Prensa acosada, estrangulada

Prensa acosada, estrangulada/RAFAEL CRODA

Revista Proceso # 1954, 12 de abril de 2014

El ambiente en el cual deben trabajar los periodistas independientes venezolanos ha empeorado paulatinamente. Primero, censura y amenazas; ahora, control oficial: empresarios cercanos al gobierno han adquirido grandes medios que tradicionalmente estaban en la oposición. Por otra parte el gobierno estrangula a algunos periódicos con el método de privarlos de papel. Y la cosa empeora: Nairobi Pinto, jefa de corresponsales de la cadena Globovisión, fue secuestrada… y se sospecha que se trató de una acción gubernamental de amedrentamiento.

BOGOTÁ.- Varias renuncias de periodistas de diferentes medios cuyos trabajos fueron censurados por presiones del gobierno pusieron de relieve en los últimos días la difícil situación de la prensa no oficialista de Venezuela.

“Las restricciones a la libertad de expresión han aumentado en estas semanas de conflictividad social como resultado de un gobierno que busca silenciar en los medios las protestas y no respeta ni protege el derecho de informar. Por el contrario, busca instalar una hegemonía comunicacional. Las últimas renuncias de periodistas y el aumento de agresiones contra comunicadores así lo demuestran”, dice a Proceso Andrea Garrido, oficial de Medios y Responsabilidad Social de la organización no gubernamental Espacio Público.

 “Con estos obstáculos informativos la gente ha acudido a internet para conocer las noticias. Esto ha causado un aumento de entre 15 y 45% del tráfico de datos en la red y el gobierno aprovecha para generar acciones de saturación del ciberespacio y para bloquear el acceso a los sitios web de información críticos o independientes”, asegura.

 Otra forma de presión son los obstáculos­ a la importación de papel, lo cual ha obligado a los diarios no oficialistas a cerrar o reducir su paginación. Los funcionarios del régimen también han optado por un método más sutil y efectivo: la cooptación.

 Nathalie Alvaray, periodista y vicepresidenta de medios de la Cadena Capriles, renunció el pasado 7 de marzo a ese conglomerado de las comunicaciones, el mayor del país, con el argumento de que el nuevo presidente-editor, David de Lima, exgobernador chavista del estado Anzoátegui y muy cercano al presidente Nicolás Maduro, llegó al cargo para imponer una línea oficialista.

 La cadena, que entre varios otros diarios publica Últimas Noticias, el de mayor circulación en Venezuela, fue vendida el año anterior a la multinacional Latam Media Group –con el presunto respaldo de un banquero cercano al gobierno– y desde entonces se ha producido un viraje en su política editorial, que se volvió “chavista” a juzgar por sus contenidos.

 “El periodismo primero”, escribió Alvaray en su cuenta de Twitter el día de su renuncia, la cual fue secundada, el 17 de marzo, por la jefa de investigación de Últimas Noticias, Tamoa Calzadilla, quien denunció la censura a un amplio reportaje colectivo sobre las protestas sociales en Venezuela que documentaba la violenta represión a los manifestantes.

 Los periodistas del diario colocaron ese día carteles en la redacción con la frase: “El periodismo primero”.

 El pasado 28 de marzo los corresponsales de Globovisión en el interior del país Madelyn Palmar, Doricier Alvarado y Jesús González renunciaron a ese canal –el único de señal abierta que mantenía una postura crítica, hasta su venta el año anterior a inversionistas afines al gobierno– luego que éste censuró varias de sus informaciones relacionadas con las protestas, incluso imágenes en las cuales se observa a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reprimiendo, junto con grupos de encapuchados conocidos como “colectivos”, a manifestantes de la oposición.

 Alvarado, corresponsal en el estado Lara, dijo que una directriz editorial impuesta por los nuevos propietarios del canal es suprimir de los despachos informativos las palabras “protestas” y “sociedad civil”, reemplazadas­ por “manifestaciones” y “colectividad”.­

 Y lo peor: el domingo 6 fue secuestrada Nairobi Pinto, jefa de corresponsales de Globovisión. El ministro del Interior, el general Miguel Rodríguez Torres, insinuó que opositores al gobierno habrían realizado el secuestro. Pero el martes 8 la dirigente estudiantil Gaby Arellano reveló que Pinto es su amiga cercana, atribuyó su desaparición a motivaciones políticas y responsabilizó a Rodríguez Torres.

 Censura y sometimiento

 El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela, Tinedo Guía, sostiene que las presiones gubernamentales contra los medios se han traducido en la “autocensura” de un segmento importante de la prensa, lo cual “es lamentable porque una parte muy importante de la población venezolana se siente defraudada ante el silencio informativo”.

