El ejecutivo refiere que es necesario contar con una ley que norme el diseño, organización, operación y funcionamiento de la infraestructura penitenciaria, a la par de establecer criterios generales para que las instalaciones y el personal penitenciario sean los idóneos para aplicar el nuevo modelo de reinserción plasmado por la reforma de junio de 2008 al artículo 18 constitucional.
En el proyecto se plantea la operación de centros penitenciarios federales de seis niveles de seguridad, que van desde la mínima hasta la máxima y súper máxima, los cuales contarán con la aplicación de tecnologías para la supervisión y vigilancia de los internos.
Destaca que a través del Sistema Único de Información Criminal se llevará el control del registro de procesados y sentenciados en cada uno de los complejos, centros e instalaciones penitenciarias federales.
Del mismo modo, de los beneficios que correspondan a los sentenciados, con base en la información generada de los procesos legales correspondientes.
También llevará el control y vigilancia de la población sentenciada y procesada en libertad, así como de los servicios de atención a internos y familiares en torno a información relativa al proceso penal, sentencia o trámites realizados ante dicho órgano.
Propone impulsar un nuevo esquema legal que incluye al Poder Judicial a través de los Jueces de Ejecución que, en su caso, modifiquen y determinen la duración de la pena bajo el esquema del nuevo sistema penal acusatorio adversarial previsto en la Carta Magna.
Agrega que con la reforma propuesta, el Juez de Ejecución no sólo tendrá facultades para el otorgamiento de beneficios a los sentenciados, sino que procurará también la reparación del daño a la víctima del delito.
Contempla que un factor fundamental en el quehacer penitenciario para la reinserción del sentenciado a la sociedad, es a través de los ejes del trabajo, la capacitación laboral, la educación, la salud y el deporte.
En este tenor, se prevé la figura de la industria penitenciaria como un mecanismo para consolidar actividades productivas e industriales en los complejos o centros penitenciarios federales, que coadyuven en la generación de oportunidades de empleo para los internos.
En su propuesta, el ejecutivo considera indispensable combatir la corrupción al interior de los centros penitenciarios federales y locales, para terminar con los privilegios que disfrutan algunos de los reclusos en perjuicio de la sociedad.
Advierte que de no actuar para ajustar la estructura de la administración penitenciaria a fin de que funcione eficaz y eficientemente, se corre el riesgo de perder la lucha contra la delincuencia organizada, además de poner en peligro la seguridad pública, la justicia, así como el desarrollo político, económico y social del país.
En este sentido, señala que es necesario reforzar la vigilancia para detectar y eliminar los mecanismos que permiten a los criminales seguir operando sus redes de delincuencia desde el interior de los centros penitenciarios, “esto incluye observar el comportamiento del personal encargado de la seguridad para castigar a quienes se corrompen y facilitan la operación delictiva intramuros”.
Para tal efecto, agrega, se requiere modernizar el Sistema Penitenciario con la tecnología que garantice la seguridad al interior de los centros de reclusión y recuperar su sentido original como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados.
Menciona que si bien en junio de 2008 se llevó a cabo una reforma constitucional en materia de justicia penal, con avances sustanciales para procurar la no reiteración de la conducta delictiva por parte de aquellos que delinquen y con la generación de una nueva figura procesal como es la del Juez de Ejecución, también lo es que otros temas de la seguridad pública siguen pendientes, particularmente, el Sistema Penitenciario.
En el documento, el ejecutivo señala que de acuerdo con datos registrados, a julio de 2009 la población de los 441 centros penitenciarios del país era de 218 mil internos, de los cuales 129 mil 513 contaban con sentencia, mientras que los restantes 89 mil 352 (40.83 por ciento) estaban sujetos a proceso.
Añade que la capacidad total instalada era de 167 mil 346 espacios, con un déficit de alrededor del 30.79 por ciento. Para julio de 2010, añade el documento, el Sistema Penitenciario se integró por 429 centros de reclusión, con una capacidad de 176 mil 911 espacios.
Al mes de enero del presente año, concluye, la sobrepoblación fue de 21.7 por ciento, lo que representa un déficit de 39 mil 501 espacios.
De inmediato el Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, la turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Justicia para dictamen correspondiente.
La iniciativa tiene prioridad, debido a que el legislador permanente dio –una vacatio legis- un plazo de 3 años y se vence el próximo 18 de junio; en esa fecha debe estar ya funcionando el Juez especializado en la materia.
La iniciativa propone reformar la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación, para mejorar la tecnología de seguridad para hacer frente al incremento de la población penitenciaria, la operación criminal desde los centros penitenciarios y la corrupción que existe en el interior de los mismos.
El titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, refiere de manera escrita en la presentación de este documento que es necesario contar con una Ley que norme el diseño, organización, operación y funcionamiento de la infraestructura penitenciaria federal y establecer criterios generales para que las instalaciones y el personal penitenciario sean idóneos.
Y advierte que: “De no actuar para ajustar la estructura de la administración penitenciaria para que funcione eficaz y eficientemente en las condiciones que imponente los eventos nacionales, se corre el riesgo de perder la lucha contra la delincuencia organizada, la seguridad pública, la justicia, así como el desarrollo político, económico y social del país”.
Explica también que la iniciativa que expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones pretende regular el tema de la reinserción y la ejecución de penas, bajo un modelo transversal que atienda la problemática desde distintos enfoques.
En ese sentido, el marco jurídico que se propone con el diseño de una infraestructura y tecnología penitenciaria acorde a los niveles de seguridad, custodia e supervisión al interno, permite resguardar, proteger y asistir al sentenciado de acuerdo a la observación y supervisión requerida para su nivel de custodia.
De igual forma, se prevén las reglas para determinar y efectuar los traslados nacionales e internaciones de internos, los cuales se llevaran a cabo acorde a los niveles de seguridad y custodia, así como a la evaluación interdisciplinaria a que esté sujeto para procurar su reinserción social.
Entre sus capítulos, destaca la creación de los centros especiales y de las medidas de vigilancia especial, las cuales plantean las normas especiales para hacer frente a la inseguridad en los centros penitenciarios. Asimismo, propone mejorar los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario del personal penitenciario.
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