Revista Proceso 1984, 9 de noviembre de 2014
Un simulacro de solución/
PATRICIA DÁVILA
El procurador Jesús Murillo Karam
ofreció el mensaje oficial más importante que se ha emitido en torno a la
desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Todo sugiere, afirmó, que los
muchachos fueron asesinados e incinerados por el narco, de modo tal que no se
trata de un crimen de Estado. Sin embargo, las lagunas y las contradicciones
abundan: ¿por qué se minimiza la participación de actores estatales?, ¿por qué
el sacerdote Alejandro Solalinde supo lo ocurrido casi un mes antes que la
Procuraduría?, ¿cómo tres sicarios lograron controlar a 43 jóvenes? Así, los
padres de las víctimas rechazaron el mensaje, igual que Amnistía Internacional.
En líneas generales, el procurador
confirmó la versión que el sacerdote Alejandro Solalinde dio en una entrevista
publicada el 19 de octubre en Proceso (edición 1981). Aquella ocasión, el
religioso reveló confesiones de hombres que participaron en la detención de los
normalistas: “Hablan de que algunos (de los estudiantes) estaban heridos, y así
como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a
saber, dicen que hasta les pusieron madera, algunos estaban vivos, otros
muertos”.
El procurador –a pesar de tener 74
detenidos, entre agentes, halcones y al exalcalde José Luis Abarca y su esposa,
María de los Ángeles Pineda– esperó 20 días para dar la misma versión.
Ello reforzó el señalamiento que hizo
el propio Solalinde: “A los políticos les es más útil la conservación de la
esperanza, porque así no hay evidencia, todavía, que exhiba la criminalidad del
propio Estado”.
La versión oficial difundida el viernes
7 enojó a organismos de derechos humanos, que sostienen que se trató de un
crimen de Estado porque autoridades de diversas instituciones y niveles
atacaron concertadamente a los estudiantes. En un comunicado emitido horas
después de la rueda de prensa, Érika Guevara Rosas, directora para las Américas
de Amnistía Internacional, reclamó que el Estado eluda el hecho de que los
responsables de la desaparición fueron policías municipales de Iguala y Cocula.
Acusó a Murillo Karam: “El procurador
general ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un
hecho aislado. Olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en la
investigación de una serie de denuncias contra el (entonces) alcalde de Iguala
–José Luis Abarca– y el hecho de no llevar a la justicia a los integrantes de
la Policía Federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros
estudiantes de Ayotzinapa en 2011”.
Avances, según la PGR
“Teníamos detenidos a quienes privaron
de la vida a seis personas en Iguala el 26 de septiembre y también a los que
detuvieron, secuestraron, trasladaron y entregaron el grupo a la organización
criminal Guerreros Unidos. Se detuvo a Sidronio Casarrubias Salgado, quien es
el líder del grupo criminal que corrompió y se apoderó de las policías
municipales de Iguala y Cocula; además se logró la aprehensión de quien tenía
el mando y tomó la decisión que originó este doloroso evento, el expresidente
municipal de Iguala y su esposa”, dijo el procurador en su conferencia.
Olvidó mencionar que Casarrubias
Salgado, detenido desde el 17 de octubre, fue el primero en declarar que su
grupo había calcinado a personas y arrojado sus restos al río. El 29 de octubre
el periódico Reforma difundió la declaración del capo: “El 26 de septiembre
desaparecieron los normalistas y 17 miembros de la organización antagónica Los
Rojos, ‘infiltrados’ con los estudiantes. El Gil me dice que los 17 rojos ya se
habían ido al agua, o sea, que ya los quemaron y que las cenizas las tiraron al
agua, yo me imagino que es el río Cocula”. El mencionado río es también
conocido en la comunidad como San Juan.
Incluso el 27 de octubre –dos días
antes de la publicación de Reforma– el portal de internet de este semanario
publicó una nota de Ezequiel Flores, corresponsal en Guerrero, en la que daba a
conocer que agentes de la PGR habían encontrado restos humanos en el basurero
municipal de Cocula –sitio donde, según la última versión de Murillo Karam,
fueron quemados los cuerpos de los jóvenes, a quienes el procurador deslindó de
cualquier vínculo con Los Rojos.
El dato novedoso que el fiscal aportó
en la conferencia fue que, hace aproximadamente ocho días, se logró ubicar a
Patricio Reyes Landa El Pato y a Jonathan Osorio Gómez El Jona, quienes fueron
detenidos en el poblado de Apetlaca, municipio de Cuetzala del Progreso
(Guerrero). Estas aprehensiones derivaron en la localización y detención, en
Cocula, de Agustín García Reyes El Chereje.
“Los detenidos señalan que en ese lugar
(el basurero) privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los
arrojaron a la parte baja del sitio, donde quemaron los cuerpos; hicieron
guardias y relevos para asegurar que el fuego durara horas, arrojándole diésel,
gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el
paraje. El fuego, según declaraciones, duró desde la media noche hasta
aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos, y
otro dice que hasta las 15 horas del 27 de septiembre”, señaló el procurador.
