El narco y los gobernadores priistas

El narco y los gobernadores priistas/JESÚS CANTÚ

Revista Proceso # 1954, 12 de abril de 2014

Los tres exgobernadores mexicanos (uno interino) acusados de estar involucrados con cárteles del narcotráfico son priistas, y dos de ellos gobernaron en entidades sacudidas por la violencia, los altos índices delictivos y la inseguridad.

El primer exmandatario vinculado a las organizaciones de la delincuencia organizada fue Mario Villanueva Madrid, quien gobernó Quintana Roo de 1993 a 1999 y estuvo prófugo de la justicia más de un año hasta que fue detenido en 2001, para ser extraditado a Estados Unidos en mayo de 2010. En el vecino país, el pasado 28 de junio de 2013 fue condenado a 131 meses de prisión tras declararse culpable de lavado de dinero; en México recibió también sentencia condenatoria por el mismo delito en junio de 2008. (La entidad peninsular es la única de las tres gobernadas por mandatarios inculpados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada que no figura entre las más convulsionadas por la violencia y la inseguridad.)

A principios de 2012, al inicio del proceso electoral presidencial de dicho año, se filtró a la opinión pública la presunta persecución de tres exgobernadores tamaulipecos. Sin embargo, poco tiempo después quedó claro que el único expediente que logró integrarse en Estados Unidos fue en contra de Tomás Yarrington, a quien acusan de introducir al vecino país, a través de prestanombres, más de 7 millones de dólares, entre 2008 y 2012, presuntamente provenientes del Cártel del Golfo.

De acuerdo con información difundida en el noticiario de Carmen Aristegui, en MVS, el pasado 21 de marzo, después de dos años de acusaciones, el fiscal Kenneth Magidson, del sur de Texas, firmó la solicitud para que la Corte con sede en Brownsville gire la petición de arresto con fines de extradición del exgobernador mexicano.

El más reciente caso es el de José Jesús Reyna García, exgobernador interino y exsecretario de Gobierno del estado de Michoacán, quien fue arraigado desde el sábado 5 de abril por presuntos vínculos con el cártel de Los Caballeros Templarios. Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, confirmó el 7 de abril que, de acuerdo con las investigaciones, podían tener la certeza de que Reyna había tenido reuniones con líderes de las organizaciones que operan en el estado, y “hasta con el líder más importante”.

Los señalamientos de que el PRI había establecido algún tipo de convenio con el principal cártel asentado en la entidad se hicieron públicos desde el mismo 2011, durante el convulsionado proceso electoral para la renovación de la gubernatura. El 2 de noviembre de ese año, 11 días antes de la jornada electoral, fue asesinado el alcalde panista de La Piedad, y el mismo día de los comicios apareció en el periódico AM de dicho municipio un desplegado firmado por el cártel advirtiendo: “A toda la población le queremos decir que no queremos más PAN en ningún nivel de gobierno, ya que tienen pactos con grupos que roban, extorsionan, violan y secuestran a gente inocente. No usen playeras ni propaganda del PAN, no queremos confundirlos y que haya muertos inocentes”.

Dichos acontecimientos movieron al mismo presidente Felipe Calderón a denunciar, el 6 de diciembre de ese mismo año, la presencia del crimen organizado en los procesos electorales. Posteriormente, los señalamientos se fueron centrando en Reyna, y entre las denuncias públicas que se hicieron se encuentran las de José Manuel Mireles, uno de los líderes de las autodefensas, y la filtración de un supuesto informe del entonces secretario de Seguridad Pública estatal, Elías Álvarez, que consignaba dos reuniones de Reyna con Servando Gómez, La Tuta, durante el proceso electoral.

Lo cierto es que, hoy, dos (Michoacán y Tamaulipas) de las tres entidades (la tercera es el Estado de México) que concentran la atención del gobierno federal en materia de seguridad, también comparten el presunto involucramiento de exmandatarios tricolores con los grupos del crimen organizado.

En Michoacán y el Estado de México, el gobierno federal ya decidió, aunque por vías muy distintas, asumir directamente el control de las fuerzas policiacas; mientras que en el caso de la entidad fronteriza es inexplicable la pasividad que han mostrado frente a las repetidas olas de violencia e inseguridad. La última oleada comenzó el 31 de marzo con enfrentamientos y narcobloqueos en Matamoros; continuó al día siguiente en Reynosa; y sus más recientes expresiones se dieron la semana pasada en Tampico, es decir, en el extremo sur de la entidad, con tiroteos y persecuciones que causaron la muerte de 28 personas, de acuerdo con el mismo gobierno.

Sin embargo, Tamaulipas vive bajo fuego prácticamente desde 2007, un par de años después de que concluyó su periodo (1999-2005) Yarrington y cuando Alejandro Sáenz, entonces dirigente estatal del PAN, denunció que era el narcotráfico el que quitaba y ponía candidatos. La lista de crímenes va desde los casi 300 cadáveres localizados en diversas narcofosas en San Fernando; los asesinatos, secuestros y desapariciones de periodistas; los atentados contra medios de comunicación; los desalojos masivos de municipios; los secuestros de camiones de pasajeros repletos, y hasta el asesinato del candidato priista a gobernador una semana antes de la elección en 2010.

A pesar de esto, el gobierno federal se ha limitado a enviar más tropas federales y a apoyar con los operativos por las vacaciones de primavera. Aun cuando las condiciones de violencia e inseguridad (como se muestra en Proceso 1953) son iguales o peores que las que prevalecían en Michoacán (enero) y en el Estado de México (marzo), cuando la Secretaría de Gobernación decidió tomarlas bajo su control.

El crimen organizado controla amplias regiones del territorio tamaulipeco desde hace casi una década, pero inexplicablemente nunca ha sido motivo de una intervención especial del gobierno federal, como sí lo fueron Chihuahua (particularmente Ciudad Juárez, durante el sexenio de Calderón) y ahora Michoacán y el Estado de México. Una intervención mayor en la entidad fronteriza eventualmente evidenciaría complicidades todavía más graves que la que hoy se presume en Michoacán.

Probablemente por eso el gobierno federal optó por una vía distinta en el Estado de México y por la inacción en el caso de Tamaulipas; prefiere tolerar la violencia y la inseguridad que descubrir más vínculos de sus mandatarios o exmandatarios con el crimen organizado. Seguramente estos vínculos y complicidades no son exclusivos de los gobernadores tricolores, pero hasta el momento sus entidades son las que muestran estas coincidencias: altos niveles de inseguridad e investigaciones judiciales en marcha.