Religión y
democracia/Ramón Rodríguez Arribas, expresidente del Tribunal Constitucional
Publicado en el periódico ABC
|16 de julio de 2014
Cumpliendo
el precepto del artículo 61.1 del a Constitución , «el Rey al ser proclamado»
prestó «juramento»; el texto constitucional no admite la disyuntiva entre
juramento y promesa, que se estableció después por ley para otros casos, y si
nos atenemos al significado popular, coincidente con el de la Real Academia de
la Lengua, el Monarca puso a Dios por testigo de la verdad de su compromiso. No
obstante , posó su mano sobre la Constitución, en ausencia de signo religioso,
salvo la Cruz que remata la Corona que, simbólicamente, estaba colocada junto a
él y que recuerda que el Rey de España ostenta el título de «Majestad
Católica». Sin duda, por ello se celebró después una Misa en el Palacio de la
Zarzuela y se anunció, como primer viaje fuera de España, la visita de los
Reyes a Su Santidad el Papa Francisco.
Al
hilo de estos acontecimientos, de sus matices y de los comentarios surgidos,
pienso que procede hacer algunas reflexiones sobre las relaciones entre el
Estado y la Iglesia en el marco de la Constitución de 1978.
Vaya
por delante que la fórmula que constitucionalmente se elija para establecer la
relación entre poder político y religiones no es determinante del carácter
democrático del sistema, porque lo importante es si se garantiza la libertad
religiosa de los ciudadanos y de las comunidades de creyentes «sin más
limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del
orden público protegido por la ley», como regula el artículo 16.1 de nuestra
Constitución; es decir, siempre que quede asegurada de manera efectiva esa
libertad de cultos (que, por cierto, fue la primera de las libertades
conquistadas por el hombre y precisamente por los cristianos en el Imperio
Romano) poco importa que el Estado se proclame laico, aconfesional o incluso
confesional; veámoslo con ejemplos.
El
Estado laico paradigmático es la República Francesa, que prescinde de la
cuestión religiosa, de la que se aleja formalmente, aunque en la práctica, por
ejemplo, la bandera tricolor adorna el interior de Notre Dame de París, porque,
como dicen con orgullo los franceses, «es la catedral de Francia».
El
Reino Unido es un Estado confesional, hasta el punto de que la Reina Isabel II
es la cabeza de la Iglesia anglicana, lo que se hace visible en las ceremonias
religiosas y políticas que se celebran en la catedral de Canterbur y, y no creo
que nadie discuta que el británico es un Estado plenamente democrático.
Los
Estados Unidos de América son un ejemplo claro de Estado aconfesional, esto es,
que no reconoce como oficial ninguna religión, pero tiene en cuenta las
creencias de sus ciudadanos y con toda naturalidad lo recuerda constantemente.
Así, vemos en los telefilmes cómo ante los tribunales se presta siempre juramento
y suele añadirse «con la ayuda de Dios», y es frecuente escuchar a las
autoridades e incluso a los presidentes concluir sus discursos con el grito de
«¡Dios bendiga a América!», sin que por ello se sienta ofendido ningún
agnóstico.
De
la misma manera, nuestra Constitución, en su artículo 16.3, declara: «Ninguna
confesión religiosa tendrá carácter estatal, los poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás
confesiones». Nuestros constituyentes abordaron este delicado asunto con
ejemplar prudencia y realismo. No podía ignorarse a la Iglesia católica y con
ella los cientos de catedrales e iglesias monumentales que presiden la
fisonomía de ciudades y pueblos de España, ni los miles de romerías, incluida
el Rocío, para honrar las advocaciones de la Virgen María, las procesiones de
Semana Santa, los demás actos litúrgicos públicos, en los que participan
millones de ciudadanos, las ceremonias religiosas privadas y las tradiciones y
costumbres de la mayoría. Hicieron bien los redactores de la Constitución en
citar expresa mente ala Iglesia católica, pero no olvidaron a otras confesiones
religiosas, y ese equilibrio ha funcionado sin problemas, bajo diferentes
gobiernos, durante todos estos años de convivencia democrática.
Ahora
vuelven a oírse voces que pretenden arrancar del espacio público cualquier
manifestación religiosa, especialmente la cristiana, y hasta se pide crear
funerales de Estado laicos, sin connotación religiosa, lo que supondría ignorar
las creencias del fallecido y su familia, que son las determinantes para
garantizar la libertad religiosa.
A
los que tales cosas postulan, y están en su derecho, conviene recordarles que
para cambios tan radicales también habría que reformar la Constitución. Pero es
que lo que algunas veces parece pretenderse no es establecer una absoluta
separación con la religión, sino crear un Estado ateo, de los que también hay
ejemplos en la historia, y el más emblemático se llamó Unión Soviética..
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