Revista
Proceso...No..1984,
7 de noviembre de 2014.
Abusos
contra prevención/MARTA LAMAS
Cuando
en diciembre de 1991 el entonces gobernador de Chiapas, Patrocino González
Garrido, inauguró la Zona Galáctica en las afueras de Tuxtla Gutiérrez, no
imaginó el giro que tomaría su política de regulación del comercio sexual. La
Zona Galáctica desarrolló un modelo de respaldo a las trabajadoras sexuales,
con chequeo médico y la entrega de cien condones cada 15 días. Hoy en Chiapas,
como en otras entidades, los condones son utilizados para fincar
responsabilidades, pues en lugar de verlos como prueba de una eficaz prevención
de infecciones de transmisión sexual se los toma como un “indicio de trata”.
La
doctora Patricia Uribe Zúñiga, directora general del Centro Nacional para la
Prevención y Control del VIH/Sida, ha tenido que enviar el Oficio DG/SNAT/93/13
a los procuradores de justicia de todos los estados solicitándoles que la
presencia de insumos de prevención del VIH e ITS (como el condón) no sea
utilizada como evidencia de delito y que, al contrario, se contribuya a un
mayor uso de los mismos.
En
Tapachula, los operativos policiacos que se realizan con la excusa de la trata
son cada vez más frecuentes y agresivos, al grado de que parecen proceder de
una deliberada política de “limpieza social”, alimentada por el puritanismo y
la ignorancia. Así, en lugar de cambiar las condiciones sociales que producen
pobreza y alientan a las personas a buscar su sobrevivencia en el comercio
sexual, se detiene con el “operativo anti-trata” a quienes evidentemente están
ahí por cuestiones económicas.
Es
un hecho la gravísima situación de los migrantes centroamericanos que cruzan
por la frontera sur. Las mujeres que migran usan anticonceptivos como una
estrategia de prevención de embarazos para cuando intercambien sexo por
diversos apoyos durante su viaje, o incluso ante la probabilidad de ser
violadas, y muchas recurren al trabajo sexual para resolver las dificultades
que enfrentan. Pero una novedad en este deplorable panorama radica en un
notable cambio de actitud de distintos funcionarios públicos que, con
sensibilidad y compromiso, están procurando un trato humanitario y respetuoso
con las mujeres, tanto migrantes como nacionales, que vale la pena reconocer.
Las
licenciadas Alma Rosa Altamirano Sánchez y Claudia Gutiérrez Romero, del
Instituto Nacional de Migración (INM), están dando ejemplo de un cambio de
política de esta dependencia, ayudando a que varias bailarinas, meseras y
cocineras regularicen su situación migratoria. Desde la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Chiapas, la licenciada María Cruz Cruz intenta cumplir
cabalmente con su encomienda, y además ha logrado que se registre a las
criaturas nacidas en México de mujeres migrantes en situación irregular.
Por
otro lado, además de los Médicos del Mundo Francia, otros galenos han mostrado
el lado verdaderamente ético de su profesión: los doctores Víctor Manuel Guzmán
Solís, del Centro de Salud de Puerto Madero; Raúl Hernández Gutiérrez, director
del Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en Sida, y José Fernando Cortés
López, responsable de la revisión directa de las mujeres que trabajan en bares
y cantinas. También la licenciada Hilda Nelly Gómez Ventura, titular del
programa de VIH/Sida de la Secretaría de Salud de Chiapas, ha mostrado su
compromiso con la prevención y facilita el trabajo de Médicos del Mundo Francia
y de la Brigada Callejera. Finalmente el titular de la Fiscalía Especializada
en Delitos Cometidos en contra de Migrantes, el licenciado Alejandro Vila
Chávez, ha evidenciado su disposición a escuchar las quejas sobre los
operativos policiacos.
Hay
una brecha indudable entre quienes, desde las instancias federales y estatales,
como el INM, la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
tratan de atenuar la difícil y dolorosa situación de las migrantes, y la forma
arbitraria y errada en que las autoridades judiciales y policiacas operan. No
basta la buena voluntad de todos estos funcionarios públicos, ya que las
llamadas “fuerzas del orden” están poniendo desorden al confundir el trabajo
sexual con la trata de personas.
Es
necesario el establecimiento de una mesa de trabajo sobre política sexual y
salud pública entre la Procuraduría de Justicia y las demás autoridades
estatales y federales, a la que también se invite a las organizaciones de la
cooperación internacional (Médicos del Mundo) y nacional (Brigada Callejera).
De esa manera podrán cerrar la brecha entre sus buenas intenciones y sus más
que deficientes acciones policiacas.
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