Revista Proceso 1985, 15 de noviembre de 2014
JESUSA CERVANTES
El jefe del Grupo de Trabajo sobre
Desaparición Forzada de la ONU vino a México y se pronunció sobre el secuestro
de 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo tiene claro: Al menos en los últimos cuatro
años, en todo el planeta no ha habido un caso con las características del
perpetrado en Iguala. Entre las posibles explicaciones está el hecho de que la
impunidad tiene un “patrón crónico” en el país y que el gobierno mexicano no
atendió 33 recomendaciones que esa instancia hizo en 2011.
En los años recientes ningún país ha
tenido una desaparición forzada de la magnitud de la ocurrida en Iguala. Y ya
desde 2011 la ONU había advertido al gobierno mexicano que en los “miles y
miles” de estos casos que hay en México existe el “patrón crónico de la
impunidad”.
Así sintetizó Ariel Dulitzky, jefe del
Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU (GTDF-ONU), la mirada que
este organismo internacional tiene sobre lo ocurrido en Iguala el 26 y 27 de
septiembre pasados, cuando seis personas fueron asesinadas, una veintena
heridas y 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa,
fueron secuestrados y desaparecidos por policías municipales.
Esos hechos obligaron a Dulitzky a
visitar México la semana pasada. Aquí hizo una lista de deficiencias del
gobierno federal: Las mismas que detectó en 2011 cuando visitó el país durante
13 días para constatar las denuncias que había en ese tiempo.
“La única diferencia de lo sucedido en
Iguala con las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia y las de años
recientes es la magnitud, el número de desaparecidos. En mis cuatro años de
encargado del Grupo de Trabajo no he recibido ningún caso así de ningún país”,
sostiene Dulitzky en entrevista con Proceso.
“Mi presencia aquí refleja la
importancia que la comunidad internacional le está dando a los hechos de
Iguala”, dice. Y explica que todas las desapariciones sucedidas desde los
setenta comparten ciertas características: “Aparente implicación del crimen
organizado, dificultades de coordinación entre autoridades federales y locales,
falta de reacción inmediata, insuficiencia en la legislación y desconfianza de
los familiares en el sistema de justicia, en los ministerios públicos, las
policías y las fuerzas armadas”. Así, denuncia la “impunidad crónica que
contribuye a la perpetuación de las desapariciones forzadas”.
Enumera otros errores del gobierno:
carece de políticas públicas para combatir las desapariciones, de coordinación
horizontal y vertical entre los niveles de gobierno y de un sistema nacional de
búsqueda, además de que ni siquiera ha delineado un marco legal adecuado para
investigar, juzgar y sancionar a los responsables.
Sobre las dudas que generó la última
versión del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en el
sentido de que los jóvenes secuestrados fueron calcinados, Dulitzky explica:
“Eso (la incredulidad) es porque hay una situación de desconfianza que
trasciende este caso y que está todavía sin resolver. (…) El Estado no estaba
preparado para esto”.
“¡Nos engañaron!”
Minutos después de la entrevista con
este semanario, Dulitzky se reunió con diputados de la Comisión Especial que
indaga el caso Iguala en la Cámara de Diputados. Ahí escuchó loas al Ejército,
institución que, según sobrevivientes del ataque, no los ayudó.
Como informó más tarde Ricardo Mejía
Berdeja, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), durante la reunión el
secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, justificó el
actuar del Ejército durante la noche de los ataques: “¡Nos engañó! El
secretario de Seguridad Pública de Iguala nos mintió. Nos dijo que no habían
secuestrado a nadie, que ellos no iban custodiando los camiones de los
estudiantes ni tampoco habían detenido a nadie. ¡Nos mintió, nos engañaron!”.
El deslinde del secretario sólo lo
convalidaron los representantes de PVEM y PRI. Los de PT, PRD y MC cuestionaron
la poca verosimilitud de la afirmación del militar. Panal y PAN guardaron
silencio.
Ante los diputados de la comisión
especial, Dulitzky aclaró que el GTDF-ONU no hace investigaciones ni pretende
sustituir a las autoridades, pero que tanto su grupo como “el relator sobre la
tortura, el relator de independencia judicial, el titular de Ejecuciones
Extrajudiciales de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
todos hemos señalado que uno de los principales problemas que tiene la
administración de justicia en México es que se apoya en declaraciones
testimoniales.
“En general, muchas de las
declaraciones testimoniales son obtenidas bajo coacción o tortura, éste es un
problema, y no estoy diciendo y no quiero que así lo interpreten, que en este
caso la haya habido. Lo que yo digo es que todos los organismos internacionales
de derechos humanos han señalado que el principal instrumento de investigación
penal en México es la declaración testimonial o la confesión. Y esto crea
graves problemas de confiabilidad en la justicia, por eso es tan importante la
participación de los peritos argentinos.
“Creemos que muchos casos son
consecuencia de encubrimiento de uso excesivo de la fuerza, de modo que hay que
regular el uso de la fuerza.”
En esa junta detalló que, aunque la
dimensión del caso Iguala (“es gravísimo”) lo trajo de nueva cuenta a México
(en 2011 visitó Guerrero, Chihuahua, Coahuila y el Distrito Federal), se debe
entender que la desaparición forzada de los 43 estudiantes “es un caso entre
miles y miles de casos”.