 Miles de jóvenes venezolanos protagonizan desde febrero pasado protestas que hasta el miércoles 9 han dejado 39 muertos, al menos 600 heridos y más de 600 detenidos, en su mayoría estudiantes universitarios.­

 El gobierno de Maduro afirma que en el país está en marcha un “plan de desestabilización promovido por la oposición y el imperialismo yanqui”, y sostiene que las protestas están focalizadas en los barrios de clase media y alta del este de Caracas y el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, un tradicional bastión opositor.

 “Cuando un periodista, en ejercicio de su profesión, muestra hechos concretos de represión, de autoritarismo del régimen, quedan desnudadas ante la opinión pública las mentiras que han ido construyendo y el discurso oficial de descalificación de la protesta. Por eso el interés en censurar, ocultar o cooptar a los medios vía adquisiciones de empresarios allegados al gobierno”, señala Guía.

 Otro instrumento de presión que utiliza el régimen es la aplicación discrecional de regulaciones que organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideran restrictivas para la libertad de expresión.

Una es la norma que autoriza al gobierno a revisar cada cinco años las concesiones de los medios electrónicos, lo que sirve para premiar o castigar a los concesionarios. La otra es la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que prohíbe la divulgación de contenidos “que hagan apología del odio y la violencia, los llamados al desconocimiento de las autoridades y a alterar la paz pública”.

El pasado 12 de febrero, mientras se desarrollaban en varias ciudades del país masivas marchas que culminaron con tres muertos y marcaron el inicio de la ola de protestas que vive Venezuela, el director del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo, amenazó a los medios electrónicos que cubrían las manifestaciones, incluidos los digitales, con aplicarles sanciones severas –desde multas millonarias hasta el cierre– si divulgaban imágenes de los enfrentamientos entre la policía y los estudiantes.

“El gobierno aplica una estrategia que abarca una amplia gama de medidas para apoderarse del sistema de comunicaciones de Venezuela, que ya controla en gran parte. Con leyes que aplica en forma discrecional, con amenazas, con compras de medios a través de empresarios afines, ha terminado por cooptar a la mayoría de la prensa privada del país”, indica el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz.

Según el dirigente gremial y reportero de Últimas Noticias, en Venezuela quedan aún medios no oficialistas, como los tradicionales diarios El Universal y El Nacional de Caracas, ambos de circulación nacional, y varios de alcance regional. “A la mayoría de medios independientes los doblegaron o acabaron metiéndoles mano vía adquisiciones, y los que quedan están agobiados por la falta de papel”, afirma.

Entre los “doblegados” menciona a Venevisión, la cadena del Grupo Cisneros, cuyos espacios informativos “denotan un claro sesgo para invisibilizar a amplios sectores del país identificados con las protestas”.

Para Ruiz lo ocurrido con Globovisión fue una “tragedia porque con su venta y cambio de línea editorial se perdió una tribuna fundamental para conocer en un canal abierto de televisión la otra parte de la historia, la que protagoniza un sector de la población que no está con el gobierno”.

Tras la adquisición de esa televisora por parte de empresarios cercanos al chavismo, en mayo de 2013, unos 50 periodistas conocidos por sus posturas críticas al gobierno han sido despedidos o renunciaron.

“Complot mediático”

Sergio Briseño García, periodista y profesor de filosofía de la educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, es un simpatizante del chavismo convencido de que Venezuela “es uno de los países del mundo donde hay más libertades de expresión”.

Afirma que basta revisar los diarios El Universal y El Nacional “para ver cómo en ellos la oposición dice absolutamente todas las cosas que se le ocurren del gobierno y nadie dice nada, nadie influye sobre eso.

Según Briseño, los gremios de periodistas que critican la falta de libertad de expresión en Venezuela, como el CNP y el SNTP, están “dominados por la ultraderecha y por los dueños de los periódicos privados”.

Un folleto electrónico del Ministerio para la Comunicación y la Información que comenzó a circular hace unos días en español e inglés afirma que el gobierno es víctima de un “complot mediático” en el cual “las tareas de propagación de rumores y ejecución de operaciones de guerra psicológica incluidas en el manual del golpe lento (un supuesto método del politólogo estadunidense Gene Sharp para minar la estabilidad del poder establecido) han sido ejecutadas a cabalidad por los medios de comunicación privados venezolanos, que no han tenido escrúpulos para falsear la realidad a través de burdos mecanismos de manipulación haciendo uso de métodos de desinformación, como la invención, tergiversación y omisión.

