Para
la DEA, una presa perdida/J.
JESÚS ESQUIVEL
Revista Proceso # 1963, 14 de junio de 2014
WASHINGTON.-
Desde los años ochenta del siglo pasado, Juan José Esparragoza Moreno, El Azul,
aparecía en los informes de la Administración Federal Antidrogas (DEA) como un
narcotraficante “muy peligroso”, astuto y de bajo perfil, pero también como el
responsable de los enlaces del Cártel de Guadalajara con las bandas criminales
de Colombia para traficar cocaína a Estados Unidos.
La
DEA quería vivo o muerto al narcotraficante oriundo de Sinaloa y ofrecía una
recompensa de 5 millones de dólares a quien le proporcionara información para
capturarlo. Jamás lo consiguió; El Azul presuntamente murió hace días de un
paro cardiaco y se libró de una eventual captura, el correspondiente proceso de
extradición y quizá de terminar en una prisión estadunidense.
Tras
la disolución del Cártel de Guadalajara después que el 7 de febrero de 1985 sus
integrantes secuestraron y posteriormente torturaron hasta la muerte, al agente
de la DEA asignado a la capital de Jalisco, Enrique Kiki Camarena, Esparragoza
se volvió aún más cauteloso y, con varios paisanos sinaloenses, formó un cártel
más poderoso: el de Sinaloa.
Ya
en la década de los noventa, según los más de 30 encausamientos judiciales
interpuestos contra él en varias cortes federales de Estados Unidos, era una
especie de fantasma que se encargaba de las relaciones de la organización
sinaloense con el capo más poderoso del mundo en ese entonces, el colombiano
Pablo Escobar Gaviria.
Junto
a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, e Ismael Zambada García, El Mayo, entre otros
cabecillas del Cártel de Sinaloa, El Azul fue una pieza clave para meter
cocaína colombiana a México y posteriormente
–incluso
en colaboración con los cárteles de Tijuana, del Golfo y de Juárez, entre
otros– para pasar la droga por la frontera norte.
Siempre
en segundo plano en comparación con otros capos mexicanos, El Azul fue difícil
de cazar. Ya fuera por la corrupción en el gobierno y en las corporaciones policiacas
de México o por la falta de voluntad de las autoridades para capturarlo, la
Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos tuvieron que crear una nueva
estrategia.
El
3 de diciembre de 1999, el entonces presidente de Estados Unidos, William
Clinton, promulgó la legislación conocida como Kingpin Act, con la cual
Washington comenzó a mermar el poder del Azul.
La
Kingpin Act, que sigue vigente, tiene como objetivo “negar a narcotraficantes
significativos, a sus negocios y a sus operadores el acceso al sistema
financiero de Estados Unidos por medio de transacciones comerciales con
compañías o individuos sujetos a la jurisdicción estadunidense”.
A
través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en
inglés) del Departamento del Tesoro, el presidente de Estados Unidos autoriza
que se confisquen bienes y congelen las cuentas bancarias a ciudadanos
extranjeros identificados como narcotraficantes significativos.
Aunque
la Kingpin Act se promulgó en 1999, fue en septiembre de 2003 cuando el sucesor
de Clinton, George W. Bush, catalogó a Esparragoza Moreno como narcotraficante
significativo y sus finanzas comenzaron a sufrir.
El
28 de febrero de 2004, por medio del fiscal federal Johnny Sutton, el
Departamento de Justicia informó que en un encausamiento formulado desde
diciembre de 2002 acusó al Azul de importar desde México grandes cantidades de
mariguana para distribuirla en Estados Unidos. En ese expediente judicial
también fueron implicados Arturo Beltrán Leyva, Raúl González, Juan Robles y
Juan Robledo, miembros del Cártel de Sinaloa.
En
esa fecha, además de darse a conocer públicamente el primer encausamiento
contra Esparragoza Moreno, se anunció la recompensa que ofrecía la DEA por el
capo. La agencia lo ubicó entre los cinco narcos más buscados del mundo,
listado del que salió y al cual se reintegró muchas veces.
Bajo
ataque financiero
La
OFAC realizó su primera acción contra Esparragoza Moreno el 24 de septiembre de
2012, cuando el Departamento del Tesoro designó a 10 entidades y nueve personas
como enlaces del Azul para el contrabando de drogas y lavado de dinero. Se
asentó así que familiares del capo le servían de fachada para lavar dinero
procedente de la venta de estupefacientes en Estados Unidos.