Dulitzky rechaza que el caso de Iguala
sea un crimen de Estado. “Se trata de una desaparición forzada, que es
diferente a cualquier otro crimen porque no es cometida por error, negligencia
o exceso. Es una política, es un acto planificado. Uno no secuestra, mantiene
oculta a la persona y niega su privación de libertad. Y no hace un montaje para
mantener en secreto esta práctica”.
Recuerda que, producto de la visita en
2011, el GTDF-ONU hizo 33 recomendaciones al gobierno de México. El
descubrimiento de fosas clandestinas en Iguala, dijo, “demuestra que las conclusiones
a que llegamos, las recomendaciones y la falta de cumplimiento de ellas, siguen
vigentes”.
Durante el encuentro con los
legisladores aseguró que si se hubieran aceptado, algunas de las propuestas
“hubiesen permitido al Estado estar mejor preparado para responder a un
incidente como éste”.
Lo que es imprescindible para México,
enlista, es reconocer la dimensión del problema, construir una base de datos
genéticos, crear una ley general sobre desapariciones forzadas, tipificar el
delito a escala federal –donde se explicite que este crimen ocurre cuando
participan autoridades o cuando intervienen grupos civiles con aquiescencia de
las autoridades– y fundar un Instituto Nacional de Ciencia Forense, entre otras
recomendaciones.
Según la averiguación previa en torno
al caso, no hay acusaciones de desaparición forzada: “Si la observan, las
consignaciones no son sobre desaparición forzada, de modo que quienes sean
condenados, si es que alguien es condenado por los hechos de Iguala, no van a
recibir condena por desapariciones forzadas. Y esto es porque hay una limitante
en el marco legislativo actual y una diferencia entre cómo se regula el
secuestro y cómo una desaparición forzada.
“No hay capacidad de análisis de
inteligencia por parte de la procuraduría en un gran número de casos, ni
recursos suficientes. (…) En materia de justicia vemos que carecen de la
capacidad y capacitación necesaria para tratar fenómenos tan complejos, donde
se cruza el crimen organizado, la corrupción y el accionar de las fuerzas de
seguridad.”
Todo lo anterior, sintetizó, muestra
que el Estado no tiene voluntad o si la tiene, no posee la capacidad de
investigar, juzgar y sancionar los casos de desaparición.
Para enfrentar el problema se requieren
decisión y voluntad política, sostuvo, no sólo leyes. “No puede ser que México
sepa mejor cuánta cantidad de petróleo exporta que cuánta cantidad de personas
están en desaparición forzada. Es una cuestión de prioridad, de cómo establece
estadísticas un país.
“Iguala tiene que ser la oportunidad
para igualar a todas las víctimas de derechos humanos, y el caso de la Normal
tiene que ser para normalizar la respuesta del Estado ante las desapariciones
forzadas.”
Las dudas
El mismo jueves 13 en que habló con la
Comisión Especial, Dulitzky se reunió con normalistas sobrevivientes y
familiares de desaparecidos, el procurador Murillo Karam y el titular de la
Sedena. En la junta con Cienfuegos hizo varias revelaciones, según el diputado
integrante de la comisión Mejía Berdeja, quien estuvo presente.
La primera es que la noche del
enfrentamiento el Ejército tenía a uno de sus integrantes en el centro de
control C4, y que éste le reportaba al comandante del 21 Batallón de
Infantería, destacamentado a tres kilómetros de donde ocurrieron los hechos. El
militar en el C4 escuchó cuando se dijo que hubo un primer enfrentamiento en la
central de autobuses, que los jóvenes iban custodiados por policías y que
habían detenido a algunos. Incluso oyó que había habido balaceras.
“El comandante del batallón se comunicó
con el director de seguridad de Iguala y éste le dijo que no era cierto, que no
había nada: ‘No estamos custodiando, no hay detenidos’. ¡Nos mintieron. Nos
engañaron!”, soltó el general Cienfuegos.
Luego les expresó que, ante ello, el
comandante se comunicó “con la Secretaría de Seguridad del estado y ahí
afirmaron que no tenían información”. En ese momento, dicho mando pensó que
algo andaba mal, recuerda Mejía que relató el general. “Eso fue a las 21:55
horas”.
A las 22:20 horas llegó el reporte de
que en la carretera Iguala-Chilpancingo había un autobús abandonado. Los
soldados acudieron y lo encontraron vacío, pero hallaron restos de granadas de
humo detonadas. Suponen que así los atacantes obligaron a los jóvenes a bajar.
Exactamente a medianoche los militares
recibieron una llamada anónima en la que les reportaron que había gente herida
en el hospital. En ese momento fue desplegada la Fuerza de Reacción.
En el hospital vieron a algunos jóvenes
normalistas, entre ellos a un herido en la pierna. Les preguntaron los nombres
y, sin agredirlos –según dijo el secretario en la reunión–, se fueron sin
dejarles una guardia. A las 00:30 del 27 de septiembre remolcaron el autobús.
Regresaron al hospital seis elementos de tropa y un oficial, pero el personal
sanitario les dijo que los muchachos ya se habían ido.
Más tarde, a las 2:45 de la madrugada,
apuntó el general, uno de los jóvenes que estuvo en la clínica fue entrevistado
por Milenio y Cadena 3 y relató lo sucedido. Mejía se pregunta: “Nos mostraron
el video y se ve que estaba lloviendo tupido, era la misma hora en que se
supone que estaban quemando a los muchachos, ¿cómo le hicieron para mantener la
hoguera si llovía?”
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