En su rueda de prensa –sostenida
después de reunirse en Iguala con las familias afectadas, que no creen en los
avances de la investigación– Murillo dijo que los tres capturados son miembros
de la organización criminal Guerreros Unidos y, al rendir su declaración,
confesaron haber recibido y asesinado al grupo de personas que les entregaron
los policías municipales de Iguala y Cocula. Sin embargo, Murillo nunca aclaró
cómo tres personas lograron someter a 43 estudiantes.
La reconstrucción
De acuerdo con la versión oficial, el
día del ataque los normalistas salieron de su escuela, en Ayotzinapa, a bordo
de dos camiones Estrella de Oro rumbo a la entrada de Iguala. Se trasladaron a
la terminal de autobuses, donde tomaron otros dos camiones de otra empresa.
José Luis Abarca, entonces alcalde de
Iguala y quien en la comunicación interna de la policía municipal tenía
asignado el código “A-5”, ordenó a los municipales “contener” a quienes
viajaban en esos cuatro autobuses, según declararon el operador de la central
de radio de la policía municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y uno de los
halcones de la ciudad.
Llamativamente, tanto a Abarca como a
su esposa se les investiga por el delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, pero a ninguno se le ha fincado responsabilidad jurídica
por la desaparición de los 43 estudiantes. Abarca, de hecho, se reservó su
derecho a declarar y fue trasladado al penal del Altiplano, mientras que a
Pineda se le dictó un arraigo por 40 días “para consolidar” su vinculación con
los hechos.
Durante las primeras refriegas de aquel
26 de septiembre, los agentes mataron a tres normalistas y otras tres personas.
Policías de Iguala retuvieron con
violencia a un grupo de estudiantes y lo llevaron a la central policiaca. Desde
ese punto y con apoyo de la Policía Municipal de Cocula los trasladaron en
patrullas municipales hasta un punto entre Iguala y Cocula donde se abre una
brecha hacia la Loma de Coyote.
Según el Ministerio Público federal, ha
quedado acreditado que, en este punto, los policías municipales entregaron a
los detenidos a integrantes de Guerreros Unidos. Un presunto delincuente, quien
tenía asignada la función de halcón (informante), declaró haberlos visto pasar
por el punto que él vigilaba.
Dos de los detenidos declararon que
alrededor de 15 de los hombres llevados al basurero de Cocula llegaron ya
muertos o inconscientes, y que los otros fueron interrogados por integrantes
del cártel para determinar quiénes eran y las razones de su llegada a Iguala.
Los que habían sobrevivido ahí fueron
ejecutados. Posteriormente los narcos arrojaron los cuerpos a la parte baja del
basurero, donde quemaron los cadáveres. “Por el calor que desprendía el área,
los delincuentes no pudieron manipular los restos de los cuerpos, sino hasta
cerca de las 5 y media de la tarde. Cuando los peritos analizaron el lugar,
encontraron cenizas y restos óseos que por las características que tienen,
corresponden a fragmentos de restos humanos”, aseveró Murillo.
El Pato, El Jona y El Chereje
declararon que, cuando regresaron al lugar de la incineración, recibieron la
orden de quien apodan El Terco de fracturar los restos de los huesos calcinados
y meterlos en bolsas de basura negras. Estas bolsas fueron vaciadas en el río
San Juan, salvo dos, que uno de los declarantes dijo haber arrojado completas.
Fuerzas federales, investigadores y
peritos recorrieron la zona señalada por los detenidos. Al hacer “una búsqueda
exhaustiva” en el río falleció ahogado un policía federal. Buzos de la Armada
de México y peritos tanto mexicanos como argentinos encontraron restos de las
bolsas y su contenido. Una de ellas permanecía cerrada y contenía restos de
huesos humanos.
El procurador dijo que, a juicio de los
peritos, el alto nivel de degradación causado por el fuego hace muy difícil la
extracción de ADN de los restos hallados. Esto hace “muy difícil” la
identificación. Empero, los restos serán analizados en la Universidad de
Innsbruck, en Austria, para intentar recuperar la información genética de las
mitocondrias.
En los videos que Murillo mostró se ven
pedazos de dientes. No obstante, el grado de temperatura al que fueron
sometidos y el tiempo que pasaron en el agua impide su identificación.
En resumen, Murillo no convenció a los
principales interesados: los padres de las víctimas y representantes de la
dirigencia estudiantil de la Normal de Ayotzinapa rechazaron la postura oficial
argumentando que, para ellos, los estudiantes desaparecidos siguen con vida, en
tanto las autoridades federales no presenten pruebas científicas que determinen
lo contrario.
En entrevista con Proceso, advirtieron
que radicalizarán sus protestas para obligar al presidente Enrique Peña Nieto a
cumplir el compromiso que asumió la semana pasada en el sentido de intensificar
las labores de búsqueda, una labor en la que han participado 10 mil soldados,
marinos, policías federales y peritos, quienes según el procurador han peinado
la zona mediante 100 recorridos por tierra, 134 sobrevuelos y 40 revisiones en
ríos y lagos.
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