“Un ejemplo de ello –afirma– ha sido la presentación de multitud de fotos y videos de hechos violentos ocurridos en otras partes del mundo como si hubieran sucedido en Venezuela. Imágenes de Siria, Egipto, Brasil, España, Chile, Colombia y otros países han servido a los periódicos y medios digitales para ilustrar fraudulentamente la situación de Venezuela”, agrega el folleto de 47 páginas titulado Venezuela se respeta.

Para el ministerio a cargo de la abogada Delcy Rodríguez, “igual función han cumplido los medios internacionales, que se han unido en un compacto bloque para describir a la Venezuela actual como un país al borde de la guerra civil que requiere de una intervención internacional que proteja a los ciudadanos venezolanos de una feroz dictadura que viola los derechos humanos fundamentales”.

Sin papel

Andrea Garrido considera que la crisis del papel que viven los diarios venezolanos desde agosto de 2013 constituye un elemento adicional de coacción contra la prensa crítica, pues los rotativos oficialistas no tienen ese problema.

Dice que por falta de papel y tinta han dejado de circular 10 diarios y una revista en el país, otros 12 tienen serios problemas para mantener sus tirajes y paginación habitual y 18 más están en riesgo de cerrar porque les resulta imposible importar la materia prima. El Nacional circula con sólo 10 páginas por ejemplar, la cuarta parte de las que tenía hace un año.

En respuesta a esta crisis, la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos envió el martes 1 a la vecina Venezuela un cargamento de 52 toneladas de papel periódico para otorgárselas en calidad de préstamo a El Nacional (Caracas), El Impulso (Barquisimeto) y El Nuevo País (Maracaibo), a fin de evitar su cierre por falta de suministro.

Sin embargo hasta el jueves 10 el cargamento seguía varado en un puesto fronterizo de la Guardia Nacional de Venezuela en el estado de Zulia.

El diario El Tiempo de Colombia señaló en su editorial del pasado miércoles 2 que con ese gesto la prensa colombiana “busca enviar el mensaje a nuestros colegas, y en particular a los venezolanos, de que no están solos en este crucial momento de su historia”. Lo que está en juego “es el derecho de 30 millones de venezolanos a contar con una prensa libre”, agregó.

Garrido sostiene que es “inaceptable” que el gobierno intente descalificar a los medios críticos con el argumento de que tratan de desestabilizar al país, lo cual se convirtió en un “discurso trillado”. La pluralidad de opiniones, señala, es parte esencial de un sistema democrático y sólo con una prensa independiente se garantiza ese ejercicio.

Agrega que en Venezuela “el gobierno pretende establecer una línea de comunicación única, alineada con su discurso, y mediante la descalificación pretende justificar sus arremetidas y el hostigamiento judicial contra los medios críticos”.

El diario Tal Cual, que dirige el exguerrillero e intelectual opositor Teodoro Pet­koff, acumula ocho procesos judiciales en su contra, el último de ellos por un artículo­ de Carlos Genatios en el cual atribuyó al presidente de la unicameral Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la frase: “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”.

Cabello, segundo hombre más poderoso del país, demandó por “difamación agravada” a Genatios, a Petkoff y a los miembros de la junta directiva de Tal Cual. El pasado 6 de marzo un juzgado admitió la denuncia y prohibió a los acusados salir del país. Ellos enfrentan la posibilidad de ser condenados a entre dos y cuatro años de cárcel y a ser multados con hasta 100 mil 793 dólares.

Una permanente forma de satanizar a los medios críticos en el discurso oficial es que pertenecen a la ultraderecha acaudalada de Venezuela o que reproducen sus intereses, lo cual, para Garrido, resulta una forma de desviar la atención del problema de fondo: el respeto a la libertad de expresión.

“Más allá de que los diarios no oficialistas sean manejados o no por grupos económicos pudientes, son diarios que tienen una historia en el país y todo un recorrido durante el cual se han forjado un lugar ante la opinión pública. Pero en el caso de Globovisión, por ejemplo, vemos que este canal fue comprado por gente allegada al gobierno que también tiene un poder económico impresionante, así como el banquero (Víctor Vargas, presidente de Banco Occidental) que se menciona que está atrás de la compra de la Cadena Capriles”, indica la dirigente de Espacio Público.

Ruiz dice que, en el marco de la ola de protestas, han proliferado los ataques a los reporteros que cubren las manifestaciones. Hasta el pasado jueves 3 el dirigente sindical tenía documentadas 120 agresiones a periodistas, de las cuales más de las dos terceras partes fueron autoría de los cuerpos estatales de seguridad, en especial la GNB, rama militar que desde hace dos meses asumió el control del orden público.

“Además los periodistas están siendo sometidos a procesos de investigación (relacionados con las protestas) en los que están siendo llamados a declarar como testigos y se les obliga a revelar sus fuentes, lo que es una violación más a un derecho fundamental de los periodistas”, indica.