Entre
las nueve personas señaladas se destacaba María Guadalupe Gastélum Payán, una
de las esposas del Azul, a quien se le atribuyó la propiedad de una empresa en
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. La firma, Grupo Cinjab, S.A. de C.V., junto con
Grupo Impergoza, S.A. de C.V., presuntamente se encargaban de manejar el
desarrollo inmobiliario Provenza Residencial, del centro comercial Provenza y
del parque industrial La Tijera.
También
fueron imputados cuatro hijos que El Azul procreó con Gastélum Payán: Brenda
Guadalupe, Cristian Iván, Juan Ignacio y Nadia Patricia Esparragoza Gastélum.
Ofelia Monzón Araujo, otra presunta esposa del capo, también fue vetada por la
OFAC, igual que Juvencio Ignacio González Parada, Elvira Araujo Monzón, Ulises
Guzmán Ochoa y Martín Humberto Ponce Félix.
Las
empresas afectadas fueron siete gasolineras ubicadas en Culiacán: Servicios
Buenos Aires, Estaciones de Servicios Canarias, Gasodiesel y Servicios Ancona,
Gasolinera Álamos Country, Gasolinera y Servicios Villabonita, Petrobarrancos y
Servicios Chulavista.
El
10 de octubre de 2012 la OFAC agregó otras dos razones sociales a esa lista:
Socialika Rentas y Catering, S.A. de C.V., registrada en Cancún, Quintana Roo,
a nombre de Brenda Guadalupe Esparragoza Gastélum, y Urbanizadora Nueva Italia,
S.A. de C.V., de Juvencio Ignacio González Parada.
El
12 de diciembre de 2012, el gobierno de Estados Unidos indicó que la
urbanizadora Desarrollos Everest, S.A. de C.V., con sede en Culiacán, también
pertenecía a Gastélum Payán. Y vinculó a Jorge Enrique Esquerra Esquer, Julio
César Estrada Gutiérrez y Carlos Alberto León Santiesteban con la red de
negocios del Azul.
El
siguiente golpe lo asestó el gobierno estadunidense el 22 de agosto de 2013, al
anunciar que Angello de Jesús Solís Avilés, Mario Parra Sánchez, Manuel Arturo
Valdez Rodríguez, Juan Carlos Villegas Loera y Vanessa Valenzuela Valenzuela
trabajaban con Esparragoza Moreno y Rafael Caro Quintero en el lavado de
activos procedentes del narcotráfico.
La
OFAC extendió las sanciones contra El Azul el 30 de septiembre del mismo año,
ya que el Departamento del Tesoro identificó como colaboradores del capo
sinaloense a Álvaro Padró Pastor, esposo de Nadia Patricia Esparragoza
Gastélum, y a Luis Francisco Vallarta Escalante, relacionado con Brenda
Guadalupe Esparragoza Gastélum.
El
Departamento del Tesoro destacó que el ciudadano español era socio de la
empresa Piscilanea, S.A. de C.V., ligada a Caro Quintero. La medida se aplicó
también a Casa V, un “salón de eventos sociales” de Guadalajara que manejaba
Padró Pastor y que según la OFAC estaba ligado asimismo con otro prominente
capo: Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.
La
más reciente acción oficial del gobierno de Estados Unidos contra El Azul se
anunció el 10 de abril pasado.
La
OFAC designó como frente de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa a nueve
compañías de bienes raíces ligadas con Provenza Residencial, y al restaurante
Bocados de Autor, S.A. de C.V., en Culiacán, manejados por los hermanos José,
Fernando y Javier Sánchez González, junto con María Aurora Sánchez Contreras y
Eva Luz Rosales Morfín.
En
2009, la catalogación de Esparragoza Moreno nuevamente como narcotraficante
significativo por la Casa Blanca consolidó la treintena de encausamientos
judiciales federales contra el sinaloense por tráfico de mariguana, heroína y
cocaína, así como por lavado de dinero en California, Texas, Illinois, Nueva
York, Nuevo México, Nueva Jersey, Georgia, Colorado y Florida, entre otros
estados.
Sin
embargo, la DEA no ha querido hacer comentarios sobre la muerte del Azul en
tanto el gobierno mexicano no confirme el hecho. De ser cierta su muerte, el
hecho consolidaría al Mayo Zambada como líder absoluto del Cártel de Sinaloa,
una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.
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