metal de la República Mexicana, entre decenas de gremios–, es uno de los secretarios peñistas de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en San Lázaro. Los otros son Israel Ledezma Magaña, dirigente de la CROC y diputado por Cuautitlán, y Diego Guerrero Rubio (PVEM).

Otro activo sindical de Peña Nieto es Héctor Hernández Silva, dirigente oficialista del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, a partir de 2006, gracias al impulso del gobernador mexiquense, quien lo ayudó a deshacerse de una fuerte disidencia dentro de esa organización, la cual tiene 80 mil agremiados. En las elecciones de 2009 fue operador electoral, y muy ocupado estuvo en la conformación de numerosas fórmulas distritales. Silva es secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

En una de las secretarías de la Comisión de Economía, Peña Nieto dispone igualmente de José Luis Velasco Lino, exdirigente de la Coparmex en la entidad; en la de Desarrollo Social cuenta con Maricela Serrano, dirigente de Antorcha Campesina, y en la de Función Pública su grupo logró colocar a Cirino Valdés Hueso.

El coordinador de la diputación federal priista del Estado de México es Emilio Chuayffet, exgobernador de esa entidad y uno de los tutores políticos del actual gobernador mexiquense, junto con Arturo Montiel.

Sin cartera, pero con mando y reconocimiento, en la bancada peñista destacan: Alfonso Navarrete Prida, procurador de justicia transexenal Montiel-Peña Nieto (2001-2008) y secretario de Desarrollo Metropolitano de 2008 a 2009; Miguel Ángel Terrón Mendoza, exmagistrado de lo Contencioso Administrativo en el Estado de México, exalcalde de Metepec, secretario particular del presidente del PRI mexiquense en 1991 –es decir, de Montiel– y diputado federal suplente en funciones de éste durante la LV Legislatura, y Alfonso Mancilla Zayas, hijo del exalcalde de Naucalpan Sergio Mancilla Guzmán, coordinador de Vinculación Política de la campaña de Peña Nieto por la gubernatura en 2005, y jefe de la oficina de Compromisos del gobernador.

Tales son, entre otras, las fichas con las que juega Enrique Peña Nieto soñando en Los Pinos